Las barbacoas, reuniones y pequeñas celebraciones en terrazas comunitarias son una de las cuestiones que más dudas generan en muchas comunidades de vecinos. Aunque a primera vista pueda parecer que este tipo de actividades están prohibidas, la Ley de Propiedad Horizontal no las veta de forma automática. En realidad, todo depende de lo que indiquen los estatutos de cada comunidad y del uso adecuado de los elementos comunes.

Las terrazas comunitarias suelen corresponder a la azotea del edificio. Al tratarse de un espacio común, en principio todos los propietarios pueden utilizarlas, siempre que cumplan con las normas internas y no generen molestias o daños al resto de vecinos. No todas pueden utilizarse de esta forma. Existen cubiertas que no son transitables y a las que solo puede acceder personal técnico para realizar tareas de mantenimiento o reparaciones.

Si la azotea es transitable y figura como elemento común en los estatutos de la comunidad, su uso puede compartirse entre los vecinos. También existen casos en los que la terraza es comunitaria pero tiene uso privativo, lo que significa que solo algunos propietarios pueden utilizarla.

El uso de estos espacios está regulado por la Ley de Propiedad Horizontal, que establece obligaciones claras para los propietarios. El artículo 9.1 señala que cada vecino debe "respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes […] haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos". Esto significa que cualquier actividad en una terraza comunitaria debe realizarse sin deteriorar las instalaciones ni perjudicar al resto de propietarios.

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Además, el artículo 7 de la misma ley establece que los vecinos no pueden realizar actividades prohibidas por los estatutos o que resulten molestas, peligrosas o perjudiciales para la finca. La clave para saber si se pueden organizar barbacoas o reuniones en una terraza comunitaria está en los estatutos de la comunidad de propietarios. Algunas comunidades prohíben expresamente estas actividades, mientras que otras sí las permiten siempre que se respeten determinadas condiciones.

Por ejemplo, puede exigirse cumplir ciertos horarios o limitar el número de personas. En ausencia de una prohibición expresa, este tipo de celebraciones podría considerarse aceptable si se realiza de forma puntual y sin provocar molestias. Sin embargo, si la actividad genera ruidos, humo o daños en las instalaciones, la comunidad podría actuar para impedirlo.

El mercado del alquiler en España atraviesa un momento de fuerte tensión, especialmente en grandes ciudades como Barcelona y Madrid. La escasez de oferta, el aumento de la demanda y el temor de muchos propietarios a impagos o conflictos legales han endurecido las condiciones para acceder a una vivienda. Sobre esta situación ha reflexionado el economista Gonzalo Bernardos, quien señala que algunos propietarios están elevando las exigencias económicas a los inquilinos potenciales.

Durante su intervención en el pódcast Monopoly Inmobiliario, Bernardos explicó que la principal preocupación de los propietarios es garantizar el cobro del alquiler y evitar problemas que puedan alargar los procesos judiciales en caso de impago. Según el economista, uno de los factores que condiciona la actitud de muchos arrendadores es el tiempo que puede prolongarse un procedimiento judicial si el inquilino es considerado vulnerable.

“Encuentran que si alguien es vulnerable vas a tardar mucho en sacarlo del piso. Por ejemplo, aquí en Cataluña tardas 23 meses en sacarlo”. El economista detalló que la duración del proceso judicial se debe a los recursos y trámites que pueden presentarse tras la orden de desahucio. Esa posibilidad genera preocupación entre muchos propietarios, que temen pasar largos periodos sin percibir el alquiler.

Ante ese escenario, algunos arrendadores han optado por elevar los requisitos económicos a los futuros inquilinos. Bernardos explicó que muchas agencias inmobiliarias reciben peticiones concretas de los propietarios para evitar arrendatarios que puedan ser considerados vulnerables. “Entonces, en Barcelona y Madrid te exigen algunos mínimo de cobrar 2.000 euros y otros propietarios 2.500”.

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El motivo está relacionado con la definición de vulnerabilidad económica, que según Bernardos "es alguien que cobra 1613 euros” o "que le dedica más del 30% a pagar el alquiler de la vivienda y los suministros". El economista señaló que esta reacción termina repercutiendo en el precio de los arrendamientos y en la dificultad de acceso para quienes tienen ingresos más bajos. “Este pánico hace que reduzcan el número de viviendas en alquiler y esto provoca que el alquiler se vaya prácticamente a las nubes”, comentó.

Bernardos también apuntó que el acceso a la vivienda se está polarizando entre diferentes perfiles sociales. Por un lado, personas con respaldo económico familiar que pueden plantearse comprar vivienda; por otro, quienes dependen exclusivamente del alquiler. El economista explicó que muchos jóvenes de entre 30 y 40 años están optando por adquirir una vivienda al comprobar que la cuota hipotecaria puede ser similar al alquiler mensual.

La crisis de la vivienda en España continúa siendo una de las mayores preocupaciones para los jóvenes, que miran al futuro con incertidumbre ante la dificultad de acceder a un hogar propio. El encarecimiento del alquiler y la escasez de oferta en las grandes ciudades alimentan dudas cada vez más frecuentes: ¿será posible comprar una vivienda?, ¿habrá que vivir siempre de alquiler? o ¿llegarán a bajar los precios?. Este contexto ha vuelto a poner el foco en el debate público sobre cómo solucionar un problema que afecta a miles de familias.

En este escenario, el informativo matinal de Antena 3 entrevistó a Germán Pérez Barrio, presidente de la tasadora UVE Valoraciones y experto en vivienda, para analizar la situación del mercado inmobiliario. Durante la conversación con el presentador Manu Sánchez, el especialista fue claro al señalar cuál considera la principal solución: aumentar la construcción de viviendas en aquellas zonas donde realmente existe demanda. Según explicó, incrementar la oferta en los lugares adecuados es la única vía eficaz para aliviar la presión del mercado.

El experto puso un ejemplo muy ilustrativo para explicar el desequilibrio territorial que existe en España. "Una vivienda vacía en Soria no compensa la necesidad de vivienda en Madrid", afirmó, subrayando que muchas de las casas desocupadas se encuentran en zonas donde no existe una demanda significativa. Por el contrario, ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao concentran una fuerte presión demográfica y una ocupación muy elevada de sus viviendas, lo que reduce al mínimo la disponibilidad de pisos vacíos.

Durante la entrevista también se abordó una de las propuestas más debatidas por la ciudadanía: topar los precios del alquiler. Pérez Barrio advirtió de que esta medida podría tener efectos negativos en el mercado. Según explicó, "cuando se topan los alquileres baja la oferta de alquiler", ya que algunos propietarios optan por retirar sus viviendas del mercado. En su opinión, las políticas públicas deberían centrarse en incentivar que más viviendas salgan al mercado y promover un pacto de Estado en materia de vivienda, capaz de impulsar soluciones a largo plazo independientemente del Gobierno de turno.

Las terrazas son uno de los espacios más valorados de una vivienda, especialmente en edificios residenciales donde disponer de un área exterior puede marcar la diferencia en el día a día. Sin embargo, su uso también suele generar conflictos entre vecinos, sobre todo cuando aparecen problemas como filtraciones o agua que cae desde la vivienda superior. En estos casos, la Ley de Propiedad Horizontal ofrece un marco legal para abordar este tipo de situaciones.

Cuando el agua procedente de una terraza o balcón superior cae de forma habitual sobre la vivienda de un vecino —ya sea por regar plantas, limpiar el suelo o por filtraciones— pueden producirse molestias e incluso daños materiales. Este tipo de incidentes, más comunes de lo que parece en muchas comunidades de propietarios, puede resolverse recurriendo a lo que establece la normativa vigente.

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal

La referencia legal se encuentra en el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal. Este precepto regula el comportamiento de propietarios y ocupantes dentro de una comunidad y establece límites claros a determinadas conductas. El texto legal señala: “Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”.

Aunque la norma no menciona expresamente el caso de que el agua caiga desde una terraza a otra inferior, este tipo de situaciones suele interpretarse dentro de las denominadas actividades molestas o insalubres. Si el goteo provoca incomodidad, malos olores o daños como humedades, puede considerarse una conducta que perjudica a otro propietario.

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Cuando se produce un problema de este tipo, el primer paso suele ser resolverlo directamente con el vecino o comunicarlo al presidente de la comunidad o al administrador de la finca. La ley contempla que el presidente pueda requerir al vecino responsable para que ponga fin a la situación. El artículo establece que el presidente de la comunidad, ya sea por iniciativa propia o tras la queja de otro propietario, debe exigir al infractor “la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes”, según recoge la Ley de Propiedad Horizontal.

Si la conducta continúa pese al aviso, la comunidad puede autorizar el inicio de una acción judicial de cesación. En ese caso, un juez puede ordenar que se detenga la actividad que está causando el problema. Cuando un tribunal da la razón a la comunidad o al vecino afectado, la sentencia puede incluir varias medidas. Entre ellas, la interrupción definitiva de la actividad que genera el conflicto y, si procede, una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

Además de lo que establece la ley, también conviene revisar los estatutos de cada comunidad. Algunos edificios incluyen normas específicas sobre el uso de balcones o terrazas, especialmente en urbanizaciones donde estos espacios son muy habituales. Conocer estas reglas puede evitar conflictos entre vecinos y ayudar a resolver situaciones como las filtraciones o el goteo de agua, un problema doméstico que, aunque cotidiano, tiene implicaciones legales cuando afecta a otros propietarios.

Con la llegada del buen tiempo, en muchas zonas de España vuelve una costumbre habitual en los hogares: tender la ropa al sol para que se seque más rápido de forma natural y evitar el uso de la secadora. Los patios interiores de los edificios suelen convertirse en el lugar elegido para hacerlo. Sin embargo, lo que para muchos vecinos parece una práctica cotidiana puede generar conflictos legales dentro de una comunidad de propietarios.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece varios límites sobre el uso de los espacios en los edificios, incluso cuando se trata de zonas de uso privativo. Es decir, disponer de un patio interior para uso exclusivo no significa que el propietario pueda realizar cualquier modificación sin tener en cuenta a la comunidad.

Lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal

La normativa deja claro que los propietarios pueden realizar modificaciones dentro de su vivienda o en zonas de uso privativo, pero siempre respetando determinadas condiciones. El artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal indica que “el propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad”.

Esto implica que instalar un tendedero fijo que requiera anclajes, perforaciones o fijaciones en paredes, muros o techos del patio puede ser considerado una modificación que afecta a los elementos comunes del edificio. En ese caso, la comunidad de propietarios podría exigir autorización previa o incluso solicitar su retirada.

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Además de la cuestión estructural, la ley también regula el tipo de actividades que se pueden desarrollar en una vivienda o en los espacios del inmueble. El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que el propietario o el ocupante no podrá desarrollar “actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”.

En la práctica, esto significa que tender ropa podría ser objeto de reclamación si provoca problemas como goteos, humedades o molestias constantes a otros vecinos. Si los estatutos de la comunidad incluyen una prohibición expresa sobre los tendederos en patios interiores, los propietarios tendrían una base legal más sólida para exigir que se deje de utilizar ese espacio con ese fin. En muchos edificios, tender la ropa en el patio interior se considera una actividad normal siempre que no genere perjuicios al resto de vecinos. Cuando se utilizan tendederos portátiles o temporales, sin fijaciones permanentes ni alteraciones en la estructura del edificio, lo habitual es que no se considere una modificación de los elementos comunes.

Sin embargo, cada caso puede depender de las circunstancias concretas de la comunidad y de lo que establezcan sus estatutos. La ley también recuerda que los propietarios deben respetar el buen estado de los elementos comunes. El artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal indica que cada propietario debe “respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos”.

La normativa otorga además a la comunidad de propietarios la capacidad de actuar cuando considera que se están vulnerando los intereses generales del edificio. Según el artículo 14 de la Ley de Propiedad Horizontal, corresponde a la Junta de propietarios “decidir sobre los asuntos de interés general y velar por el adecuado uso de los elementos comunes”. Por este motivo, si un vecino instala un tendedero fijo sin permiso o genera molestias al resto, la comunidad puede solicitar su retirada y, en caso de no hacerlo, adoptar medidas para hacer cumplir las normas del edificio.

El interés por las casas prefabricadas sigue creciendo en España como alternativa a la construcción tradicional. Su menor coste, la rapidez de instalación y la eficiencia energética las han convertido en una opción cada vez más buscada por quienes desean una vivienda funcional. Entre los modelos que más atención están despertando destaca una casa prefabricada de madera con dos dormitorios que cuesta menos de 13.000 euros y que ha llamado la atención por su diseño moderno y su distribución práctica.

Se trata de una vivienda prefabricada comercializada por la firma Pineca, un modelo que combina estética contemporánea con soluciones pensadas para aprovechar el espacio interior. La estructura responde a un concepto de vivienda compacta pero versátil, que puede utilizarse tanto como residencia como para actividades de ocio.

El modelo, denominado Casa de madera prefabricada PREMIUM, presenta unas dimensiones aproximadas de 10,5 por 4,5 metros y una superficie cercana a los 47 metros cuadrados. La vivienda destaca por su revestimiento vertical de estilo contemporáneo, un elemento que refuerza su estética minimalista. Según detalla la propia compañía, se trata de “una encantadora y espaciosa casa de madera de 41,5 m², que ofrece un sinfín de posibilidades para sus actividades de ocio o para convertirse en una cómoda casa”.

La distribución interior está pensada para separar las zonas de descanso de las áreas comunes. Incluye una sala de estar amplia, dos dormitorios situados en extremos opuestos de la vivienda para garantizar mayor privacidad y un baño compacto que completa el espacio habitable.

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Las casas prefabricadas de madera se han consolidado como una opción cada vez más popular gracias a las propiedades naturales de este material. La madera actúa como aislante natural, contribuyendo a regular la temperatura interior y ayudando a reducir el consumo energético del hogar. Además, este tipo de construcciones suelen tener un impacto ambiental menor en comparación con la edificación tradicional, ya que requieren menos recursos durante el proceso de fabricación y montaje. Esto permite mantener un ambiente interior confortable durante todo el año y optimizar los gastos energéticos.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de este modelo es su precio. La vivienda se encuentra actualmente rebajada a 12.869 euros dentro de una campaña de promociones, cuando su precio original era de 15.493 euros. Esto supone un ahorro de más de 2.600 euros respecto a su coste habitual. Desde la compañía destacan que esta casa está pensada para quienes buscan “una solución moderna y funcional”.

El mercado inmobiliario en Madrid sigue viviendo un momento de fuerte transformación y cada vez son más los expertos que advierten de la importancia de anticiparse a los cambios. El especialista del sector Eduardo Saz lo resume con una idea clara: “Cuando el precio ya ha subido, la oportunidad ya ha pasado”. Según explica, el error más habitual al comprar vivienda es fijarse únicamente en cuánto cuesta hoy un piso, en lugar de analizar qué barrios pueden cambiar en el futuro. En una ciudad en constante evolución, sostiene, el mercado también se transforma y entender esas dinámicas es clave para tomar decisiones acertadas.

Para Eduardo Saz, tanto si se compra para vivir como para invertir, el objetivo debería ser siempre que la vivienda se revalorice con el tiempo, ya que es una forma de generar patrimonio y protegerse frente a la inflación. El experto subraya que las grandes subidas de precio no aparecen de repente en los portales inmobiliarios, sino que se gestan antes, cuando se producen cambios urbanísticos relevantes. Entre ellos menciona la llegada de nuevas infraestructuras, la eliminación de barreras urbanas o transformaciones sociales que modifican el perfil de los vecinos y, con ello, la demanda inmobiliaria.

Uno de los ejemplos que destaca es el soterramiento de la A-5, una intervención que, según Saz, transformará barrios del distrito de Latina como Lucero, Aluche, Campamento o Las Águilas. Durante décadas, explica, esta vía ha funcionado como una “cicatriz urbana” que dividía la zona y generaba ruido y contaminación. El proyecto contempla la creación del Paseo Verde del Suroeste, un nuevo espacio con zonas verdes y mejor conexión con Madrid Río. A su juicio, este tipo de actuaciones suele traducirse en una revalorización del entorno, y estima que los precios podrían subir entre un 10% y un 15% cuando finalicen las obras.

El experto también observa movimientos importantes en otros distritos. En Carabanchel, especialmente en San Isidro, habla de una “gentrificación cultural” impulsada por la llegada de artistas y nuevos perfiles profesionales que ocupan antiguas naves industriales reconvertidas en estudios o galerías. En Tetuán, por su parte, destaca el impacto del proyecto Madrid Nuevo Norte, que podría reforzar el norte de la capital como polo financiero. Además, menciona los desarrollos urbanísticos del sureste —como Valdecarros, Los Berrocales o Los Ahijones— como la gran expansión futura de la ciudad. En todos los casos, concluye, el verdadero reto para los compradores es saber leer la evolución de Madrid antes de invertir.

El panorama internacional parece estar sufriendo una situación de inestabilidad en varios puntos alrededor del globo. El último de ellos es el conflicto abierto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Los diferentes bombardeos que han sacudido la región en la última semana han provocado numerosas incidencias a nivel internacional en multitud de ámbitos.

Uno de los más afectados es el sector comercial, en el que la subida de precios se está notando en un gran número de bienes y servicios, como es el combustible y los viajes aéreos. Sin embargo, son muchos los expertos que advierten de las grandes consecuencias que puede traer para el mundo la prolongación de este escenario.

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En ese sentido, el sector inmobiliario no está exento de sufrir alteraciones que puedan ser desfavorables para los interesados en adquirir vivienda en la actualidad. Así lo indica el profesional en la materia Sergio Gutiérrez en una de sus últimas publicaciones en TikTok. “Subida inminente de las hipotecas si el conflicto de Irán no se soluciona rápido”, declara contundentemente en el vídeo.

El experto inmobiliario recuerda otras situaciones similares en el pasado y cómo se vivió la subida de tipos, incrementando el coste de las hipotecas, así como las cuotas derivadas de la misma. Esta elevación se empleó para controlar la inflación generada a raíz de la subida del coste de la energía, algo que está pasando con respecto al papel del estrecho de Ormuz en el precio del petróleo.

“Si estas subidas se intensifican y se mantienen en el tiempo, afectarán a todo, ya que el transporte afecta a casi toda la cesta de la compra y generará subidas de precio que generarán inflación. ¿Y qué hacemos en Europa cuando hay inflación? Pues subir los tipos de interés, y eso afecta de lleno a las cuotas de hipoteca, que podríamos volver a ver como se encarecen enormemente”, comenta el experto en la publicación.

Si bien menciona que aún es pronto para conocer los verdaderos estragos del conflicto activo en el mercado internacional. No obstante, no descarta la posibilidad de que tenga efectos en el mercado de la vivienda en España en un plazo no demasiado elevado, lo que podría complicar aún más las cosas a los sectores de la población que más dificultades encuentran para hacerse con un hogar.

El mercado inmobiliario español continúa registrando subidas en numerosos territorios, lo que ha llevado a muchos compradores a buscar nuevas oportunidades lejos de las grandes capitales. En ese escenario aparecen ciudades de tamaño medio donde todavía es posible encontrar vivienda a precios más contenidos y con un margen interesante para quienes desean invertir.

Una de esas oportunidades se encuentra en Torrelavega, el segundo núcleo urbano más importante de Cantabria tras Santander. Según el Índice Inmobiliario de Fotocasa de febrero de 2026, el precio medio de la vivienda en venta en la comunidad se sitúa en 2.543 euros por metro cuadrado, por debajo de la media nacional de 2.950 euros. Dentro de ese contexto, Torrelavega destaca especialmente, ya que el precio medio se sitúa en torno a 1.652 euros por metro cuadrado, una cifra que la coloca entre las ciudades más accesibles para comprar vivienda en el norte de España.

Precios más accesibles

La diferencia con otras localidades de la región resulta notable. En Santander, por ejemplo, el precio medio de venta alcanza los 3.016 euros por metro cuadrado, mientras que en Castro Urdiales llega a los 3.174 euros. También el mercado del alquiler en Cantabria mantiene niveles más moderados que la media nacional: el precio medio es de 12,43 euros por metro cuadrado, lo que sitúa el alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados en torno a 994 euros, por debajo de los 14,38 euros que marca la media española.

Interior del piso que está a la venta en Torrelavega por 148.000 euros. (Idealista)

Además de sus precios inmobiliarios, Torrelavega cuenta con una larga trayectoria industrial y una posición estratégica entre los valles del Saja y el Besaya, con buenas conexiones hacia Asturias y la Meseta y a pocos minutos de la costa de Suances. Ese contexto explica el interés que despiertan algunas viviendas disponibles en el mercado, como un piso de 72 metros cuadrados en Barreda por 148.000 euros, con tres habitaciones, baño reformado, cocina equipada, ventanas de PVC y ascensor a cota cero, que está a la venta en Idealista. Una oferta que refleja por qué esta ciudad cántabra se está consolidando como una de las opciones más atractivas para invertir en vivienda en España.

Gonzalo Bernardos, economista y analista del mercado inmobiliario, ha señalado que el encarecimiento de la vivienda en Madrid está empujando a muchos compradores a buscar alternativas fuera de la capital. Durante su participación en el pódcast Monopoly Inmobiliario, el experto apuntó que una de las zonas con mayor potencial en los próximos años podría encontrarse en Ciudad Real, donde todavía existen precios más accesibles.

El economista analizó en ese espacio el estado actual del mercado inmobiliario en España, marcado por el aumento de la demanda, la escasez de vivienda nueva y las dificultades de acceso para los jóvenes. Bernardos se centró en la situación de la vivienda en grandes núcleos urbanos como Madrid, Barcelona o Valencia. “Lo que ha pasado en los últimos años en todo el mundo y especialmente en las grandes ciudades es que ha aumentado mucho la población móvil”, explicó. Este grupo incluye estudiantes, profesionales desplazados o personas que necesitan alojamiento temporal, lo que incrementa la presión sobre el mercado inmobiliario.

La evolución de las grandes ciudades ha provocado que cada vez más personas busquen oportunidades en municipios cercanos o bien conectados por transporte. “La próxima frontera de quien quiera vivir en Madrid la tenemos en Ciudad Real. Toledo está subiendo mucho, Segovia bastante. En Ciudad Real se pueden encontrar pisos a precio bajo”, afirmó Bernardos. Una de las razones que, según el economista, puede favorecer el crecimiento de esta ciudad es la conexión ferroviaria de alta velocidad con la capital. La presencia del AVE ha influido en el desarrollo de otras ciudades cercanas a Madrid y podría tener un efecto similar en el caso de Ciudad Real.

Recordó que la buena conexión ferroviaria puede influir en la evolución demográfica y económica de una ciudad. “Valladolid, respecto a Madrid, una hora y un minuto, no pierde población. La gana, es el AVE”, comentó. Este tipo de infraestructuras permiten vivir en ciudades más asequibles sin renunciar a la conexión con los grandes centros de empleo.

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Otro de los aspectos que destacó el economista es la dificultad que encuentran muchos jóvenes para acceder a la compra de una vivienda. El principal obstáculo suele ser el ahorro necesario para cubrir la entrada y los gastos asociados a la operación. "Si estás comprando un piso de 200.000 euros y necesitas financiar 60.000 euros, es que o te ayudan tus progenitores o tus abuelos o lo tienes bastante difícil porque con los sueldos bajos que tienen muchos jóvenes no han sido capaces de ahorrar", apunto. Según explicó Bernardos, esta situación está provocando una división cada vez más clara en el mercado inmobiliario entre quienes pueden contar con apoyo familiar y quienes no disponen de esa ayuda. “Están comprando bastante y cada vez más estos que están entre 30 y 40”, aseguró.

Comprar vivienda se ha convertido en uno de los grandes desafíos para muchas familias en España. Con el precio medio del metro cuadrado en constante ascenso, encontrar una casa con terreno por menos de 100.000 euros parece casi imposible. Sin embargo, todavía existen pequeños rincones rurales donde el mercado inmobiliario se mueve a otro ritmo.

Uno de esos lugares se encuentra en la Región de Murcia, lejos de los municipios costeros donde los precios superan con facilidad los 2.000 euros por metro cuadrado. Localidades como Torre-Pacheco (2.490 euros/m²), Los Alcázares (2.427 euros/m²), La Manga del Mar Menor (2.316 euros/m²), San Javier (2.304 euros/m²) o San Pedro del Pinatar (2.301 euros/m²) encabezan actualmente la lista de precios más elevados. Frente a ese escenario, en este pequeño núcleo rural del interior murciano aún es posible encontrar una vivienda con terreno de olivos y almendros por un precio que sorprende en el contexto actual.

Una pedanía murciana con vivienda asequible

Ese lugar es La Copa de Bullas, la única pedanía del municipio de Bullas. Situada a unos tres kilómetros al norte de la localidad y a 550 metros de altitud, esta pequeña población ronda los 600 habitantes y conserva el ambiente tranquilo de los pueblos tradicionales del interior murciano. Según los datos del portal inmobiliario Idealista, el precio del metro cuadrado en esta zona ronda los 300 euros, muy por debajo de la media regional, que se sitúa en 1.682 euros.

La Copa se sitúa en el extremo opuesto del mercado inmobiliario regional. Esta pedanía de Bullas se ha convertido en uno de los lugares más baratos de la Región de Murcia para comprar vivienda, con oportunidades que todavía recuerdan a los valores inmobiliarios de hace años y que resultan difíciles de encontrar en otros puntos del territorio.

Amplio porche cubierto de la casa de campo, con zona de descanso y comedor exterior, en plena pedanía de La Copa de Bullas. (Real Estate Bullas Inmobiliaria)

Una casa con terreno por menos de 100.000 euros

Entre esas oportunidades destaca una casa de campo de 110 metros cuadrados que se ofrece por 95.000 euros. La vivienda cuenta con dos habitaciones, baño, salón con chimenea y estufa, cocina con barra americana, cochera y un amplio porche exterior. También dispone de horno de leña y zona de barbacoa, además de exteriores preparados para instalar una piscina.

La propiedad se encuentra rodeada de naturaleza y forma parte de una finca de aproximadamente 15.000 metros cuadrados con almendros y olivos en producción. El terreno incluye además tractor y utensilios agrícolas. El inmueble, gestionado por Real Estate Bullas Inmobiliaria, se sitúa en un entorno que combina paisaje rural y tradición, con lugares cercanos como la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación y del Perpetuo Socorro —declarada Bien de Interés Cultural— o la Ermita del Calvario, símbolos del patrimonio de esta pequeña pedanía murciana.

La fianza en los contratos de alquiler puede generar conflictos entre propietarios e inquilinos, especialmente cuando llega el momento de devolverla tras la entrega de llaves. El uso indebido de ese importe puede tener consecuencias económicas importantes si no se ajusta a lo que establece la ley y la jurisprudencia. Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, ha recordado cuáles son los límites legales que afectan a quienes tienen uno de sus pisos en alquiler.

Gutiérrez alude a una reciente resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona que refuerza esta interpretación. "Si no devuelves la fianza al inquilino te puede salir muy caro. La Audiencia Provincial de Barcelona lo ha vuelto a dejar clarísimo. El arrendador no puede retener la fianza ni reclamar daños, ni siquiera alegando que había mascotas, como era el caso, si no prueba tres cosas de forma contundente", explica.

Esas tres condiciones son determinantes en un eventual procedimiento judicial: "Uno, que los daños existen. Dos, que estaban en el momento exacto de la entrega de llaves. Y tres, que son imputables directamente al inquilino". Sin esa acreditación, la reclamación no prospera.

El experto subraya que las facturas de arreglos no bastan por sí solas. "Sin estas tres pruebas pierdes. Ya puedes tener fotos hechas el día después, presupuestos de reparaciones, facturas de pintura y limpieza general. Todo esto es mantenimiento ordinario y el mantenimiento ordinario lo paga el propietario. La fianza no es como una hucha para dejar el piso como nuevo cuando se nos va el inquilino. Si no puedes acreditar el incumplimiento no puedes tocar ese dinero", insiste.

Además, advierte sobre el coste añadido de retrasar la devolución: "Si pasa un mes desde la entrega de llaves y no devuelves la fianza sin causa justificada, empiezan a devengarse intereses legales. Es decir, en una sentencia en contra del propietario te tocaría devolver la fianza, pagar intereses y además asumir costas si el inquilino demanda y pierdes. En un procedimiento judicial la carga de la prueba es tuya". La falta de inventario o de acta de entrega puede resultar determinante. "Y si no tienes inventario documentado en el contrato, sin acta de entrega de llaves con los daños, vamos, si no tienes pruebas tienes que devolver la fianza", concluye.

La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, regula esta materia en su artículo 36. Establece la obligatoriedad de una mensualidad de renta como fianza en arrendamientos de vivienda y dos en usos distintos. El apartado cuarto señala que el saldo que deba restituirse al arrendatario devengará el interés legal si transcurre un mes desde la entrega de las llaves sin haberse efectuado la devolución.

Las casas prefabricadas de madera ofrecen una alternativa eficiente a la construcción tradicional gracias a su aislamiento natural, su capacidad de regulación térmica y su menor impacto ambiental. Este tipo de edificaciones permiten optimizar el consumo energético, reducir gastos mensuales y mantener un ambiente interior confortable durante todo el año.

Entre las propuestas que triunfan actualmente destaca la casa de madera AGATA S de Pineca, una construcción de 39 m² que combina estética contemporánea y diseño funcional. La marca de casas prefabricadas de mader ha rebajado uno de sus modelos más demandados y ahora está disponible por 18.575 euros, frente a los 20.450 euros anteriores, dentro de una promoción de fin de invierno.

Fabricada en pino nórdico natural y abeto escandinavo certificado, esta construcción utiliza coníferas de crecimiento lento, apreciadas por su resistencia y estabilidad. Como explica Pineca, la madera, como material estructural, posee propiedades de retención del calor que pueden situarse entre cinco y siete veces por encima del ladrillo y entre diez y quince respecto al hormigón. Además, absorbe y libera humedad de forma natural, contribuyendo a un equilibrio climático en el interior de la vivienda. Esta vivienda incorpora paredes de 44 mm más revestimiento exterior y cuenta con techo metálico Terrano incluido en el precio.

Uno de los elementos diferenciales de la AGATA S es su altillo de 14 m², que permite maximizar la superficie útil y crear una zona adicional de descanso. La vivienda dispone de dos dormitorios: uno más pequeño en la planta principal y otro más amplio en el altillo. El salón-comedor, también de 14 m², integra una cocina abierta pensada para favorecer la convivencia y la circulación interior. A ello se suma una zona de baño independiente, lo que refuerza su funcionalidad como vivienda habitual .

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El rasgo más llamativo del modelo es su terraza cubierta de 11 m², concebida como una prolongación natural del espacio interior. Esta área exterior permite disfrutar del entorno con independencia de las condiciones meteorológicas. La presencia de numerosos ventanales garantiza una entrada constante de luz natural, generando una sensación de amplitud que compensa su tamaño compacto. La combinación de líneas clásicas y revestimiento contemporáneo refuerza un equilibrio entre tradición y modernidad.

La Audiencia Provincial de Madrid ha obligado a una vendedora a devolver 180.000 euros tras considerar que el piso de 22,64 metros cuadrados que transmitió no reunía las condiciones legales para ser habitado. El tribunal concluye que el inmueble, surgido de una segregación sin licencia, fue vendido como vivienda apta cuando en realidad incumplía la normativa urbanística y presentaba importantes deficiencias estructurales.

La operación se formalizó en marzo de 2018, según recoge la sentencia de 22 de diciembre de 2025. La vivienda procedía de la división de un piso mayor en dos unidades independientes, trámite que se realizó sin solicitar licencia urbanística y sin obtener licencia de primera ocupación, requisito que certifica que el inmueble cumple las condiciones técnicas e higiénico-sanitarias exigidas por la ley. Aunque el precio real ascendió a 180.000 euros, en la escritura pública figuraba una cuantía inferior. En primera instancia, el Juzgado de 1ª Instancia nº 98 de Madrid rechazó resolver el contrato.

No obstante, la Audiencia revocó esa decisión al apreciar que no se trataba de simples desperfectos. El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid establece que una vivienda con estancia diferenciada debe superar los 38 metros cuadrados útiles, permitiéndose únicamente 25 metros cuadrados cuando se trata de un espacio único multifuncional. En este caso, el inmueble contaba con dormitorio independiente y una superficie acreditada de 22,64 metros cuadrados, por debajo incluso del mínimo excepcional. Además, carecía de acceso directo a un elemento común del edificio, ya que para llegar a la escalera era necesario atravesar un rellano perteneciente a la otra vivienda resultante de la segregación.

A ello se sumaban problemas graves en la red de saneamiento, constatados por informes periciales: tuberías sin pendiente suficiente, atascos continuos, reflujos hacia la bañera y malos olores persistentes. La Audiencia aplicó la doctrina del “aliud pro alio”, que permite resolver la compraventa cuando lo entregado no sirve para la finalidad pactada. En consecuencia, declaró resuelto el contrato y condenó a la vendedora a reintegrar los 180.000 euros, más los intereses legales desde 2018, así como 10.082,27 euros por gastos de notaría, impuesto de transmisiones patrimoniales, registro, IBI y reparaciones. La sentencia no es firme y únicamente cabía recurso extraordinario de casación.