El barómetro global de la FAO se situó en 131,1 puntos. Las alzas registradas en cereales, azúcar y aceites vegetales quedaron parcialmente neutralizadas por los retrocesos en carne y lácteos.

Pese al incremento mensual, el indicador permanece un 18,2% por debajo del pico de marzo de 2022, cuando alcanzó los 160,2 puntos.

En cereales, el índice promedió 113,8 puntos en julio, un 3,4% más que en junio y un 6,9% por encima del mismo mes del año previo. Este avance respondió al encarecimiento del trigo por la inquietud ante posibles interrupciones en las exportaciones a través del mar Negro y por el impacto de las recientes olas de calor en los rendimientos de las cosechas de varios grandes productores.

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El índice de aceites vegetales escaló hasta 195,7 puntos, un 2% más mensual y su mayor nivel desde junio de 2022. El repunte de los aceites de palma y de soja compensó con holgura la caída de los de girasol y colza.

En carne, el indicador promedió 127,7 puntos, lo que supone un descenso del 2,8% respecto a junio, aunque todavía un 0,8% por encima del año anterior. En cuanto a los lácteos, el índice se situó en 116,2 puntos, un 0,7% menos en el mes y un 24,8% inferior al registro de julio de 2025.

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El índice del azúcar marcó un promedio de 95 puntos en junio, un aumento del 5,6% sobre el mes precedente, pero un 8% por debajo del nivel de hace un año. La evolución responde a la preocupación por los posibles efectos del tiempo seco y cálido en los rendimientos de la Unión Europea y por las condiciones vinculadas a El Niño que condicionan las perspectivas de producción en los principales países productores de Asia.

Según informó la compañía, el contrato de los túneles y estaciones subterráneas de Pape de la línea Ontario será ejecutado por Pape North Connect, un consorcio formado por FCC Canada y WeBuild. Pape North Connect había sido seleccionado previamente por Metrolinx e Infrastructure Ontario para la fase de desarrollo colaborativo de este proyecto, tanto del diseño y construcción del mismo.

El contrato del túnel y las estaciones subterráneas de Pape supondrá la construcción de tres kilómetros de nuevos túneles gemelos y dos estaciones subterráneas, una de las cuales conectará con la actual estación de Pape de la línea 2 del metro. Se extenderá desde la calle Gerrard, pasando por los barrios de Greektown, Pape Village y East York, hasta el punto donde Minton Place se cruza con la Don Valley Parkway. Se integrará en el proyecto completo del metro de la línea Ontario, de 15,6 km, proporcionando un transporte rápido y fluido tanto a quienes se dirigen al centro de la ciudad como a quienes viajan por la zona este de la misma.

Con una experiencia acumulada de 125 años, el área de construcción del Grupo FCC está presente en 23 países (España, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, Rumanía, Reino Unido, Bélgica, Noruega, Países Bajos, Irlanda, Portugal, Egipto, Arabia Saudí y Catar) y sus actividades abarcan todos los ámbitos de la ingeniería y la construcción.

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La constructora es líder en la ejecución de infraestructuras de transporte, así como en la construcción residencial y no residencial. FCC Construcción es actualmente la cuarta empresa constructora más grande de España y Europa, en términos de volumen de contratos, y figura entre las 25 primeras del mundo según la clasificación de la revista internacional 'ENR' ('Engineering News-Record'). Las actividades de la división de construcción del Grupo FCC abarcan todos los ámbitos de la ingeniería y la construcción, y lidera la ejecución de obras de ingeniería civil (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, obras hidráulicas y marítimas, túneles, puentes, metros y plantas de tratamiento de aguas residuales) y de edificación (residencial y no residencial: hospitales, estadios de fútbol, museos y oficinas). Asimismo, cuenta con una experiencia contrastada en el desarrollo de proyectos industriales internacionales.

FCC Construcción tiene presencia en Canadá a través de su filial desde hace más de 25 años. En 1997 se le adjudicó el proyecto de construcción, explotación y mantenimiento de la autopista Fredericton-Moncton. En 2011, se hizo con el contrato para la ampliación de un tramo del metro de Toronto, la primera obra de infraestructura de metro moderna de la ciudad. Este proyecto se completó en 2018. Desde entonces, FCC ha seguido ejecutando complejos proyectos de transporte e infraestructuras civiles en todo Canadá, contribuyendo a la creación de infraestructuras de transporte y tránsito emblemáticas, entre las que se incluyen importantes ampliaciones de metro y complejas obras de tunelización urbana.

“No depende totalmente de él”, subrayó Trump en una entrevista con Punchbowl News, citada por Europa Press, en la que defendió la gestión de Warsh, a quien calificó como “genial”. “No le voy a criticar”, afirmó, al tiempo que sostuvo que la junta de la Fed está “muy politizada”.

Preguntado sobre si el banco central podría elevar los tipos antes de las elecciones de medio mandato de noviembre, el mandatario insistió en que Estados Unidos “debería pagar la tasa de interés más baja del mundo”.

En su argumento, evocó que “en los viejos tiempos”, cuando se publicaban buenos datos económicos, los intereses descendían por la mejora del crédito. Lamentó que “ahora es todo diferente”.

“Si anuncias excelentes resultados, todo el mundo se deprime porque piensan que lo que vas a hacer es subir las tasas de interés; pero en los viejos tiempos, cuando anunciabas excelentes resultados, los tipos de interés bajaban”, apuntó.

En su cita de finales de julio, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal mantuvo por quinta vez consecutiva el precio del dinero en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%. No obstante, tres de los nueve miembros votaron a favor de un incremento de un cuarto de punto.

Asimismo, se ha revisado a la baja los datos de creación de empleo correspondiente a los meses anteriores, rebajando a 63.000 nuevos puestos el empleo generado en mayo, frente a los 129.000 anunciados, mientras que el dato de junio ha sido revisado a 20.000 nuevos empleos, en vez de los 57.000 originalmente estimados.

De tal modo, el empleo combinado de mayo y junio fue 103.000 puestos de trabajo inferior al reportado anteriormente.

En julio, el Departamento de Trabajo ha destacado que el empleo en la educación pública local disminuyó en 50.000 puestos, mientras que el comercio minorista perdió 19.000 empleos y las actividades financieras continuaron su tendencia a la baja con la destrucción de 14.000 puestos en julio. Por contra, el empleo en el sector sanitario continuó su tendencia alcista (+22.000), pero a un ritmo más lento.

De su lado, en julio, el salario promedio por hora de todos los empleados del sector privado no agrícola fue de 37,62 dólares, un 3,2% más que un año antes.

En cuanto al desempleo, el Departamento de Trabajo estima que en julio el número de parados se redujo a 6,9 millones, lo que representa un descenso mensual de 178.000 personas sin empleo registradas.

La primera modificación alcanzará de forma general a quienes cotizan por jubilación. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), destinado a reforzar la hucha de las pensiones, pasará del 0,9% aplicado en 2026 al 1% de la base de cotización en 2027. Según la disposición transitoria cuadragésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social, la empresa asumirá un 0,83% y el trabajador soportará el 0,17% restante.

En 2026, el reparto es del 0,75% para el empleador y del 0,15% para el empleado. El MEI continuará aumentando progresivamente hasta alcanzar el 1,2%, porcentaje previsto entre 2030 y 2050.

El segundo cambio afectará exclusivamente a la parte del sueldo que exceda la base máxima de cotización. Esa retribución, que anteriormente quedaba fuera de las aportaciones ordinarias al sistema, está sometida desde 2025 a una cuota de solidaridad distribuida en tramos.

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En 2027, la parte salarial situada entre la base máxima y un 10% por encima de ella cotizará al 1,38%. El porcentaje será del 1,5% para la franja comprendida entre el 10% y el 50% adicional, mientras que las cantidades que superen ese último límite soportarán un 1,75%. La disposición transitoria cuadragésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social establece el avance gradual de esta cotización hasta 2045. Su pago no genera el derecho a recibir una pensión de mayor cuantía.

El Gobierno también elevará el límite máximo del salario por el que se cotiza a la Seguridad Social, lo que aumentará las aportaciones de los trabajadores con sueldos altos y de sus empresas. Cuanto mayor sea ese tope, más aportarán. En 2026, la base máxima quedó fijada en 5.101,20 euros mensuales, equivalentes a 61.214,40 euros anuales, de acuerdo con la actualización recogida en el Real Decreto-ley 3/2026. La cuantía de 2027 dependerá de la revalorización anual de las pensiones. A ese porcentaje se añadirán 1,2 puntos porcentuales, según establece la Ley General de la Seguridad Social.

El experto explica que uno de los errores más habituales consiste en esperar hasta final de mes para guardar el dinero sobrante. Según señala, después de pagar las facturas y afrontar los gastos cotidianos, lo normal es que apenas quede nada. Por eso, recomienda separar una cantidad nada más cobrar la nómina y organizar el presupuesto mensual con el dinero restante.

Sin embargo, no existe un porcentaje perfecto para ahorrar que pueda aplicarse a todas las personas por igual. La capacidad económica de alguien joven que vive con sus padres no es comparable con la de una familia que debe pagar una hipoteca, mantener dos coches y afrontar los gastos de sus hijos. La cantidad adecuada es aquella que puede mantenerse sin recurrir después al crédito o recuperar constantemente el dinero reservado.

El Banquero del Pueblo también recuerda que el primer objetivo del ahorro no es generar riqueza, sino ofrecer seguridad ante los problemas. Antes de comenzar a invertir, considera imprescindible disponer de un fondo de emergencia y eliminar las deudas con intereses elevados. Además, muchos desembolsos considerados inesperados, como los seguros, los impuestos o la vuelta al colegio, pueden planificarse con antelación.

En cuanto a los llamados gastos hormiga, el divulgador rechaza que tomar un café sea necesariamente el enemigo de las finanzas personales. Para él, la cuestión principal es determinar si cada gasto aporta algo valioso. No es lo mismo destinar dinero a compartir un día con amigos que gastarlo en una compra que deja de tener importancia pocas horas después. La clave está en recortar aquello que no se valora para conservar lo que realmente se disfruta.

Por último, el experto sostiene que reducir los gastos tiene un límite, mientras que los ingresos pueden crecer considerablemente. Por eso propone invertir también en formación, adquirir nuevas habilidades, negociar una subida de sueldo, cambiar de empresa o buscar una segunda fuente de ingresos. Su mensaje final apuesta por un equilibrio sostenible: ahorrar para proteger el futuro sin convertir las finanzas personales en una carrera permanente de sacrificios.

Durante la apertura del encuentro, el presidente del Foro de la Economía del Agua, Francisco Lombardo, advirtió de que la crisis hídrica ya forma parte de la realidad cotidiana y subrayó que hablar de agua es hablar también de desarrollo económico, cohesión social, seguridad alimentaria, energía, biodiversidad y bienestar.

En su opinión, la magnitud del desafío exige respuestas basadas en el conocimiento, la innovación y una planificación con visión de largo plazo. "Tenemos que dar un paso decisivo: pasar de una gestión centrada únicamente en la eficiencia a otra basada en la seguridad hídrica. El verdadero reto ya no es solo hacer un uso más eficiente del agua, sino garantizar su disponibilidad para las personas, la actividad económica y los ecosistemas".

Lombardo reivindicó el papel del Foro como un espacio independiente de diálogo en el que confluyen administraciones, empresas, universidad y sociedad civil para impulsar soluciones desde una perspectiva multidisciplinar y señaló que la cooperación, la buena gobernanza y la capacidad de convertir las ideas en decisiones serán claves para avanzar hacia una mayor resiliencia hídrica. "Cada decisión cuenta, cada alianza suma y cada gota importa".

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Además, subrayó que el gran desafío ya no consiste únicamente en mejorar la eficiencia en el uso del recurso, sino en asegurar la seguridad hídrica mediante una mayor cooperación entre administraciones, empresas, comunidad científica y ciudadanía.

Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, Claudio Orrego, advirtió de que el cambio climático ha dejado de ser una amenaza futura para convertirse en una realidad permanente que ya se manifiesta mediante olas de calor extremo, incendios forestales, sequías e inundaciones. Ante este escenario, defendió la necesidad de incorporar el concepto de resiliencia hídrica a todas las políticas públicas y avanzar hacia una gobernanza integrada. "La gobernanza del agua debe funcionar como una orquesta: no hay solistas; hay un director y muchos actores que, aunque tengan intereses distintos, comparten un mismo objetivo. Solo desde esa coordinación podremos garantizar la seguridad hídrica".

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Orrego explicó que la Región Metropolitana desarrolla ya estrategias hídricas locales en los 52 municipios que integran el área metropolitana de Santiago y ejecuta decenas de actuaciones para construir un territorio más resiliente, desde infraestructuras de drenaje sostenible y planes de emergencia frente a incendios hasta proyectos de renaturalización como el futuro Paseo Nuevo Mapocho.

Asimismo, destacó que el Gobierno Regional destina cerca de 30.000 millones de pesos a actuaciones relacionadas con el agua y el medioambiente y anunció la celebración del II Encuentro de la Cordillera de los Andes para impulsar la conservación de los glaciares.

La conferencia inaugural corrió a cargo del director general de Veolia Iberia y Latinoamérica, Gustavo Migues, quien repasó la evolución de la compañía desde su creación hace 170 años como modelo de colaboración público-privada para abastecer de agua a la ciudad de Lyon hasta convertirse en un grupo internacional especializado en la gestión integrada del agua, la energía y los residuos, con presencia en medio centenar de países, suministro para 150 millones de personas y una apuesta decidida por la innovación a través de 26 centros de investigación y más de 4.000 patentes.

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Migues defendió el concepto de seguridad ambiental como la garantía de acceso a los recursos necesarios para que la sociedad y la industria puedan planificar su desarrollo en un contexto marcado por el cambio climático. Para ello, apostó por soluciones basadas en la regeneración, la reutilización, la descarbonización, la digitalización y la inteligencia artificial como herramientas imprescindibles para optimizar las operaciones, mejorar la eficiencia energética, reducir pérdidas en las redes y reforzar la toma de decisiones.

"El cambio climático está evolucionando a un ritmo superior al de la adaptación de las infraestructuras y de los marcos regulatorios, por lo que reclamó estabilidad normativa, seguridad jurídica y una planificación a largo plazo capaz de incentivar la inversión necesaria para garantizar la seguridad hídrica en las próximas décadas", alertó.

Como ejemplo de estas estrategias, destacó las inversiones que se desarrollan en Barcelona y su área metropolitana para reforzar la resiliencia del sistema de abastecimiento mediante nuevas tecnologías de tratamiento, la modernización de las infraestructuras y la reutilización de aguas regeneradas, que ya representan el 25 % del agua consumida en la ciudad. Asimismo, puso en valor la experiencia de Santiago de Chile, donde Aguas Andinas ha alcanzado la cobertura universal del saneamiento y trabaja ahora para responder a los nuevos retos derivados de las sequías, los ríos atmosféricos y los episodios de turbidez extrema mediante nuevas infraestructuras, estrategias de reutilización y nuevas tecnologías de digitalización e inteligencia artificial.

El primer panel de la jornada, dedicado a la recuperación de los espacios fluviales y la planificación urbana resiliente, contó con la participación del gerente general de Aguas Andinas, José Sáez, quien defendió que el agua constituye el elemento que da vida a las ciudades y puso como ejemplo la transformación del río Mapocho, que ha pasado de ser un cauce altamente contaminado a convertirse en uno de los principales ejes ambientales, sociales y urbanos de Santiago.

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Sáez recordó que Chile tomó hace décadas la decisión estratégica de avanzar hacia la universalización del saneamiento para erradicar las enfermedades de origen hídrico, apostando por un modelo que incorporó la colaboración público-privada y permitió recuperar los ríos urbanos para la ciudadanía. Hoy, explicó, "el reto ya no es únicamente garantizar el abastecimiento y el saneamiento, sino adaptar las infraestructuras a un escenario climático cada vez más complejo, caracterizado por sequías prolongadas, inundaciones, ríos atmosféricos y episodios de elevada turbidez que obligan a reforzar la resiliencia de todos los servicios urbanos".

El segundo panel estuvo dedicado al análisis del nexo entre agua, energía y desarrollo sostenible. En ella, el director académico del Foro de la Economía del Agua, Estanislao Arana, defendió la necesidad de integrar la gestión del agua y la energía como dos ámbitos inseparables para avanzar hacia un modelo más resiliente y sostenible.

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Como conclusión, advirtió de que el gran reto del siglo XXI consiste en garantizar simultáneamente la seguridad hídrica y la seguridad energética en un contexto de cambio climático, crecimiento urbano y transición ecológica. Para ello, ha defendido una mayor coordinación entre las políticas del agua y la energía, así como inversiones que refuercen la autonomía, la resiliencia y la sostenibilidad de ambos sistemas.

Pedro Olivares, especialista en recursos hídricos de Anglo American, defendió el trinomio formado por el agua, la energía y las comunidades como uno de los pilares para avanzar hacia un desarrollo industrial verdaderamente sostenible. Durante su intervención subrayó la necesidad de proteger las fuentes hídricas, con especial atención a los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce, e insistió en que la sostenibilidad de los proyectos industriales pasa por integrar desde el inicio a las comunidades locales en los procesos de planificación y toma de decisiones.

Olivares señaló que la actividad industrial debe ser capaz de demostrar su impacto positivo sobre el territorio, minimizando las afecciones ambientales y generando valor compartido para las comunidades. En este sentido, defendió una minería cada vez más eficiente en el uso del agua y la energía, apoyada en la innovación y en soluciones que permitan reducir la presión sobre los recursos naturales, compatibilizando la producción de riqueza con la protección de los ecosistemas y el desarrollo sostenible de los territorios.

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El XIX Foro de la Economía del Agua continuará mañana con nuevas sesiones centradas en la restauración de cuencas, la participación de las comunidades, la modernización de infraestructuras y la cooperación entre administraciones, empresas y sociedad para avanzar hacia un modelo de desarrollo más resiliente, sostenible e integrado.

«Entre un cambio y otro, las empresas, como siempre, intentan coger lo que pueden», relató Jiménez en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3. Aunque calculaba alcanzar los 50 años cotizados en abril, los periodos que no constan entre unos empleos y otros frustraron esa previsión.

La trabajadora detalló cómo desaparecieron varios días de su historial laboral durante los cambios de compañía. «Una me ha robado un mes, otra me ha robado 22 días y así», lamentó. A su juicio, estas irregularidades se produjeron porque «en aquel entonces no había el control que hay ahora».

Jiménez comenzó a trabajar con solo 14 años y ha pasado por empresas de distintos sectores. Su vida laboral acredita 49 años de cotización, una trayectoria muy superior a los 35 años exigidos para acceder a la jubilación anticipada voluntaria.

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En 2026, la edad ordinaria de jubilación se sitúa en 65 años para quienes acrediten el periodo de cotización requerido; para el resto, asciende a 66 años y 10 meses. Los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos pueden adelantar su retiro un máximo de dos años si cumplen las condiciones establecidas por la Seguridad Social. Esta posibilidad no garantiza el cobro íntegro de la prestación. La cuantía se rebaja según los meses que falten para alcanzar la edad legal y el total de años cotizados. Los coeficientes reductores aplicables pueden situar el recorte entre el 2,81% y el 21%.

Jiménez rechazó asumir esa pérdida pese a acumular casi cinco décadas de aportaciones. «Si me hubiese jubilado con 63 años creo que era el 15%, y si me hubiera jubilado con 64 años, entre el 5% y el 7%», recordó . La diferencia económica le parece demasiado elevada: «Lo que me penalizan es una pasta y no estoy dispuesta». Para acogerse a esta modalidad también deben acreditarse al menos dos años de cotización dentro de los 15 inmediatamente anteriores a la solicitud. Además, la cantidad resultante después de aplicar los coeficientes debe superar la pensión mínima que correspondería al interesado al alcanzar su edad ordinaria.

Espera jubilarse con la pensión máxima

La protagonista espera retirarse en enero y cobrar la prestación máxima. «Creo que son 3.300 euros al mes», calculó durante su aparición en el programa de Antena 3. Jiménez mostró especialmente su malestar ante la compensación económica que, según explicó, recibiría por prolongar un año más su actividad. «A mí me van a dar 12.000 euros para que me quede de 65 años a 66 años, llevando casi 50 años cotizados», expuso.

La trabajadora considera difícil de justificar que retirarse antes reduzca su pensión tras una carrera laboral tan extensa, mientras que continuar hasta los 66 años pueda reportarle esa cantidad adicional. «¿Me castigan? ¿Pero de qué van?», cuestionó en el mismo espacio.

“Si realizas una actividad habitual, directa y con ánimo de lucro, tienes que darte de alta como autónomo, aunque no llegues al Salario Mínimo Interprofesional”, asegura el experto jurídico en uno de sus vídeos publicados en TikTok. Una aclaración especialmente importante para quienes obtienen ingresos mediante trabajos puntuales, ventas en internet o la creación de contenido digital.

La sentencia del Tribunal Supremo 941/2025 establece que la regularidad con la que se desarrolla una actividad económica puede obligar a cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Por tanto, el importe facturado no es el único elemento que debe tenerse en cuenta para determinar si una persona debe formalizar su alta.

Entre los ejemplos mencionados por Xavi Abat se encuentran la venta recurrente de productos en plataformas como Wallapop, la realización periódica de trabajos por encargo o la monetización de un canal de Twitch. Aunque los beneficios sean modestos, estas actividades pueden considerarse habituales cuando se llevan a cabo de forma continuada y con intención de obtener ganancias.

El abogado también insiste en que “el SMI no es una barrera mágica”, sino únicamente un indicador que puede ayudar a valorar cada situación. En 2025, el Salario Mínimo Interprofesional estaba fijado en 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, equivalentes a 16.566 euros brutos al año, pero mantenerse por debajo de esa cantidad no funciona como un escudo legal frente a la obligación de cotizar.

La sentencia contempla, sin embargo, una excepción para los pensionistas que perciben una jubilación y realizan al mismo tiempo una actividad económica por cuenta propia. En estos casos, el SMI sí actúa como límite: para quedar exentos de cotizar, sus ingresos netos anuales, una vez descontados los gastos necesarios para desarrollar la actividad, no deben superar los 16.566 euros.

Se trata de una situación que, por el momento, no da indicios de un cambio significativo. Mientras tanto, este desequilibrio entre demanda y oferta sigue agravándose cada día que pasa, especialmente entre la ciudadanía más joven. Dicha realidad provoca que diferentes profesiones en materia económica se pronuncien al respecto de estos motivos.

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Uno de los últimos en pronunciarse al respecto ha sido Santiago Niño Becerra. “La vivienda nos está condicionando la creación de riqueza, los puestos de trabajo y la competitividad. No hay solución a corto plazo porque estamos pagando las consecuencias de no haber tomado las decisiones correctas cuando tocaba", citaba el economista sobre las palabras del empresario Antoni Cañete.

El experto declaraba en una de sus últimas publicaciones en X acerca de esta afirmación, haciendo referencia a los periodos de construcción destinados para la venta y con periodos de protección escasos. Se trata de un planteamiento que se comenzó a llevar a cabo durante la dictadura y que se prolongó con la llegada de la democracia a España.

“El problema que hoy hay en España con la vivienda existe porque todo lo que se ha estado haciendo en España en los últimos 70 años en materia de vivienda apuntaba en la dirección de que lo hubiese”, afirmaba el economista con contundencia al respecto de una planificación urbanística que deja severas consecuencias en el presente.

Si bien muchos de los inmuebles disponibles para la venta en algunas de las zonas más concurridas de nuestro país están experimentando un ligero frenado con respecto a la masiva subida de precios en los últimos años, dicho fenómeno se está trasladando a las localidades de menor tamaño. Es por ello que tanto usuarios como expertos reclaman medidas más rotundas para gestionar el panorama inmobiliario en nuestro país.

Una vez agotado el periodo máximo legal de incapacidad temporal, terminó accediendo a la jubilación anticipada involuntaria a los 63 años y ocho meses. Había adelantado su retiro 16 meses y la Seguridad Social aplicó a su prestación un coeficiente reductor del 6,33%. El pensionista cuestiona que una carrera laboral tan extensa no evite una merma que conservará durante toda su jubilación. «Creo que no hay derecho, porque esta penalización quiere decir que no todos los españoles somos iguales ante la ley», sostiene Gregorio Vidal.

Los coeficientes reductores disminuyen la cuantía de la pensión cuando el trabajador se retira antes de su edad ordinaria. El porcentaje depende, entre otros factores, del número de meses de adelanto, los años cotizados y de si la salida se considera voluntaria o involuntaria.

En la modalidad voluntaria, el retiro puede adelantarse un máximo de dos años y exige al menos 35 años de cotización. La jubilación anticipada involuntaria permite anticiparlo hasta cuatro años ante determinadas causas de pérdida del empleo y requiere, entre otras condiciones, un mínimo de 33 años cotizados. En esta última modalidad, la reducción puede llegar al 30%.

La reivindicación de los pensionistas con más de 40 años cotizados

El caso de Gregorio forma parte de la reclamación promovida por la Asociación para la Jubilación Anticipada sin Penalización con 40 años cotizados, conocida como ASJUBI40. La entidad, creada en 2016, pide suprimir estos recortes cuando el pensionista acredite cuatro décadas o más de aportaciones.

Su propuesta también incluye a quienes ya están retirados. La asociación reclama que se revisen sus prestaciones y se restituyan las cantidades descontadas mediante los coeficientes.. ASJUBI40 sitúa el colectivo afectado cerca de las 900.000 personas. «Hemos cotizado más de 40 años y, al ser penalizados injustamente, pedimos que se nos devuelva el dinero que se nos está quitando», reclama Gregorio.

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La asociación sostiene que numerosas jubilaciones anticipadas estuvieron precedidas por despidos, problemas de salud o dificultades para regresar al mercado laboral. Por ello, reclama que una salida anterior a la edad legal no implique mantener de por vida una pensión reducida después de una trayectoria de cotización superior a cuatro décadas.

Durante mucho tiempo, el lujo se explicó a través de la exclusividad y el reconocimiento de una firma, pero una parte creciente de su valor se encuentra ahora en el proceso previo a que la pieza llegue al escaparate, como la selección de materiales, el dominio de una técnica o la precisión de los acabados. Así lo corroboran los datos del 'Luxury Client Index' de EY, que señala que más del 70% de los clientes de lujo están impulsados principalmente por el deseo de disfrutar de productos de alta calidad.

La reciente celebración de la alta costura en París situó de nuevo el trabajo manual y los oficios especializados en el centro de la conversación del sector. En paralelo, iniciativas como 'Les Journées Particulières' de LVMH, cuya próxima edición se celebrará en octubre, confirmaron el interés por mostrar aquello que habitualmente permanece fuera de la mirada del cliente.

Talleres, archivos, manufacturas y procesos de creación permiten explicar qué sostiene el valor de un objeto de lujo. En los últimos años, el grupo también ha impulsado proyectos como 'Les De(ux) Mains du Luxe', organizado junto al Comité Colbert, donde firmas como Louis Vuitton, Dior, Celine o Guerlain acercan al público técnicas de marroquinería, costura, perfumería y acabados artesanales.

En el sector de la alta joyería, esta mirada hacia la artesanía se concretó en procesos donde la elección de las gemas motiva el diseño y la estructura busca un equilibrio entre estética, comodidad y seguridad. En casas internacionales como Cartier o Tiffany & Co., la atención al detalle forma parte de la identidad, donde el diseño, la selección de gemas y la precisión técnica han contribuido a construir piezas asociadas a la permanencia.

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En España, firmas como RABAT reflejan esta evolución a través de una cuidada selección de diamantes naturales y gemas certificadas, donde excelencia, conocimiento gemológico y responsabilidad convergen. Cada piedra se escoge de manera individual, atendiendo a criterios de singularidad, calidad y proporción, desde las 4 Cs —color, claridad, corte y quilataje— hasta la adecuación de cada gema al diseño final.

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En un mercado cada vez más atento a aquello que justifica el valor de una pieza, ese interés por la calidad vuelve a ganar peso todo aquello que la hace posible: los materiales, el oficio y la precisión de los acabados.

En RABAT, este enfoque se completa con diamantes certificados por GIA y procedentes de origen ético garantizado bajo el Proceso de Kimberley, además de su pertenencia al 'Responsible Jewellery Council', que sitúa a la firma dentro de un marco internacional de buenas prácticas compartido por algunas de las principales marcas del sector.

El valor de una pieza no reside solo en aquello que puede observarse, aseguran desde la firma, sino también en todo lo que sostiene su creación. El 'savoir-faire' recuerda que determinadas piezas requieren tiempo, criterio y una precisión que forma parte de su permanencia.

Durante la jornada, el debate se centró especialmente en el impacto de las políticas de Estados Unidos sobre la Unión Europea y la evolución de los acuerdos transatlánticos. Asimismo, los ponentes profundizaron en la capacidad de adaptación de potencias como China ante el complejo y cambiante tablero geopolítico mundial.

Nacho Cardero, director de El Confidencial, dando unas palabras de bienvenida.

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, realizando la apertura del foro.

Público asistente al evento.

Carlos Sánchez, director adjunto de El Confidencial, presentando el evento.

Cristina Herrero, presidenta de AIReF, durante su ponencia “La sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto complejo”.

Mesa redonda “Zonas de influencia, divisas y materias primas: la nueva geoeconomía”.

Manuel Aguilera, director general de Mapfre Economics, moderando la mesa de debate.

Arancha González Laya, decana de la Paris School of International Affairs y exministra de Asuntos Exteriores.

Alejandra Kindelan, presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB).

José Manuel Amor, socio director de AFI.

Mesa redonda “España y Europa ante el nuevo orden geoeconómico global: claves macro e internacionales para nuestro crecimiento”.

Judith Arnal, investigadora senior del Center for European Policy Studies y del Real Instituto Elcano. Consejera del Banco de España.

Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

Gloria Hernández, consejera del Banco Sabadell y ex directora general del Tesoro Público.

Ricardo González de Mapfre Economics.

Purificación Pujol de Valora consultores y David Gracia José de ANGED.

Nemesio Fernández Cuesta de Alantra.

Cristina Herrero de AIReF.

David Rubio Martínez de Blossom Consultoría y gestión.

Alfredo Castelo de Mapfre.

Alejandra Kindelan de la Asociación Española de Banca.

Joaquín Casasús y José Ramón Iturriaga de Abante.

Mirenchu del Valle de UNESPA.

Miguel López-Quesada de la Asociación de Directivos de Comunicación y Félix Muñoz de Unusual Business.

Albert Guivernau de Fundación Civismo.

David Gracia de ANGED.

Javier Palacios de Gatorade.

Javier Caamaño, Marta Pachón y Daniel Badía de Mapfre.

Diego Crespo de Marimón Abogados.

Fernando Vives de Grupo Alia.