"Hay una cuestión que a la ministra a lo mejor se le olvida, y es que no en toda España tenemos cobertura. ¿Qué va a pasar en las zonas donde no hay cobertura? ¿Se les va a sancionar porque de repente pierdas la conexión con la Inspección de Trabajo?", preguntó retóricamente De Miguel a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Díaz, precisamente, avanzó esta semana que "estamos a nada" de que el nuevo registro horario sea una realidad en España, con lo que tendrá que ser digital, no manipulable e interoperable por parte de la Inspección.

La medida la quiere aprobar vía real decreto, al considerar que no requiere de votación parlamentaria, postura de la que discrepan CEOE y Cepyme. Esto formaba parte de la ley de reducción de jornada que tumbaron en septiembre de 2025 Junts, PP y Vox.

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La vicepresidenta segunda ve fundamental reforzar la lucha contra el "fraude" que supone que cada semana se realicen en España más de 2,5 millones de horas extraordinarias no remuneradas.

Pero la presidenta de Cepyme avisó de que hay muchas empresas que "no están digitalizadas" y que tendrán que hacer una inversión que puede que sean sus beneficios, en el caso de pequeños negocios de zonas rurales.

Historia de dos deterioros institucionales

Asimismo, pidió tener en cuenta que la microempresa no tiene técnicos dentro de la compañía, salvo que se dedique al sector tecnológico.

"Muchas veces, cuando están pensando en este tipo de cosas, no están pensando en un panadero de un pueblo de Toledo, porque ni está digitalizado ni tiene un informático, y en muchos casos ni siquiera le va a llegar la cobertura", previno De Miguel.

El panorama de la vivienda en España resulta desolador para un sector cada vez más creciente de la población. Los elevados precios que se manejan en el mercado están fuera del alcance de muchos interesados en adquirir un bien inmueble, además de la incapacidad de una parte importante de ellos de ahorrar lo suficiente para efectuar una inversión de tales dimensiones.

La situación actual no deja de generar preocupación entre los más afectados, como lo es la población joven. Además, la ausencia de alternativas competentes, en las que el alquiler también presenta un ambiente verdaderamente prohibitivo, no deja de desequilibrar la balanza aún más del lado de la demanda.

Juan Conde, experto economista: "Piensas que el banco es segurísimo, lo que también es seguro es que vas a perder en torno a un 3% del poder adquisitivo cada año"

Varios economistas ya se pronuncian recurrentemente al respecto de esta realidad que no da indicios de cambiar significativamente, al menos a corto plazo. Una de las voces más destacadas de nuestro país en materia económica es Gonzalo Bernardos, quien ha retratado todo lo que está sucediendo con una sola frase. "Vulnerable es quien cobra 1.613 euros y dedica más del 30 % en gastos de vivienda", afirma.

El profesor de economía de la Universidad de Barcelona pone de manifiesto el peso capital con el que cuenta la vivienda en las finanzas de muchos usuarios de nuestro país. Especialmente en el ámbito del alquiler, los costes que se manejan en numerosas localidades españolas empujan a la ciudadanía a opciones de compra parcialmente precarias.

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"La única manera de que un joven sea propietario es que sus padres le compren la vivienda", asegura el economista, en el que el precio de la vida en la actualidad con respecto a los sueldos regulares no permite un margen de movimiento demasiado amplio. Y es que acudir a un avalador como el descrito en muchos casos es la única solución.

Sin embargo, esta decisión no siempre está disponible, por lo que muchos no pueden permitirse una emancipación segura ante la falta de recursos. Y es que el Plan de Vivienda que preparan las instituciones es percibido como insuficiente para satisfacer las necesidades que presenta la ciudadanía con un bien tan esencial.

Los sectores de sanitario, transportes y almacenamiento y comercio minorista registraron los incrementos más importantes de nuevas personas trabajando, mientras que la contratación pública continuó disminuyendo. En concreto, el sector sanitario sumó un total de 37.000 empleos y transportes y almacenamiento hasta 30.000 nuevas personas empleadas.

En el caso de la tasa de desempleo, esta se situó en febrero en el 4,3%, lo que supone repetir el mismo dato de marzo, manteniéndose apenas sin cambios también en términos interanuales.

El país norteamericano contabilizó un total de 7,4 millones de personas desempleadas, en línea con la cifra del mes anterior. El número de parados de larga duración se elevó hasta los 1,8 millones --sin cambios intermensuales-- y supuso un 25,3% del total de personas sin empleos.

El número de personas empleadas a tiempo parcial por motivos económicos --que preferirían un trabajo a tiempo completo-- aumentó en 445.000 y se situó en los 4,9 millones en abril.

El salario medio por hora de los trabajadores estadounidenses apenas subió un 0,2% mensual; mientras que la semana laboral se incremento en 0,1 horas, hasta las 34,3 horas en abril.

Igualmente, el ministerio ha revisado a la baja la lectura de febrero en 23.000 empleos generados menos, pasando de -133.000 a -156.000; mientras que el dato de marzo fue revisado al alza en 7.000 puestos de trabajo, de los +178.000 a +185.000.

"Las directrices se centran en la aviación y abordan en particular las consecuencias de una posible escasez de queroseno si el conflicto continúa", dijo en rueda de prensa la portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen.

Las medidas afectan, entre otros aspectos, a las obligaciones de repostaje de las aerolíneas y al uso de franjas horarias aeroportuarias. También aclaran cuándo tienen derecho a compensación los pasajeros y subrayan que no se pueden encarecer retrospectivamente los billetes ya vendidos con el argumento de que el alto precio del queroseno.

El doble bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y de Estados Unidos ha impactado severamente el comercio de queroseno, ya que el 40 % del volumen global de ese derivado del petróleo que se utiliza como combustible para la aviación atraviesa ese paso.

Varias compañías aéreas europeas han suspendido algunos vuelos porque dejaron de ser rentables ante el encarecimiento del combustible, mientras que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió hace semanas de que la Unión Europea podría afrontar problemas de abastecimiento, y no solo de precios, hacia la última semana de mayo si el conflicto se prolongaba. Y ante la perspectiva de que la penuria de queroseno por la guerra afecte a las operaciones de las aerolíneas europeas, Bruselas ha publicado directrices y clarificaciones que espera ayuden al sector turístico y, en particular, a la aviación.

Bruselas permitirá, en determinados casos, excepciones a la norma europea que obliga a las compañías a repostar al menos el 90% del combustible necesario en los aeropuertos comunitarios, cuando las reglas de seguridad exijan cargar combustible adicional en origen por temor a que no haya suficiente queroseno disponible en destino.

Además, las aerolíneas podrán quedar exentas de las obligaciones habituales de uso de "slots" o permisos para aterrizar y despegar si los problemas de suministro impiden operar con normalidad determinados vuelos.

Las aerolíneas en Europa normalmente deben usar el 80% de sus "slots" para conservarlos al año siguiente, de forma que si una compañía cancelara muchos de esos permisos en buen horario porque el queroseno es demasiado caro, podría perder esas ventanas de negocio en el siguiente ejercicio.

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La Comisión Europea también animó a los Estados miembros a utilizar plenamente las cláusulas previstas en los contratos de rutas de servicio público cuando las aerolíneas afronten escasez de combustible o precios excepcionalmente elevados que hagan inviables las operaciones a las tarifas reguladas. Asimismo, Bruselas aprobó un marco temporal de ayudas de Estado para apoyar no solo a la aviación, sino también al transporte por carretera, ferroviario, marítimo y fluvial afectados por el fuerte aumento de los costes del diésel.

En paralelo, la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) publicó un boletín técnico para informar a las aerolíneas y a los operadores de suministro sobre el uso seguro en Europa del combustible de aviación Jet A que se utiliza en Estados Unidos, y que es ligeramente distinto al Jet A-1 que se emplea en Europa.

Las directrices también recuerdan que los pasajeros afectados por cancelaciones siguen teniendo derecho a reembolso, transporte alternativo, asistencia y, en determinados casos, compensación económica.

La Comisión precisó que las compañías aéreas solo podrán quedar exentas de pagar indemnizaciones si demuestran que la cancelación se debió a circunstancias extraordinarias, como una escasez local de combustible. Sin embargo, Bruselas dejó claro que el simple encarecimiento del queroseno no constituye por sí mismo una circunstancia extraordinaria que permita evitar el pago de compensaciones. "Precios altos, no; falta de combustible, sí", resumió la portavoz.

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Además, el Ejecutivo comunitario subrayó que las aerolíneas no podrán imponer recargos retroactivos por combustible a billetes ya vendidos, puesto que la normativa europea obliga a mostrar desde el inicio el precio final completo del viaje.

La portavoz comunitaria explicó que las directrices "no aportan nada nuevo" sino que explican "cómo interpretar las reglas en esta situación". Según la normativa comunitaria, cualquiera que venda billetes de avión siempre "tiene que mostrar el precio final que pagará el pasajero".

"Esto incluye todos los impuestos, cargas y tarifas previsibles e inevitables", dijo Itkonen, quien añadió que "en este momento, los altos precios del queroseno son completamente predecibles" por lo que "las aerolíneas pueden ajustar sus tarifas a la situación, pero añadir un sobreprecio por combustible una vez que se haya comprado el billete, no se puede justificar".

Durante su intervención en un acto organizado por Banco de España, la francesa ha desafiado la corriente que, ante la hegemonía de Estados Unidos con las stablecoins denominadas en dólares, reclama a Europa imitar el modelo estadounidense para seguir siendo competitiva.

"Nuestra tarea no es replicar instrumentos desarrollados en otros lugares, sino construir las bases y la infraestructura que sirvan a nuestros propios objetivos, de modo que podamos aprovechar los beneficios de la innovación sin importar sus vulnerabilidades", ha defendido Lagarde.

En este sentido, si bien en el corto plazo las stablecoins denominadas en euros podrían generar una demanda global adicional de activos seguros de la zona euro y comprimir los intereses de la deuda soberana, flexibilizando las condiciones de financiación e impulsando el alcance internacional del euro, las condiciones de financiación se flexibilizarían y el alcance internacional del euro, Lagarde ha señalado también desventajas desde el punto de vista de la estabilidad financiera y la política monetaria.

De este modo, en primer lugar, ha advertido de que, en el caso de debilitamiento de la confianza, pueden transmitir estrés a los mercados de activos subyacentes al desencadenar peticiones de reembolso masivo, un riesgo que crece a medida que aumente el uso de stablecoins, particularmente cuando los emisores no son bancos, añadiendo que, en casos de instrumentos emitidos conjuntamente por entidades de la UE y de fuera del bloque, los inversores buscarán retirar sus fondos donde las protecciones sean más sólidas en caso de una corrida bancaria.

Por otro lado, Lagarde ha advertido de que la capacidad del BCE para mantener la estabilidad de precios depende de que las decisiones sobre tipos de interés lleguen a las empresas y los hogares a través del sistema bancario, por lo que si los depósitos minoristas migran a criptomonedas estables no bancarias y regresan a los bancos como financiación mayorista, ese canal se estrecha.

"Los bancos prestan menos, o con menor eficiencia, y la transmisión de los tipos de interés oficiales a la economía real se debilita"

"Los bancos prestan menos, o con menor eficiencia, y la transmisión de los tipos de interés oficiales a la economía real se debilita", ha comentado la presidenta del BCE, para quien estas disyuntivas son significativas y superan las ventajas a corto plazo en las condiciones de financiación y el alcance internacional.

"Si queremos fortalecer el atractivo internacional del euro, las stablecoins no son una forma eficiente de lograrlo", ha asegurado para señalar que la mejor solución sigue siendo contar con mercados de capitales más integrados mediante la unión de ahorro e inversión y, con el tiempo, una base de activos segura a la altura de las ambiciones para el papel internacional del euro.

El tribunal consideró que el líder republicano utilizó "de forma incorrecta" una ley comercial de hace décadas para poder aplicar estos gravámenes. En concreto, se refiere al uso que hizo la Administración Trump de la Ley de Comercio de 1974, conocida como sección 122. De esta forma, la cámara, con sede en Nueva York, concluye que el Ejecutivo sobrepasó las competencias que le otorga la ley al imponer aranceles de manera indiscriminada a importaciones procedentes de casi todo el mundo.

El órgano judicial recalca que esta herramienta legal contempla únicamente la aplicación temporal y restringida de aranceles en escenarios concretos, como graves desequilibrios en la balanza de pagos o episodios de inestabilidad en el sistema financiero internacional.

La sentencia manda un importante mensaje. Los aranceles se han convertido en mucho más que la ley económica estrella de Trump: son su herramienta favorita de presión política y diplomática. Durante este mandato, el presidente ha utilizado los gravámenes como un mecanismo de recompensa para premiar a quienes considera que se han portado bien con EEUU —como el rey Carlos III, tras cuya visita eliminó las tasas al whisky escocés— o castigar a los países que acusa de "aprovecharse" desde hace años de la economía estadounidense.

El fallo del tribunal recuerda además que la sección 122 permite gravámenes de hasta el 15% durante un máximo de 150 días, tras lo cual su continuidad depende de la autorización del Congreso. Ese plazo expira el próximo julio, lo que complica aún más la supervivencia del gravamen universal del 10% en pleno clima preelectoral y con crecientes recelos dentro del Capitolio.

Con esta decisión, el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU dio la razón a varias pequeñas compañías que habían recurrido los aranceles aplicados desde el pasado 24 de febrero. La resolución salió adelante por una ajustada mayoría de dos votos frente a uno, después de que uno de los magistrados considerara que aún era demasiado pronto para resolver a favor de las empresas demandantes.

Así, estas empresas sostenían que la nueva batería de aranceles buscaba sortear el histórico fallo del Tribunal Supremo de EEUU, el cual tumbó los gravámenes impuestos en 2025 por el presidente republicano al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), prevista para otros supuestos.

Pese al revés judicial, el recorrido del caso sigue lejos de cerrarse, ya que el Gobierno contemplaba desde el inicio que el arancel global sirviera como una solución provisional mientras buscaba otras vías legales para establecer gravámenes permanentes. Según adelantó The New York Times, la Casa Blanca ha impulsado nuevas investigaciones, pero esta vez bajo el amparo de la sección 301 de la Ley de Comercio: una centrada en las leyes internacionales contra productos elaborados con trabajo forzoso y otra sobre la capacidad manufacturera de otros países, con el objetivo de justificar futuros gravámenes más duraderos.

En esta línea, el diario señala que la Administración Trump tiene previsto recurrir el fallo, lo que apunta a una larga batalla legal. Además, la resolución judicial también eleva las opciones de que Trump se vea obligado a devolver los ingresos obtenidos mediante aranceles declarados ilegales. De hecho, ya está en marcha el proceso de reembolso de unos 166.000 millones de dólares recaudados con la anterior ronda de gravámenes impulsada por la Casa Blanca.

La decisión del Tribunal de Comercio vuelve a poner límites a la política comercial de Donald Trump, apenas unos meses después de aquella tensa comparecencia improvisada en la Casa Blanca en la que el presidente aseguró sentirse "avergonzado" por algunos magistrados del Tribunal Supremo. El pasado febrero, el alto tribunal tumbó los llamados aranceles recíprocos impuestos por el republicano al considerar que excedían las competencias presidenciales previstas en la mencionada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

La respuesta de Trump no tardó en llegar. Durante esa misma rueda de prensa, el mandatario cargó contra los magistrados, a quienes acusó de actuar "influenciados por intereses extranjeros". "Es una decisión terrible y decepcionante", afirmó entonces, antes de advertir de que contaba con "otras maneras y métodos" para mantener vivos los gravámenes. Horas más tarde, firmó una nueva orden ejecutiva que imponía un arancel global del 10% a prácticamente todos los países. Además, tan solo un día después, Trump anunció a golpe de Truth una subida del 10% al 15% de ese arancel global, pero que nunca llegaría a aplicarse.

El economista José María Páez ha advertido a los propietarios con viviendas en alquiler de un error habitual en la declaración de la Renta: declarar solo los ingresos del arrendamiento. Según el experto, esta práctica puede hacer que muchos caseros paguen más impuestos de los que realmente les corresponden.

"Si alquilas y declaras solo los ingresos estás pagando más impuestos", sostiene José María Páez. El economista recuerda que, para calcular el rendimiento neto del capital inmobiliario, los propietarios pueden restar una serie de gastos asociados a la vivienda alquilada que no siempre se tienen en cuenta.

Entre los gastos deducibles del alquiler, Páez menciona algunos costes habituales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la comunidad de propietarios, las derramas aprobadas y los seguros vinculados al inmueble, como el seguro de hogar, el seguro de impago o el de responsabilidad civil.

Además, también pueden incluirse los intereses de la hipoteca, si la vivienda está financiada, los honorarios de la inmobiliaria que gestionó el contrato y los gastos de reparación y conservación necesarios para mantener el inmueble en buen estado de uso. Según el economista, no aplicar estas deducciones puede elevar de forma innecesaria la base imponible.

El gasto "más olvidado de todos", según José María Páez, es la amortización del inmueble. Hacienda permite deducir cada año un 3% del valor de la construcción, pero no del precio total de la vivienda. "Ojo, no del precio total del piso, solo de la parte que corresponde a la construcción sin contar el suelo", aclara el economista, ya que el suelo no se considera depreciable.

Esta deducción debe introducirse manualmente en la declaración, porque "el borrador no lo pone, tú tienes que meterlo", insiste Páez. En la práctica, puede suponer una reducción de entre 2.000 y 5.000 euros al año en la base imponible, dependiendo de cada inmueble y del valor atribuido al suelo. Por ello, el experto concluye con una recomendación directa: “Si alquilas y nunca has calculado tu amortización, hoy es un buen día para empezar”.

La retirada de dinero en efectivo del cajero automático está bajo la lupa de Hacienda. La Agencia Tributaria vigila determinados movimientos bancarios para prevenir el fraude fiscal y recuerda que algunas operaciones pueden hacer saltar las alarmas, especialmente cuando superan ciertas cantidades.

Aunque no existe un límite legal para sacar dinero del cajero en España, Hacienda sí pone el foco en determinadas operaciones en efectivo. La Agencia Tributaria puede solicitar información sobre ingresos o retiradas a partir de 1.000 euros, una cifra que obliga a las entidades bancarias a identificar al cliente y facilitar datos sobre el movimiento realizado.

El aumento de los pagos con tarjeta ha reducido el uso del efectivo, pero sacar dinero del cajero sigue siendo una práctica habitual. Precisamente por eso, tanto Hacienda como los bancos mantienen mecanismos de vigilancia sobre este tipo de operaciones. Cuando las cantidades alcanzan los 3.000 euros, el control se intensifica y el banco puede comunicar automáticamente la operación para prevenir posibles irregularidades fiscales.

Según explica el Banco de España, las entidades financieras deben entregar el dinero solicitado siempre que exista saldo suficiente en la cuenta. Sin embargo, también pueden pedir al cliente que avise con antelación cuando vaya a retirar una cantidad elevada de efectivo.

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Las entidades bancarias también aplican límites de seguridad en los cajeros automáticos. Muchos bancos establecen topes cercanos a los 600 euros diarios para evitar problemas en caso de robo o pérdida de la tarjeta, aunque estos límites pueden ampliarse contactando con la entidad.

El objetivo de este control no es prohibir sacar dinero del cajero, sino reforzar la vigilancia contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. De hecho, tanto el Banco de España como las propias entidades financieras recomiendan conservar justificantes cuando se realizan retiradas o ingresos elevados. Así, en caso de que Hacienda solicite explicaciones, el cliente podrá acreditar fácilmente el origen y el destino del dinero.

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La normativa también afecta al efectivo que se transporta por la calle. Según la Ley 10/2010, portar más de 100.000 euros puede generar problemas si las fuerzas de seguridad solicitan explicaciones sobre su procedencia. En cambio, guardar dinero en casa no tiene un límite legal concreto, siempre que se pueda demostrar el origen de esos fondos.

Esta propuesta ya la respaldaron el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal mediante una carta que remitieron a la Comisión Europea para impulsar dicho tributo.

Ahora el PSOE se apoya en esa petición y la expone en una proposición no de ley con el objetivo de aliviar la carga sobre los consumidores y contribuyentes. La propuesta, según los socialistas, "pretende que los costes para Europa de la reciente crisis provocada por la guerra ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán no recaigan exclusivamente sobre los consumidores y el erario público".

El Grupo Socialista apostilla que consideran "justo y razonable" que, si las grandes compañías energéticas obtienen beneficios extraordinarios debido a la fuerte alza de precios de los combustibles fósiles, tienen que contribuir "también de manera extraordinaria a paliar sus efectos".

Asimismo, el PSOE recuerda que el planteamiento no es nuevo y tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, la UE puso en marcha una contribución temporal de solidaridad, al igual que lo hizo el Gobierno de España. "La situación actual presenta importantes paralelismos con la del año 2022, lo que justifica la adopción de una herramienta fiscal excepcional similar a la de entonces", sostiene el PSOE.

La propuesta advierte, eso sí, que el impuesto tiene que contar con un adecuado diseño de la base imponible, de manera que su puesta en marcha no implique una traslación a los precios, recayendo sobre la ciudadanía en lugar de sobre los beneficios extraordinarios de estas grandes compañías energéticas.

¿Qué significa esto? Ni más ni menos que el endeudamiento, en términos relativos, representa ya el 305% del PIB del planeta, ligeramente por encima del trimestre anterior, aunque lejos del máximo histórico alcanzado durante la pandemia, cuando llegó a situarse en el 340% del producto interior bruto.

Lo que muestran los datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés) es una aceleración desconocida desde el segundo trimestre de 2025. La causa principal tiene que ver con el comportamiento de las dos primeras economías del mundo, China y EEUU, que han tirado de deuda para financiar sus cuantiosas inversiones en inteligencia artificial, renovables o gasto militar. China, incluyendo la deuda pública de todos los subsectores, ha alcanzado una deuda global equivalente al 340,9% de su PIB, mientras que EEUU acumula un 332,5%. En ambos casos, salvo el sector no financiero chino, es el Estado quien más se ha endeudado.

La deuda global, según la patronal bancaria mundial, incorpora tanto el endeudamiento público como el privado, incluyendo las corporaciones financieras, las empresas y los hogares, aunque la aceleración tiene que ver, fundamentalmente, con la de carácter estatal. En el caso de China, el incremento hunde sus raíces en la acumulación de deuda por parte de las empresas chinas no financieras —en su mayoría estatales—, que superó significativamente el endeudamiento soberano. Buena parte a causa de la crisis inmobiliaria.

Fuera de estas dos economías, la deuda en los mercados maduros disminuyó ligeramente, mientras que la deuda total en los mercados emergentes, excluyendo a China, aumentó modestamente hasta un récord de 36,8 billones de dólares, siendo los gobiernos los responsables de la mayor parte de este incremento. Los incrementos más pronunciados durante este periodo se observaron en Noruega, Kuwait, China, Baréin y Arabia Saudí, registrando cada uno aumentos superiores a los 30 puntos porcentuales del PIB. Destacan, por lo tanto, los países de Golfo Pérsico, ahora envueltos en un conflicto armado con Irán, lo que les obligará a aumentar su endeudamiento para financiar el incremento del gasto militar.

A la luz de estos datos, lo que sostienen los autores del estudio es que “los riesgos son reales”. Principalmente, a causa de factores estructurales, más que coyunturales. En particular, debido a fenómenos como el envejecimiento de la población, el incremento del gasto en defensa, las necesidades de seguridad y diversificación energética, la ciberseguridad y el gasto de capital relacionado con la inteligencia artificial. Todos estos factores concluyen, elevarán los niveles de deuda pública y corporativa a medio y largo plazo.

Otro factor que influirá es la guerra de Oriente Medio, que añadirá presión y obligará a los estados a gastar más en seguridad y defensa. Pero, sobre todo, aumentará la inflación, lo que afectará a las políticas fiscales de los Estados, ya que los gobiernos estarán obligados a mitigar el aumento de los precios de la energía y los alimentos con ayudas presupuestarias. En definitiva, mayores déficits que impulsarán al alza el endeudamiento público. En particular, en los países emergentes, cuyo espacio fiscal es sensiblemente menor que en las economías avanzadas.

El estudio admite que a corto plazo la inflación mitiga el peso del endeudamiento en relación al PIB, pero “el alivio no será sostenido si la inflación se arraiga”, recuerda. Entre otras razones, porque si el conflicto de Oriente Medio persiste, las presiones inflacionarias prolongadas se trasladarán a los costes de endeudamiento, ya que los bancos centrales tendrán razones para elevar los tipos de interés, como, de hecho, ya se observa en la curva de rendimiento de la deuda pública. EEUU paga ya hoy por su deuda (bono a 10 años) un 4,42%, mientras que la rentabilidad del bono alemán se sitúa en el 3,07%.

La parte positiva es que el apetito por el riesgo de los inversores “se mantiene firme en medio de la incertidumbre geopolítica”. De hecho, pese a la mayor volatilidad, el impacto del conflicto de Oriente Medio en los mercados más allá de la energía ha sido hasta ahora limitado y de corta duración, mientras que los contagios a los mercados de deuda y crédito se han mantenido contenidos. El sentimiento de los inversores también está siendo resistente, recuperándose con relativa rapidez en comparación con episodios de estrés anteriores, como la crisis arancelaria del año pasado y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Ahora bien, pese a la relativa tranquilidad en los mercados, los banqueros privados advierten que los conflictos actuales forman parte de una tendencia más amplia de intensificación de las tensiones geopolíticas que en ocasiones acaban en guerras. Con el tiempo, sostienen, es probable que las implicaciones a largo plazo se hagan más evidentes, “lo que impulsa a los gobiernos y las empresas a priorizar la resiliencia de las cadenas de suministro y a forjar nuevas alianzas y rutas comerciales”. Se pone como ejemplo la reciente decisión de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de abandonar la OPEP, el cartel del petróleo, en aras de arrimarse a la estrategia de EEUU en la región. Estos cambios, dice el estudio, “conllevan importantes implicaciones fiscales, con consecuencias significativas para los tipos de interés y la dinámica inflacionaria”.

Entre las señales más claras se destaca la diversificación de divisas al margen del dólar, que estaría “en el punto de mira”. La demanda internacional de bonos gubernamentales japoneses y europeos se ha fortalecido, mientras que la demanda de bonos del Tesoro de EEUU se ha mantenido en general estable este año. Se espera que la relación deuda/PIB de EEUU continúe aumentando, como muestran las proyecciones recientes de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que indican un deterioro en la situación fiscal a largo plazo. Para Europa y Japón, los analistas de IIF esperan que las ratios de deuda sigan una trayectoria más moderada, incluso con la continua expansión fiscal. Sin embargo, se espera que todas las principales regiones afronten un aumento de los gastos por intereses en los próximos años, si bien el mayor incremento se producirá en Japón.

La proporción de emisiones denominadas en dólares por parte de prestatarios —quien solicita el préstamo— no estadounidenses se ha mantenido relativamente estable en torno al 12% de la emisión global en los últimos años. Por el contrario, las emisiones denominadas en euros por parte de prestatarios fuera de la zona euro han continuado su ascenso gradual, acercándose al 6% en los primeros cuatro meses de 2026, lo que apunta a una mayor demanda de activos denominados en euros en comparación con los activos en dólares. Dicho esto, el estudio concluye que, a pesar del aumento de los niveles de deuda pública estadounidense y la moderación de la demanda internacional, los mercados de bonos del Tesoro de EEUU “no muestran señales de una inminente crisis de liquidez y siguen atrayendo flujos de inversión de inversores nacionales, incluidos bancos y fondos de cobertura”.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sostiene que la jubilación anticipada puede resultar más rentable a corto y medio plazo para determinados trabajadores. Según sus cálculos, el punto de compensación frente a esperar a la edad ordinaria llega alrededor de los 75 años.

El experto explica que el umbral de rentabilidad entre la jubilación demorada y la anticipada se sitúa actualmente en torno a los nueve años. Es decir, quienes deciden no adelantar su retiro necesitan varios años cobrando una pensión más alta para recuperar el dinero que habrían percibido si hubieran solicitado antes la pensión.

En España, la jubilación anticipada se ha consolidado como una decisión compleja, marcada por penalizaciones económicas de por vida. Según la información aportada, 2,1 millones de personas cobran pensiones reducidas por haber abandonado el mercado laboral antes de la edad ordinaria, con recortes que pueden alcanzar el 21% si el adelanto es de 24 meses y se acreditan pocos años cotizados.

Aun así, Muñoz recuerda que muchos trabajadores priorizan la salud, el descanso y la calidad de vida frente a una prestación mensual más elevada. En este contexto, el funcionario insiste en que la decisión no debe tomarse solo por sensaciones, sino a partir de cálculos concretos sobre ingresos acumulados, pensión futura y horizonte vital.

El funcionario pone como ejemplo a los perceptores del subsidio para mayores de 52 años. Según detalla, la cotización durante esta ayuda equivale al 125% de la base mínima, fijada en 1.726 euros en 2026, mientras que la cuantía recibida es de 480 euros mensuales sin pagas extra. Al comparar a una persona que anticipa dos años su jubilación con una pensión de 1.300 euros en 14 pagas frente a otra que espera para cobrar 1.550 euros, la primera acumula 24.800 euros más durante ese bienio.

Para recuperar esa diferencia con una pensión 250 euros superior al mes, quien esperó necesitaría vivir 99 meses tras jubilarse, unos siete años. Por eso, Alfonso Muñoz resume que “a partir de los 75 años es cuando compensa económicamente no haber solicitado nuestra jubilación anticipada”. Su recomendación varía según el tiempo restante: si faltan dos años, normalmente interesa anticipar; si queda un año, conviene estudiar cada caso; y si solo restan seis meses, suele compensar mantener el subsidio hasta la edad ordinaria.

Durante la jornada, el debate se centró especialmente en el impacto de las políticas de Estados Unidos sobre la Unión Europea y la evolución de los acuerdos transatlánticos. Asimismo, los ponentes profundizaron en la capacidad de adaptación de potencias como China ante el complejo y cambiante tablero geopolítico mundial.

Nacho Cardero, director de El Confidencial, dando unas palabras de bienvenida.

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, realizando la apertura del foro.

Público asistente al evento.

Carlos Sánchez, director adjunto de El Confidencial, presentando el evento.

Cristina Herrero, presidenta de AIReF, durante su ponencia “La sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto complejo”.

Mesa redonda “Zonas de influencia, divisas y materias primas: la nueva geoeconomía”.

Manuel Aguilera, director general de Mapfre Economics, moderando la mesa de debate.

Arancha González Laya, decana de la Paris School of International Affairs y exministra de Asuntos Exteriores.

Alejandra Kindelan, presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB).

José Manuel Amor, socio director de AFI.

Mesa redonda “España y Europa ante el nuevo orden geoeconómico global: claves macro e internacionales para nuestro crecimiento”.

Judith Arnal, investigadora senior del Center for European Policy Studies y del Real Instituto Elcano. Consejera del Banco de España.

Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

Gloria Hernández, consejera del Banco Sabadell y ex directora general del Tesoro Público.

Ricardo González de Mapfre Economics.

Purificación Pujol de Valora consultores y David Gracia José de ANGED.

Nemesio Fernández Cuesta de Alantra.

Cristina Herrero de AIReF.

David Rubio Martínez de Blossom Consultoría y gestión.

Alfredo Castelo de Mapfre.

Alejandra Kindelan de la Asociación Española de Banca.

Joaquín Casasús y José Ramón Iturriaga de Abante.

Mirenchu del Valle de UNESPA.

Miguel López-Quesada de la Asociación de Directivos de Comunicación y Félix Muñoz de Unusual Business.

Albert Guivernau de Fundación Civismo.

David Gracia de ANGED.

Javier Palacios de Gatorade.

Javier Caamaño, Marta Pachón y Daniel Badía de Mapfre.

Diego Crespo de Marimón Abogados.

Fernando Vives de Grupo Alia.