“En materia de inversión inmobiliaria es mucho mejor invertir en Jaén, Cáceres o Zamora que en las mejores ubicaciones de Madrid, Barcelona o Málaga”, sostiene el economista. Entre las razones apunta a una menor llegada de compradores con grandes patrimonios y a la pérdida de atractivo de las operaciones de compra, reforma y posterior venta.

Bernardos también señala que parte de la clase media-alta muestra una mayor resistencia a pagar precios muy elevados por viviendas que no ofrecen características diferenciales. En Madrid, pone el foco en zonas donde el metro cuadrado ronda niveles muy altos, mientras que barrios más asequibles mantienen una evolución más favorable.

Los datos de compraventas que cita reflejan esa diferencia. Durante el segundo semestre de 2025, las operaciones aumentaron un 17,5% en Jaén, un 15,2% en Cáceres y un 14,1% en Zamora. En cambio, Madrid registró una caída del 15,5% y Barcelona retrocedió un 11%.

El economista explica este fenómeno a través de lo que denomina el “principio de la mancha de aceite”. Cuando una zona se encarece demasiado y queda fuera del alcance de una parte de los compradores, la demanda se desplaza progresivamente hacia otros barrios y ciudades donde todavía existen precios más accesibles.

Pese a este movimiento, Bernardos no anticipa una caída generalizada del precio de la vivienda. La falta de oferta, el reducido ritmo de construcción, los costes de las promociones y la lentitud de algunos trámites siguen limitando la entrada de nuevos pisos en el mercado, por lo que el ajuste podría producirse más por desplazamiento de la demanda que por descensos generalizados de precios.

Una de las reclamaciones más frecuentes al respecto apunta a las reducciones en dicha prestación con respecto a los jubilados que se retiran del mundo laboral de manera anticipada. Y es que muchos consideran excesivo el recorte en sus ingresos regulares en relación a una decisión que muchas veces se ven empujados a tomar.

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Los testimonios de los afectados por estas circunstancias se van acumulando con el paso de los años, destacando algunos de los más llamativos. Uno de ellos es el de Pedro. “Tengo una penalización del 9,75 % de por vida. Considero que es una injusticia total a las personas y los trabajadores que durante su infancia empezaron a trabajar para poder ayudar a la familia y levantar este país de toda la situación que había en aquel momento”, exponía.

Las situaciones como las que expone el protagonista de esta historia se ven originadas por circunstancias muy dispares. Si bien muchos usuarios solicitan esta opción por voluntad propia, otros no encuentran más soluciones al encontrarse desempleados a una edad en la que las oportunidades laborales escasean notablemente.

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“Coticé durante toda mi vida 47 años y 165 días de trabajo continuado. Solicito que se haga justicia y se hagan los reajustes correspondientes a todas las personas que están implicadas en esta situación”, compartía Pedro sobre unos coeficientes reductores que desembocan en contextos precarios para muchos jubilados en España.

Muchas de estas personas se ven obligadas a compartir piso con otros ciudadanos, así como a recurrir a medidas más desesperadas, especialmente en un mercado de la vivienda tan tensionado como el de los tiempos que corren. Un cambio en este tipo de medidas podría suponer la salvación para algunos de los que más impacto han sufrido a consecuencia de ellos.

En el caso de la Comunidad de Madrid, los viajeros destacaron por una mayor anticipación en sus reservas. Según los datos del estudio, el 63 % había contratado previamente algún elemento del viaje. Además, el 20 % de los madrileños optó por el Cantábrico y la costa norte como destino, y el 43 % viajó en pareja con hijos. Por su parte, el rasgo diferencial en la Comunidad Valenciana fue el uso de alojamientos no comerciales: el 31 % se hospedó en una segunda residencia o en casa de familiares y amigos, lo que redujo la contratación de alojamiento comercial al 69 %.

El informe detalla también las pautas de las dos comunidades que abren el texto con los mayores contrastes. Mientras que la mitad de los catalanes se desplazó en avión y un 32 % disfrutó de 13 días o más de descanso, los andaluces apostaron mayoritariamente por el coche particular (54 %) y por escapadas más breves, con un 43 % que viajó durante solo una semana. En cuanto al presupuesto, el 37 % de los residentes en Cataluña dispuso de al menos 2.000 euros, en contraposición al 40 % de los andaluces, que destinó menos de 1.000 euros a sus vacaciones.

Pese a estas diferencias territoriales, el análisis apunta a una homogeneidad en la distribución del gasto vacacional. El alojamiento concentró alrededor del 36 % del presupuesto general, seguido de la restauración (21 %), el transporte (18 %), las actividades (11 %) y las compras (10 %). El hotel mantuvo su posición como la principal modalidad de hospedaje, sin que se observaran variaciones significativas en la predisposición a financiar las vacaciones en ninguna de las autonomías.

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El fundador de ReiniziaT y portavoz de ObservaTUR, Marcos Franco, resume que las disparidades entre los viajeros de los cuatro territorios analizados se concentran en el destino elegido, la duración y los fondos disponibles, mientras que los hábitos relacionados con el desembolso y la financiación muestran un comportamiento uniforme.

Bacigalupo, marido de la comisaria europea y exvicepresidenta del Gobierno español, Teresa Ribera, accedió por primera vez a esta responsabilidad en el otoño de 2022, cuando dejó su puesto como consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para integrarse en el consejo de la CNMV.

La designación de Bacigalupo como consejero de la CNMV fue impugnada por la Fundación Hay Derecho. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional rechazó el recurso el pasado mes de marzo al determinar que el nombramiento era conforme a derecho y que el consejero cumplía el requisito legal de ser una persona de “reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores”.

La entidad recurrente argumentaba que el perfil académico y profesional de Bacigalupo, con origen en la CNMC y una especialización en Derecho administrativo y regulación energética, no acreditaba la cualificación específica exigida para el órgano supervisor bursátil. Asimismo, centró su atención en su relación con Teresa Ribera y denunció una supuesta arbitrariedad en el tránsito “sin solución de continuidad” de la CNMC a la CNMV.

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Frente a estas alegaciones, el tribunal remarcó que su papel se circunscribía al control de la legalidad de un nombramiento discrecional de alto cargo, sin invadir el juicio de oportunidad que corresponde al ministro competente. La Audiencia puso además en valor la trayectoria de Bacigalupo en la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y en la CNMC, junto con su participación en organismos reguladores europeos e internacionales, concluyendo que dicha experiencia acreditaba la pericia necesaria para integrarse en el consejo de la CNMV.

Tras conocerse el fallo de la Audiencia Nacional, la Fundación Hay Derecho comunicó su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Junto a la orden que renueva a Bacigalupo, el Ministerio de Economía ha emitido otra resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que se nombra consejero de la CNMV a Ángel Estrada García, asesor del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

Con anterioridad, en 2020, fue designado director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, cargo al que renunció en noviembre de 2024 por motivos de salud, permaneciendo en la institución como asesor de Escrivá.

El ejemplo corresponde a un trabajo de reparación de tapetas y batientes. Durante esa jornada, Jaimez factura 800 euros, pero los materiales necesarios para realizar la intervención tienen un coste de 250 euros. Esa diferencia deja un beneficio bruto de 550 euros, antes de descontar otros gastos asociados a su actividad.

Ahí está una de las claves que el profesional quiere mostrar. Facturar 800 euros no significa ganar 800 euros, porque un autónomo debe asumir costes que van mucho más allá del material utilizado en un trabajo concreto. Combustible, herramientas, mantenimiento del vehículo, seguros, cuota de autónomos e impuestos forman parte de esa estructura de gastos.

La rentabilidad también cambia según el tipo de encargo. Hay trabajos que requieren materiales más caros, mientras que otros exigen más horas de mano de obra o desplazamientos. Por eso, la cantidad que queda al final de una jornada puede variar considerablemente incluso aunque la facturación sea similar.

Jaimez utiliza este tipo de ejemplos para explicar la realidad económica de los trabajadores por cuenta propia. Desde fuera, una cifra de varios cientos de euros por día puede parecer muy elevada, pero solo cobra sentido cuando se diferencia entre facturación, beneficio bruto y beneficio final.

Su caso refleja así una de las principales dificultades de trabajar como autónomo: cada ingreso lleva asociados costes que reducen el margen real. En su jornada de 800 euros facturados, 250 euros se van directamente en materiales y, sobre los 550 restantes, todavía quedan otros gastos y obligaciones por asumir.

El asesor fiscal José Ramón López sitúa las primeras fechas clave en 2027. “El 1 de enero de 2027 empieza Verifactu para empresas y el 1 de julio de 2027 para autónomos”, explica. Los plazos están establecidos en el Real Decreto-ley 15/2025.

Una de las cuestiones que más inquietud genera es si quienes preparan sus documentos mediante herramientas ofimáticas tendrán que contratar necesariamente un programa específico. López sostiene que su continuidad dependerá de cómo se utilicen: “La realidad es que si tú el Excel o Word lo utilizas para emitir facturas de forma básica lo vas a poder seguir utilizando porque no le afectará”.

La clave no se encuentra únicamente en el nombre de la aplicación, sino en las funciones que desempeña. Utilizar una plantilla para escribir e imprimir una factura de forma manual no es lo mismo que disponer de hojas de cálculo automatizadas, macros o sistemas que procesan y reutilizan datos para llevar la facturación.

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Cuando una herramienta tiene la consideración de sistema informático de facturación, deberá cumplir los requisitos técnicos establecidos por la normativa. Entre ellos figuran la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. También deberá generar los correspondientes registros de facturación e incorporar el código QR cuando resulte exigible, según detalla la Agencia Tributaria.

Conviene distinguir, además, entre la normativa aplicable a los sistemas informáticos de facturación y la modalidad VERI*FACTU. Los programas adaptados pueden funcionar remitiendo los registros a la Agencia Tributaria o conservándolos bajo los requisitos de seguridad y trazabilidad previstos. Por tanto, el envío inmediato no se aplica de la misma manera a todas las modalidades.

López considera que mantenerse al margen de VERI*FACTU puede traducirse en más comprobaciones administrativas. “Es perfectamente legal que puedas seguir utilizando Excel o Word para emitir estas facturas, pero evidentemente la Agencia Tributaria, a por el primer perfil que van a ir, no va a ser a por quien ya esté adaptado a Verifactu, sino que va a ser a quien no esté adaptado a Verifactu y no tengan nada de información de él”, señala.

Por eso, recomienda valorar el coste administrativo de continuar con un procedimiento manual frente a la adopción de una herramienta adaptada. Los profesionales afectados podrán recurrir a un programa comercial que cumpla la normativa, desarrollar su propio sistema o utilizar la aplicación gratuita de facturación ofrecida por la Agencia Tributaria.

Según detalla el especialista, las empresas tendrán que especificar por escrito cuestiones relevantes de la relación laboral, como el salario base y sus complementos, la jornada, los horarios, las horas extraordinarias y las vacaciones. El objetivo es que el empleado conozca directamente las principales condiciones sin tener que buscarlas por su cuenta en el convenio correspondiente.

La información también deberá incluir las funciones y la categoría profesional, el convenio colectivo aplicable y las condiciones del periodo de prueba. De la Calzada señala que este último punto tendrá que precisar tanto su duración como en qué consiste realmente la prueba exigida al trabajador.

El abogado añade que, cuando el periodo de prueba se amplíe por encima del límite general de seis meses mediante convenio, deberá existir una justificación concreta. También se tendrá que informar sobre el procedimiento previsto para poner fin al contrato y sobre determinados sistemas utilizados por la empresa para organizar el trabajo.

Entre las novedades mencionadas por De la Calzada aparecen además los algoritmos empleados para asignar tareas, modificar jornadas o intervenir en la toma de determinadas decisiones. La obligación pretende ofrecer al trabajador una información más clara sobre aquellos mecanismos que pueden afectar directamente a sus condiciones laborales.

El cambio también tendrá efectos sobre las relaciones laborales ya existentes. Según explica el especialista, no será necesario modificar automáticamente todos los contratos actuales, pero el trabajador podrá solicitar esa información adicional y la empresa dispondrá de 30 días para facilitársela. De este modo, la fórmula genérica de “según convenio” dejará de ser suficiente para determinados aspectos esenciales de la relación laboral.

Este directivo participó en un diálogo organizado por la agencia de noticias Servimedia bajo el título 'Estado de la educación financiera en España' junto a Generali en el que también intervinieron el responsable de los centros de educación financiera del Banco de España, Roberto España; la directora general de la Fundación Balia, Beatriz Sigüenza; la directora de Formación, Empleo, Operaciones y Estudios de Fundación ONCE, Sabina Lobato, y el economista y divulgador Pablo Gil, también autor del libro 'Educación financiera para la vida real'.

Pablo Lozano situó la educación financiera en Generali como parte de la protección, la prevención y la planificación adicional de la que se ocupa la aseguradora, y destacó la "oportunidad necesaria" que se presenta con los depósitos bancarios de los ciudadanos que no están invertidos y no obtienen unas ganancias mayores de las que podrían. "Una persona que está ahorrando a través de una cuenta corriente puede pensar que está haciendo una buena planificación financiera, pero sin embargo está perdiendo el poder adquisitivo", ejemplificó Lozano.

Desde Generali se postulan a favor de una "tranquilidad financiera", de manera que el ciudadano piense para qué quiere el dinero y tome decisiones en base a esa utilidad.

"La educación financiera es mucho más que conocimientos; es una herramienta de empoderamiento"

La aseguradora aborda esta visión a través de un vídeo podcast llamado 'Tu ruta financiera' con consejos de los propios asesores expertos de Generali y con experiencias personales como la del tenista David Ferrer, aproximándose así al ciudadano "dejando de lado el producto".

También desarrolla conjuntamente con Unespa, la patronal de las aseguradoras, el programa 'El riesgo y yo' para sensibilizar a los jóvenes sobre el riesgo. Igualmente, dispone del programa 'The Human Safety Net' para apoyar a familias con riesgo de exclusión social dándoles herramientas de educación financiera y en el que trabaja con la Fundación Balia. Generali también colabora con Unicef en esa línea de ayuda a personas vulnerables.

Dos décadas de impulso a la obra social y la educación financiera como motores de cambio

Pablo Lozano explicó la importancia de que haya un mediador en finanzas como una persona que sepa qué preguntas debería hacerse un ciudadano respecto a su planificación financiera y que aporte respuestas e información.

Por ello, Generali también colabora con la Universidad CEU San Pablo mediante programas de formación para los mediadores, así como cátedras con distintas universidades.

"Creemos que la educación financiera es muy importante desde el punto de vista público y nosotros queremos ser copartícipes de esta intervención, de esta inversión pública" desde la perspectiva empresarial, pues tener mayor conocimiento financiero dará "libertad, pero entre medias, más tranquilidad financiera", resumió.

El estudio semanal de la organización FACUA - Consumidores en Acción permite valorar qué supermercado llega a ser el más económico, así como la evolución de los precios de los huevos de un tiempo a esta parte, según cada gran almacén.

Los precios facilitados para estas cadenas dibujan un mercado muy dispar. En los envases de 12 unidades, por ejemplo, Mercadona comercializa los huevos medianos M por 2,85 euros y los grandes L por 3,05 euros. Dia sitúa sus huevos frescos M en 3,10 euros y los L en 3,30, mientras que Eroski marca igualmente 3,10 euros para los M y 3,30 para los L.

Entre los formatos comparables, Carrefour vende 24 huevos frescos El Mercado por 5,25 euros, el mismo precio que figura para el paquete de 24 unidades de Mercadona. En Dia, la bandeja de 24 huevos frescos M alcanza los 5,75 euros. Alcampo, por su parte, cuenta con distintas referencias y tamaños, con envases de 12 unidades desde 2,95 euros entre los productos facilitados.

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Los huevos camperos también dejan un abanico amplio de precios. La docena cuesta 3,35 euros en Mercadona, mientras Carrefour El Mercado ofrece 12 unidades por 3,20 euros.

Dia comercializa 10 huevos camperos por 3,19 euros y Eroski Natur ofrece seis por 2,20 euros. En Alcampo aparecen múltiples alternativas: Pitas vende 12 por 3,69 euros y Pazo de Vilane, 12 por 4,25 euros.

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En ecológicos, Carrefour Bio ofrece seis huevos M-L por 2,85 euros y diez por 3,95 euros. Dia sitúa seis unidades en 2,95 euros. En Eroski, seis huevos ecológicos Hobea cuestan 3,79 euros, mientras Alcampo comercializa seis M-L de su gama Cultivamos Lo Bueno por 2,85 euros y diez por 4,69 euros.

“Deben ser previsores y conseguir una fuente adicional de renta”, sostiene el economista. Bernardos relaciona esta necesidad con el aumento de la esperanza de vida y con la jubilación de la generación del baby boom, dos factores que incrementarán el número de pensionistas durante las próximas décadas.

Para explicar su argumento, el experto recuerda que, según los datos que cita de la OCDE, en 2024 un trabajador español con salario medio y una carrera completa podía recibir al jubilarse alrededor del 80,4% de su último salario. Esa tasa de reemplazo era inferior en otros países europeos y en el conjunto de la OCDE, una diferencia que Bernardos considera difícil de mantener en el futuro.

Por eso, propone complementar la futura pensión con otras fuentes de ingresos. Entre las opciones que menciona están el alquiler de una vivienda, los intereses de un depósito o un plan de pensiones, aunque cada persona deberá valorar sus posibilidades económicas y el nivel de riesgo que está dispuesta a asumir.

El economista reconoce que ahorrar no resulta sencillo y señala dos vías básicas para conseguirlo: aumentar los ingresos o reducir los gastos. También insiste en que empezar cuanto antes puede marcar una diferencia importante, ya que el ahorro acumulado durante décadas permite aprovechar durante más tiempo los rendimientos generados.

Bernardos sitúa precisamente en el largo plazo una de las claves de su recomendación. Empezar a ahorrar a los 30 años ofrece mucho más margen que hacerlo a los 50, porque los rendimientos pueden sumarse al capital y generar nuevos rendimientos. Su mensaje para los futuros jubilados es claro: la pensión pública seguirá siendo importante, pero disponer de una fuente adicional de renta puede aportar mayor seguridad económica durante la jubilación.

La especialista recuerda que la Administración puede comprobar si continúan las limitaciones que justificaron la concesión inicial. Por eso insiste en una idea sencilla: “Que se llame permanente no significa que sea intocable”. La prestación puede ser revisada en función de la evolución de la persona beneficiaria.

El problema aparece cuando alguien deja de acudir a especialistas porque considera que ya no necesita seguir documentando su situación. Cardona explica que, si llega una revisión y no existen informes médicos actualizados, puede resultar más difícil demostrar que las limitaciones siguen siendo las mismas o que incluso han empeorado.

De ahí su recomendación principal: “Aunque tengas reconocida una incapacidad, continúa con tus revisiones médicas, guarda los informes y comprueba la fecha de revisión de la incapacidad que tienes en la resolución en la que se te concedió”. Mantener ordenada toda esa documentación puede ser determinante si se produce una nueva valoración.

Una revisión puede terminar con distintos resultados. Según explica la abogada, la incapacidad puede mantenerse, aumentar de grado, reducirse o incluso retirarse, dependiendo de la evolución acreditada. Por eso, conocer la fecha prevista de revisión y disponer de pruebas médicas recientes ayuda a afrontar el procedimiento con mayor seguridad.

Si la resolución final resulta perjudicial, Cardona recuerda que existe la posibilidad de presentar una reclamación previa dentro del plazo correspondiente. Además, aconseja buscar asesoramiento antes de responder y no esperar a que la prestación haya sido retirada, ya que una actuación bien planteada desde el principio puede evitar complicaciones posteriores.

Llatzer basa parte de su argumento en la falta de oferta frente al crecimiento de la demanda. Según explica, en España se crean cada año entre 220.000 y 230.000 nuevos hogares, mientras que la construcción de vivienda nueva apenas supera las 100.000 unidades. Esa diferencia mantiene la presión sobre el mercado, especialmente en las zonas más demandadas.

Otro de los factores que señala es el crecimiento de la población y la concentración de la demanda en grandes ciudades y áreas tensionadas. Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Baleares o Canarias se encuentran entre los territorios donde la disponibilidad de vivienda es más limitada y donde, según su análisis, el stock existente no resulta suficiente para absorber la demanda.

El experto también considera fundamental observar el empleo para entender la evolución del mercado inmobiliario. Según sostiene, el paro mantiene una tendencia inferior a la de los años de la anterior crisis y las familias presentan actualmente un menor nivel de endeudamiento. A ello se suma, afirma, que los bancos conceden financiación con criterios más estrictos que antes de 2008.

Para Llatzer, estas diferencias alejan el escenario de una oleada de impagos y ventas forzosas similar a la que provocó una fuerte corrección de precios hace más de una década. “El paro es el mejor indicador”, señala, al considerar que una caída prolongada del valor de los inmuebles tendría más posibilidades de producirse si el desempleo aumentara de forma significativa y sostenida.

Su conclusión es que no existe actualmente una burbuja inmobiliaria comparable con la anterior crisis, sino un mercado condicionado por la escasez de vivienda, los costes de construcción, la creación de hogares y una demanda que continúa siendo elevada. Por eso, aunque puedan producirse ajustes puntuales, Llatzer descarta una caída generalizada como la registrada entre 2009 y 2014 o 2015.

Dentro del régimen general, Abat explica que la herencia se distribuye en distintos tercios. Uno corresponde a la legítima estricta, otro al tercio de mejora, que puede favorecer a determinados descendientes, y el último es de libre disposición, es decir, puede dejarse a quien decida la persona que hace testamento.

El abogado añade que no todas las comunidades aplican exactamente las mismas reglas. En territorios con derecho civil propio, como Cataluña, existen particularidades que modifican el peso de la legítima dentro del reparto. Por eso, el lugar de residencia y la normativa aplicable pueden resultar determinantes.

Otro de los mitos que Abat desmonta tiene que ver con morir sin haber hecho testamento. En ese caso, el patrimonio no pasa automáticamente al Estado, sino que entra en funcionamiento la sucesión intestada, que establece un orden legal para determinar quiénes heredan.

Según explica, primero se tiene en cuenta a los descendientes, después a los ascendientes y al cónyuge en los términos que marque la ley, y posteriormente a otros familiares. Solo cuando no existen personas con derecho a suceder puede terminar heredando el Estado.

Abat concluye que hacer testamento puede simplificar mucho las cosas y reducir el riesgo de disputas familiares. Su recomendación es acudir a una notaría y dejar por escrito cómo se quiere organizar el patrimonio, siempre dentro de los límites que establece la legislación sucesoria.

Uno de ellos es el complemento para la reducción de la brecha de género, regulado en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social. Según explica Muñoz, tanto hombres como mujeres pueden tener derecho a este complemento, aunque solo puede reconocerse a uno de los dos progenitores. El experto señala que su cuantía aumenta en función del número de hijos.

Otro mecanismo es la bonificación por cuidado de hijos, contemplada en el artículo 236. Está dirigida especialmente a quienes interrumpieron su carrera profesional para dedicarse a la crianza. Muñoz explica que permite reconocer 270 días de cotización por hijo, dentro de los periodos establecidos legalmente, aunque estos días no sirven para alcanzar el periodo mínimo exigido para acceder a determinadas prestaciones.

A ello se suman los periodos de cotización asimilados por parto recogidos en el artículo 235. En este caso, Muñoz señala que se reconocen exclusivamente a la mujer solicitante y pueden alcanzar 112 días por cada parto de un solo hijo, además de días adicionales en los partos múltiples. A diferencia de la bonificación anterior, estos periodos sí pueden computar para alcanzar el mínimo de cotización requerido para la jubilación.

El funcionario subraya que estas bonificaciones pueden acumularse hasta un determinado límite: “Se pueden sumar para alcanzar como máximo 1.825 días. Es decir, cinco años adicionales de cotización”. Esto no significa que cualquier persona con hijos obtenga automáticamente cinco años extra, sino que el reconocimiento final dependerá de su trayectoria laboral, el número de hijos y las condiciones aplicables en cada caso.

Para ilustrarlo, Muñoz plantea el caso de una trabajadora con 30 años cotizados y tres hijos que dejó de trabajar durante cinco años para cuidarlos. Según sus cálculos, podría sumar 810 días por cuidado de hijos y otros 336 por los tres partos, alcanzando aproximadamente 33 años y dos meses computables a efectos de jubilación. El ejemplo muestra por qué revisar estos periodos puede resultar relevante al calcular la futura pensión.

Durante la jornada, el debate se centró especialmente en el impacto de las políticas de Estados Unidos sobre la Unión Europea y la evolución de los acuerdos transatlánticos. Asimismo, los ponentes profundizaron en la capacidad de adaptación de potencias como China ante el complejo y cambiante tablero geopolítico mundial.

Nacho Cardero, director de El Confidencial, dando unas palabras de bienvenida.

Antonio Huertas, presidente de Mapfre, realizando la apertura del foro.

Público asistente al evento.

Carlos Sánchez, director adjunto de El Confidencial, presentando el evento.

Cristina Herrero, presidenta de AIReF, durante su ponencia “La sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto complejo”.

Mesa redonda “Zonas de influencia, divisas y materias primas: la nueva geoeconomía”.

Manuel Aguilera, director general de Mapfre Economics, moderando la mesa de debate.

Arancha González Laya, decana de la Paris School of International Affairs y exministra de Asuntos Exteriores.

Alejandra Kindelan, presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB).

José Manuel Amor, socio director de AFI.

Mesa redonda “España y Europa ante el nuevo orden geoeconómico global: claves macro e internacionales para nuestro crecimiento”.

Judith Arnal, investigadora senior del Center for European Policy Studies y del Real Instituto Elcano. Consejera del Banco de España.

Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

Gloria Hernández, consejera del Banco Sabadell y ex directora general del Tesoro Público.

Ricardo González de Mapfre Economics.

Purificación Pujol de Valora consultores y David Gracia José de ANGED.

Nemesio Fernández Cuesta de Alantra.

Cristina Herrero de AIReF.

David Rubio Martínez de Blossom Consultoría y gestión.

Alfredo Castelo de Mapfre.

Alejandra Kindelan de la Asociación Española de Banca.

Joaquín Casasús y José Ramón Iturriaga de Abante.

Mirenchu del Valle de UNESPA.

Miguel López-Quesada de la Asociación de Directivos de Comunicación y Félix Muñoz de Unusual Business.

Albert Guivernau de Fundación Civismo.

David Gracia de ANGED.

Javier Palacios de Gatorade.

Javier Caamaño, Marta Pachón y Daniel Badía de Mapfre.

Diego Crespo de Marimón Abogados.

Fernando Vives de Grupo Alia.