Con este trámite superado y Zapatero resuelto a cuestionar las grabaciones que han dado impulso a las jueces, el presidente del Gobierno afronta este duro trance parlamentario con dos nuevas circunstancias sobre la mesa: la condena de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos junto a la decisión del Tribunal Supremo de librar de la cárcel a Víctor de Aldama; y las medidas cautelares contra su mujer, Begoña Gómez, a quien el juez Peinado ha obligado a entregar el pasaporte por entender que los policías que la escoltan pueden ayudarla a fugarse del país.
En estos dos últimos casos, los aliados del Gobierno pueden coincidir con la Moncloa en que la investigación contra la esposa del presidente es un "caso político" y la pena impuesta a Ábalos "desproporcionada". Pero la acumulación de escándalos les provoca una gran incomodidad, hasta el punto de dar la legislatura prácticamente por liquidada. Sánchez se enfrentará a una comparecencia difícil, posiblemente la peor de la legislatura, golpeado con furia por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y presionado por unos socios que exigen desde explicaciones contundentes a la disolución inmediata de las Cortes Generales para ir ya a elecciones.
Con este mar de fondo, fuentes del Ejecutivo apuntan que la pretensión de Sánchez es hablar de los casos y "establecer hechos frente a mentiras y bulos". Mantienen que existe un desequilibrio entre el relato general de corrupción que enarbola el PP y la realidad, y ya se han esforzado incluso en equiparar las irregularidades cometidas por Ábalos y las comisiones cobradas de Aldama con la investigación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por su estrecha relación comercial con Quirón, el principal contratista de la Administración madrileña. Inciden en que no habría recibido 4,4 millones de euros de no ser "el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid".
El Gobierno no niega la "gravedad" de la actuación de Ábalos, aunque no asume ninguna responsabilidad in vigilando. Ni en este ni en otros casos como la presunta corrupción de Santos Cerdán o las maniobras de Leire Díez. Se escudan en que han actuado contra todos ellos —aunque se resisten, por ejemplo, a querellarse contra la 'fontanera'— mientras que Feijóo acepta con "sorprendente normalidad" todo lo que afecta a Alberto González Amador. La incógnita es si los argumentos que utilice el jefe del Ejecutivo este miércoles para tratar de salir a flote del tsunami de casos de corrupción que le rodean serán suficientes como para aplacar la hostilidad de la mayoría de investidura, que se encuentra al borde del colapso, al menos hasta después del verano.
Las advertencias más livianas vienen de aliados como el BNG o EH Bildu, que reclaman al Gobierno la puesta en marcha de medidas serias de regeneración democrática. De hecho, en Génova sospechan que será la vía que Sánchez usará para intentar salir del paso, una estrategia que ya utilizó en 2024, cuando anunció su Plan de Acción por la Democracia justo después de la imputación de Begoña Gómez. Repitió el patrón en 2025, cuando prometió también un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción tras la detención de Santos Cerdán. Pero ahora, según confirman fuentes del Ejecutivo, no se optará por esta salida.
ERC se ubica en una posición intermedia. Gabriel Rufián evita escenificar una ruptura con el Gobierno, pero aprieta al reclamar a Sánchez explicaciones de fondo sobre por qué mantuvo la confianza en José Luis Ábalos —que fue en las listas de 2023 pese a haber sido cesado como ministro dos años antes— y recalca la idea de que "aguantar para nada es tontería". Podemos apunta sin paños calientes al fin de la legislatura y se opone ya de forma abierta a la continuidad de Sánchez. Ione Belarra censuró que "lo que no puede ocurrir en una democracia es que al número dos del presidente del Gobierno se le condene a 24 años por corrupción y no pase absolutamente nada".
Lo previsible es que ni PNV ni Junts corrijan tampoco la distancia que han puesto ya con el Gobierno, aunque los discursos más graves serán los que pronuncien los líderes de PP y Vox. Tras la sentencia de Ábalos y con la vía de la moción de censura aún bloqueada, se prevé que Alberto Núñez Feijóo eleve considerablemente el tono tras situar el pasado lunes el fallo contra el exministro como "la condena al Gobierno de Sánchez" y tildar de "insumisión" la negativa a disolver las Cortes. Según su equipo, el jefe de la oposición responsabilizará a Sánchez de toda la corrupción y censurará los ataques a las decisiones judiciales. "No delinquir es el camino más corto para que la Justicia deje de perseguir a su Gobierno, a su partido y a su entorno".
Junts y PP hacen pinza para exigir eleccionesLa jornada de este miércoles se le hará larga al presidente del Gobierno. Más allá de la comparecencia inicial, de la sesión de control posterior y de la cita de su mujer ante el juzgado, el Ejecutivo se expone a otro severo correctivo parlamentario, porque los de Feijóo han forzado el debate de dos mociones en paralelo a las explicaciones del presidente del Gobierno. Este mismo miércoles, el Senado votará las enmiendas que PP y Junts registraron la semana pasada para exigir elecciones, y que fueron vetadas in extremis por Francina Armengol con el argumento de que invadían competencias reservadas en exclusiva a la Presidencia del Gobierno.
Génova encontró la fórmula para sortear la "censura" de la mayoría de PSOE y Sumar también en el Congreso, y registró una nueva moción consecuencia de interpelación con un texto idéntico al que la Mesa avaló en una proposición no de ley hace algo más de un año, que incluye la exigencia de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. El PP cuenta con el previsible respaldo de Junts, Vox o Coalición Canaria en ambas Cámaras, con la duda de la posición que adoptará el PNV y con la incógnita de la posición final de otros aliados del Ejecutivo, que podrían contribuir al castigo a Sánchez con una abstención.
A Feijóo le interesa exhibir esa imagen de debilidad de Sánchez. Génova quiere que los jeltzales se unan a la ofensiva y lograr que hasta 184 diputados le den la espalda al Gobierno, aunque la iniciativa no tenga carácter vinculante. La dirección del PP prioriza esa victoria política y ha evitado morder en exceso a los nacionalistas vascos después de trascender un informe de la UCO, adelantado por El Confidencial, que traza un presunto vínculo entre Andoni Ortuzar y la trama corrupta encabezada por Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, para rescatar a Tubos Reunidos y cobrar una comisión ilegal por ello.
La de las mociones parlamentarias es la vía que ha encontrado el líder del PP para escribir simbólicamente el epitafio de la legislatura ante la incapacidad de sumar a PNV o Junts a una moción de censura. El Grupo Vasco avala que Sánchez aguante hasta que lleve a la Cámara los presupuestos para convocar elecciones después, con principios de 2027 como principal hipótesis. Y la formación de Puigdemont aguarda aún a la sentencia de la amnistía. Génova no se cierra a la posibilidad de hacer uso de esa herramienta constitucional, esperará al resultado de las votaciones para estudiar los pasos a seguir y mantendrá la interlocución con las dos formaciones.
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