Lo ha asegurado durante la rueda de prensa posterior a la Junta Ordinaria de Accionistas, en la que, ante los periodistas, ha expresado su disconformidad con algunos comentarios “desagradables” con la compañía y con sus compañeros y “excompañeros” por parte de Barceló.

“En este grupo hay periodistas que, cuando los cesan, se declaran víctimas de la libertad editorial”, ha ironizado, antes de citar otro ejemplo, como es el de Antonio Caño, exdirector de El País que asoció su destitución a la llegada de Sánchez al poder, pero que, según Oughourlian, fue despedido por sus números “desastrosos”. La decisión —ha asegurado— se tomó antes de que el PSOE volviera a Moncloa y de que el dueño de Amber Capital fuera designado como presidente de Prisa.

Oughourlian también se ha pronunciado sobre las anotaciones aparecidas en uno de los cuadernos de Leire Díez, que hacían referencia al conflicto que mantuvo el grupo con el Gobierno durante una parte de 2025, después de rechazar la idea de concursar por una licencia de TDT. “Nunca me he encontrado a Leire”, pero lo que aparece en las anotaciones “son sólo unas pinceladas” que se redactaron tras un momento de “tensión” vivido con el anterior Gobierno.

Con respecto a este conflicto, ha incidido en que no tuvo un impacto sobre los ingresos de publicidad institucional del grupo, pese a la hostilidad que se desató entre las partes.

Estas declaraciones las ha realizado después de una Junta de Accionistas mucho más calmada de lo habitual, en la que ha aprobado todas las propuestas con una abrumadora mayoría; y en la que ninguno de los accionistas críticos ha intervenido en la reunión, al contrario que en años anteriores, en los que la familia Polanco, Adolfo Utor (Baleària) o el propio Oughourlian mantuvieron intervenciones altisonantes.

Eso no significa que las diferencias con Global Alconaba —dirigidos por Andrés Varela Entrecanales— se hayan extinguido. De hecho, se mantiene viva en la Audiencia Provincial de Madrid el litigio que mantienen por el contrato de refinanciación de la deuda financiera del grupo, firmado en 2025 y con cuyos términos no están de acuerdo.

Durante la reunión de accionistas de este lunes, Oughourlian y la consejera delegada de Prisa Media, Pilar Gil, han sido renovados como consejeros. También se ha aprobado un contra-split de 10 a 1 que reducirá volatilidad en la acción del grupo, que pasará a valer alrededor de 3 euros, frente a los 31 céntimos actuales.

En los últimos años, se ha producido una transformación significativa entre el perfil del turista y el tipo de turismo, donde las caravanas se han posicionado como una alternativa económica y flexible frente al alojamiento tradicional. Tanto es así que, según los últimos datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR), se llegaron a matricular más de 3.000 nuevas autocaravanas, lo que supone un incremento del 8,96% con respecto a 2025.

Una realidad que confirma a Il Sole 24 Ore, Ester Bordino, presidenta de Assocamp, asociación que agrupa a más del 90 % de los concesionarios italianos de autocaravanas y caravanas: "Las solicitudes de alquiler y compra de autocaravanas han aumentado en los últimos años en toda Europa". La representante del sector atribuye esta tendencia a que cada vez más viajeros buscan "mayor autonomía y un contacto más directo con la naturaleza y la autenticidad de los lugares". Una autonomía que acaba recayendo en los vecinos y locales que se sienten afectados.

Según datos de Eurostat, en 2025 se registraron en Europa 413 millones de pernoctaciones en campings y áreas para autocaravanas, un 28,5 % más que en 2015. Esto supone el 13,4% de todas las pernoctaciones turísticas. Entre los países favoritos se encuentran Francia, España, Grecia o Portugal. Más allá de una normativa común, cada país articula la regulación en función de las necesidades del territorio y de las oportunidades de beneficio que ofrece este tipo de turismo.

Por ejemplo, tras la aprobación de la ley en mayo de 2025, el sector de las autocaravanas mostró su preocupación por el futuro de esta actividad en Grecia. La norma prohibía la acampada libre y el estacionamiento en espacios públicos. Consideraba que aparcar estos vehículos suponía una ocupación ilegal del espacio y establecía multas desde 300 euros. El Gobierno justificó la medida por razones de interés público, higiene, seguridad y protección del patrimonio natural y cultural.

Para evitar confusiones operativas, la Jefatura de la Policía Helénica emitió una directiva aclaratoria en coordinación con los ministerios de Transportes y Turismo, alineando el marco legal con el nuevo Código de Circulación (Ley 5209/2025). Esta nueva regulación estipula de forma clara que el estacionamiento simple de una autocaravana es completamente legal y no se considera acampada ilegal, siempre que no se despliegue ningún tipo de equipamiento exterior, como toldos, mesas o sillas. Con este matiz, Grecia busca restaurar un ambiente hospitalario para el turismo itinerante, diferenciando el aparcamiento regulado de la ocupación del espacio.

La reacción del sector fue inmediata. Los profesionales alertaron del impacto que tendría en las economías locales ligadas al turismo. Meses después, el Ejecutivo revisó la ley e introdujo cambios para flexibilizarla. Con esta modificación, Grecia busca recuperar su atractivo para el turismo itinerante a la par que asegura la convivencia en el ámbito del espacio público.

El país cuenta con unas 2.500 autocaravanas registradas y recibe cada año miles de vehículos procedentes de países como Alemania, Francia e Italia. En el norte, especialmente zonas como Calcídica, Pieria y Grevená, se concentra gran parte del flujo.

Mientras, la vecina Francia encabeza el turismo de camping en la Unión Europea, con 154 millones de pernoctaciones en campings y parques de caravanas, lo que representó el 37,2 % del total registrado en la UE. A diferencia de España, cuenta con una normativa que sí ha favorecido históricamente este tipo de turismo. En general, una autocaravana puede estacionar como cualquier otro vehículo siempre que no despliegue elementos de acampada.

Es, precisamente, esta combinación de regulación relativamente favorable, su extensa red de servicios y su cultura arraigada del caravanismo la que ha convertido a Francia en el principal referente europeo para viajar sobre ruedas.

"Llegó tras el confinamiento, y aunque estaba más presente en otros países de Europa, España se acabó sumando", confirma Belén Campos, portavoz de ASEICAR. Explica que es un sector en alza, pero que para que se produzca una integración y convivencia adecuadas, este aumento de unidades debe ir acompañado del desarrollo de espacios específicos y la creación de una normativa conjunta.

Las zonas de costa son una de las más afectadas, y que reciben más quejas vecinales, según confirman desde ASEICAR. En España, contamos con más de 1.700 áreas de camping destinadas a la pernoctación o aparcamiento de este tipo de vehículos. Mientras, otros países como la vecina Francia cuentan con 6.000.

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"Ya no es solo por la saturación, también es por el tipo de turismo que suponen las caravanas y más con la ocupación de espacio público", defiende Mario, el vecino malagueño. Su tono de hartazgo representa la opinión de muchos vecinos de la zona. El municipio cuenta con varios puntos destinados a la acampada y pernoctación que incluyen entre sus servicios puntos de suministro de agua o zonas para el vaciado de aguas grises y negras.

Así, pese a contar con los espacios para ello, los turistas siguen aprovechando espacios cerca de la naturaleza o "gratuitos" para acampar o pernoctar. "Nosotros entendemos y defendemos que hay que dar un orden", confiesa Campos. Defiende las medidas que favorecen la pernoctación en zonas reservadas e insta a la conciencia de aquellos turistas que eligen la caravana como medio vacacional, pero deja claro: "Lo que no puede ser es no contar con áreas de camping y, además, multar en el espacio público".

Caravanas mal estacionadas en un parking en un municipio de Málaga. (A.S)

Pese a no ser el más elegido, el número de áreas reservadas ha aumentado en los últimos años ante la creciente demanda. En 2023, en España, no llegaban a 800. "No es solo crear más espacios, sino priorizar en la creación de un marco coherente que aúne medidas y no dependa de cada municipio", traslada Campos.

La DGT establece una diferencia clara entre estacionar y acampar. Una autocaravana puede estacionar en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo siempre que no ocupe más espacio del delimitado por su perímetro, no despliegue toldos, mesas o sillas, no apoye patas estabilizadoras ni vierta residuos al exterior. Incluso pernoctar dentro del vehículo es legal si se mantiene en esas condiciones. Sin embargo, cuando se utilizan elementos exteriores o se altera el entorno, la situación pasa a considerarse acampada.

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Aun así, la normativa estatal convive con las ordenanzas locales. La propia DGT recuerda que los ayuntamientos pueden regular el estacionamiento de autocaravanas en las vías urbanas de su competencia. Por ello, aunque la DGT equipara el estacionamiento de las autocaravanas al de cualquier otro vehículo, es imprescindible consultar la señalización y la normativa municipal de cada destino.

Al tratarse de los sectores turísticos con mayor crecimiento en Europa, algunos países han decidido incluirlo como una realidad más en la oferta turística. "El caravaning ha llegado para quedarse", sentencia Belén Campos. Por ejemplo, en Austria, en 2025 se ha posicionado en su quinto año consecutivo de récords históricos con 8,8 millones de pernoctaciones.

Este auge ejerce como un potente motor para la economía regional, generando ingresos estimados en más de 500 millones de euros y sosteniendo entre 8.000 y 9.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Explica el medio austriaco Der Standard que el impacto beneficia especialmente al comercio local, ya que aproximadamente dos tercios de este gasto se realizan en los alrededores de los campamentos.

La regulación, por su parte, depende de cada estado federado, lo que genera grandes asimetrías. El Tirol, por ejemplo, aplica una de las leyes más rígidas del país, con multas por acampada ilegal que oscilan entre los 200 y los 14.500 euros, prohibiendo incluso que los agricultores o alojamientos privados alojen campistas de forma independiente en sus terrenos.

Así, mientras Europa apuesta por mejorar los estándares y espacios en pro de conseguir integrar en la convivencia turística, en España esto sigue siendo una cuestión pendiente. "Ni somos los causantes del problema ni tampoco la única solución", defienden desde ASEICAR, dejando claro que es un compendio entre conciencia del usuario, adaptación de los locales, desarrollo de instalaciones y creación de un marco común.