Casi tres meses después, la gran incógnita sigue siendo cuántas personas quedan en la ciudad. Interior aseguró a principios de agosto que eran unas 2.000, mientras el Gobierno ceutí hablaba de entre 8.000 y 11.000. Todo ello en una ciudad de 83.000 habitantes. "Cuando a los vecinos les preguntabas por la cifra que daba el ministro del Interior, se echaban a reír", explica Alejandro Requeijo, periodista de El Confidencial que estuvo en Ceuta en septiembre.

El Gobierno ha desmantelado los grandes asentamientos de las playas del Trampolín, Benítez y el Guano, y cifra en más de 11.000 las personas que han vuelto a Marruecos desde el 10 de agosto, la gran mayoría de forma voluntaria. Pero muchos migrantes no se han marchado, sino que se han desplazado a barriadas como Los Rosales o El Príncipe y al monte, donde el Ejecutivo prevé actuar antes del 1 de noviembre. Este vídeo repasa la cronología de una crisis en la que las administraciones no se ponen de acuerdo en cuánta gente entró, cuánta murió y cuánta sigue allí.

Tres días antes, un chico de 16 años perdió un ojo en el bloqueo de su centro de secundaria en Tours. El 1 de octubre, otro chico de la misma edad perdió parte de la visión tras recibir un proyectil de goma LBD, en el bloqueo de su instituto en Argenteuil. Y otro alumno, de 14 años, sufrió el impacto en la cara de un lanzagranadas policial Cougar, la principal arma utilizada por la policía francesa (CRS) para dispersar a manifestantes, que le destrozó la mandíbula.

La gravedad de algunas lesiones en las protestas estudiantiles ha puesto, de nuevo, sobre la mesa la cuestión del uso de armas desproporcionadas en manifestaciones, por parte de las fuerzas de seguridad francesas, como granadas aturdidoras o lanzadores de proyectiles de goma LBD. Desde 2019, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Consejo de Europa piden la suspensión del uso de LBD-40 y de las granadas GLI-F4, que combinan un efecto lacrimógeno, sonoro y de estallido, para reprimir a los manifestantes.

Un automóvil arde en la plaza de la República de París durante los enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la protesta contra el coste de la vida, el 17 de octubre de 2026. (EFE/Yoan Valat)

Tras la amputación de la mano del adolescente de Lens, el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, anunció la suspensión del uso de este tipo de armamento "en el marco del movimiento estudiantil", pero más tarde se desdijo, autorizando su uso en las protestas del 17 de octubre.

“Salía con mi hijo, de 16 años, de la Plaza de la República cuando empezaron a lanzar gases lacrimógenos y nos tuvimos que refugiar en una cafetería”, afirma a ElConfidencial, Benjamin Ball, que participó en la convocatoria de los "amarillos y jóvenes" (jaunes et jeunes). De nuevo, ese día, un chico de 17 años perdió la mano derecha por la explosión de una granada en Saint-Étienne y, al menos, otros dos, de la misma edad, perdieron la visión de un ojo en Mulhouse y Dijon.

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Ante la manifestación anunciada este sábado, 24 de octubre, el Gobierno francés ha anunciado un despliegue excepcional, con unidades de élite como la RAID, que normalmente interviene en situaciones extremas de contraterrorismo o rescate de rehenes; la Brigada de Investigación e Intervención (BRI); el Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional (GIGN) y a los blindados 'Centaure', "que ya fueron movilizados el sábado pasado, pero hay que ir más allá", afirmó el ministro del Interior, en la Asamblea francesa.

La petición de prohibir los lanzadores de balas de goma LBD40 "se fundamenta en la falta de precisión de estos proyectiles de impacto cinético y en el hecho de que los agentes equipados con estas armas no han recibido formación ni supervisión suficientes", explica a ElConfidencial Anja Bienert, del Programa de Policía y Derechos Humanos de Amnistía Internacional. "Ningún arma debería desplegarse en esas circunstancias", agrega.

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En cuanto a las granadas actualmente utilizadas en protestas en Francia —en concreto, las GM2L, sucesoras de las GLI-F4—, Bienert expone que resultan "aún más problemáticas", debido a la cantidad de explosivo que contienen y por su combinación con gas lacrimógeno, que es capaz de provocar graves lesiones por la explosión, la dispersión de fragmentos, el intenso ruido de la detonación y el destello luminoso.

Policía con equipo antidisturbios de Francia montan guardia durante los disturbios, al día siguiente de las manifestaciones contra el coste de la vida en París, el 18 de octubre de 2026. (Reuters/Abdul Saboor)

Además, "los efectos de este tipo de artefactos polivalentes tienden a anularse entre sí: mientras que el gas lacrimógeno debería obligar a las personas a dispersarse, los componentes explosivos provocan, por el contrario, que queden aturdidas e incapacitadas para reaccionar", continúa Bienert. "Exponer a personas a los efectos del gas lacrimógeno a la vez que se les impide huir debe considerarse un uso excesivo de la fuerza",agrega. En 2026, Amnistía Internacional también denunció el uso de granadas aturdidoras en protestas en Grecia.

"Se ha producido un cambio en la forma de gestionar el orden público", afirma tajante, por teléfono, a ElConfidencial, el abogado Arié Alimi, de la Liga de Derechos Humanos, que ha defendido jurídicamente a decenas de víctimas de violencia policial, entre ellas, heridos en las protestas de los chalecos amarillos. Dice que antes el objetivo principal era impedir el contacto entre los policías y los manifestantes "y, de ese modo, evitar la violencia", sin embargo, "desde hace unos 15 años, el objetivo parece ser más bien entrar en contacto directo con los manifestantes, en lugar de mantenerse a distancia y gestionar los movimientos de la multitud".

Fue el caso de Jérôme Rodrigues, entonces de 39 años, que tenía un bocadillo en una mano y el móvil en la otra, en un momento tranquilo de una protesta de los chalecos amarillos, en la Plaza de la Bastilla de París el 26 de enero de 2019, cuando un grupo de policía se acercó; algunos periodistas y manifestantes corrieron, y un agente le disparó a la cara con un lanzador de proyectiles de defensa (LBD). Perdió el ojo derecho.

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Rodrigues muestra a ElConfidencial el vídeo de ese día, en el que se le ve tranquilamente masticando y charlando con otros manifestantes, mientras lo retransmite en directo por Facebook, "cuando uno de ellos lanzó una granada que me impactó directamente en la cara", recuerda. "Y eso está grabado". Ocho años y medio después, el policía que disparó aún no ha sido condenado. El juicio tendrá lugar en junio de 2027. "El problema es que, en mi caso, todo ha sido muy político", explica. Recibió una indemnización inicial de 30.000 euros. "Puede parecer mucho, pero equivale a dos años de salario en Francia que no compensa en absoluto el tiempo que perdí sin trabajar".

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"Recuerdo cada mañana lo ocurrido cuando me miro al espejo", agrega. Rodrigues es uno de los 32 manifestantes que perdieron un ojo en las protestas de los chalecos amarillos en 2018 y 2019, según datos presentados en la Asamblea Nacional. Además, hubo miles de heridos y seis personas perdieron una mano, según un estudio del sociólogo Matthijs Gardenier de la Universidad de Montpellier Paul-Valéry.

"¿Por qué la policía francesa es tan violenta? Su trabajo consiste en proteger al Estado, no a la gente", se pregunta el periodista Jon Henley en un artículo en The Guardian, en el que observa que, mientras la mayoría de sus vecinos de Europa occidental optan por tácticas policiales "que priorizan la contención de multitudes y la desescalada", en Francia, desde hace tiempo, se responde "con una fuerza física que, en ocasiones, resulta impactante".

Manifestantes participan en una protesta organizada por colectivos estudiantiles y sindicatos en París, Francia, el 22 de octubre de 2026. (Reuters/Abdul Saboor)

En Francia, "la violencia policial contemporánea empezó en los años 50 y 60, en los barrios populares, con la creación de la Brigada Antidelincuencia (BAC) y, con el tiempo, fueron apareciendo armas como el lanzador de proyectiles LBD-40", sostiene Alimi. Dice que también se empezaron a utilizar granadas explosivas que, al principio, no se empleaban realmente contra la población: "Son granadas que contienen explosivos y que se utilizaban durante la Primera Guerra Mundial". Por ejemplo, recuerda que la granada que mató al ecologista de 21 años, Rémi Fraisse, en 2014, en una protesta contra las obras de la presa de Sivens, era una granada OF-F1, "que contenía 75 gramos de TNT", exclama. Desde entonces, "ese tipo está prohibido", añade.

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A su vez, el abogado francés explica que han aparecido nuevos tipos de agentes en los dispositivos de mantenimiento del orden público, "cuando antes intervenían los CRS y los gendarmes móviles", que son el equivalente a los antidisturbios y al Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil en España. Pero, "desde el movimiento de los chalecos amarillos, hemos visto aparecer otros tipos de unidades policiales que no estaban formadas específicamente para esa tarea".

Rodrigues también cree que durante las protestas de los chalecos amarillos "la policía se vio completamente desbordada por la situación" y "desplegaron sobre el terreno a agentes que no tenían ningún conocimiento del mantenimiento del orden público", como la Brigada Anticriminalidad (BAC) y las Fuerzas de Seguridad e Intervención (CSI). "En mi caso, el policía que me reventó el ojo no era de la unidad antidisturbios, sino un miembro de las CSI", concluye el activista.

Un agente de la policía antidisturbios es evacuado en medio de enfrentamientos con manifestantes en París, el 13 de octubre de 2026. (Reuters/Sarah Meyssonnier)

Alimi también menciona al cuerpo motorizado DAR, que después se convirtió en las BRAV-M, en el que "van dos policías en cada moto y uno de ellos lleva un lanzador de proyectiles de defensa (LBD-40)". Dice que estos policías fueron quienes mataron al estudiante Malik Oussekine, en 1986, cuando salía de un bar en el Barrio Latino de París y se topó con unos agentes que dispersaban a manifestantes. Se han hecho varias películas y la serie El Caso Oussekine sobre ello. Para Alimi, urgen tres medidas para revertir este fenómeno. La primera sería establecer protocolos de desescalada, "es decir, enseñar a los agentes cómo aplicar técnicas para reducir la tensión, y adoptar los protocolos europeos". La segunda, "prohibir las armas que causan mutilaciones". Y la tercera, "es una cuestión económica: adoptar medidas que permitan aliviar el sufrimiento de una gran parte de la población francesa".