La reunión se desarrolló durante la tarde de este lunes, con la participación de Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, Urbagestión y la mediación de la consejera delegada de la EMVS, Ana de Miguel, y el gerente de la entidad, Jerónimo Alberto Escalera Gómez. La propia letrada había manifestado antes del encuentro el interés de que su representada volviera "en las mismas condiciones" en las que estaba antes de su desahucio el pasado miércoles. "Esperamos que pueda volver a su casa en las mismas condiciones en las que estaba cuando se fue, que son en las que lleva viviendo 70 años", declaró.

Fuentes municipales explican que el nuevo contrato de arrendamiento se ha suscrito al amparo del programa del Servicio de Intermediación del Alquiler de la EMVS, con el compromiso de que el precio de la renta no supere en ningún caso el 30% de los ingresos netos que recibe Maricarmen. La empresa municipal, añaden en el Ayuntamiento de Madrid, será el garante de que ambas partes cumplan con lo pactado. El objetivo es que el regreso sea inmediato, tan pronto como la aludida dé su visto bueno.

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El acuerdo incluye una carta de servicios para la inquilina que incluirá una asesoría jurídica, económica, técnica y fiscal para resolver todas las cuestiones que se planteen durante su vigencia. Respecto a la propiedad, el programa de Intermediación ofrece como garantía un seguro multirriesgo del hogar y otro para cubrir eventuales impagos a lo largo de toda la vigencia del contrato. "El Ayuntamiento de Madrid ha trabajado para convertir una situación dramática en una solución combinando el respeto a la propiedad privada y la solidaridad", subrayan desde el consistorio, que dirige José Luis Martínez-Almeida.

"El Ayuntamiento de Madrid, que desde hace días sigue la situación de Maricarmen, ha mediado y puesto todos los recursos municipales a disposición de las partes para alcanzar un acuerdo que permita a Maricarmen recuperar su hogar con unas condiciones habitacionales asumibles. Este es el sentido de la política de vivienda del Ayuntamiento: ser la administración que más vivienda construye, acompañar a las personas vulnerables, apoyar los derechos de los propietarios y buscar posibles soluciones dentro de la legalidad", añaden en la EMVS.

Urbagestión, que había ganado en los tribunales el pulso con Maricarmen tras una subrogación indebida del contrato, sorprendió el pasado viernes con una oferta para que el Ayuntamiento de Madrid asumiera la gestión de la vivienda a través de la Empresa Municipal de Vivienda y el Plan Reviva, que saca al mercado viviendas vacías en régimen de alquiler asequible. La EMVS, sin embargo, rechazó la propuesta por los problemas jurídicos que planteaba, ya que su trabajo consiste en canalizar esos inmuebles con una adjudicación posterior, nunca con la cesión de un piso concreto para beneficiar a una persona ya desahuciada.

El acuerdo se produjo mientras Maricarmen continúa ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, muy cerca del piso de Sainz de Baranda. También mientras continúa la acampada en la Puerta del Sol, donde decenas de activistas mantienen sus protestas y reclamaciones para mejorar el acceso a la vivienda. El Sindicato de Inquilinas reiteró este lunes que el nuevo contrato no cambia nada y que las movilizaciones seguirán.

Como el problema de la vivienda solo se puede solucionar a largo plazo, esto va de retratar a los demás, como reconocieron en el propio PSOE, hacer de la vivienda un campo de batalla cultural frente a Sumar y ya en segundo plano frente a la derecha.

Pero en los frentes de batalla lo que queda es desolación y destrucción. La construcción va a cuentagotas y la ley de vivienda ha sido un fracaso. ¿Para qué una ley nacional si ahora no paran de repetir que las competencias son de las comunidades autónomas?

Pues porque cuando se aprobó la ley, se pensó que en 2026 esa batalla estaría ganada.

¿Para qué una ley nacional si ahora no paran de repetir que las competencias son de las comunidades autónomas?

La estrategia consistía en capitalizar el descontento, volverse protagonistas en la solución de un tema que empezaba a doler seriamente a la sociedad y llevar al ministerio a asesores dogmáticos, los "Vienna Boys", que asumían las tesis de la extrema izquierda y proponían arreglar el problema gracias a una mezcla de recetas que pensaban copiar de otros lugares de forma acrítica. Una mezcla entre medidas intervencionistas del mercado (topes de alquiler, declaración de zonas tensionadas y una manera de proteger a las personas vulnerables) y al mismo tiempo, una estrategia de búsqueda de financiación en los propios mercados de un producto: la vivienda protegida.

Sin embargo, ambas patas del plan -la regulatoria y la financiera- no terminan de funcionar. Los resultados son escleróticos porque 1) a falta de una gran cama de vivienda social, quienes buscan vivienda en el mercado intervenido se enfrentan a condiciones draconianas, 2) nadie en su sano juicio le alquila hoy una vivienda a una persona vulnerable, 3) El rédito económico que supone la vivienda protegida como producto financiero, junto con los potenciales riesgos de impago y las señales que se les da a esos mismos mercados con decretos antidesahucios, lo hacen poco atractivo para los fondos de inversión. Quizás el problema del plan sea que existen en el mercado otros miles de productos financieros que, como el oro, dan unos beneficios en un mes superiores a los que estos magos del ministerio les garantizaban en varios años. Hoy cuesta alrededor de 150.000€ construir una vivienda estándar de 80m². Y el Banco de España acaba de cifrar el déficit en un millón, además de las trescientas mil que se necesita construir cada año. Por lo que sea, no llegan los inversores que pongan todo el dinero que necesitamos sobre la mesa.

Manifestación de apoyo a Maricarmen. EFE Javier Lizón

La cuestión es que las políticas de vivienda del gobierno forman parte del paquete de medidas con las que el PSOE le ha ido quitando el oxígeno a Podemos y Sumar. Si han sido un fracaso porque es porque no estaban pensadas para solucionar el problema a corto y medio plazo, sino para confrontar en el mercado de las ideas. Para funcionar realmente, el PSOE hubiese necesitado sustraer recursos de los pensionistas por partida doble: directamente de las pensiones e indirectamente del precio de venta y alquiler que le sirve a los pequeños propietarios -la inmensa mayoría de los caseros- para complementar sus ahorros.

Por el camino, las trabas burocráticas, el miedo de muchos alcaldes a que desarrollar nuevos barrios afecte a las mayorías electorales de sus municipios y el "construir es de fachas" siguen estrechando los cuellos de botella.

Desde las elecciones municipales de 2023 el PSOE decidió abanderar la lucha contra la emergencia habitacional y los anuncios de nuevas viviendas se amontonaron en pocos días. Señalaban a Madrid y denunciaban el sufrimiento de sus habitantes, pero han pasado más de tres años y no hay ni una sola de las 10.000 viviendas estatales en la famosa Operación Campamento, que sigue pareciendo un campo de batalla, pero de los de verdad. ¿Así es como les preocupa el problema de la vivienda en Madrid?

Esa disociación entre propaganda, promesas y realidad llega al paroxismo en este municipio madrileño, muy cercano a la Operación Campamento, y a tan solo 8 kilómetros de la Plaza de España. Allí gobierna por cuarenta votos de diferencia una coalición de izquierdas liderada por el PSOE. Además, igual que muchas otras administraciones españolas, el municipio está lastrado por una enorme deuda. Pues bien, el ayuntamiento aprobó el año pasado un diagnóstico para su futuro Plan General que cifraba en once mil el número "realista" de viviendas que necesitaban desarrollar en el municipio. Sin embargo, este mes su alcaldesa acaba de anunciar la construcción de más de veinte mil "VP" (¿viviendas públicas, protegidas, privadas…?) como paquete estrella para revalidar la alcaldía. Bienvenidas sean. ¿Pero ese cambio a qué se debe? ¿Y por qué no cuarenta mil? ¿Y por qué se ha esperado hasta 2026 para hacer este anuncio y se ha desperdiciado el dinero y una legislatura entera en llegar a la conclusión de que todo lo que habían hecho hasta el momento no sirve para nada?

Pero el juego de trileros continúa. Este ayuntamiento anunció que cedería cuatro parcelas a Casa 47 (una foto de la ministra o el presidente antes de las elecciones siempre suma) para la construcción y posterior gestión de doscientas viviendas. Bienvenido sea también, pero, dado que el propio consistorio no ha construido una sola vivienda en esta legislatura ¿Por qué no cede todas las parcelas para que las construyan otras administraciones? ¿Por qué no ceden las demás parcelas públicas al Plan Vive de la Comunidad, que con sus luces y sus sombras ya ha demostrado ser capaz de construir 274 viviendas protegidas en Alcorcón? Pues sencillamente porque en el guión de la batalla cultural de Moncloa, la Comunidad de Madrid juega el papel de la administración malvada que maltrata a sus ciudadanos y tanto la alcaldesa como la ministra y el jefe de ambas dos prefieren muchas parcelas vacías a una sola casa inaugurada por Ayuso, la "amiga de los fondos buitre".

La especulación se nutre de escasez e incertidumbre y eso es precisamente lo que se ha decidido priorizar con la batalla cultural. El caso de Maricarmen, como el del Alcorcón, demuestran que la gestión del Gobierno, también en materia de vivienda, ha consistido en intentar instrumentalizar las necesidades de los más vulnerables sin darles una solución real a sus problemas. A lo sumo algunos parches asistencialistas y poco más.

A PSOE y Sumar les une no haber querido negociar para cambiar las leyes de forma consensuada con la derecha, sino que han impuesto votaciones de decretos fallidos en las Cortes sin aceptar las enmiendas de la oposición, porque lo importante no es solucionar el problema, sino retratarse a sí mismos como un movimiento moral y transformador que es boicoteado por una derecha que actúa como los administradores de fincas de los grandes tenedores. Pero el PSOE tiene poco que ganar con la vivienda porque el grueso de sus votantes son propietarios. Queriendo fagocitar a Sumar, convirtió el cascarón vacío del Ministerio en una máquina de propaganda, carteles sobre el supuesto "Quinto pilar del Estado del Bienestar" y legislador de medidas copiadas de la extrema izquierda cuyo impacto social y económico lo asumen los propietarios y las personas que, por su vulnerabilidad o su nivel de ingresos, ven como las barreras de acceso al alquiler han subido ante sus ojos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en el acto de presentación de candidaturas del PSOE de Madrid para las elecciones municipales y autonómicas de 2027 este domingo, en Getafe (Comunidad de Madrid).EFE Borja Sánchez-Trillo

La vivienda es uno de los pocos temas donde Sumar y Podemos tienen una posición ideológica mucho más robusta que el PSOE. No solo pueden marcar perfil propio, sino que tienen la capacidad -lo estamos viendo- de que su corpus ideológico sobre la vivienda sea prácticamente monopolístico en la izquierda. Hoy la vivienda es su gran activo para sobrevivir al abrazo del oso de Pedro Sánchez.

La vivienda es uno de los pocos temas donde Sumar y Podemos tienen una posición ideológica mucho más robusta que el PSOE

No tienen contradicciones, no tienen un legado de leyes liberalizadoras que eliminan las rentas antiguas ni facilitan los desahucios, no tienen una base social tan grande de propietarios y sí que tienen un ecosistema de agentes proxy dedicados a hacer la guerra cultural desde las emociones a pie de calle, los medios audiovisuales, la juventud sin vivienda y la ecología. Moncloa no controla al Sindicato de Inquilinos, con capacidad movilizadora más que probada, ni a Ecologistas en Acción, con una más que solvente capacidad profesional de torpedear los planes de desarrollo urbanístico que solucionarían de forma estructural el problema de la vivienda. Son ellos los que pueden capitalizar cada caso de desahucio como el de Maricarmen, sembrar las semillas del 15M de vivienda que Estefanía Molina le vaticinó a un eventual gobierno de Feijoo, y resurgir, como sucedió con Colau en los tiempos de la PAH. Lástima, debe pensar más de uno, que el desahucio de una anciana en silla de ruedas se haya producido ahora y no pocos días antes de las elecciones…

En cambio, lo único que tiene el PSOE además de la mochila de su legado, es un ministerio con presupuesto para cartelería, asesores y los anuncios trileros y electoralistas de su ministra y sus alcaldes.

Desde el final de la pandemia, en España se está perdiendo un tiempo valiosísimo para solucionar el drama social de la vivienda. El país sigue creciendo económicamente por ahora. Pero vienen nubarrones. Se han acabado los fondos europeos Next Generation, las guerras y los cierres de estrechos amenazan con desencadenar una recesión global, la extrema derecha (que también se nutre de la escasez y la incertidumbre) avanza hacia los gobiernos de los países europeos como Alemania o Francia y las deudas públicas no dejan de rondar el 100% del PIB.

Desde el final de la pandemia, en España se está perdiendo un tiempo valiosísimo para solucionar el drama social de la vivienda

La guerra cultural y la propaganda electoral nos han hecho perder un tiempo precioso. ¿Qué sucederá en este país cuando a la crisis de la vivienda se le sume una crisis económica? Posiblemente una crisis de régimen que germinará en el hacinamiento vertical, en las manifestaciones frente a los desahucios y en los campos de chabolas a los que están dando pie.

Este amargo final no empaña ni un ápice el gran mérito del vuelo 14. Impulsada por 33 motores del cohete Super Heavy, logró ir más allá de donde había llegado jamás. En las pruebas anteriores, la Starship había sido capaz de alcanzar el espacio y lograr alturas suborbitales. Esta vez la nave tenía que acelerar más para superar la atmósfera y convertirse, por primera vez, en un objeto que diese vueltas alrededor de la Tierra. Las cifras hablan por sí solas. Alcanzó una velocidad de casi 26.400 kilómetros por hora para lograrlo para alcanzar unos 276 kilómetros de altitud.

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Hubo un momento en el que los responsables de este lanzamiento se plantearon abortar la conocida como inserción orbital. El motivo es que uno de los seis motores de Starship se apagó antes de tiempo. Tras revisar los datos, los ingenieros comprobaron que aún había suficiente redundancia y dieron luz verde al encendido.

Este test no era un simple examen para la Starship. En esta ocasión, llevaba faena de verdad. En la bodega, la nave cargaba 26 satélites de tercera generación para engordar su servicio de internet Starlink. Se fueron colocando uno a uno mientras completaba su viaje orbital.

Tres de estos satélites están equipados con cámaras que han fotografiado el escudo térmico y el fuselaje, para obtener más información y resolver uno de los grandes retos que tiene Musk para convertir Starship en una nave realmente reutilizable. No basta con llegar hasta allí arriba. El verdadero desafío es conseguir que vuelva entera y pueda hacerlo otra vez.

Es aquí donde llegó la parte amarga. SpaceX tenía en mente que la misión diese seis vueltas a la Tierra, durante aproximadamente diez horas. En pleno vuelo tuvo que improvisar y recortar. Cuando apenas se habían cumplido dos horas y diez minutos, Starship se giró y volvió a encender uno de sus motores con el fin de frenar la trayectoría y abandonar la órbita. La maniobra salió bien y empezó su descenso hacia el Pacífico. La nave pasó entonces otro momento crítico, la reentrada en la atmosfera terrestre. Fue justo al final, cuando alcanzó el punto de aterrizaje frente a las costas de Chile, cuando todo pasó. La nave se llegó a posar sobre el océano. Durante unos segundos, parecía que la victoría era completa. Pero Starship se ladeó y explotó.

El objetivo orbital se cumplió. La recuperación, no. La explosión no borra la victoria, pero da una foto real de dónde se encuentra el programa. Starship ya sabe hacer algo que hasta este lunes nunca había conseguido, entrar en órbita, desplegar una carga útil y regresar de forma controlada. Lo que todavía no sabe hacer es convertir toda esa secuencia en una rutina. Ese es precisamente el corazón del proyecto de Musk. SpaceX persigue una máquina que pueda repetir el proceso una y otra vez, sobrevivir a la reentrada, aterrizar, ser recuperada y volver a despegar. Como si fuera un avión que opera vuelos intercontinentales, que llega a destino, se revisa y en unas horas está cruzando el charco de nuevo.

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El siguiente paso será todavía más ambicioso, intentar que Starship regrese hasta Starbase y sea atrapada por los enormes brazos mecánicos de la torre. Musk lleva años hablando de Marte, pero el camino hasta allí pasa primero por resolver problemas mucho más cercanos.

Esta no es la primera vez que Pérez Triano señala que dio parte al Ejecutivo del incremento de la presión migratoria que se estaba produciendo, pero es la más contundente y significativa porque se produce cuando parece seguro que será citado a declarar por la jueza Tardón. "Actuamos desde el primer minuto como teníamos que actuar, que es elevar a los ministerios competentes la situación", sostuvo ya durante su polémica comparecencia del 9 de septiembre, en la que negó haber recibido los avisos del CNI. "Es lo único que podemos hacer, no tenemos más competencias", añadió entonces.

Esta mañana ha insistido en esa idea. "Una Delegación no tiene el mando operativo de la frontera, ni siquiera competencias en la seguridad de la frontera ni en Defensa. Ni yo puedo decidir abrir o cerrar puertas, ni ordenar nada al Ejército, ni mucho menos determinar las actuaciones de la Policía Local, como se me ha achacado en estos últimos días", ha añadido.

Este segundo punto es importante porque su salida se produce además entre sospechas crecientes de que no solo conoció los avisos del CNI, sino que los transmitió y siguió órdenes del Ministerio del Interior en todo momento. La apertura de la frontera en la mañana del día 30 fue determinante para que el flujo de entradas terminara alcanzando, al menos, las 72.000, ya que el cruce con éxito provocó un efecto llamada en miles de personas que no pensaban cruzar y decidieron hacerlo al ver que la red se inundaba de fotos y vídeos desde allí.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en el Congreso que la apertura de la frontera fue una decisión que adoptaron los propios agentes, pero fuentes de Jupol lo han negado, asegurando que actuaron siguiendo una orden de Pérez Triano. Este es uno de los extremos que probablemente necesitará aclarar la jueza Tardón y las palabras del ya exdelegado del Gobierno dejan claro que no va a cargar con esa decisión.

Por su parte, Margarita Robles, ministra de Defensa, ha asegurado este lunes desde Bruselas que el próximo delegado "dé la máxima velocidad dentro de la normativa legal para dar una situación de normalidad a Ceuta". Además, ha afirmado que "la situación no es fácil, es difícil, pero hay que hacerlo lo más rápido posible" y ha reiterado que el Gobierno "está con ellos", tras defender la españolidad de Ceuta y Melilla.

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La avalancha masiva se saldó con 141 fallecidos, además de una crisis de seguridad sin precedentes que continúa en Ceuta, donde el Gobierno reconoce que siguen allí más de 10.000 inmigrantes irregulares. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguró a principios de agosto que solo quedaban unos 2.000.

Según publica este lunes El País, Pérez Triano pidió refuerzos al Gobierno ante el agravamiento de la presión migratoria una semana antes de la avalancha. Asimismo, miembros del PSOE ceutí habrían pedido ayuda desde el 28 de julio a Ferraz asegurando que la situación "no es lo de todos los veranos". Esta había sido la respuesta que el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio, había dado ante las advertencias que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, venía trasladando a Moncloa y, de hecho, fue el argumento que han estado utilizando tanto Presidencia como el Ministerio del Interior para negar que los avisos del CNI, la Policía y la Guardia Civil fueran algo diferente a los de años anteriores.

No obstante, Pérez Triano ha enmarcado su salida en la presión personal y familiar que soporta desde la avalancha. En esta línea, ha explicado que le había comunicado "hace ya días" al ministro y 'mando único' para la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, su decisión de no continuar. Así, ha denunciado haber "sufrido una campaña de rumores", "amenazas", y ha narrado que incluso le llegaron a colocar "una corona de flores en la puerta". "Eso también es violencia", ha espetado. El ya exdelegado ha formalizado su renuncia por escrito "esta misma mañana", y ha anunciado que deja también todos sus cargos en el PSOE, donde era secretario general y candidato a la Presidencia de la Ciudad.

La petición de responsabilidades políticas por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio se estaba centrando sobre Pérez Triano, después de que asegurara que no le habían llegado los avisos del CNI y su anterior jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, dimitiera sosteniendo que sí se los había trasladado. Sanz era el enlace del representante del CNI en Ceuta y fue el que fue informado a las 13:52 horas del día 29 de que estaba circulando en redes de forma viral un llamamiento a cruzar la frontera el día 30. Tras recibir la confirmación de que había leído el mensaje, el agente de inteligencia no volvió a saber nada hasta que Sanz le llamó a las 21:34 horas. Fue entonces cuando le amplió la información y le trasladó que se estaba acumulando ya una multitud de personas en Castillejos para cruzar al día siguiente a Ceuta, y que las autoridades marroquíes estaban actuando con pasividad.

Pérez Triano llevaba en silencio desde el 10 de septiembre, cuando ofreció una entrevista en la SER después de su polémica comparecencia del día anterior, en la que negó haber recibido la información de los servicios de inteligencia. La principal incógnita que le rodea ahora es qué va a declarar ante la jueza Tardón cuando sea citado sobre dos cuestiones fundamentales. La primera, qué hizo la Delegación del Gobierno con la información recibida del CNI durante la tarde del 29 de julio, cuando aún había tiempo para actuar.

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No en vano, desde que el responsable de los servicios de inteligencia avisa a Sanz, este le confirma que ha recibido la información y que le parece grave, no vuelve a contactar con él hasta la llamada que se produce pasadas las 21 horas. Todas esas horas están en blanco. Además, Pérez Triano ha negado estar presente en esa llamada pero, tanto Sanz como el diputado del PSOE en Ceuta, Melchor León, han asegurado que sí lo estuvo. En materia de fuerzas del orden y seguridad, el Ministerio del que depende la delegación del Gobierno es el de Interior. La segunda cuestión que Pérez Triano va a tener que despejar ante la jueza es la apertura de la frontera mencionada anteriormente.

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Varios socios de investidura de Pedro Sánchez habían pedido ya el cese de Pérez Triano. Desde ERC, su portavoz de Exteriores, Francesc-Marc Álvaro consideró en el pleno del Congreso "inenarrable" que no lograra "explicar la llamada que se produjo entre alguien del CNI y su jefe de gabinete". "Yo me pregunto, en el Reino Unido, en Francia o en Alemania este señor, supongo, que habría dimitido", dijo a los socialistas el mismo 10 de septiembre, poco después de esa entrevista del todavía delegado del Gobierno en la SER, tachando de "escándalo" su mantenimiento en el cargo. Compromís, socio de la coalición gubernamental, consideró que la cabeza de Pérez Triano era lo mínimo que había que cortar. La reclamó su portavoz, Águeda Micó, advirtiendo que el Ejecutivo no hizo "bien su trabajo" porque "la información que les trasladó el CNI no se la tomaron en serio al pensar que era una más".

Junts, por su parte, viene pidiendo responsabilidades políticas por lo sucedido en Ceuta aunque no había apuntado en concreto a Pérez Triano. El diputado Isidre Gavín viene echando en cara a los socialistas que había "avisos, alertas e informaciones previas suficientes como para tomar decisiones" y que "nadie asume responsabilidades políticas" pese a que el Gobierno "ha sido incapaz de anticiparse a los hechos a pesar de los avisos y las alertas". Con su salida de la delegación del Gobierno, Pérez Triano podrá centrarse ahora en su posible frente judicial. El Consejo de Ministros nombrará mañana martes previsiblemente, a su sustituto.

En el caso español, las dos compañías prevén constituir una sociedad conjunta en Valencia que finalizará la construcción de la planta de baterías de litio con una capacidad de 29,1 GWh anuales. La gestión de la planta saguntina será "conjunta", según ha señalado el grupo Volkswagen. La inversión total prevista para este proyecto asciende a 2.262 millones de euros, con la intención de convertirlo en el principal centro de producción europeo de baterías LFP. El acuerdo establece que Gotion invertirá alrededor de 1.100 millones de euros para adquirir su participación del 49 % en el emplazamiento de Valencia.

Pero en paralelo a la entrada en el capital, Gotion ha firmado un segundo contrato para hacerse cargo de la ingeniería de la segunda fase del proyecto. PowerCO ya había encargado al socio asiático de la multinacional alemana la finalización de las salas blancas, tras romper con su proveedor coreano, tal como avanzó ElConfidencial. Estos contrados han sido valorados en 1.094 millones de euros.

"El Grupo Volkswagen, PowerCo y Gotion High-Tech han acordado hoy profundizar en su alianza estratégica a través de una joint venture para el desarrollo y la operación de la gigafactoría de celdas de baterías actualmente en construcción en Sagunto (Valencia), reforzando su posición como un hub estratégico de Europa para la tecnología de baterías de litio-ferrofosfato (LFP). La colaboración planeada potencia las capacidades tecnológicas de la planta, lo que representa un nuevo hito en el desarrollo industrial del proyecto y fortalece su papel dentro de la creciente cadena de valor europea de las baterías", señalaron fuentes de la planta valenciana.

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Según el comunicado bursátil de Gotion, la entrada de la compañía china se realizará mediante una ampliación de capital de PowerCo Spain por parte de una sociedad europea que será creada por una filial de Gotion en Hong Kong. Una vez completada la operación, Gotion tendrá el 49% de la sociedad conjunta y PowerCo el 51%. Es decir, Gotion aportará 1.100 millones de euros en el proyecto.

El acuerdo forma parte de una operación internacional que contempla una inversión conjunta de aproximadamente 3.222 millones de euros en tres proyectos. Gotion aportará unos 1.598 millones, mientras que PowerCo aportará aproximadamente 1.624 millones, según la comunicación remitida al mercado chino.

"La joint venture se ha diseñado para reforzar la viabilidad y la competitividad a largo plazo del proyecto de Sagunto, preservando al mismo tiempo los compromisos estratégicos ya asumidos. La inversión de más de 2.300 millones de euros ya en ejecución y la creación de más de 1.500 empleos directos en la fase inicial -que engloba los dos primeros bloques productivos- se mantienen sin cambios, consolidando la posición de la gigafactoría como uno de los proyectos industriales más relevantes actualmente en desarrollo en Europa", dijeron las mismas fuentes de PowerCo España sobre el acuerdo para Sagunto.

En paralelo a la entrada de Gotion en el capital del proyecto, la compañía china ha desvelado un contrato de ingeniería valorado en 1.094 millones de euros. Su filial Gotion Spain Green Energy tiene previsto firmar con PowerCo Battery Spain dos contratos para la ejecución del proyecto de 29,1 GWh en Sagunto. El primero corresponde al contrato de construcción integral de la sala de secado o salas blancas de la primera fase y está valorado en 295 millones de euros. El segundo, correspondiente al contrato de construcción integral de la segunda fase, asciende a 799 millones de euros.

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“Durante seis años, Volkswagen y Gotion han trabajado codo con codo, forjando una profunda confianza mutua y contribuyendo al éxito de ambas partes. Nuestra colaboración hace tiempo que ha traspasado los límites de lo habitual: ahora nos une un futuro común. Hoy, junto con Volkswagen y PowerCo, estamos acelerando nuestra cooperación estratégica global", señaló Li Zhen, presidente de Gotion High-tech. "Con participaciones cruzadas y tres centros conjuntos, nos estamos asegurando una posición de liderazgo en la industria europea de baterías de fabricación local, compitiendo por aprovechar la oportunidad que ofrece la movilidad eléctrica a nivel mundial y estableciendo conjuntamente un nuevo referente para la colaboración de primer orden en el sector de las baterías de litio", añadió.

El proyecto español forma parte de una estrategia de cooperación más amplia entre Volkswagen y Gotion para crear una cadena europea de suministro de baterías. El acuerdo contempla también una planta de baterías de 8,4 GWh en Šurany (Eslovaquia) y una fábrica de materiales catódicos de fosfato de hierro y litio, con capacidad de 100.000 toneladas anuales, en Kenitra (Marruecos). La gigafactoría de Sagunto es uno de los proyectos industriales centrales de Volkswagen en España. PowerCo había anunciado inicialmente una capacidad de producción de 40 GWh anuales, con posibilidad de ampliarla posteriormente hasta 60 GWh.

"Volkswagen y PowerCo están impulsando el desarrollo de la industria de las baterías en Europa. La colaboración con Gotion supone un nuevo hito en este camino. Refuerza la resiliencia de nuestra cadena de valor, acelera la industrialización y combina las capacidades de PowerCo con los puntos fuertes de un socio con el que llevamos colaborando desde hace mucho tiempo", añadía el CEO de PowerCo, Frank Blome.