El acuerdo en Castilla y León se ha hecho de rogar. Han pasado casi tres meses de la convocatoria electoral del pasado 15 de marzo. Pero este miércoles, al fin, PP y Vox han cerrado un pacto de gobierno que permitirá investir a Alfonso Fernández Mañueco la próxima semana. La fórmula de Gobierno será similar a la de Aragón: Vox asume una vicepresidencia y tres consejerías, una más que en Extremadura.
En concreto, el partido de Santiago Abascal asumirá la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. La vicepresidencia asumirá la gestión de una de estas consejerías (presumiblemente la de Desregulación siguiendo el esquema de otras comunidades autónomas). Vox también consigue dos asientos en la Mesa de las Cortes: la vicepresidencia primera y la secretaría tercera.
La formación de Abascal ha conseguido introducir en el pacto el concepto de prioridad nacional en dos puntos fundamentales. El Ejecutivo castellanoleonés se compromete a que el "acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".
También se cuela esta propuesta en el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social: "Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional". En este punto, lo que se reclama en la práctica es "la exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Castilla y León y España" para eliminar una posible discriminación por residir en una u otra comunidad autónoma. Vox también rescata una de sus medidas más exportadas en el territorio nacional: que se priorice el producto español en los comedores.
La rebaja de impuestos, el "blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030", un nuevo marco normativo en materia de incendios forestales (competencia que asume el PP), el rechazo a menas, un plan de remigración para inmigrantes ilegales, un plan de mejora de listas de espera en sanidad, impulsar la historia del terrorismo en las escuelas, un 80% más de financiación en vivienda y la aprobación de una ley de concordia son algunos de los compromisos más destacables del acuerdo.
Las negociaciones se han desarrollado sin prisa pero sin pausa durante varias semanas, aunque en ambos equipos reconocen que su consecución ha sido "más sencilla" por el hecho de que el texto es prácticamente "un calco" de los pactos ya alcanzados previamente en Extremadura —fue el más complejo y sirvió de "molde" al resto— y Aragón, salvo por las particularidades territoriales.
El pacto permitirá de nuevo la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León. Mañueco se quedó muy lejos de la mayoría absoluta —a nueve escaños—, pero lo cierto es que, a diferencia de Jorge Azcón, logró mejorar su resultado electoral mientras que propició un frenazo de Vox, que se quedó lejos de las expectativas y solo mejoró un diputado.
Hay que recordar que Mañueco es el pionero de las alianzas gubernamentales con el partido de Santiago Abascal —firmó su primer acuerdo de estas características en 2022, antes de que Feijóo aterrizase en Génova, y nunca ha gobernado en solitario—. Hubo numerosos tira y afloja hasta que el líder de Vox decretó su salida de los ejecutivos territoriales en verano de 2024, decisión que ahora enmiendan tras el resultado de las últimas autonómicas.
Según confirman fuentes de Vox, la de la prioridad nacional ha sido la gran "línea roja", que han mantenido a lo largo de toda la negociación. Como ocurrió en el resto de territorios, Génova se ha implicado en las conversaciones, con Miguel Tellado y Marta Varela como primeros espadas de Feijóo que han acompañado a Mañueco para abordar "los asuntos que pueden afectar a la política nacional".
En la dirección nacional señalan que las conversaciones estaban "avanzadísimas desde hace días", y que "no ha habido grandes escollos", la misma sensación que tienen en Bambú. En su caso, al margen de la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís, se han implicado los responsables de Vivienda y Economía, Carlos Hernández Quero y José María Figaredo.
El de Valladolid es el tercer pacto de coalición entre PP y Vox desde que arrancó el último ciclo electoral, que ha confirmado la dependencia de los dos partidos de la derecha para alcanzar los gobiernos y la incapacidad de la izquierda para desbancar esa mayoría. La incógnita ahora es si se replicará el mismo modelo en Andalucía, donde Juanma Moreno se quedó a dos escaños de la absoluta. Allí los contactos no se han producido aún y el andaluz es mucho más reticente que el resto de sus compañeros a pasar por el aro de aceptar la llamada prioridad nacional.
