Esta es la primera vez que el jefe del Ejecutivo manifiesta de forma tan tajante su desacuerdo con la gestión de la frontera por parte de las autoridades marroquíes durante la llegada de migrantes a Ceuta, así como la necesidad de que haya respuestas claras por parte de Rabat.

A pesar de todo, el mandatario también ha dicho que sigue existiendo una "relación bilateral muy positiva" con Rabat, algo que se ha ido desarrollando "a lo largo de los últimos 48 años".

Así ha respondido Sánchez a la periodista estadounidense Christiane Amanpour cuando le ha preguntado por la crisis migratoria, que ella misma ha calificado como "desastre". La entrevistadora también ha afirmado que Ceuta es un "territorio español dentro de Marruecos", algo que el presidente ha corregido: "Son dos ciudades españolas en África".

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Al hablar de la entrada masiva de migrantes y de la posterior crisis migratoria, Sánchez ha cargado contra sus socios europeos de la Unión Europea (UE). Lo ha hecho al denunciar la "insolidaridad" que ha sufrido Ceuta por parte de "estos gobiernos durante la crisis". Además, el mandatario ha apuntado a que España debe pedir un nivel más alto de fraternidad en materia migratoria, puesto que la ciudad autónoma ya tiene normalmente una alta presión migratoria por los flujos de personas que llegan hasta el norte de África desde otros lugares del continente. Esta no es la primera vez que el presidente hace declaraciones de este calibre, ya que, el pasado 1 de agosto, envió una carta a los Estados miembros para mostrar su "preocupación" por las reacciones de algunos gobiernos.

En contrapartida, el mandatario ha hecho alusión a que España sí "demostró esa solidaridad" con el Gobierno de Italia en la crisis migratoria de Lampedusa y también con el Ejecutivo danés en Groenlandia, "cuando otros gobiernos cuestionaron la integridad territorial de Dinamarca". Por eso, Sánchez ha insistido en que pide "esa misma solidaridad en lo que respecta a Ceuta".

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En cuanto a la situación en la ciudad autónoma, el jefe del Gobierno ha dicho a la prensa estadounidense que España "está recuperando la normalidad en Ceuta". Una afirmación que contrasta con otra realidad de los ceutíes, ya que todavía hay migrantes por las calles, sin filiar, y se siguen produciendo altercados. Pese a todo, Sánchez ha remarcado que "demostraremos que es posible garantizar la seguridad y el orden sin que ello vaya en detrimento de la dignidad humana".

Tras esto, Sánchez ha subrayado que se está estableciendo el "marco jurídico" para aquellos migrantes "que puedan tener derecho a protección internacional". "Los inmigrantes no son ganado, sino humanos", ha apostillado.

El presidente, que se encuentra en Nueva York por la cumbre de la ONU, también ha insistido en la entrevista en que la sociedad debe comprender "la importancia de contar con respuestas multilaterales y comunes a retos globales como el cambio climático o la inteligencia artificial".

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Así, frente a lo que Sánchez ha considerado como una "tentación entre los líderes de trabajar en círculos reducidos, únicamente con socios afines", el líder socialista ha reclamado ampliar el alcance de las alianzas globales. Para ello, ha propuesto reforzar el orden internacional y la propia ONU apostando "no por un 'minilateralismo', sino por un 'maxilateralismo'".

Además, Sánchez ha vuelto a decir que se presentará a la reelección como presidente del Gobierno y, tras ser preguntado sobre el auge de la extrema derecha, Sánchez ha dicho que esta crece en Europa alimentándose de frustraciones legítimas de una parte de los ciudadanos. Ante esto, ha dicho que "lo que tenemos que hacer los progresistas es gobernar, dar respuestas a la población y luchar contra la desigualdad".

El jefe del Ejecutivo también ha anunciado en la entrevista que el Gobierno español está trabajando activamente para lograr nombrar a "la primera mujer como secretaria general de la ONU", argumentando que la mitad de la población también debe reflejarse en las más altas esferas de representación.

El interés en entablar conversación parecía mutuo. En un vídeo difundido en redes sociales sobre el encuentro entre ambos, se puede observar cómo, al ver a Delcy Rodríguez, Sánchez cuelga una llamada telefónica que estaba realizando en ese mismo instante. Tras esto, los dos líderes se dan la mano y conversan brevemente bajo la mirada del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y con la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, quienes también hablaron con la presidenta encargada de Venezuela durante unos instantes.

Tras el encuentro, fuentes del Gobierno de España informaron de que la presidenta venezolana solicitó a Sánchez mantener abiertos los canales de comunicación para poder seguir hablando sobre la situación del país. Una petición que Sánchez ha aceptado.

El saludo se ha producido poco antes del turno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sí tiene previsto un encuentro con la líder venezolana también en los márgenes de la Asamblea General. Por su parte, Sánchez ha declinado asistir a la recepción que el mandatario estadounidense ofrece cada año a los jefes de delegación de los países, aunque Moncloa ha aclarado que la ausencia es por "un acto de agenda privada".

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Esta ha sido la primera conversación cara a cara entre Sánchez y Rodríguez desde que el inquilino de la Casa Blanca ordenase la detención y captura del antiguo mandatario venezolano, Nicolás Maduro, un hecho que provocó las quejas del Ejecutivo español.

Sin embargo, Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez ya habían hablado entre los dos con anterioridad de forma telemática. La última vez que esto se produjo fue el 25 de junio tras los terremotos sufridos por Venezuela. En aquel momento, el presidente español ofreció la ayuda que fuera necesaria por parte de España y le trasladó la solidaridad con el pueblo venezolano y el afecto a las víctimas y sus familias.

La primera conversación entre los dos mandatarios fue poco después de que Delcy Rodríguez subiese al poder, después de que Maduro fuera depuesto por el Ejército de EEUU, el 9 de enero. En esa ocasión, Sánchez expresó a la presidenta encargada venezolana el apoyo de España a una transición pacífica, dialogada y democrática en su país, y Rodríguez le planteó trabajar conjuntamente en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para España y Venezuela.

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Por otro lado, el presidente del Gobierno sí ha mantenido un encuentro con el secretario general de la ONU, António Guterres. Además, también se ha mantenido una reunión con el primer ministro británico, Andy Burnham, y ha asistido a un homenaje a la escritora y periodista Gloria Steinem, considerada como un referente del movimiento feminista. Sánchez también tiene programado un encuentro con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey.

El acercamiento entre los dos líderes en la ONU podría acabar confirmando un viaje de Delcy Rodríguez a España. En este sentido, José Manuel Albares ya había avanzado con anterioridad que España invitaría a la presidenta venezolana a la Cumbre Iberoamericana que albergará Madrid los días 4 y 5 de noviembre. Todo esto a pesar de que la Unión Europea mantiene contra ella sanciones impuestas cuando era vicepresidenta de Maduro.

Tras hacerse cargo de la presidencia, el Gobierno de Pedro Sánchez pidió a la UE que Rodríguez fuera retirada de la lista de sancionados, una decisión que requiere la unanimidad de los Veintisiete. Aunque esas sanciones le impedirían pisar suelo europeo, Rodríguez ya viajó a La Haya en mayo para intervenir en un caso que enfrenta a Caracas y Guyana ante la Corte Internacional de Justicia.

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Lo pudo hacer, ya que es posible suspender de forma limitada la prohibición de viaje con una autorización especial (en ese caso concedida por el Gobierno neerlandés) cuando hay obligaciones internacionales o razones diplomáticas específicas, lo que incluye la participación en reuniones multilaterales, actividades ante organismos internacionales o comparecencias ante tribunales internacionales.

Preguntado en ese momento por la posible presencia de Rodríguez en la Cumbre Iberoamericana, Albares dijo que ese viaje a España no sería diferente a la "normalidad" del desplazamiento que hizo a Países Bajos.

Este anuncio se produce después de la entrada de al menos 72.000 de inmigrantes en apenas 24 horas entre el 30 y el 31 de julio. Esta llegada masiva ha desatado crisis migratoria y política en España.

La obra del espigón de El Tarajal se realizará en dos fases, ha explicado el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. La primera consistirá en la prolongación mar adentro de 15 metros lineales dividida en tres tramos modulados cimentados mediante pilotes y un cerramiento superior de malla ‘antitrepa’ con peines curvos invertidos.

En una segunda fase, la actuación permitirá prolongar mar adentro el espigón en 100 metros lineales mediante un dique vertical. Esta actuación, en sus dos fases, tendrá un coste estimado de 7 millones de euros.

Por otra parte, se procederá a la instalación de un sistema de balizamiento flotante para desplegar una red de contención de alta resistencia suspendida hasta el fondo marino para impedir el paso sumergido tendrá un coste estimado de 2 millones de euros. Este balizamiento permanente sustituirá a la barrera flotante que, con carácter provisional, se instaló el pasado el pasado mes de agosto.

Para poder acometer la obra, Interior solicitará el correspondiente informe favorable a la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como a otros organismos estatales que deben dar su visto bueno a la iniciativa.

Tras el acto inaugural, y mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorría la feria, los activistas han lanzado numerosos papeles y también bombas fétidas, que han dejado mal olor en todo el recinto.

"The District is not welcome in Madrid (The District no es bienvenido en Madrid)" se podía leer en los panfletos, que incluían un mensaje contra Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, por "abrir la puerta a inversores y especuladores" y "vender" la ciudad "al mejor postor".

"La población de Madrid se ve constantemente expulsada de sus viviendas y barrios. Más de 25.000 desahucios en Madrid en 2025. La vivienda no es un negocio, no sois bienvenidos en nuestra ciudad", ponía en las octavillas lanzadas por los activistas, que han sido rápidamente evacuados del recinto por el personal de seguridad de Ifema.

Además, a la entrada del recinto ferial se han reunido varios manifestantes contra los fondos buitre.

A pesar de que en la edición anterior no hubo protestas, en los tres primeros años entidades en defensa del derecho a la vivienda se manifestaron en las inmediaciones del pabellón de Gran Vía en L'Hospitalet de Llobregat en contra de la especulación inmobiliaria, e incluso se llegó a manchar con pintura a distintos congresistas.

La protesta se produce en el contexto del desahucio en Madrid a Maricarmen, vecina de 87 años del distrito de Retiro, que afronta este miércoles 23 su cuarto y definitivo intento de desalojo de la vivienda en la que ha residido más de setenta años. El Sindicato de Inquilinas de Madrid tiene previsto para este martes un acto de apoyo con carácter festivo y cultural. La convocatoria incluye acampar durante la noche frente a su domicilio, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, con el objetivo de frenar el desalojo. En la feria, los miembros del sindicato se han acordado también de ella.

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Además, el Ministerio de Vivienda que preside Isabel Rodríguez ha urgido al Ayuntamiento y a la Comunidad a intervenir en este desahucio, y ha apoyado el requerimiento al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para suspender cautelarmente el desalojo. "Maricarmen es una víctima directa de la especulación inmobiliaria y de la desidia de las administraciones competentes para ofrecerle una solución; el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de Madrid", ha defendido el ministerio.

En concreto, Ibervalles proyecta un hotel urbano de cinco estrellas de 144 habitaciones repartidas en 15 plantas. El complejo contará además con un centro de convenciones, un aparcamiento subterráneo de 49 plazas, una terraza ejecutiva en la azotea ('rooftop') y un spa con piscina en el sótano, visible a través de un lucernario desde el propio recibidor del hotel. Para dar forma al inmueble, la socimi ha apostado por un diseño vanguardista firmado por el estudio internacional Bjarke Ingels Group (BIG) en colaboración con Ortiz León Arquitectos.

El plan prevé convertir el inmueble en un hotel exclusivo para aprovechar al máximo el potencial de la zona. Como la estructura actual de las oficinas —diseñada en 1969 tras dejar de ser un bloque de viviendas— no se adapta a las necesidades de un hotel moderno, la empresa ha optado por tirarlo abajo y construir uno nuevo desde cero. El futuro edificio mantendrá el mismo tamaño y superficie que el anterior, sin invadir las parcelas vecinas, e incluirá un piso ático en la parte superior tal y como permite la normativa municipal.

Como avanzó Cinco Días hace unos meses, Ibervalles trabaja junto a la consultora CBRE en la selección del operador. Tras analizar 15 propuestas, la compañía está ultimando negociaciones con una marca hotelera de primer nivel que ya cuenta con presencia en Madrid, con la previsión de formalizar el acuerdo antes de finales de año.

El futuro establecimiento, cuya apertura está prevista a lo largo de 2028, busca convertirse en un referente del turismo de lujo en el área de negocios de la capital y servir de catalizador en la regeneración urbana del eje Azca-Castellana.

Tras la aprobación inicial por parte de la Junta de Gobierno, el expediente se someterá a un periodo de información pública de 20 días hábiles mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

En un auto, al que ha tenido acceso EFE y que aún puede ser recurrido, el juez da por terminada la instrucción del caso, que se abrió a raíz de una denuncia de la Fiscalía, y acuerda dar un plazo de diez días a las partes para que presenten sus escritos antes de enviar el caso a juicio.

En su auto, el juez argumenta que Glovo utiliza a trabajadores "a los que exige su alta en el régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social, una relación en apariencia mercantil que le permite reducir sus costes empresariales, al no garantizar un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada" y ahorrarse sus cotizaciones laborales.

Según recuerda el juez, en septiembre de 2020 el Supremo dictó una sentencia en la que afirmaba la "naturaleza laboral" entre Glovo y sus trabajadores, conclusión a la que han llegado otros juzgados en fallos que han devenido firmes pese a los recursos de la empresa de reparto.

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A pesar de ello, añade el auto, Glovo "continúa manteniendo la misma relación de trabajo con sus trabajadores", quienes están obligados a darse de alta como autónomos y abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa.

Para el magistrado, ello constituye "una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección de la Seguridad Social".

A raíz de las sentencias citadas, la Seguridad Social ordenó a las Inspecciones de Trabajo provinciales que enviaran requerimientos a la empresa Glovo para "comprobar si la relación laboral por cuenta ajena había sido reconocida por esta y aplicado los derechos laborales a los trabajadores".

"Sin embargo, Glovo no acreditó en sus respuestas ninguno de los anteriores extremos, limitándose a contestar que la relación inicial que unía a las partes no se mantenía en el momento de procederse al requerimiento", sostiene el juez.

Sin embargo, añade el auto, es una "realidad incuestionable" que los empleados de Glovo han continuado realizando sus labores de reparto en las mismas condiciones en las que lo venían llevando a término con anterioridad, sin que se les haya reconocido su condición de trabajadores por cuenta ajena.

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En ese sentido, abunda el juez que los repartidores carecen de una organización de trabajo propia, al prestar sus servicios dentro de la implementada por la empresa Glovo, que "dirige y organiza sus trabajos diarios a través de la plataforma digital de obligada utilización, donde se determina la forma y el precio del servicio de recogida y entrega de productos, y se establece un sistema de control del proceso productivo por medio de la gestión algorítmica del servicio".

Pierre fue citado a declarar como investigado en el juzgado en diciembre de 2024 y, el día antes de su comparecencia, anunció que cambiaba el modelo de contratación y que emplearía a los repartidores, con el fin de garantizar la "paz social" en la empresa, pese a mantener que el anterior sistema también era legal.