Resumiendo esa información, podemos referirnos a los fallos en el sistema de seguridad en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla (de 170 incidencias habidas en el último año en el sistema de control, reconoció el propio ministro), al déficit en la inversión de su mantenimiento, a la falta de medios o personal, a la modificación de protocolos con finalidad de control y de revisar esa seguridad de la propia línea, llevada a cabo tras el siniestro, así como valorar la experiencia que se debió ganar tras el de Adamuz, ocurrido poco más de nueve meses antes en la misma línea, y que este precedente sirviera para revisar unas medidas de seguridad que no fueron suficientes para evitar ese primer siniestro, que son circunstancias de las que no se debe prescindir para hacer una valoración de un curso causal, incluso con trascendencia penal.
No se está poniendo en duda el derecho fundamental a la presunción de inocencia, que solo cabe que sea desvirtuado tras la celebración de un juicio justo, que termine con una sentencia condenatoria; pero tampoco debe servir para cuestionar lo que diga porque se tome de una información ofrecida por los medios. La presunción de inocencia es un derecho procesal cuyo ámbito es el proceso penal, mientras que el derecho a ofrecer y obtener por la ciudadanía una información corresponde a otro ámbito, que es el derecho a la información. Cuando se habla fuera del proceso, a efectos de exigir responsabilidades, no se ve afectada la presunción de inocencia, porque la persona no habrá perdido su condición de inocente, pero ello no es incompatible, ni se puede exigir que la sociedad espere a que recaiga sentencia para que forme opinión a través de la información que reciba, y que esta alcance la suficiente potencia y fundamento como para que tenga consecuencias a efectos de exigir responsabilidades, aunque no sean penales, como tampoco impide hacer una aproximación al desarrollo que pueda seguir la investigación penal, puesta en marcha para esclarecer el hecho en cuestión.
Es conocido que el ministro de Transportes renunció a su cargo la noche del 3 de noviembre de 2026, y lo hizo a partir de lo publicado en prensa y una opinión pública nada favorable, lo cual, al margen de la credibilidad que ofrezca, se ha vendido como una muestra de asunción de responsabilidad política, que es dudoso que pueda considerarse suficiente, si, como él mismo dijo en su comparecencia en la Diputación Permanente: "No tengo más" e "invierto todo lo que tengo"; porque, si esto es así y se pone en relación con algo tan relevante como no haber presentado el Gobierno en tres ocasiones unos Presupuestos Generales, habría que valorar si responsabilidades de este tipo no llegan más lejos, dada la incidencia que pudiera tener esa falta de inversión para atender unos servicios tan importantes como los relativos a la seguridad de la ciudadanía.
La instrucción penal, pobre refugio en la tormenta
Gonzalo Quintero Olivares
Por otra parte, la investigación judicial es muy incipiente y se aventura que puede ser muy compleja, pero los antecedentes apuntados más arriba pueden valer, con todas las precauciones, para perfilar una eventual responsabilidad penal, como es propio de toda investigación judicial, sin que, por ello, se cuestione la presunción de inocencia del investigado.
Si entendemos el concepto de accidente como suceso eventual, ajeno a la intervención humana, del que resulta un daño, no les falta razón a las víctimas del siniestro de Urda cuando prefieren hablar de negligencia, porque, si se quiere por omisión, no se debería descartar la intervención humana en su causación; incluso, que esa omisión adquiera perfiles que definan un dolo eventual, y, por lo tanto, llegado el caso, hablar de homicidios voluntarios.
Cuando se estudian los clásicos, nos enseñan que el dolo eventual es una zona fronteriza con la culpa con previsión, lo que hace preciso acudir a criterios con los que definir esa línea que separa aquel de esta, entre los cuales la teoría de la representación ha sido una de las seguidas por nuestra jurisprudencia, que resumo diciendo que el delito será doloso cuando el autor se represente como probable el resultado, no obstante lo cual persiste en su actuación, y ese resultado se concreta, con lo que le será imputable, porque, habiéndoselo representado, lo acepta.
Urda y Castilla-La Mancha recuerdan en una misa a las víctimas del accidente ferroviario
EFE
En el caso de Urda, contamos con que, con anterioridad a este siniestro, tuvo lugar el de Adamuz, en el que, previsiblemente, el mal estado de la infraestructura fue determinante, sin que conste que después se tomaran medidas para evitar esa situación, mientras que el tráfico ferroviario continuaba circulando en unas mismas condiciones de riesgo que, aceptadas, se concretaron en el hecho que dio lugar a los terribles resultados de muerte de Urda, lo que es muestra de una mala gestión. Se podrá mantener que nadie quiso de manera directa que tuviera lugar ese fatal resultado, pero lo que cabe admitir es que, no obstante, se permitió que se siguiera circulando, consintiendo, por lo tanto, que tuviera lugar un resultado como el acaecido, que no fue sino concreción del potencial riesgo mantenido.
De confirmarse esta conclusión, habría que calificar los resultados de muerte como delitos de homicidio voluntario, no por negligencia, y la consecuencia sería que, en caso de llegar a juicio, tuviera que celebrarse ante el Tribunal del Jurado. Pero esto daría lugar a otra cuestión, como es reflexionar sobre si un asunto de esta complejidad debiera seguirse por este procedimiento.
* Ángel Luis Hurtado es magistrado jubilado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
