La actitud de uno y de otro resulta reveladora. Desde su llegada al poder, Trump ha tratado de detener el ascenso de China, imponiendo aranceles y restringiendo la venta de semiconductores. Nada de eso ha funcionado. El presidente norteamericano parece haber llegado a la conclusión de que hay un límite a lo que Estados Unidos puede hacer para detener ese ascenso. Es consciente, además, de que necesita a Pekín para una serie de cuestiones fundamentales, como buscar una salida al lío en el que se ha metido en Irán o reducir su déficit comercial. La conclusión es que le conviene estabilizar la relación con China.

Xi coincide con ese objetivo, pero a partir de premisas muy diferentes. En Pekín, Xi habló de cambios que no se han visto en un siglo, recordando así a Trump que la aparición de China como una gran potencia ha alterado los equilibrios de poder globales. La referencia a la trampa de Tucídides le permite recordar que los esfuerzos norteamericanos para impedir el ascenso de China -además de poco eficaces- pueden provocar choques peligrosos entre ambos países. Por eso conviene gestionar la relación de forma razonable y evitar situaciones que la desestabilicen.

Ahora bien, Xi desea que esa estabilidad se desarrolle en sus propios términos. Ese es el sentido de la mención a Taiwán. Destacó que si hay un asunto que debe manejarse bien es ese, porque de lo contrario puede conducir a un conflicto. China repite todos los días que su objetivo es la reunificación con la isla, deseablemente de forma pacífica pero sin excluir otras opciones. Xi cree que Estados Unidos debe tomar nota de ello "y manejarlo bien", evitando enfrentarse frontalmente a China sobre esta cuestión.

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La política de Estados Unidos en relación a Taiwán desde el viaje de Nixon a Pekín en 1972 consiste en no apoyar la independencia de Taiwán —que de facto se comporta como un Estado independiente, pero que no tiene un Acuerdo de Defensa con Washington— al tiempo que se opone a modificar por la fuerza el estatus de la isla. Esta política se denomina de ambigüedad estratégica. Su objetivo es disuadir a Taiwán de que declare unilateralmente su independencia, y disuadir a China de utilizar la fuerza para conseguir la reunificación

Algunas informaciones sugieren que los chinos estarían presionando a los norteamericanos para que pasen de la fórmula tradicional de que "no apoyan" la independencia de la isla a decir que "se oponen" a la misma. O incluso que "no se oponen" a una reunificación pacífica. En el marco de esa política de ambigüedad estratégica, cualquier pequeño cambio de lenguaje sería analizado al milímetro e interpretado como una posible evolución en la posición de EEUU. Los chinos naturalmente nada han dicho sobre esto en la cumbre, y EEUU ha reiterado allí su posición tradicional sobre Taiwán.

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También se ha señalado que China estaría tratando de que Washington no ejecute en su totalidad el acuerdo de venta de armas a Taiwán suscrito el pasado diciembre por un valor de 11.000 millones de dólares. Y que no avance el proyecto de un nuevo contrato de 14.000 millones, sobre el que Trump aún no se ha pronunciado. Cualquier cambio en relación a estos contratos sería igualmente interpretado como una señal norteamericana sobre su política hacia la isla.

Los dirigentes chinos están convencidos de que la guerra de Irán fortalece su posición sobre Taiwán y debilita la de EEUU. Piensan que, después de atacar Venezuela e Irán, Estados Unidos no estaría en posición de reprocharles nada si ellos invadieran Taiwán, a la que consideran además parte de su territorio. Ahora bien, China repite que su intención no es invadir Taiwán. A cambio de eso, espera que EEUU no intente bloquear una reunificación pacífica con la isla.

En caso contrario, mantendría todas sus opciones abiertas. Su proceso de rearme está enfocado a alcanzar una posición de superioridad en el teatro de operaciones en torno a Taiwán. Para ello ha fortalecido enormemente sus unidades navales, aéreas, de guerra electrónica, el uso de la inteligencia artificial y su fuerza de misiles. Algunos de éstos han sido disparados durante unas maniobras por encima de la isla, para dejar claro que su objetivo serían los grupos de combate formados por portaaviones norteamericanos y sus navíos de escolta que pudieran ser enviados a socorrerla.

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Este programa de rearme, que incluye las fuerzas nucleares, tiene como objetivo plantear a Estados Unidos un dilema difícil de resolver. Aceptar una guerra con China sobre Taiwán, consciente de que podría perderla, o escalar el conflicto al plano nuclear, en el que arriesgaría la supervivencia de San Francisco o de Nueva York para defender a la isla. Un dilema doblemente difícil porque, si China lograra la reunificación por la fuerza, EEUU perdería la posición de superioridad estratégica en Asia-Pacífico que ha detentado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, apoyado en su cadena de bases militares en Hawái, Guam, Filipinas, Japón o Corea del Sur. Asia-Pacífico además es actualmente el centro de gravedad económico y político del planeta, donde se concentra la mitad de la población mundial y dos tercios de la economía global. En el siglo XX estuvo en el Atlántico, pero eso ya ha pasado.

China insiste en que no desea utilizar la fuerza contra Taiwán. En primer lugar, porque aún no está totalmente segura de poder ganar allí una guerra convencional contra EEUU, especialmente cuando sucesivas purgas han desmantelado su cúpula militar. Tampoco desea un conflicto que afectaría gravemente a las exportaciones taiwanesas de semiconductores, lo cual desestabilizaría la economía global, empezando por la china. Y finalmente, como me dijo en cierta ocasión un alto dirigente del partido, porque conduciría a una guerra civil entre chinos.

En la cumbre se trataron otras cuestiones. Es verdad, como dijo Trump, que China es favorable a la reapertura del estrecho de Ormuz y que no desea un Irán nuclear. Pero no está claro que esté dispuesta a implicarse demasiado en esa cuestión. Considera que la situación actual es un problema innecesariamente creado por Estados Unidos, que siente en este momento mucha más prisa que ella por resolverlo. Si China finalmente hiciera algo, es difícil imaginar que a EEUU le saliera gratis.

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Ambos países decidieron asimismo crear un Consejo de Comercio. Es una idea norteamericana, para tratar de reducir su déficit comercial. Pero ese déficit responde a un desequilibrio estructural difícil de modificar. A EEUU le interesa comprar muchos más productos chinos que a China en EEUU. El mercado chino, además, permanece mucho más cerrado que el norteamericano. Es posible que China decida que le conviene tener un gesto, como ha hecho en ocasiones anteriores, y aumente sus compras de productos agrícolas y de aviones Boeing, pero eso no cambiará mucho las cosas. También se creó un Consejo de Inversiones, dirigido a promover en China las inversiones de grandes empresas financieras y tecnológicas norteamericanas, y en Estados Unidos las de empresas chinas de energías renovables.

Estados Unidos no planteó ninguna cuestión relativa a los derechos humanos, que no interesan mucho a Trump. Su trato de los inmigrantes dentro de su propio país tampoco le da mucha credibilidad para hacerlo.

La cumbre de Pekín refuerza la idea de un mundo bipolar, en el que dos grandes potencias se reúnen para abordar los asuntos globales. Es una imagen que gusta a los chinos, que se ven reconocidos como el igual de EEUU. Ambos planean mantener otros tres encuentros al máximo nivel durante este año.

Sin embargo, la desconfianza recíproca se mantiene intacta, lo que explica, por ejemplo, la fijación china en eliminar toda dependencia de Estados Unidos. También las razones de fondo de la rivalidad entre ambos, ya sean políticas, económicas, tecnológicas, militares o ideológicas. Entre ellas, el asunto de Taiwán sigue siendo el más sensible. Pekín parece decidida a colocarlo en el centro de su relación con Washington.

En este encuentro, se han aprobado por unanimidad los criterios de distribución de los 7.000 millones de euros que, tras la luz verde generalizada, el Ejecutivo empezará a transferir a los gobiernos autonómicos a partir de verano.

Se trata de un acuerdo de máxima importancia, ya que, de facto, supone el primer gran pacto por la vivienda que se consigue, tras sonoros fracasos como la Ley del Suelo. A diferencia de entonces, en esta ocasión, los gobiernos regionales del PP han respaldado.

Este acuerdo es todo un respaldo a la ministra, que lleva meses disputándose con el Ministerio de Consumo, en manos de Sumar, la bandera de la vivienda y el debate ideológico de qué línea se debe seguir para conseguir que, a lo largo y ancho de toda la piel de toro, haya medidas que permitan vertebrar políticas de vivienda asequible.

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"Reivindico mi manera de alcanzar acuerdos", ha dicho la manchega, que ha basado su estrategia en el respeto al adversario, en este caso administraciones públicas de diferentes signo, el máximo rigor legal, y trabajar fuera de los focos, intentando no hacer ruido. "Esa fórmula creo que es efectiva. Hoy lo estoy celebrando", ha aseverado.

La pieza de caza mayor de todo este plan es blindar la vivienda protegida, impidiendo que se pueda descalificar, algo a lo que se oponían frontalmente Madrid y Andalucía, que permiten liberalizar, en algunos casos, en apenas 7 y 15 años. Para forzar a las comunidades a blindar la VPO, el Gobierno ha ligado gran parte de los fondos del Plan Estatal a garantizar que las futuras casas que reciban estas ayudas nunca se podrán privatizar.

"El punto de conexión es crear un parque público y lo relevante es que hayamos conseguido llegar a ese acuerdo", ha dicho Rodríguez. En su opinión, lo relevante del encuentro de hoy es que "distintas administraciones de distintos signos políticos nos estamos poniendo de acuerdo". Algo que no ocurrió con la Ley del Suelo, a pesar de ser una norma inicialmente planteada por el PP.

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Además de triplicar la inversión pública, hasta los citados 7.000 millones, y de blindar la VPO, el Plan Estatal destaca por incorporar una cláusula antifraude para reforzar los mecanismos de supervisión en la adjudicación de vivienda y por incorporar medidas concretas para la España despoblada y el medio rural.

El Gobierno ya intentó el objetivo de blindar la VPO con la Ley de Vivienda, pero este punto fue prácticamente el único importante que tumbó el Tribunal Constitucional cuando dio sus bendiciones al grueso de la norma. Ahora, con el Plan Estatal, la diferencia es que son las propias CCAA las que deciden aplicar este blindaje para poder así acceder a los fondos.

Esta fórmula no ha estado exenta de crítica y, antes de entrar a la reunión, han sido varios los consejeros que han arremetido contra el Gobierno por obligarles a tragar con sus líneas para recibir los fondos. Ataques que, a la hora de la verdad, se han quedado en el terreno de la dialéctica política. Al menos, de cara a la firma de este jueves, ya que todavía está por ver si se presenta alguna impugnación en el futuro.

Llegó la hora de despolitizar la vivienda

Una opción que la ministra se ha mostrado confiada en que se quede en el terreno de las amenazas, entre otros motivos, porque ha incorporado al plan garantías para poder adelantar al segundo semestre de este año el reparto de fondos, un anzuelo con el que busca que, por el terreno de los hechos, sean las propias comunidades las que bendigan el plan rápidamente y no les interese entrar en pantanos judiciales.

Las dos almas del Gobierno, PSOE y Sumar, se disputan desde hace meses liderar las políticas de vivienda: uno desde el Ministerio del ramo, y el otro, desde Consumo. La cartera liderada por Pablo Bustinduy también ha anunciado este jueves que ha abierto expediente a una gran inmobiliaria por incluir cláusulas abusivas en los contratos de alquiler de sus miles de pisos.

La sentencia del Supremo supone un duro revés para el Gobierno central ya que, a través de un Real Decreto de finales de 2024, España se convirtió en el primer país de la Unión Europea en desplegar las directrices de Bruselas para atajar el crecimiento descontrolado de los pisos turísticos y los arrendamientos de temporada. El sistema entró en vigor de forma definitiva en julio de 2025, tras seis meses de pruebas, obligando a identificar todas las viviendas comercializadas en plataformas como Airbnb o Booking. Su funcionamiento exigía que cada propiedad obtuviera un número de identificación obligatorio a través de una Ventanilla Única Digital, tras la previa evaluación legal de los registradores.

La resolución judicial estima de forma parcial el recurso presentado por la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, norma con la que el Ejecutivo central pretendía articular el control de este tipo de alojamientos. No obstante, a pesar de anular los preceptos que daban vida al "registro único de arrendamientos", el Tribunal Supremo ha desestimado las pretensiones de la Generalitat Valenciana en lo relativo al resto de la norma.

De este modo, la justicia mantiene plenamente vigentes las disposiciones estatales que regulan la ventanilla única digital de arrendamientos, las obligaciones de las plataformas en línea para transmitir datos y el flujo de información con fines estadísticos. Hay que recordar que en el marco de la Ventanilla Única Digital, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana había creado este registro único para que los arrendadores pudieran obtener su número de registro ofrecido por el Colegio de Registradores, cuando el registro de estos alojamientos es competencia exclusiva de cada comunidad autónoma.

En los fundamentos de la resolución, el tribunal reconoce explícitamente que existe "una creciente preocupación, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel nacional, por el alquiler de alojamientos de corta duración que utilizan los servicios de las plataformas en línea".

El Reglamento Europeo, en el que se apoyaba el Gobierno central, no establece que el procedimiento de registro deba ser nacional

Los magistrados señalan el impacto que este fenómeno tiene en la reducción del parque de vivienda de alquiler residencial de larga duración, el encarecimiento de los precios y el consecuente desplazamiento de los residentes habituales, afectando a la cohesión vecinal de los barrios. Sin embargo, el Supremo aclara que el Reglamento Europeo (UE) 2024/1028 —en el que el Gobierno central se apoyaba para justificar el decreto— obliga a adaptar los sistemas de información a los estándares comunitarios, pero "no establece que el procedimiento de registro deba ser nacional, ni incide en el régimen de distribución de competencias existente en los Estados miembros".

La sentencia determina que el registro anulado no inscribía contratos ni cargas de la propiedad, sino inmuebles para otorgarles un número habilitante de cara a su comercialización en plataformas online. Al tratarse de un censo que "se superpone a los registros autonómicos existentes", el Supremo considera que el Estado excedió sus funciones de fijar "bases" o "medidas de coordinación" económicas, adentrándose en una regulación exhaustiva que no le corresponde.

De hecho, dicho registro único dio lugar a recursos contencioso‑administrativos ante el Supremo por parte de varias comunidades autónomas —entre ellas Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y la Región de Murcia— por el riesgo cierto de duplicidad de registros y por una posible invasión de competencias autonómicas. También se sumaron a la batalla jurídica diversas asociaciones de alquiler vacacional.

Por el contrario, el fallo judicial sí considera que el Estado está plenamente legitimado para coordinar y centralizar la recepción de datos a través de la ventanilla única digital y el control de las plataformas turísticas, amparándose en sus competencias exclusivas sobre la coordinación de la planificación económica y la elaboración de estadísticas estatales.

El 2 de marzo, el expresidente acudió al Senado para responder ante la Comisión de Investigación del caso Koldo sobre las noticias que le vinculaban al rescate de Plus Ultra. Fue recibido por los senadores socialistas que dejaron de lado hace meses a Santos Cerdán en su visita a la Cámara Alta. Y al contrario de lo que ocurriera con el exsecretario de Organización del PSOE, sus colegas de partido le siguen brindando apoyo tras un documento judicial que lo sitúa como el "líder" de una "estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras".

Con su impertérrita sonrisa, Zapatero se desvinculó de toda relación con la aerolínea de un solo avión rescatada con 53 millones de euros por el fondo de solvencia de la SEPI en 2021. "No he tenido ni tengo ninguna relación con Plus Ultra. No hice absolutamente nada ni me interesé por el rescate de Plus Ultra. O sea, que no haga afirmaciones especulativas. ¿Tiene usted algún dato? ¿Algún documento?", espetó a la senadora de Vox, Paloma Gómez.

La senadora de UPN, Mar Caballero, le preguntó: "¿Y usted con su amigo -Julio Martínez- comentó si estaban colaborando con ese documento, si verdaderamente estaban trabajando para Plus Ultra a través de Análisis Relevante?". "En alguna ocasión, el señor Julio Martínez me comentó, sin detallar, que tenía alguna relación con Plus Ultra", respondió Zapatero. "No hablé con ninguna autoridad pública, con ningún empleado público del rescate de Plus Ultra. Todo lo que se ha dicho son falsedades, enormes falsedades, enormes falsedades", insistía a continuación.

Sin embargo, el auto del juez sitúa la colaboración de Zapatero con Plus Ultra antes incluso de que la SEPI creara el Fondo de Solvencia. El 25 de mayo de 2020, Roberto Roselli, director económico-financiero de Plus Ultra, remitía una carta al vicepresidente del Banco Santander donde se indicaba que, por instrucciones de Zapatero, solicitaban su ayuda para obtener un crédito ICO para la aerolínea. Días antes, en abril, se hace referencia a una llamada entre el expresidente del Gobierno y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. "Julio habló con ZP, 11 min. Le explico todo (...) Luego cuando tú puedas, le preguntas", escribe Rodolfo Reyes, consejero de la empresa, a otro contacto.

"Puede que le haya saludado alguna vez, pero he saludado a miles de personas en mi vida, pero relación, no", dijo Zapatero sobre el presidente de Plus Ultra en el Senado. En su entrevista con Carlos Alsina para Onda Cero hace un mes, insistió en esta versión: "No sé si alguna vez habré llegado a saludar a su presidente, pero, en definitiva, no tenía ninguna relación con la empresa. Nunca me he reunido con ellos, no he viajado nunca con Plus Ultra y esto es así". El escrito del magistrado, por el contrario, está repleto de referencias a su participación en el rescate ("nuestro pana Zapatero detrás"; "lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana"; "Mañana Zapatero interviene directamente. Va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España").

"Por supuesto, es evidente que Análisis Relevante tenía clientes, pero yo no conocía los detalles de la relación con cada uno de ellos ni quiénes eran. Nunca he tenido acceso a esa información porque no formo parte de la sociedad ni manejo sus cuentas. Yo me limitaba a facturarle a Análisis Relevante, tal y como hago con otras consultoras; por lo tanto, desconozco la identidad de sus clientes, el volumen que manejan o su nivel de rotación", afirmó Zapatero en la entrevista con Alsina. En el Senado ya había hecho referencia a que se limitó a aceptar el cargo de consultor: "No, no colaboré -en su creación-, perdone. Yo acepté la propuesta de Julio Martínez de ser consultor de Análisis Relevante una vez constituida".

Las hijas de Zapatero cobraron casi un millón por trabajos simulados y supuestos informes

El auto vuelve a desmentir al expresidente, y cita dos archivos de Excel remitidos por Zapatero a su socio Julio Martínez Martínez donde figuran los clientes de la consultora a los que Whathefav debía remitir informes. Entre ellos se encuentran Alejandro Fernández (Grupo Aldesa), Francisco Flores (Softgestor) y Domingo Amaro Chacón (Inteligencia Prospectiva SL).

Zapatero afirmó en el Senado que recibía de Análisis Relevante "70.000 euros brutos al año", una cifra que no se corresponde con los datos recabados por la UDEF, que estiman que el expresidente cobró en cinco años 490.780 euros de esta compañía. También manifestó en la Cámara Alta: "No tengo una sociedad. No he tenido nunca una sociedad ni aquí ni en ningún sitio del mundo, ni en Kuala Lumpur". En cambio, una vez más, la investigación judicial le contradice, ya que indica que consta "indiciariamente acreditado que José Luis Rodríguez Zapatero, con la participación de María Gertrudis y Julio Martínez, impartió instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái (Landside Dubai Fzco...), cuyo plan de negocio preveía ingresos de 3 millones de dólares en cinco años".

En su comparecencia, Zapatero presumió de su labor altruista en Venezuela: "Es que he hecho toda mi actividad pro bono absolutamente en Venezuela. No he percibido ni un euro del Gobierno de Venezuela ni de PDVSA ni de nadie... Lo he dicho y lo reitero: los días y noches de mi vida en vuelos, miles de horas y vuelos, no me han producido ningún retorno económico de Venezuela. No he recibido nada del Gobierno de Venezuela, ni de PDVSA; ni tengo una sociedad, ni un inmueble, ni nada... Al revés, no he hecho en mi vida una tarea de tanta entrega sin nada a cambio como esta de Venezuela".

Por el contrario, la Audiencia Nacional le vincula a negocios en Venezuela vinculados al petróleo, donde ejercía de intermediario con el régimen de Nicolás Maduro: "De los mensajes analizados se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada, quienes han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero mediante la preceptiva Letter of Intent (LOI)".

En el auto se hace mención también a un encuentro entre Zapatero y el exministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Ministerio de Trabajo y la engloba en las gestiones a favor de Plus Ultra. Koldo García informó a José Luis Ábalos de esta reunión, y el exministro de Transportes también se acabaría reuniendo con Zapatero. El expresidente ironizó en el Senado sobre la reunión con Escrivá: "Y, además, aparece Escrivá también. Increíble". Sobre Ábalos, aseguró que se reunió después de la concesión del rescate: "Añado, jamás me reuní con el señor Ábalos para hablar de Plus Ultra. Es más, la única vez que, siendo él ministro, he estado con el señor Ábalos fue después de la aprobación del rescate de Plus Ultra. La verdad es que en eso hasta he tenido suerte, porque es la única vez que he estado con él siendo ministro de Fomento".

Los compradores de petróleo de Venezuela debían pasar por Zapatero para cerrar la operación

Del empresario venezolano Camilo Ibrahim, inversor de Plus Ultra, Zapatero aseveró que lo había "saludado una vez". Mientras que la investigación certifica en unos mensajes de Reyes al presidente de Plus Ultra que "Camilo estuvo con Zapatero y que hablaron sobre que todo iba bien" el 6 de febrero de 2021: "Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa".