Obviamente, algunas de ellas requieren decisiones tanto del Consejo de Ministros como del Parlamento, que deberían haberse reunido urgentemente. Es una lástima que emergencias como las de los incendios o la que se vive en Ceuta no respeten las vacaciones, pero los responsables públicos están para servir a sus conciudadanos en todo momento, aunque ello traiga consigo la suspensión del tiempo de descanso.
Comencemos por la sentencia del Tribunal Supremo, al cual parece que se ha querido responsabilizar -desde diferentes instancias- del origen de la crisis. Falso. Los tribunales sólo aplican la ley, y el Supremo únicamente confirmó (el 29 de junio de 2026) lo que había dicho antes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (24 de marzo de 2025) y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta (4 de septiembre de 2024). Lo hizo además aplicando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (sentencias 172/2020 y 13/2021) y la de los tribunales europeos. La cuestión es que nuestra Ley de Extranjería solo permite el rechazo en frontera cuando la persona que intenta entrar irregularmente lo hace pretendiendo superar "elementos de contención" fronterizos. Por tanto, la circunstancia era conocida desde septiembre de 2024. En estos casi dos años, el Gobierno podía haber actuado instalando elementos de contención en las fronteras marítimas similares a los de las fronteras terrestres. Y modificando la ley.
En primer lugar, ¿qué se hizo desde las primeras sentencias, en 2024 y 2025? ¿qué actuaciones hubo desde que se conoció la sentencia del Supremo a finales de junio de 2026? Ninguna. En todo este tiempo ¿por qué no se han prolongado los espigones, tanto del Tarajal como de Benzú en Ceuta (en un estado deplorable) y se ha reforzado el Dique Sur de Melilla? La solución de las barreras neumáticas es provisional, dudosamente eficaz, y debería haberse puesto ya en marcha una protección mayor, así como reforzar las que ya existen. Desde el punto de vista técnico, es posible hacerlo en Ceuta (hay proyectos y estudios que lo avalan). Si no se ha hecho puede deberse a no querer molestar a Marruecos, para evitar un posible conflicto diplomático, pero después de lo ocurrido es evidente que esta solución debería acometerse. De hecho, el Dique Sur de Melilla, que tiene 500 metros, ha funcionado como elemento disuasorio, de manera que históricamente, las entradas a nado por Melilla han sido muy inferiores a las de Ceuta debido precisamente a la gran longitud y envergadura de este dique, que obliga a bordear una distancia en mar abierto mucho mayor y peligrosa.
En segundo lugar, a la vista de las sentencias de los diferentes órganos jurisdiccionales y de la jurisprudencia allí citada podría haberse abordado la modificación de la Disposición Adicional Décima de la Ley 4/2000, de Extranjería. Ahora permite el rechazo en frontera de quienes intenten superar los "elementos de contención fronteriza" de manera irregular, con los límites establecidos por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esa expresión podría sustituirse por otra que fuese compatible con la jurisprudencia mencionada, indicando que podrían rechazarse en frontera las personas que fuesen sorprendidas intentando superar irregularmente la línea fronteriza, ya sea marítima o terrestre (sin necesidad de que existan elementos de contención).
Una vez producida la entrada irregular de decenas de miles de personas ("una violación de la integridad territorial de España", en palabras del presidente del Gobierno), hay múltiples instrumentos a disposición del Ejecutivo para hacer frente con diligencia y eficacia a la situación de emergencia.
Desde la perspectiva constitucional, en un primer momento, el artículo 23 de la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, era la norma más adecuada, para afrontar la emergencia. El Gobierno ha tardado 25 días en utilizarla, y probablemente ahora será insuficiente. No era necesario convocar un Consejo de Ministros para ello, pues la facultad de declarar la "situación de interés para la Seguridad Nacional" corresponde al presidente del Gobierno. Este supuesto, si bien no prevé la suspensión de derechos fundamentales (para lo cual sería necesario el estado de excepción), sí permite la coordinación reforzada entre administraciones, una dirección política centralizada (por fin, varias semanas más tarde, el "mando único" reclamado en repetidas ocasiones por el Gobierno de Ceuta) y la movilización de recursos públicos. Esta ley ofrecía la base jurídica más adecuada, en un primer momento, ante una crisis que afecta gravemente a la seguridad fronteriza, la capacidad de acogida y la estabilidad institucional.
Sin embargo, transcurridas estas semanas sin haber acudido a ninguna de las herramientas jurídicas y sin haber reunido el Consejo de Ministros -la única institución susceptible de expresar la opinión del Gobierno que es un órgano colegiado y no el "corre ve y dile" de su presidente-, la situación ahora es mucho más grave, tanto desde el punto de vista sanitario, como de orden público y de prestación de los servicios públicos esenciales.
La emergencia sanitaria podría afrontarse utilizando la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que ya se usó en la pandemia, antes y después de la declaración del estado de alarma. Esta ley permite confinamientos parciales, cuarentenas, aislamiento, hospitalización o control de personas y bienes ante peligro evidente para la salud. Podrían estar dirigidos a grupos de personas o zonas concretas, y siempre bajo supervisión judicial. También debería acudirse a la Ley 33/2011 General de Salud Pública, que establece el marco general de actuación, la vigilancia epidemiológica y la coordinación entre autoridades, que en el caso de Ceuta requiere coordinación entre el Estado (que ejerce las competencias sanitarias) y la Ciudad Autónoma (competente en materia de Salud Pública). El artículo 13bis de esta última ley prevé, por ejemplo, la "respuesta frente a alertas sanitarias, para la respuesta eficaz y coordinada ante situaciones de riesgo para la salud pública". Nada de esto se ha hecho y la situación empeora, habiéndose detectado no solo varios casos de tuberculosis, sino de sarna y otras enfermedades contagiosas.
Pero los problemas no son solo sanitarios. Antes de que el Gobierno recurriese a la Ley de Seguridad Nacional, llegó a proponerse la posibilidad de declarar el estado de alarma, con el que tendríamos también un mando único y eventualmente se podrían tomar medidas extraordinarias, incluso limitativas de derechos. Quizá hubiera sido un instrumento razonable en un primer momento, si bien la Ley de Seguridad Nacional ofrecía también posibilidades similares. Sin embargo, llegados al punto en el que estamos, habría que aplicar la citada legislación sanitaria y, si se acreditan alteraciones graves de orden público, debería plantearse la declaración de estado de excepción, involucrando desde el inicio al Congreso de los Diputados, que tiene que autorizarlo. Conforme a las sentencias del TC 4/1981 y 83/2016, el orden público que justifica la declaración del estado de excepción no se identifica exclusivamente con la seguridad ciudadana (que también), sino con la preservación de las condiciones indispensables para el ejercicio de los derechos fundamentales, el funcionamiento de las instituciones democráticas y la prestación de los servicios públicos esenciales, siempre que su alteración sea tan grave que las potestades ordinarias resulten insuficientes para restablecer la normalidad constitucional.
Parece evidente que en más de tres semanas no se ha restablecido la normalidad en Ceuta con el ejercicio de las potestades ordinarias. Es más, por lo que podemos apreciar quienes vemos las noticias cada día, no solamente se trata de que existan graves problemas de orden público, sino que estamos ante un confinamiento "de facto" de los ciudadanos, que no salen a la calle por miedo, los servicios públicos esenciales no están funcionando con normalidad, a lo que se suman numerosos problemas de suministro de alimentos y mercancías, así como de salubridad que afectan a la salud pública. Es por ello por lo que, si las autoridades responsables consideran que la situación no mejora, y no se puede resolver con las potestades ordinarias, está plenamente justificado pensar en el uso de potestades extraordinarias.
Alguien podría pensar que no es necesario llegar a este extremo, pero las herramientas extraordinarias permitirían y facilitarían derivar muchos más recursos humanos y materiales temporalmente a Ceuta, tanto para afrontar los graves problemas sanitarios y de orden público como para tramitar los expedientes individualizados de devolución. Si no se utilizan los instrumentos jurídicos adecuados a disposición del Ejecutivo y Legislativo, o se hace con retraso, la conclusión es evidente: o bien no hay verdadera voluntad política de resolver el problema, o bien se carece de capacidad para gestionarlo y solucionarlo. Aunque sea en vacaciones.
*Carlos Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED.