Según han trasladado tanto CCOO como UGT, el ministerio ha reiterado su compromiso con el incremento salarial acordado para 2027, un 4,5% inicial efectivo desde enero, y un 0,5% adicional si el dato medio de inflación de 2026 supera el 1,5%, de manera que ese incremento adicional se debería decretar a partir de febrero porque el IPC medio se situará, previsiblemente, cerca del 4%. No obstante, el Ejecutivo no ha dado ninguna fecha para efectuar la subida y tampoco ha especificado si lo hará antes o después de las elecciones, con el Gobierno en funciones. Desde el ministerio descartan hacer comentarios al respecto por el momento.

UGT Servicios Públicos pide que la aprobación de la subida se produzca "antes del 24 de noviembre" e incide en que el Congreso de los Diputados ya aprobó sin dificultades la subida salarial correspondiente a 2025. Además, sostienen que "tanto la Diputación Permanente como el Consejo de Ministros, esté o no en funciones, cuentan con los mecanismos legales y legislativos necesarios para hacer efectivo el incremento salarial". Las elecciones generales anticipadas se celebrarán el próximo 29 de noviembre y el Ejecutivo va a convalidar varios reales decretos-ley en la Diputación Permanente en las semanas que quedan, por lo que no sería extraño que uno de ellos incluya las subidas salariales a los empleados públicos.

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La postura es compartida por CCOO y por CISF. Todos los sindicatos valoran el compromiso para efectuar el incremento, pero reclaman que se apruebe antes de las elecciones y antes de que el Gobierno entre en funciones para evitar retrasos. El acuerdo marco publicado en el BOE y firmado por UGT, CSIF y CCOO disponía una subida del 2,5% en 2025; del 2% en 2026; del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028. Los incrementos son consolidables, es decir, la variación de cada año se aplica sobre las retribuciones actualizadas del anterior e incluyen además unas cláusulas para compensar parcialmente incrementos imprevistos de la inflación, como ha sucedido en este año 2026 por el inicio de una nueva guerra en Oriente Medio.

Según el calendario dispuesto, la subida que se decretó el año pasado fue del 4% en dos meses y la que tocaría aplicar de cara a 2027 será del 5%. El esquema responde a las líneas rojas que en su momento señaló el Ministerio de Hacienda para cumplir con las reglas fiscales, aunque AIReF ya ha calculado que España superará, previsiblemente, el aumento tope del gasto comprometido con Bruselas. La subida afectará a tres millones de empleados públicos, aunque el Gobierno en su decreto solo puede efectuar los pagos del personal de la Administración General del Estado (AGE), por lo que el resto recae sobre las administraciones autonómicas y locales, que deberán aprobar sus propias normas cuando lo consideren.

Por otra parte, en la reunión se han tratado las medidas para evitar abusos de temporalidad en el empleo público, una reforma que el ministerio está preparando en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales ante los ultimátums de la Comisión Europea. Según CSIF, el Gobierno pretende modificar el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir qué es abuso de temporalidad y evitarlo. Se prevé establecer sanciones y el cese de los gestores de las administraciones que incumplan las nuevas disposiciones.

La administración ha reconocido en la reunión que la temporalidad continúa estancada, de media, en el 27%, y que en los sectores educativo y sanitario supera incluso el 40%. CSIF ha propuesto establecer sanciones ejemplares, eliminar la tasa de reposición, reducir los plazos de los procesos selectivos para que no superen el año, reformar los mecanismos de control y establecer medidas reparadoras para las personas afectadas. Unas medidas que generan consenso entre los sindicatos, pero que son costosas a nivel presupuestario.

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En la práctica, los tribunales ya están reconociendo indemnizaciones reparadoras por abusos de temporalidad, aunque supone que cada trabajador afectado debe efectuar el proceso legal por su cuenta, sin que tenga ningún derecho reconocido previamente. Las organizaciones de interinos están realizando una ofensiva ante Bruselas para tratar de agilizar los cambios normativos, todavía sin éxito.

Su ministerio, la Seguridad Social, es uno de los protagonistas del primer paquete de medidas; el otro ha sido el de Vivienda.

El cónclave ministerial ha aprobado la creación de una protección especial para dar cobertura a mujeres trabajadoras que sufren episodios incapacitantes por la menopausia. Esta nueva protección blinda las bajas médicas a las mujeres y se incrementa su protección económica. En concreto, se elimina el periodo de carencia desde que empieza su baja hasta que cobran la prestación y se eleva la cuantía desde el 60% hasta el 75% de la base reguladora.

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El Gobierno también ha creado una cobertura a personas afectadas por acontecimientos catastróficos y que no puedan trabajar. Esta nueva prestación sigue el camino que marcó el propio Ejecutivo creando una ayuda específica tras la riada provocada por la dana del año 2024. Esta nueva prestación cubrirá a trabajadores que estén en situación de incapacidad como consecuencia de una catástrofe medioambiental, por lo que podría beneficiar a las personas afectadas por la borrasca Adam.

También se mejora la prestación para familias que cuidan de hijos con cáncer u otras enfermedades graves. El Gobierno permitirá que ambos progenitores puedan dejar de trabajar para centrarse en el cuidado del menor y combinar la prestación. Además, extiende el cuidado hasta que el descendiente tenga 26 años de edad.

Asimismo, el Ejecutivo también mejora algunas pensiones ya existentes. El primer caso es el de las pensiones de viudedad, cuyo derecho de cobro se extenderá a parejas que no se hayan registrado oficialmente nunca, pero que hayan tenido hijos en común y puedan demostrar que han convivido.

También mejora las pensiones familiares (viudedad y orfandad) para víctimas del terrorismo y víctimas de violencia de género. En el caso de las víctimas del terrorismo, extiende el derecho de cobro a los familiares de casos que todavía no cuentan con sentencia judicial penal. Además, esta protección se extiende también a víctimas del terrorismo que hayan sufrido lesiones incapacitantes que les impidan trabajar, o trabajar con normalidad.

Y, en el caso de la violencia de género, el Gobierno amplía la pensión de orfandad para hijos cuya madre haya sido asesinada por violencia de género. Su pensión será del doble de la cuantía que marque el salario mínimo interprofesional (SMI).

Por último, el Consejo de Ministros ha acordado triplicar la cuantía del fondo de garantía del pago de alimentos, que pasa de 100 a 300 euros mensuales. Este fondo sirve para cubrir la pensión de manutención de los hijos en los casos de parejas divorciadas en las que el progenitor que tiene que realizar el pago se retrasa. De esta forma, el Estado ayuda a la familia a cubrir sus gastos con un anticipo que posteriormente tienen que reembolsar cuando el progenitor cubre el pago de la pensión.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también ha desgranado el contenido de dos paquetes de gasto dotados con 225 millones de euros y que tienen dos objetivos prioritarios: acelerar la oferta en los municipios que se han acogido a la Ley de Vivienda declarándose como zonas tensionadas y ayudar a los estudiantes universitarios a tener un alojamiento.

En primer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto dotado con 180 millones de euros para dar subvenciones a las zonas de mercado tensionado. Esta financiación irá dirigida a las comunidades autónomas que se han acogido a la Ley de Vivienda (Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias).

El Gobienro limita lo que las autonomías podrán hacer con estos recursos. En concreto, se limita a la compra de viviendas en el mercado libre para ponerlas en alquiler social, comprar suelo urbanizable, financiar promoción o rehabilitación de viviendas para alquiler social, el desarrollo o urbanización de nuevo suelo edificable o cubrir los impagos de contratos de arrendamientos de viviendas.

En segundo lugar, el Gobierno concede subvenciones para la creación de alojamientos asequibles para estudiantes. El Ejecutivo financiará a las universidades Autónoma de Madrid, de Castilla-La Mancha, Pablo de Olavide, Burgos, Jaume I de Castelló, de Jaén y de Lleida, para poner en marcha hasta 2.000 plazas nuevas. Estos proyectos que va a financiar el Estado están ya concretados y "tienen viabilidad a corto plazo".

Con estas medidas, el Gobierno pone el punto de partida de los martes sociales. La ministra portavoz ha informado que uno de los asuntos que tratará el Consejo de Ministros antes de las elecciones será la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que actualmente está siendo tratada por el comité de expertos designado por el ministerio y los agentes sociales.

Mientras tanto, PP y Vox prosiguen sus contactos para intentar llegar a algún tipo de acuerdo sobre las listas del Senado que permita hacer frente a la entente que han montado el PSOE y el Frente Amplio para ir en coalición y disputar así la mayoría absoluta a la derecha. Moncloa, de momento, observa las negociaciones pero deja claro que si hay acuerdo lo utilizará en campaña como munición electoral.

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"Se constata la terrible realidad, que es que el PP ya es ultraderecha en este país", arremeten, insistiendo en que ese posible pacto será la prueba de que "no hay ninguna diferencia ya entre PP y Vox". Desde Presidencia consideran indiferente si el posible acuerdo supone que el PP incluya diputados de Vox en sus listas, o que la formación que preside Santiago Abascal no se presente en algunas provincias. "Tanto monta, monta tanto", cargan, aunque no habría unión de siglas.

La confrontación dialéctica entre Gobierno y oposición aún crece en decibelios cuando se abordan las manifestaciones de los docentes en Madrid. La ministra portavoz fue preguntada por las declaraciones en las que la presidenta de la Comunidad de Madrid calificó de coro rociero a los profesores tras el escrache sufrido ayer, y tachó de "absolutamente irresponsable" y "una barbaridad" no solo esas palabras de Isabel Díaz Ayuso sino "que les ha llamado violentos".

El Gobierno italiano llevaba meses tratando de extender la detención preventiva a los menores, pero "con el decreto de hoy, la normativa entra en vigor de forma inmediata", ha señalado Meloni en una comparecencia difundida en redes sociales. Desde este momento, las fuerzas del orden podrán retener en comisaría a personas menores de 18 años durante 12 horas, incluso sin que hayan cometido un delito, siempre que existan pruebas de que representan un riesgo.

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Con la creación del nuevo tipo penal, cualquiera que, "dentro de un grupo de cinco personas o más", comience a "tirar piedras, palos, o cualquier cosa que ponga a la gente en peligro" afrontará penas de hasta "cinco años de cárcel y hasta 20.000 euros en multas".

Meloni ha resumido el espíritu de las medidas con una consigna: "Quien la hace la paga, y si no, que lo paguen sus padres". Aunque afirma entender las reivindicaciones de los manifestantes, ha recalcado que sus "incomodidades" no pueden ser "una coartada para la violencia", que solo alimenta esas mismas quejas y "no representa una solución".

El detenido es un docente español de unos 37 años que ya no trabaja en el centro educativo. Según ha adelantado la Cadena SER, se trata del colegio concertado religioso Mercedarias de Don Juan de Alarcón, situado en el número 15 de la calle Valverde de la capital, en el distrito Centro. Las víctimas son "varones", según han confirmado fuentes policiales a ElConfidencial, y habrían sufrido las agresiones tanto dentro como fuera de las instalaciones escolares.

La investigación arrancó después de que varios alumnos narraran lo sucedido a sus actuales profesores. Estas revelaciones llegaron a conocimiento de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que abrió las pesquisas para esclarecer los hechos e identificar a los posibles afectados.

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Hasta ahora, los agentes han localizado y tomado declaración a nueve menores, todos ellos estudiantes de Secundaria de entre 12 y 15 años. Sin embargo, la investigación continúa abierta y la Policía trabaja con la posibilidad de que aparezcan nuevas víctimas, lo que podría ampliar los cargos que se imputan al sospechoso.

El profesor fue detenido el pasado 13 de octubre. Según las pesquisas, se habría ganado la confianza de los menores mediante técnicas de manipulación emocional. Durante el registro practicado tras su arresto, los agentes intervinieron "multitud de dispositivos", entre ellos teléfonos móviles, ordenadores portátiles y soportes de almacenamiento de datos. Todo el material ha quedado a disposición de la autoridad judicial y está siendo analizado por los investigadores en busca de nuevas pruebas.

El detenido permanece en prisión provisional por tres presuntos delitos continuados de agresión sexual completa a menores de 16 años y otros tres de agresión sexual a menores de esa misma edad, con diferentes víctimas. También se le atribuyen delitos relacionados con la prostitución y la pornografía infantil, además de child grooming.