La teoría de Cipolla no sirve solo para explicar comportamientos individuales. También ayuda a entender determinadas políticas públicas. Especialmente aquellas que, bajo la apariencia de proteger a un colectivo, terminan perjudicándolo. Y eso es exactamente lo que ocurre con el RD Mari y el RD Carmen.

El texto se presenta como una respuesta a la emergencia habitacional. Sin embargo, buena parte de sus medidas parten de una premisa equivocada: pensar que la vivienda se puede hacer más accesible aumentando la presión sobre quienes la poseen, la alquilan, la financian o la promueven. El resultado es justo el contrario del anunciado. Si alquilar una vivienda se convierte en una actividad jurídicamente insegura, fiscalmente penalizada, contractualmente intervenida y patrimonialmente incierta, muchos propietarios no pondrán su vivienda en alquiler. Algunos esperarán. Otros venderán. Otros la destinarán a usos menos regulados. Y otros, sencillamente, preferirán no asumir un riesgo que el legislador ha decidido multiplicar.

Se dice que se protege al inquilino, pero se debilita el mercado en el que ese inquilino necesita encontrar vivienda. Se dice que se combate la especulación, pero se introduce una enorme inseguridad sobre la inversión residencial. Se dice que se facilita el acceso, pero se restringe la oferta. Se dice que se defiende a los vulnerables, pero se desplaza sobre propietarios y operadores privados una responsabilidad que corresponde a las Administraciones públicas: dar solución habitacional a quien realmente la necesita.

Los tres gráficos que sacan los colores al Gobierno en materia de vivienda

El alquiler temporal queda sometido a nuevas cargas, límites y riesgos de conversión en alquiler habitual. Las actualizaciones de renta vuelven a quedar intervenidas. Se amplían prórrogas obligatorias. Se refuerzan derechos de adquisición preferente que pueden dificultar operaciones sobre edificios o carteras. Se endurece la posición de los grandes tenedores y se amplía su cómputo incluso sobre edificios sin división horizontal. Se incrementa la presión fiscal sobre determinados vehículos de inversión residencial. Y se prolongan suspensiones de lanzamientos, aunque se introduzcan mecanismos de compensación o límites temporales.

Cada una de estas medidas puede parecer defendible si se mira de forma aislada y desde la emoción del corto plazo. Pero la vivienda no funciona por compartimentos. Funciona como una cadena completa: suelo, planeamiento, informes, gestión, urbanización, financiación, construcción, comercialización, alquiler y transmisión. Si en cualquier punto de esa cadena se añade incertidumbre, el sistema produce menos. Y cuando el sistema produce menos, el precio no baja: sube. La escasez no se resuelve decretando buenas intenciones.

Vivienda: el cuello de botella que España se impone a sí misma

Lo más grave del texto no es solo lo que regula, sino lo que ha dejado fuera. La solución estructural de la vivienda no está en multiplicar controles sobre el alquiler, sino en generar más oferta. Eso exige suelo disponible, planeamiento seguro, informes sectoriales coordinados, menos burocracia, plazos ciertos, colaboración público-privada, financiación estable, industrialización, seguridad jurídica y confianza inversora. Justo aquello que permitiría pasar de administrar la escasez a producir vivienda.

España no tiene un problema de falta de diagnósticos. Tiene un problema de ejecución. Sabemos que hacen falta más viviendas. Sabemos que los hogares crecen más rápido que la oferta. Sabemos que los jóvenes no acceden porque no hay producto suficiente a precios compatibles con sus ingresos. Sabemos que los promotores no pueden producir si el suelo tarda años en estar listo, si un informe sectorial bloquea un desarrollo, si una nulidad formal tumba un planeamiento entero o si la inversión es tratada como sospechosa por principio.

Por eso este Real Decreto-ley corre el riesgo de convertirse en una nueva vuelta de la bola de nieve de Cipolla: una norma que pretende proteger, pero retrae oferta; que pretende abaratar, pero encarece; que pretende dar seguridad al inquilino, pero espanta al propietario; que pretende resolver la emergencia, pero evita actuar sobre sus causas.

"Hay que incentivar al pequeño propietario para que le resulte más atractivo y seguro alquilar"

La responsabilidad política hoy no consiste en aprobar más normas para decir que se ha hecho algo. Consiste en preguntarse si lo aprobado construirá más viviendas o reducirá aún más la oferta disponible. Los diputados tienen ante sí una decisión sencilla de formular y difícil de asumir: convalidar una norma que agranda la intervención sobre la escasez, o exigir una política que ponga el foco donde debe estar: producir vivienda, generar suelo, eliminar bloqueos y recuperar la confianza.

Porque si no rectificamos, la bola de la estupidez humana será cada vez más grande. Y, como advirtió Cipolla, sus efectos los terminan pagando todos.

*Jorge Ginés es director general de ASPRIMA

Aemet espera acumulados superiores a 90 l/m2 en solo una hora y de 300 l/m2 en 12 horas, que podrían provocar "inundaciones y crecidas de cauces" en varias regiones. Ante esta situación, la agencia ha advertido del "peligro extraordinario" en áreas de las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia y ha pedido a la población que "extreme las precauciones" y siga "las recomendaciones de Protección Civil".

Para este viernes, hay aviso rojo por lluvias en Castellón y Valencia y alerta naranja por tormentas en estas dos regiones y Alicante. La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Cataluña, Núria Parlon, ha informado también de que durante la pasada noche se ha enviado un mensaje Es-Alert a las comarcas del Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Montsià (Tarragona) para avisar de que el episodio de alerta por lluvias se alargará hasta las 14 horas. Además, habrá lluvias muy fuertes en el sureste y Baleares.

Así, el Centro de Coordinación de Emergencias (CEE) de la Generalitat ha enviado tres Es-Alert, el último de ellos a la población del interior sur de la provincia de Castellón, tras elevar la alerta a nivel rojo por las intensas lluvias que se registran en la zona.

En él, ha pedido a los vecinos que eviten desplazamientos, se alejen de cauces y barrancos, respeten los cortes de tráfico y accedan a plantas superiores en caso de que suba el nivel del agua. Las lluvias caídas hasta ahora en Castellón han dejado acumulados de más de 100 l/m2.

Tormentas torrenciales

La Aemet ha avisado de tormentas torrenciales con acumulados muy elevados en la Comunidad Valenciana y Tarragona, así como tormentas con granizo en las dos mesetas, Aragón y el sistema Ibérico.

La Agencia Estatal de Meteorología ha dicho que habrá una jornada inestable por la presencia de aire frío en altura y un aporte de humedad del Mediterráneo que dejará cielos cubiertos, con excepción del Cantábrico y el tercio, donde se esperan cielos poco nubosos. Son probables las brumas y los bancos de niebla matinales en el sureste y zonas altas del extremo norte.

Las temperaturas máximas bajarán en el arco mediterráneo y Baleares, y subirán en el resto del país, de forma notable en el alto Ebro; las mínimas subirán en el oeste, y bajarán en el este y Baleares. Soplará viento moderado en los litorales, pudiendo alcanzar momentos de fuerte en las costas gallegas, y será flojo en el interior. En Canarias, se esperan cielos nubosos en la vertiente norte, una intrusión ligera de calima desde el este y lluvias persistentes en La Palma; apenas habrá cambios en las temperaturas y soplará viento moderado.

Renfe mantendrá suspendidos los servicios de Cercanías y Larga y Media Distancia con origen y destino en Valencia y las conexiones con Cataluña hasta que las condiciones meteorológicas permitan circular con seguridad, según ha informado la empresa en un comunicado. La cancelación no es nueva, ya que se inició durante el jueves por los avisos de Aemet.

La reanudación de la circulación en las líneas C1 València-Gandía, C2 València-Xàtiva-Moixent, C3 València-Buñol-Utiel y C6 Valencia-Castellón de Cercanías se llevará a cabo tras la inspección de las vías, por lo que el servicio de mañana viernes podría iniciarse más tarde de lo habitual.

Además de estos servicios, también se verán afectadas mañana las conexiones de larga distancia entre la Comunidad Valenciana y Cataluña, con la salida retrasada hasta que las condiciones meteorológicas permitan reabrir la circulación.

Por otra parte, Metrovalencia también ha informado de que modifica el horario de inicio del servicio y las frecuencias (sin dar más detalle).

El referéndum ha contado con la participación del 87% de la plantilla, según estas fuentes, que destacan que el 20,26% de los votantes ha rechazado la propuesta, aunque la dirección de Airbus, que cuenta en España con unos 14.500 trabajadores, asegura que todavía no tiene confirmación oficial del resultado.

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La propuesta de la compañía incluía la vuelta a un 40 % de teletrabajo, un incremento de la flexibilidad en las vacaciones y la recuperación del poder adquisitivo, que alcanza ahora el 7,95 % en cuatro años, uno menos que en la propuesta de agosto.

Este acuerdo se alcanza tras varios meses de negociación y después de que distintos sindicatos iniciaran el pasado 1 de julio una huelga que, con varios parones y un referéndum fallido de por medio, se ha ido extendiendo hasta el pasado septiembre.

El ejecutivo, ex consejero delegado de Bankia, fue elegido para afrontar una nueva etapa de Unicaja que dejara atrás dos años de luchas internas tras la absorción de Liberbank. Además, se ha encontrado con un periodo positivo para la banca, con estabilidad en tipos de interés por encima del 2%, que en los últimos meses se han ido al entorno del 3%, crecimiento del crédito y ausencia de morosidad.

Sevilla trabajó en Merrill Lynch, FG Inversiones Bursátiles y BBVA antes de recalar en 2012 en Bankia. El antiguo banco público lo nombró consejero delegado en 2014, siendo el número dos de José Ignacio Goirigolzarri hasta la fusión con CaixaBank en 2020. Unicaja lo reclutó en 2024 como presidente no ejecutivo para sustituir en la presidencia a Manuel Azuaga, después de dos años de guerra interna, haciendo dupla con el consejero delegado, Isidro Rubiales, que ha aglutinado el poder ejecutivo.

El todavía presidente de Unicaja ha comunicado su decisión al consejo de administración, aunque su salida no será inminente, ya que concluirá el mandato, que expira el próximo mes de abril. Durante este tiempo, el banco deberá elegir a su sucesor. Así, el cambio se producirá al finalizar la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas. "Aunque hasta entonces el Sr. Sevilla seguirá ejerciendo, con toda su amplitud, sus funciones como presidente, el Consejo de Administración ha reconocido y agradecido los valiosos servicios que desde su designación viene prestando a la Sociedad. La comunicación realizada por el Sr. Sevilla, permite afrontar adecuada y ordenadamente el proceso sucesorio y, para ello, conforme a lo previsto en la Política antes referida, se ha acordado activar el Plan de Sucesión para la selección de la nueva presidencia", ha señalado Unicaja en un hecho relevante.

En estos dos años, Unicaja ha elevado el beneficio hasta un récord de 632 millones en 2025 y de 361 millones en la primera mitad de 2026. El banco elevó el 'pay put' (porcentaje del beneficio que va a dividendos) hasta el 95%.

Andy Burnham, nuevo primer ministro británico, abrió este miércoles las puertas a un posible reingreso a la Unión Europea, generando un gran revuelo a un lado y otro del estrecho. Los liberaldemócratas, proeuropeos, le han pedido que se deje de "quizás" y se ponga a negociar hoy mismo. La ultraderecha de Reform UK le ha acusado de intentar revertir el Brexit "de forma clandestina". Pedro Sánchez ha dicho que España le recibirá "con los brazos abiertos". Macron, "welcome back".

"Podríamos quedarnos como estamos. Es una opción, si la gente lo considera. Podríamos analizar lo que dijo George Osborne [exministro de Finanzas conservador] sobre una unión aduanera, examinar lo que los liberaldemócratas plantearon en su conferencia respecto al mercado único, u optar por la integración total. Debemos evaluar qué es viable y cuáles serían los pros y los contras de cada opción". Estas fueron las palabras exactas de Burnham en la entrevista a la BBC que lo desató todo. Es el primer primer ministro que se ha atrevido a plantear la vuelta a la UE. Su predecesor, el europeísta Keir Starmer, no se atrevió. Burnham también es europeísta, como dos terceras partes de su partido.

"Hay gente en el Partido Laborista horrorizada con esto porque piensan: 'Dios mío, no queremos pasar los próximos cinco años hablando solo del Brexit otra vez'. ¡Qué pesadilla!", explica Anand Menon, académico de Política Europea y Asuntos Extranjeros del King’s College de Londres, a El Confidencial. "Por otro lado, hay mucha gente en el partido que cree que es una idea excelente porque la mayoría de los votantes laboristas, afiliados y los que abandonaron el partido para votar a los Verdes, a los nacionalistas o a los liberaldemócratas son muy europeístas. Así que, políticamente, tiene muchísimo sentido", añade.

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El referéndum de 2016 partió por la mitad a la sociedad y a los dos grandes partidos británicos. Desde entonces han surgido partidos como el antisistema y antimigración Reform UK, ahora en horas bajas. Burnham ya le supera en las encuestas. Provocar de nuevo el debate europeo podría reanimarlo. "(Farage) podría intentar aprovecharlo para reactivar a sus seguidores. Lo que no sé es hasta qué punto los partidarios de Reform se sienten vinculados a este tema. El 20% de los partidarios de Reform están a favor de volver a unirse a la Unión Europea. Así que el Brexit, sencillamente, ya no es una prioridad para la mayoría de la gente. Para la mayoría, la prioridad es el coste de la vida. Es lo más importante ahora mismo", dice Menon.

"Creo que [las palabras de Burnham] son para crear un ambiente mucho más positivo en las negociaciones estancadas con la UE", nos cuenta Catherine Barnard, académica en Derecho Europeo de la Universidad de Cambridge. Starmer impulsó el 'reinicio' de las relaciones con la UE al llegar al poder. Estas se paralizaron el pasado mes de junio. "El motivo es que ambas partes siguen añadiendo nuevos elementos a las negociaciones. La UE incluyó la condición de que los estudiantes europeos en el Reino Unido paguen solo las tasas para residentes, y no las tasas para estudiantes internacionales. Por su parte, Reino Unido ha puesto sobre la mesa la condición del Made in Europe", dice Barnard. Se refiere a la Ley de Aceleración Industrial europea, que incentiva a los productos fabricados en territorio común y no considera a las fábricas británicas como europeas. Reino Unido quiere el mismo trato.

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"El Gobierno tiene mucho interés en alejarse de su postura actual. Así que debemos ser conscientes de que esto no supone, en absoluto, un compromiso de incluir en el programa electoral laborista la promesa de volver a la Unión Europea, ni tampoco indica que Burnham prefiera esa opción frente a un 'reinicio' reforzado de la relación", explica por su parte Benjamin Martill, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Edimburgo.

"El intento de reiniciar las relaciones ha puesto de manifiesto las limitaciones de lo que se puede lograr desde fuera. Cuando el Gobierno laborista llegó al poder en 2024, quería demostrar que, en muchos aspectos, era un Gobierno favorable a la UE", dice Martill. Esperaba reactivar la colaboración con la UE en sectores clave, evitando la autoridad de sus tribunales y aplicar leyes sobre las que Reino Unido ya no tiene capacidad de decidir. "Sin embargo, enseguida se dieron cuenta de que la UE no está dispuesta a respaldarlo", concluye.

Una marcha europeísta en 2023 (EFE/ Isabel Infantes)

Burnham sabe que las encuestas están de su parte. El 59% de los británicos estaría a favor de reingresar a la UE, es decir, al mercado único y a la unión aduanera, según YouGov. Y el 85% de los menores de veintiocho años, la generación que se quedó sin votar en 2016. El Brexit fue una decisión, sobre todo, de la gente mayor.

Volver a la UE no sería una reversión automática. Reino Unido tendría que solicitar la adhesión como cualquier tercer país y requeriría la aprobación unánime de los Veintisiete y de la mayoría del Parlamento Europeo. Bruselas no le concederá los privilegios que tenía antes, como el descuento en el presupuesto o la exención de adoptar el euro. No se sabe aún cómo organizará Burnham el debate. “No me extrañaría que en unas semanas matizara sus palabras”, apunta Martill. Puede plantearlo en el programa electoral de 2029 o convocar otra consulta.

"No creo que convoque otro referéndum. Creo que lo tendría que incluir en las elecciones y no creo que el debate sea tan divisivo como la última vez porque todo el mundo tiene clara su opinión y no la cambiarán", dice Chris Robb, británico de 32 años que trabaja como consultor para el sector de las infraestructuras. Tenía 22 años en el momento del referéndum. Votó 'Remain'. Entonces era funcionario del Gobierno. "Empezaron a contratar gente y más gente para poder llevar a cabo todo el papeleo legal y este exceso burocrático todavía se mantiene", asegura. Ahora está a favor del reingreso.

"Me preocupan las condiciones que nos impondrían. No creo que pudiésemos recuperar lo que teníamos. Habría que negociar y surgiría el debate sobre si tenemos que adoptar el Euro y todo eso, y se complicaría todo. Tal vez exista un punto intermedio, como el modelo noruego", reflexiona. Se plantean varias opciones como el modelo de Noruega, que está en el mercado único; y el de Turquía, que forma parte de la unión aduanera.

Burnham planteará todas las opciones a la UE en la cumbre de noviembre. En los últimos años, Reino Unido ya se ha ido acercando. Fue readmitido en el programa científico Horizonte y en el Erasmus. Desde el Brexit en 2021, la economía británica ha perdido entre el 6% y el 8% de su PIB en relación a cómo habría crecido de haberse ido. La inversión ha caído entre el 12% y el 18%. Y los precios se han encarecido por las nuevas barreras comerciales. El Reino Unido solo ha podido cerrar acuerdos comerciales con Australia y Nueva Zelanda y ha entrado en el tratado transpacífico, pero no ha podido cerrar el acuerdo con los Estados Unidos.

"Una de las cosas que Reino Unido ha aprendido al estar fuera de la UE es que el mundo es un lugar bastante hostil. Y lo es porque, en realidad, el mundo se está articulando esencialmente en torno a tres bloques comerciales: Estados Unidos, China y la UE", dice Barnard. "Y si no formas parte de ninguno de esos bloques comerciales, el panorama es bastante duro. Esa es una de las razones por las que parece que Canadá intenta llegar a algún tipo de acuerdo con la UE", concluye.

El Estado sostiene que siguió todos los pasos de su protocolo y que el fármaco empleado ha demostrado ser efectivo. La defensa, en cambio, denuncia problemas para acceder a las venas y un posible deterioro del pentobarbital. Pike se encuentra actualmente en un centro médico externo, al que fue trasladada tras fallar el procedimiento, según ha comunicado el Departamento de Correcciones de Tennessee, que no ha dado detalles del estado de salud de la presa.

Y, ¿ahora qué? ¿Se puede considerar cumplida una condena a muerte cuando el condenado sobrevive al intento de ejecución? ¿Puede el Estado volver a intentarlo? ¿Puede Pike invocar la prohibición de ser castigada dos veces por el mismo delito? En el Estado de Tennessee, la respuesta a la primera cuestión está expresamente recogida en la ley: no.

El Código de Tennessee establece en su sección 40-23-117 que, cuando una persona condenada a muerte no ha sido ejecutada “por cualquier causa”, la sentencia continúa en pleno vigor y debe llevarse a cabo. Es decir, el hecho de que el primer intento no haya producido la muerte no convierte la pena en una condena ya cumplida. La ley, por tanto, no contempla ninguna excepción para una ejecución fallida: la condena sigue vigente y puede volver a ejecutarse conforme al procedimiento establecido.

Aquí entra en juego la llamada Double Jeopardy Clause de la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege frente a determinados segundos procesos o castigos por el mismo delito. Pero, el Tribunal Supremo de EEUU ya examinó hace casi 80 años un caso similar en Francis v. Resweber (1947), cuando un fallo de la silla eléctrica impidió ejecutar a un condenado en Luisiana. El tribunal consideró que un segundo intento no vulneraba esa cláusula de doble incriminación porque el primer fallo había sido accidental y la condena no se había cumplido.

Ese precedente no significa que cualquier segundo intento de ejecución sea automáticamente constitucional. La propia sentencia de Francis analizaba las circunstancias concretas de aquel caso y partía de que los funcionarios habían actuado de manera cuidadosa y humana. Ahora, la cuestión puede ser diferente si la defensa de Pike consigue demostrar que se produjeron irregularidades relevantes o un sufrimiento incompatible con las garantías constitucionales. Esas alegaciones podrían abrir nuevos litigios sobre las condiciones de una eventual nueva ejecución, aunque no implican por sí mismas que la condena quede anulada.

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En Tennessee, es el Tribunal Supremo estatal quien fija las fechas de ejecución. En el caso de Pike, fue ese tribunal el que estableció el procedimiento el 30 de septiembre de 2026, según consta en el expediente judicial.

Ahora, sin embargo, no hay una nueva fecha fijada. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ha suspendido las ejecuciones previstas para el resto de 2026 y ha ordenado una revisión independiente de lo ocurrido con Pike. La condena continúa vigente, pero el calendario de un eventual nuevo intento tendrá que determinarse dentro del procedimiento correspondiente.

La obligación de prestar asistencia médica a una persona encarcelada no desaparece porque esté condenada a muerte. La Corte Suprema estableció en el caso Estelle v. Gamble que la indiferencia deliberada de las autoridades penitenciarias ante una necesidad médica grave puede vulnerar la Octava Enmienda, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. La sentencia, no obstante, distingue entre esa indiferencia deliberada y la mera negligencia médica. Pike, por tanto, fue trasladada a un hospital después de fracasar el procedimiento.

Pero el caso de Pike no es el primer intento de ejecución fallido en Tennessee. Solo unos meses antes, la ejecución de Tony Von Carruthers tuvo que ser suspendida después de que el personal médico no pudiera establecer una segunda vía intravenosa y tampoco consiguiera posteriormente colocar una vía central. El gobernador Bill Lee concedió entonces a Carruthers un aplazamiento de un año. En el caso de Pike, todavía está por determinar qué medidas adoptará Tennessee tras la revisión anunciada por Lee.

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Aquel episodio ya había abierto dudas sobre el protocolo de inyección letal. Según informó la National Public Radio (NPR) de Estados Unidos, nueve senadores estatales reclamaron una investigación independiente sobre lo ocurrido con Carruthers y abogados de otros condenados pidieron que se paralizaran las ejecuciones hasta que los tribunales revisaran el procedimiento. También decenas de profesionales sanitarios cuestionaron la participación de personal médico en las ejecuciones y reclamaron cambios en el sistema.

Los fallos durante una ejecución tampoco son un fenómeno exclusivo de Tennessee. Según los datos recopilados por el Death Penalty Information Center a partir de un estudio de Austin Sarat, entre 1890 y 2010 el 3,15% de las ejecuciones en Estados Unidos presentaron problemas que encajan en su definición de ejecución fallida; en el caso de la inyección letal, la proporción fue del 7,2%. En el caso de Pike, ha recibido hasta dos dosis de pentobarbital y, aún así, ha sobrevivido.