Tardón considera que los episodios acontecidos el pasado mes de julio podrían constituir delitos que delitos que comprometen la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes, así como de organización criminal. La magistrada sostiene que "nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta".

La decisión de la magistrada llega después de que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional informase el pasado viernes a favor de investigar la crisis que atraviesa la ciudad autónoma. Jesús Alonso también apuntaba en su escrito a presuntos delitos que afecten a orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado.

La investigación que arranca ahora se centrará en determinar qué sucedió en los días anteriores y posteriores a la avalancha de migrantes que accedieron a nado entre los días 30 y 31 de julio. Las pesquisas, incomodan al Ejecutivo que sigue defendiendo que Marruecos no tuvo vinculación con lo sucedido.

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El auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, recoge el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) en el que se pone de manifiesto que no se trató de actuaciones de naturaleza incidental, ocasional o espontánea, sino que fue un proceso en el que la finalidad migratoria operaba solo como cobertura formal. La Policía sostiene en su informe que el origen de la entrada habría estado dirigida desde Marruecos.

Las primeras indagaciones apuntan a la existencia de agentes marroquíes realizando un "guiado activo" a inmigrantes hasta territorio español. El estudio de las primeras imágenes permite descartar que el origen de la entrada masiva estuviera exclusivamente en la permisividad de las fuerzas de seguridad marroquíes. El CENIF sostiene que existía una planificación previa y una dirección estratégica para desestabilizar a las autoridades españolas y provocar el caos en la frontera

La juez insiste en su auto que el acceso a Ceuta aquellos días se produjo a través de diferentes oleadas de personas de diferente tipología, con "absoluto desprecio para la vida de las personas más vulnerables". Pese a sus circunstancias, se les condujo a lanzarse al mar "sin preparación, provistas de vestimentas inadecuadas que una vez mojadas podían, si no impedir, sí obstaculizar seriamente los movimientos en el trayecto a nado, y dotados de precarios elementos de auxilio a la flotabilidad para poder cruzar a nado el espacio marino".

Tardón destaca, además, que había intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial, "como bien señaló el presidente del Gobierno quien, durante su visita a Ceuta el día 31 de julio de 2026, definió los hechos como 'un ataque, una violación de la integridad territorial de España'. La magistrada detalla en su escrito que el uso de un flujo migratorio masivo constituye uno de los "métodos característicos de la 'guerra híbrida' o 'zona gris', con la finalidad de alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles, en concreto, de toda una Ciudad Autónoma".

A su juicio, se trataría de un delito cometido en el extranjero, que la Audiencia Nacional sería competente para abrir una investigación en virtud del artículo 23 3ª) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que fija la competencia de la jurisdicción española para conocer los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional.

La jueza subraya en su auto que habrán de investigarse todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español, "tales como la articulación de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva". La instructora destaca que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ya había emitido, el día anterior a la entrada (29 de julio de 2026), una Alerta de Riesgo Extremo "advirtiendo de un escenario inminente de entradas masivas coordinadas por mar y tierra".

La jueza también apunta a un presunto delito de organización criminal que se cometió en el extranjero donde operan las organizaciones criminales o parece que se hallan las personas que las integran o que han podido participar en los hechos. En este punto destaca distintos niveles de actuación y diferentes actores que aún tendrán que ser identificados a lo largo de la investigación, "desde el de los promotores digitales hasta los organizadores sobre el terreno y los responsables de la eventual planificación estratégica".

Respecto a la solicitud de la Fiscalía de acordar el secreto parcial de las actuaciones, la jueza acuerda mantener solo el secreto parcial de las actuaciones, protegiendo aquellas cuestiones que afecten a intereses generales del Estado, de las que sólo podrá conocer el Ministerio Fiscal.

En su auto, la magistrada acepta la personación de todos los denunciantes, a excepción de Se Acabó la Fiesta, aunque indica que antes deberá prestar fianza de 6.000 euros. Tardón ordena, además, que se pongan de acuerdo para agruparse en torno a una representación y advierte de que, de no hacerlo, se designará al partido Iustitia Europa, una vez haga efectivo el pago de la fianza por ser el primero en interponer la denuncia por estos hechos.

Lo refrendó Fernando Grande-Marlaska, también desde Ceuta, al día siguiente. "Todas las personas que han entrado de forma irregular a Ceuta, a nuestro país, a España, evidentemente serían objeto de retorno por cumplimiento de la propia ley. Nadie que entra ilegalmente en nuestro país puede entender que su situación tenga algún respaldo en nuestro ordenamiento jurídico", aseguró.

Y el jefe del mando único, Ángel Víctor Torres, continuó con el mismo mantra el pasado 1 de septiembre: "El mensaje del Gobierno de España ha sido claro, y es que todos van a ser devueltos. Todos los que entraron el 30 y el 31 de julio van a ser devueltos, y siempre se ha añadido ‘acorde a la ley’".

Pero Pedro Sánchez ha acotado ese discurso este lunes durante su reunión con diputados, senadores y europarlamentarios en el Congreso. "Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos", ha asegurado en su intervención de arranque del curso político. Durante su entrevista del lunes pasado en la SER, Sánchez ya empezó a matizar levemente esa idea de que todos los que cruzaron los días 30 y 31 de julio serían devueltos, al hablar de que el retorno afectaría a la "mayor parte", con el debate sobre los menores no acompañados sobre la mesa.

Fuentes del ámbito de la seguridad apuntaban hasta ahora que trasladar la idea de que en España no había futuro para quienes hubieran participado en el asalto era fundamental para que continuaran los retornos voluntarios. Y, aún más importante, para evitar facilitar el éxito de nuevos intentos de asalto masivo futuros a la frontera por el efecto llamada que podría provocar que quienes entraron lograran quedarse.

El Gobierno bloquea las comparecencias de la directora del CNI en el Congreso desde 2022

Sánchez ha defendido que no retornen todos en que "la contundencia del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana". Su coartada ha vuelto a ser calificar de "crisis humanitaria" lo que sucede en Ceuta y no un ataque a la integridad territorial como él mismo dijo el pasado 31 ed julio, y desde aquí ha insistido en la necesidad de dar una respuesta "a la altura de una gran democracia como es la española".

Desde que las usara el 31 de julio, el presidente no ha vuelto a utilizar las expresiones "ataque" o "violación de la integridad territorial" para referirse a lo sucedido en Ceuta. Tampoco el real decreto que declara la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad autónoma utiliza esa definición.

El líder socialista ha corregido el relato sobre la devolución de los inmigrantes que entraron en Ceuta en el marco de una intervención en la que ha buscado agitar el miedo a la ultraderecha y se ha reivindicado como único dique de contención posible, aprovechando la victoria de AfD en Sajonia-Anhalt. "Ahora más que nunca, con gobiernos autonómicos de esta coalición ultraderechista del Partido Popular y Vox, yo creo que tenemos que ser el baluarte de la España de las libertades.

Las defendemos nosotros y nosotras o no lo va a hacer nadie”, ha advertido a sus parlamentarios. "Habréis visto que está ahora mismo toda la internacional ultraderechista europea y también al otro lado del Atlántico atacando a España. Por algo será (...). Un gobierno como el de coalición progresista que tenemos en España es hoy más necesario que nunca”, ha insistido.

“El mundo, por tanto, nos mira. Somos la vanguardia del avance frente a los reaccionarios. Somos la punta de lanza de las políticas progresistas” ha subrayado también, advirtiendo de enfrente del PSOE se encuentra "la alianza de una involución entre la derecha cada vez más ultra y una ultraderecha cada vez más crecida”. Según el líder socialista, esta alianza está "basada en tres prioridades que se resumen en recortar derechos y libertades, privatizar el Estado del bienestar y fracturar la convivencia”, y la victoria de AfD de este domingo "es un aviso" de que "la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno en Europa y en el mundo”.

Sánchez vuelto a defender la actuación del Gobierno en Ceuta y ha reiterado su intención de seguir en el gobierno más allá de 2027, hasta 2030. “Así llevamos ocho años y el año que viene otros cuatro años más”, ha dicho a sus parlamentarios para dejarles claro que "nuestro proyecto de país no acaba en 2027. Como no acabó en 2023, nuestro proyecto de país mira a 2030”. Sánchez ha lanzado su discuros y ha abandonado el acto, que ha continuado con distintas intervenciones.

Sánchez prometió el pasado jueves durante su intervención en el Congreso entregar un dossier con todos los informes elaborados por las instituciones del Estado "antes, durante y después" de la crisis de Ceuta para que la ciudadanía conozca qué información tenía realmente el Gobierno, incluida la procedente del CNI.

Fuentes de Moncloa explicaron después que la intención del Ejecutivo era desclasificar, si fuera necesario, los documentos que estuvieran protegidos en el Consejo de Ministros de este martes. El líder socialista no se ha referido a ello, pero sí se ha comprometido a "esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio" y compartirlo "con la ciudadanía con total transparencia”.

También ha reiterado que el Gobierno presentará Presupuestos Generales del Estado y que la vivienda será la "gran prioridad” del proyecto, aprovechando para cargar nuevamente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Ya sabemos que la prioridad para algunos en materia de vivienda, o para alguna, es otra: es comprarse un aticazo con 200 metros de terraza", ha atacado, al contraponer esta situación con la de los ciudadanos "que malviven a precio de oro en 30 metros”. Según Sánchez, su objetivo es que la vivienda pública esté "blindada para siempre" para que "no sea vendida".

El líder socialista ha defendido asimismo el nuevo modelo de financiación autonómica con el argumento de que aportará "más recursos para todas las comunidades autónomas", ya que será la Administración General del Estado "la que renunciará a 21.000 millones de euros". En cuanto a los incendios, ha criticado los recursos que dedican las comunidades autónomas al defender que "la UME no es un comodín del que tirar para no invertir lo que corresponde en prevención y en extinción”.

Por último, sin identificar a quién dirigía el reproche, Sánchez ha parecido aludir a la reunión de los enviados de Donald Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, el sábado con Vladímir Putin en Moscú. El líder socialista ha dicho no entender "algunas fotos que hemos visto durante este fin de semana”, sin precisar cuáles. “No hay derechos humanos de primera y de segunda. No hay víctimas que importen más que otras y no hay derecho internacional a la carta en función de si estamos hablando de Oriente Medio o del Este de Europa”, ha defendido.

Precisamente, esta idea del doble rasero en derechos humanos es una crítica que le dirigió a él antes del verano, y con mucha crudeza, el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, por mirar hacia otro lado en el Sáhara Occidental. Días antes, un ataque con drones atribuido a Marruecos había asesinado a tres miembros del Frente Polisario. Ignorando eso, Sánchez ha defendido este lunes la necesidad de aplicar la misma vara de medir siempre. "La política exterior de un país no se mide por lo cómodo que resulta defender sus principios, sino por si es capaz de defenderlos cuando hacerlo tiene un coste. Y eso se llama coherencia y nosotros no vamos a renunciar a ella”, ha reivindicado.

Con la salida del sol arrancan los primeros ruidos. Audios en árabe saliendo de algún teléfono, a poco volumen. Alguien tosiendo al otro lado de una lona. Graznidos de gaviotas que se posan en los pocos parches de arena que todavía están libres. Ya no es una playa. Es un pasillo estrecho de plástico, cañas y cartón, cuerdas tensadas entre palos, ropa tendida que nunca termina de secarse.

Dentro de cada tienda hay algo parecido a un país. En una duermen cuatro personas sobre las mismas mantas desde hace semanas. Otros, se apuntalan parcelas y hasta decoran terrazas con plantas y flores. En otra, en primera línea de playa, siete: seis argelinos y un marroquí, apretados como en un vagón de metro en hora punta. Es en esta donde Nayib Abdullah, argelino de 26 años, señala a su amigo marroquí entre las mantas, dormido, ajeno a todo. Se hicieron amigos aquí, en Ceuta, dice. Con el resto de marroquíes del campamento, la cosa cambia. Nadie pregunta demasiado de dónde viene el vecino de al lado. Tampoco hace falta: se nota en el acento, en el idioma, en quién saluda a quién y quién mira para otro lado.

Con el sol, la humedad de la noche se reduce y la vida sale fuera de las tiendas. Colas para el reparto de comida. Chavales jugando al fútbol con una pelota medio deshinchada, ajenos a todo lo demás. Grupos pequeños, casi nunca mezclados entre sí. Cada uno está con los suyos, y no se fían “ni un pelo”, dice Nayib, de los demás.

Nayib Abdullah, junto a otro amigo argelino en la playa del Trampolín. Ambos cruzaron a Ceuta nadando 12 kilómetros, equipados con neoprenos y aletas. (P. P.)

Vista desde fuera, esa línea divisoria podría confundirse con una frontera entre marroquíes y subsaharianos. No es así, o no del todo. La grieta más profunda parece correr dentro del propio Marruecos (también es el colectivo más numeroso): el norte contra el sur. Tetuán, Tánger y Castillejos, de un lado. Casablanca y Fez, del otro. En medio, los grupos de argelinos que no terminan de encajar en ninguno de los dos bandos.

A pocos metros de la de Nayib, hay una tienda del Decathlon, y entre las chabolas de cañas y plástico que la rodean parece casi un lujo. Pero huele igual de mal, incluso peor, y la comparten entre cuatro personas. Una de ellas es Hamza, nombre ficticio, que pide para proteger su identidad. Con un papel de Cruz Roja fechado el 29 de julio, asegura que llegó antes de que “ocurriera todo este desastre”. Cruzó de noche, entre las dos y las siete de la madrugada, nadando.

Chabolas improvisadas en el Trampolín. (P. P.)

Tiene 19 años y es de Tetuán, pero dice que soñaba con venir a España desde pequeño. Es militar, y enseña unas fotos de él vestido con uniforme en un cuartel. Asegura que entró al ejército buscando una salida más ordenada que el resto de su vida, pero se supo de su “orientación sexual”. No dijo nada por miedo, sobre todo a su padre, muy religioso: "Si se enteraba, sería el fin de mi vida". Se enteró igual. "Desde entonces no quiere saber nada", cuenta. En Ceuta sigue buscando una organización que le ayude en este tema, sin éxito todavía. Igual que con el nombre, prefiere que no se publiquen las imágenes de él en el ejército. Asegura haber "desertado", y volver a Marruecos le produce un "miedo terrible por las represalias". De lo que pasa en el Trampolín, Hamza tiene una teoría sencilla: hay dos tipos de personas. "Los que quieren un futuro mejor y protección, y los que solo quieren ir por ahí cometiendo actos de violencia con alcohol y sus consecuencias." Él se sitúa a sí mismo, sin dudarlo, en el primer grupo.

De nuevo en la tienda de Nayib, el argelino cuenta cómo a su amigo de Marruecos le robaron el móvil en el CETI. Fue otro grupo de marroquíes, asegura. Uno de los argelinos de la tienda lo encontró después, reventado, tirado en un retrete. Desde entonces, Nayib Abdullah tiene una cuenta pendiente: "Como vuelva ese grupo, les voy a enseñar una lección”, sentencia. No los va a matar, aclara enseguida. Pero sí piensa "reventarles". Para él, su grupo son “racionales, pero el resto son bestias”.

Hamza, de Tetuán, posa en un retrato donde no se le reconozca, para el Confidencial. (Pedro Pascual)

Historia de instagram de Nayib Abdullah, donde aparece haciendo flexiones en la Playa de Benítez. (Instagram)

Cuenta que es "boxeador", "campeón regional", "con estudios de Geografía"... Nayib cruzó el 17 de julio desde Castillejos, nadando doce kilómetros junto a un par de amigos. Lo acredita una historia en su Instagram, donde se le ve haciendo flexiones en lo que parece ser la playa de Benítez. Cuenta que pesaba 80 kilos. Ahora 70. Habla de su cuerpo como quien habla de una moneda que se ha ido devaluando. Con los subsaharianos del campamento, sudaneses, gente de Burkina Faso, de Malí, no tiene ningún problema. Con los marroquíes, "muchos".

Los de Casablanca tampoco es que sean especialmente diplomáticos con quienes vienen del norte: “Los de Castillejos, que hablan algo de español, se creen superiores, estoy harto”, cuenta Rachid, de 23 años. Su tienda está en la esquina de la playa, casi en las rocas. Se comunica a través del traductor de Google, porque solo habla árabe. Al preguntarle si ha tenido algún encontronazo últimamente, se levanta airado y muestra la oreja roja, con marcas de un golpe reciente: “Hace dos noches me quisieron robar unos argelinos. No lo consiguieron”, dice.

Un grupo de inmigrantes juega al fútbol en el Trampolín. (P. P.)

El lugar es un polvorín. Las peleas son cada vez más constantes. Ese mismo día, la tarde de ayer, unos chavales salieron corriendo detrás de otro, pero el perseguido logró zafarse. En otro punto, un rato antes, saltó la noticia de que un inmigrante había sido herido con dos puñaladas.

Los subsaharianos ya casi ni se ven en la playa. Los primeros días de la invasión habían sido ellos quienes habían tomado el Trampolín, pero progresivamente los magrebíes les han ido quitando terreno. Hoy quedan pocos. Hamidou, 24 años, es uno de ellos. Original de Burkina Faso, espera poder acceder pronto a un campamento. Conoce gente de su país que ya está en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), pero por razones que no llega a saber explicar, sigue en la playa. Él opina lo mismo: “Cada día el ambiente es peor, más peleas”.

Ibrahim tiene 30 años y es el mayor de sus hermanos. Ha venido desde Tánger y habla bien español. Los primeros días tras su entrada a nado en España los recuerda cómodos: “Nos fuimos lejos, a las playas de San Amaro”, en los alrededores del monte Hacho. Explica que ahí podía dormir tranquilamente, y que no le molestaban. Pero el ejército los echó. “Desde esas playas es desde donde se cogen las pateras para ir a la península, por eso no podíamos quedarnos”, contextualiza. Confiesa que vivió una temporada en Bilbao, con un permiso de residencia, pero que cuando se le acabó tuvo que volver a Marruecos. “En esta maldita playa (el Trampolín) no se puede dormir, te despiertan con peleas a las dos de la mañana, a las tres, a las cuatro… Es imposible estar tranquilo”, dice. Aun con todo, ninguno de ellos tiene en sus planes regresar por donde ha venido, por la frontera del Tarajal.

En segundo lugar se sitúa, con un 17,2% de las papeletas, la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU), que ha visto su apoyo reducirse a menos de la mitad del 37,1% que le había dado la victoria en 2021 (19,9 puntos menos). Con estos datos, tendrá 15 representantes.

En un tercer escalón se encuentran el histórico Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Los Verdes y La Izquierda (9,3%, 8,9% y 8,6%, respectivamente; 8 escaños cada uno), mientras que en última instancia entrará al parlamento de Sajonia-Anhalt la Alianza Sahra Wagenknecht, que ha superado por tres décimas el mínimo del 5% del voto necesario para obtener representación.

La estimación sitúa a Die Linke como tercera fuerza, con el 9,5%, por delante de Los Verdes, que rondan el 9%, y del SPD, que queda cerca del 8%. El partido BSW, de la 'rojiparda' Sahra Wagenknecht, aparece justo en el límite de la representación, con entre el 4,5% y el 5%, mientras que el FDP se hunde hasta el 2% y quedará fuera del Parlamento. En Sajonia-Anhalt, como en el resto de elecciones regionales alemanas, los partidos que no superan el 5% quedan excluidos del reparto ordinario de escaños. .

Pero esa salida, aunque exista sobre el papel, llevaría el cordón sanitario que se ha aplicado durante años a AfD hasta el límite del ridículo. La CDU tendría que encabezar, o al menos facilitar, un gobierno con tres —potencialmente cuatro— partidos de izquierda, incluyendo algún tipo de entendimiento con Die Linke, una formación con la que los democristianos han evitado gobernar por su origen en la izquierda poscomunista. La alternativa podría depender también de BSW si finalmente supera la barrera del 5%.

Ni la desgastada CDU ni el resto de partidos parecen tener apetito para construir el Ejecutivo más 'Frankenstein' de la historia de la democracia alemana. En sus declaraciones tras reconocer la derrota, Schulze, el líder regional democristiano, pidió no hablar de un “día negro” para el land. “Yo digo: esto es democracia”, afirmó. El ministro-presidente también señaló que la elevada participación muestra que los ciudadanos han querido enviar un mensaje que los partidos deberán escuchar: “El pueblo ha expresado su opinión”, sentenció. Tras tantos años cercada por el Brandmauer, la AfD ha logrado un resultado que, en esencia, la convierte en inevitable.

El resultado supone la mejor marca lograda nunca por la formación en unas elecciones regionales alemanas. Hasta ahora, su techo estaba en Turingia, donde alcanzó el 32,8% en 2024. En Sajonia-Anhalt, la candidatura de Siegmund supera ampliamente ese registro y convierte al land en el principal escaparate territorial de la AfD. El partido ya era segunda fuerza en el land, desde 2021 con el 20,8% de los votos. Cinco años después, el resultado ha sido más que duplicado.

Se trata de un salto de dimensiones históricas. Según el portal especializado Europe Elects, sería el mayor avance logrado por un partido en unas elecciones alemanas desde la Segunda Guerra Mundial. El avance de la formación se explica, ante todo, por la movilización de antiguos abstencionistas. De acuerdo con los datos provisionales proporcionados por la cadena pública ARD, AfD habría captado 157.000 votos de personas que no habían participado en las elecciones anteriores, muy por encima de los 83.000 procedentes de la CDU. También sumó apoyos desde el FDP, con 19.000 votantes; Die Linke, con 11.000; el SPD, con 7.000; y Los Verdes, con 2.000. En total, votó alrededor del 78% del censo, récord para la región y muy por encima del 60,3% registrado en las regionales de 2021.

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"Hemos hecho historia, hay que decirlo claramente”, declaró Siegmund a ARD. Sobre la posibilidad de negociar con otros partidos, pese a que la mayoría había descartado antes de las elecciones colaborar con AfD, Siegmund aseguró que su formación está abierta a cooperar, pero solo bajo sus condiciones: “No vamos a renunciar a nuestras posiciones básicas por estar en el poder”.

Franziska Hoppermann, secretaria general de la CDU, admitió el alcance del golpe para los democristianos. En declaraciones a la prensa, habló de una derrota en conjunto para su partido y la vinculó no solo a la campaña de Schulze, sino a una crisis más amplia de las fuerzas que han gobernado Sajonia-Anhalt desde la reunificación. Hoppermann descartó, en todo caso, abrir un debate sobre el futuro de Friedrich Merz al frente de la CDU y del Gobierno federal.

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El resultado, no obstante, aumenta drásticamente la presión política a la que ya se ve sometido el canciller. Una encuesta reciente en la región revelaba que solo un 9% de los ciudadanos se mostraba satisfecho con el Ejecutivo alemán. Siegmund, en una ocasión, calificó a Merz como “un muy buen jefe de campaña para AfD”.

Martínez Sola ha apuntado al expresidente socialista como el enlace de la compañía aérea en el Gobierno. La situación privilegiada de Zapatero era esencial para la empresa que atravesaba una importante crisis, por lo que se accedió a pagar el 1% del rescate de 53 millones concedido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, el investigado ha reconocido ante el juez que la ayuda concedida por el Gobierno estuvo condicionada por el pago de mordidas ilegales desde el inicio. El acuerdo fue pagar más de 500.000 euros a través de la mercantil Análisis Relevante con el convencimiento de que parte de estos fondos irían destinados al exlíder del PSOE. El directivo ha aclarado, no obstante, que no hizo un seguimiento de las gestiones dirigidas presuntamente por el exlíder socialista.

El juez Calama rechaza el intento de Zapatero de tumbar el caso Plus Ultra

La comisión acordada con los investigados era un pago a "éxito". El objetivo era conseguir el rescate por todas las vías posibles, ya que la empresa se encontraba en una "situación límite". Martínez Sola ha señalado que pese a dar por hecho que Zapatero intermedió a favor de la compañía ante el Ejecutivo, lo que ha denominado como "labores de acompañamiento", nunca conoció el acuerdo alcanzado entre Julio Martínez Martínez y el expresidente.

Lo que sí ha podido concretar ante el juez son los términos en los que se produjo la llamada telefónica del 30 de abril de 2020 con José Luis Rodríguez Zapatero. Según su versión, fue el exmandatario quién contactó con él. Tras exponerle la difícil situación que atravesaba Plus Ultra, Zapatero manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas.

Fue entonces cuando Zapatero nombró a su amigo Julio Martínez Martínez como la persona que se encargaría de ponerse en contacto con ellos. El empresario fue quién gestionó y acordó los detalles de la operación.

La relación de Plus Ultra con Martínez Martínez se prolongó en el tiempo. La compañía recurrió al empresario tiempo después para que intermediara a su favor en distintos negocios en Venezuela, por lo que se acordaron distintos pagos ajenos al rescate del Gobierno.

'Julito' se convirtió en un importante activo para abrirse el camino en el país latinoamericano. Gracias a su intervención, el expresidente de Plus Ultra tuvo la oportunidad de conocer a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Durante el interrogatorio, que se ha extendido durante más de dos horas y media, también ha salido a la palestra el nombre del exalto cargo de la SEPI, José Ángel Partearroyo Martín. El expresidente de Plus Ultra ha reconocido ante el juez que mantuvo algún contacto puntual por WhatsApp con exdirector de Participadas de la SEPI, aunque ha insistido que delegó este encargo a su equipo jurídico.

La fiscal Elena Llorente ha sido más exhaustiva en su interrogatorio y ha puesto sobre la mesa los vuelos a China para la recogida de material sanitario. Además, se ha interesado por la existencia de discrepancias en algunos de los contratos que también se investigan en Suiza.

Este martes, será el turno del exCEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, que también confirmó en un escrito remitido ante el juzgado el pago de comisiones ilegales. El directivo mantuvo una versión similar a la de Julio Martínez Sola y apuntó a Zapatero por su supuesta intervención en el rescate.