La madre de Lucía accede a que El Confidencial fotografíe a la pequeña. “Habla con ella, te lo cuenta sin problemas”. La niña está seria, concentrada, en un lateral de la Gran Vía, cerca del Hotel Ceuta, cuando la cabecera de la manifestación contra la “invasión” del pasado mes de julio está pasando delante de ella.

Ceuta se echó a la calle, como en otras partes de España, ya desde las 19 horas. A esa hora, las Murallas Reales empezaban a llenarse en una tarde cálida, muy húmeda. Cuando el presidente Juan Jesús Vivas se incorporó a la manifestación, empezaron los cánticos con mucha más fuerza: “¡Ceuta no se vende, Ceuta no se rinde!”.

El acto se convirtió en una reivindicación de la figura de Vivas, que no paraba de saludar y de apoyar las consignas a favor de su ciudad. “Esto podría ser el comienzo de la recuperación, esta fuerza es imparable. Nos están diciendo que no estamos solos”, señaló Vivas el Día de la Comunidad Autónoma de Ceuta.

Los profesores de Ceuta temen al inicio de las clases: "Que toda España nos ayude: estamos abandonados"

Diego Fernández, que ha tenido la representación en Ceuta de varias empresas de la Península y de unos 60 años, llega rápido a las Murallas Reales, acompañado de su mujer. “La ciudad no tiene mañana y es un sindiós”. “Todo es una improvisación y se hacen las cosas sobre la marcha. No hay nada planeado ni organizado. Lo único que están haciendo es tapar boquetes [agujeros]”, explica a El Confidencial.

Y añade: “¿Cuánta gente hay realmente en la ciudad de los que entraron en julio por la frontera? Si las propias autoridades no son capaces de reconocer la gravedad del problema, difícilmente vamos a tener una solución”.

Mari Carmen González Gordillo está situada junto a la gasolinera de las Murallas Reales. Tiene “muchos años” (67, puntualiza). Se acaba de jubilar de profesora de Geografía e Historia. Denuncia la “gran humillación y el abandono” del Gobierno. “Al menos los medios de comunicación ya no decís crisis migratoria y decís invasión orquestada por Marruecos. Hay que hacer una frontera fuerte y dejar actuar a las fuerzas del orden”.

Mari Carmen González Gordillo durante la manifestación en Ceuta. (Agustín Rivera)

El ruido de las bocinas y silbatos apenas deja oír lo que dicen los manifestantes. Marian Sánchez, de 57 años, es musulmana y está acompañada de sus tres hijos, que lloran de emoción. “Hacía falta estar aquí. No puede ser que el Gobierno nos haya abandonado. Se tiene que ver lo que valen los españoles de Ceuta. Esto es muy grande. En esta ciudad conviven todas las religiones. Tengo amigos hebreos, hindúes, gitanos… de todo”.

Marian Sánchez con su pancarta durante la jornada de protestas en la ciudad autónoma. (Agustín Rivera)

Lo que dice Marian es así. Porta una pancarta que dice: “Distintos credos, una misma España”. La camisa que lleva es negra y dice: “Soy española”. Gritos de “Yo soy español, español” son de los más cantados cuando queda poco para que acabe la manifestación y los fotógrafos consiguen captar la icónica imagen de la Casa Trujillo, en el inicio del Paseo del Revellín.

Manifestantes delante de Casa Trujillo, en Ceuta. (Agustín Rivera)

"Esto es horrible, de película de miedo. Vamos a aguantar"

Laura García, portavoz del sindicato policial Jupol, que lleva tatuadas en sus brazos las palabras “lealtad” y “coraje”, dice con ganas: “¡Marlaska, dimisión!”. Otros animan a que el rey viaje a Ceuta: “¡Felipe VI, te esperamos!”. Y los más numerosos son los que no paran de exclamar: “Un caballa nunca se rinde”. Pablo, de 35, es odontólogo y Celia, de 33 años, es auditora. Están esperando un bebé. Él le toca a ella, con cariño, la barriga. Son ceutíes y no se van a ir. “Esto es horrible, de película de miedo. Vamos a aguantar. No podemos dejar esto vendido”.

Celia y Pablo durante la movilización en Ceuta. (Agustín Rivera)

María Albarracín, de 26 años, es farmacéutica y tampoco quiere marcharse. “¿La solución? Que se vayan los que vinieron en julio”. Los testimonios se suceden. La gente quiere hablar, expresarse, que España sepa cómo se vive en Ceuta. Lidia Serrano, 43 años, está en el paro y ha trabajado de administrativa. “Esto es insoportable e insostenible. Tengo una mezcla de tranquilidad e incertidumbre. No sé por dónde puede salir la cosa”.

María Albarracín, otra de las asistentes a la multitudinaria manifestación de Ceuta. (Agustín Rivera)

En la Plaza de África hay muchos vivas para Vivas. Tampoco cesan los improperios contra Pedro Sánchez. Suena el himno de España (“Lo, lo, lo”), luego el de Ceuta y por último El Novio de la Muerte, que también se considera el himno oficioso de la ciudad por la especial vinculación ceutí con La Legión. “Y ahora vamos a ir a la sede de la Delegación del Gobierno”, proclama un portavoz de la Asociación de Vecinos.

El contraste salta a la vista: mientras que la nota que los encuestados otorgan a la labor del Gobierno de Ceuta, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército en este último mes es un aprobado, la gestión del Gobierno en su conjunto y de los cuatro ministerios afectados cosecha un suspenso general. El departamento peor valorado es Interior, a pesar de que todavía no se conocía la última polémica sobre los informes policiales que advirtieron de la participación de Marruecos en el asalto. Quien cosecha la mejor nota, aunque sigue suspendiendo, es Margarita Robles. En medio, Sanidad y Asuntos Exteriores.

Otro dato relevante tiene que ver, precisamente, con la información que ha distribuido el Gobierno. El 78% de los ciudadanos consultados considera que el Ejecutivo no ha informado con transparencia, un dato que crece hasta el 85% entre los votantes que se autodefinen de centro. Es más, la mitad de quienes se sitúan a sí mismos en la extrema izquierda considera que no se ha contado toda la verdad.

Otro dato relevante que arroja la encuesta está en la pregunta sobre si creen que el asalto a Ceuta se puede producir otra vez. Una inmensa mayoría del 85% cree que volverá a suceder en los próximos meses, frente a un exiguo 11% que considera que no. En el caso de los votantes que reconocen haber votado al PP el porcentaje sube hasta el 96%.

El informe policial incluye las fotos de presuntos agentes marroquíes guiando la entrada masiva en Ceuta

Similar es el porcentaje de ciudadanos que considera que el Gobierno ha sido "demasiado indulgente" (83%) con Marruecos durante el mes de agosto, mientras que sólo el 0,1% entiende que ha sido firme. Si se observan los votantes del PSOE, son dos de cada tres (65%) los que entienden que el Ejecutivo ha sido demasiado permisivo. Esta consideración es transversal por partidos en los 27 segmentos analizados en la encuesta, desde edad, renta, procedencia a tendencia ideológica y de voto, etc.

En este sentido, los ciudadanos consultados diferencian con claridad la gestión que ha realizado el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a quien respalda un 67% de los encuestados; y la del presidente del Gobierno, a quien solo apoya uno de cada cinco españoles (20%). Si se observan los votantes de centro, la diferencia es aún mayor (72,4% frente a 12%). Hay una pregunta relacionada: ¿Debería haber vuelto antes de vacaciones Pedro Sánchez? El 78,5% cree que sí, 52,5% en el caso de los votantes socialistas.

Otro asunto planteado en la encuesta tiene que ver con las herramientas de que dispone el Estado para afrontar el fenómeno migratorio. La conclusión es, de nuevo, contundente: la mayoría de los españoles quiere endurecer las políticas: el 68% es partidario de facilitar las expulsiones, el 65,6% de reforzar militarmente la frontera, el 63,1% de endurecer los requisitos para obtener la nacionalidad y el 60,4% del ser más ágiles en el rechazo en frontera, las llamadas devoluciones en caliente. En cambio, cuando se plantea la posibilidad de vincular la inmigración a conceptos como el empleo o la integración, el apoyo desciende al 42% y al 21,9% respectivamente.

Todos estos datos permiten al PP concluir que "la demanda de firmeza no es cuestión de extremismos", sino que "es mayor entre los votantes de centro". Según esta tesis, el PSOE está perdiendo posiciones en un asunto que consideran principal, como es la gestión de la inmigración. En este sentido, ante la pregunta de qué formación política está capacitada para gestionar esta crisis, los encuestados señalan al PP, con un 35,6%; Vox, con un 26,6%; al Gobierno, con 25,9%; y, por último, a Sumar y Podemos, que juntos no alcanzan el 4%. De nuevo, la diferencia más grande está en los votantes de centro.

Pero incluso esa conclusión ya no permite librar de responsabilidad a Marruecos, puesto que, como mínimo, las autoridades marroquíes habrían incurrido en dejación de funciones al no detectar esa actividad dentro de sus propias filas. Esta idea ya la plantearon, antes de conocer el informe, todos los socios parlamentarios del PSOE durante la ronda de comparecencias de los ministros.

El informe policial puede provocar, además, complicaciones dentro de una coalición en la que, como adelantó El Confidencial, una parte de IU ya se ha planteado si es conveniente romper con el PSOE para no seguir desangrándose electoralmente. Este miércoles, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, planteó dos posibles dimisiones: la del director general de la Policía, Francisco Pardo, si se confirma que la Policía fue desleal con Interior, o la del propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si conocía esa información y no la transmitió.

Son palabras mayores dentro de una coalición, pero el contenido del informe policial abre la incógnita de si el Gobierno ha estado gestionando la crisis de Ceuta sin conocer información relevante que obraba en poder de la Policía o si la conocía pero prefirió ignorarla.

El informe policial complica la defensa de Marruecos que Sánchez preparaba para el Congreso

Este jueves, con motivo del Día de Ceuta, Pedro Sánchez difundió un vídeo en sus redes sociales en el que aseguró que "me hago cargo de que, para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupere la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente", pero no pidió disculpas, ni reconoció errores concretos. Tampoco modificó su posición sobre Marruecos tras el informe policial.

En todo caso, es muy difícil que el jefe del Gobierno pueda seguir manteniendo al pie de la letra varias de las afirmaciones clave que realizó hace solo tres días, en sus primeras declaraciones públicas sobre Ceuta desde el 31 de agosto. Y es que este mismo lunes no solo negó "la mayor" respecto a una posible participación de las autoridades marroquíes en el asalto, sino que advirtió que señalar a Rabat era peligroso.

"El Gobierno de España tiene que actuar sobre datos, sobre hechos ciertos, porque se vierten determinadas acusaciones que me parece que son muy graves, peligrosas", censuró durante su entrevista en la SER. "Esta crisis solamente se va a poder resolver con la cooperación", avisó, porque "la falta de confianza en Marruecos, lo que haría sería agravar aún más una situación compleja".

El jefe del Ejecutivo aseguró que "no hay ninguna información por parte ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia" que "alumbre alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes". "Niego la mayor precisamente porque no tengo esa información", añadió.

Además de negar la participación de Marruecos, el presidente del Gobierno alabó su comportamiento y destacó que la cooperación con sus autoridades "es francamente positiva", además de "instantánea" e "inmediata". Sánchez fue así de rotundo pese a que, al mismo tiempo, reconocía que aún no tenía un conocimiento exacto de lo sucedido. "Desgraciadamente no lo tenemos, seguimos investigando en ello", admitió.

Sánchez sale aún más debilitado de su entrevista: eleva el malestar de sus socios y en su bancada

Desde el inicio de la crisis, el líder socialista ha intentado exculpar a Rabat, aunque esta posición ha ido a más con el avance del mes, pese a que los testimonios e indicios se iban acumulando en sentido contrario. Así, el día 31 desde Ceuta –cuando definió el asalto a la frontera como un ataque y una violación de la integridad territorial de España– sacó a Marruecos del escenario de culpables, le denominó "país aliado" y le llegó incluso a dar las gracias: "Agradezco esa voluntad para que se materialicen cuanto antes esas repatriaciones".

El informe policial remitido a la Audiencia Nacional deja también en una posición comprometida a varios de los ministros implicados en la crisis, aunque en distinto grado. De todos ellos, los que salen peor parados son el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por ser los que más lejos llevaron la directriz de exculpar a Rabat.

Y es que este mismo martes, horas antes de filtrarse el informe policial, Saiz defendía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "no existe ninguna evidencia, ningún informe, ningún indicio de que Marruecos participara en lo que aconteció". Además, cargó contra el PP precisamente por señalar a Rabat, al que acusó de haber "abandonado totalmente la responsabilidad institucional" y haber "dejado de ser un partido de Estado" para ejercer "una tremenda irresponsabilidad" consistente en alimentar "los bulos y la desinformación en relación a Marruecos".

Sánchez defiende a Marruecos pese a admitir que no conoce todo el origen de la crisis

La portavoz seguía la estela de Sánchez, que había sido anticipada por Bolaños en su comparecencia del jueves. "No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad", reiteró varias veces en el Congreso.

"Esto de lanzar insidias, sospechas sobre un gobierno de un país vecino con el que hay que cooperar y con el que hay que tener buenas relaciones de vecindad (...) no es un buen camino. Necesitan ustedes un curso acelerado de diplomacia básica porque están ustedes faltando el respeto sin ninguna prueba a Marruecos", añadió después.

Durante esa comparecencia, Bolaños reprochó a prácticamente todos los portavoces, salvo al socialista, haber hecho afirmaciones muy graves sobre Marruecos sin pruebas. "Hacer demagogia contra Marruecos (...) no es la mejor manera de que podamos contribuir a tener una relación de buena amistad, de buena vecindad", añadió, llegando a instar a la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, a que rectificara o matizara sus palabras. "Ha protagonizado usted en su discurso una serie de insinuaciones y de ataques al Reino de Marruecos sobre la base de bulos y de afirmaciones que no tienen ninguna prueba, que le ruego que rectifique o matice", le espetó.

El mando único que no es único: Torres da la cara y Marlaska conserva el poder

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por su parte, fue el que introdujo la teoría de la "internacional reaccionaria" que habría actuado en la crisis de Ceuta para desestabilizar a España y a la UE. También fue el más duro a la hora de atacar a los portavoces por señalar a Marruecos. "Algunos de ustedes han hecho apreciaciones no solamente falsas, sino muy frívolas", cargó, después de que todos sus socios cuestionaran su defensa cerrada de Rabat. "Algunos de ustedes están pensando rastreramente en sus intereses electorales", añadió, lanzando varias advertencias. "Marruecos es un país necesario para gestionar la frontera con Ceuta y Melilla, para cogestionar esa frontera".

En cuanto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el ojo del huracán por el contenido del informe policial como se explicaba al principio, calificó de "fundamental" la labor de contención de la inmigración irregular realizada por Marruecos. Además, lo definió como "socio leal". "Quisiera, sin duda alguna, destacar expresamente la colaboración con Marruecos, sostenida y eficaz a lo largo de los años y que volvió a evidenciarse en la respuesta a los acontecimientos del 30 de julio", añadió.

No obstante, el titular de Interior fue mucho más prudente que Bolaños y Albares. Grande-Marlaska evitó hacer una exculpación completa de Marruecos dejando la puerta abierta a que puedan añadirse otras causas además de las mafias y las redes sociales durante la investigación. Así, el ministro especificó que las causas del asalto a la frontera de Ceuta son "plurales" y no excluyó "ninguna", ni tampoco "qué papel puede tener cualquiera".

Crece la presión para que el Gobierno enseñe los informes del CNI sobre Ceuta

No obstante, la más cauta de todos ellos fue la ministra de Defensa, Margarita Robles. La exmagistrada apoyó su comparecencia en el informe del Estado Mayor de la Defensa y expuso que la crisis "se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos".

Aunque esta definición apunta a una movilización espontánea, Robles evitó pronunciarse sobre el posible papel de las autoridades marroquíes. "No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho", subrayó. Al hablar de la colaboración con Rabat, la ministra de Defensa planteó una reivindicación más que un halago. "España y Marruecos, como países que comparten frontera, deben continuar trabajando conjuntamente y sin regatear medios ni esfuerzos para atajar la inmigración irregular", puso sobre la mesa.

Ya el lunes la exculpación de Marruecos que Pedro Sánchez hizo en la SER no resultó creíble ni convenció a sus socios. Incluso generó decepción dentro de las propias filas socialistas, donde varios diputados admitían que habían esperado que pidiera algún tipo de perdón para cambiar el discurso público. Pero la filtración a El Español del informe policial remitido a la Audiencia Nacional amenaza con caducar los pilares del relato que el Gobierno ha intentado imponer a la vuelta de sus vacaciones.

Aquello fue, en toda regla, un golpe bajo. Nos podría dar pena si no fuera porque Starmer hizo exactamente lo mismo, cinco años atrás, cuando era líder de la oposición, durante la retirada de tropas en Afganistán. Rebosante de dignidad, le reprochó a Boris Johnson que, mientras los talibanes llegaban a Kabul, su respuesta fuera "irse de vacaciones". "No se puede coordinar una respuesta internacional desde la playa", añadió, aleccionando a Johnson, y a sí mismo, en el futuro.

En España somos expertos en vacaciones: no en vano, parte de nuestra economía depende de las de gente como el premier Starmer. También somos, igual que en UK, justicieros con ellas. Las nuestras nos parecen siempre merecidas; las de los demás, sospechosas, sobre todo si lo son de un cargo de responsabilidad.

En sus declaraciones a Aimar Bretos en la Cadena SER, Pedro Sánchez defendió su derecho a descansar. "He trabajado y he descansado", dijo, refiriéndose a sus vacaciones, antes de asegurar que un presidente "no desconecta". Sus 27 días de descanso han sido los más largos para un presidente desde Felipe González; sin embargo, si atendemos a las medias, ha veraneado más Aznar (23,6 días, según recuenta Electodatos) que el propio Sánchez, por lo que esperamos que este diálogo entre extremos sirva para evitar el moralismo británico: las vacaciones, per se, no son malas. No podemos seguir con la cultura de calentar la silla hasta en Moncloa.

Sánchez es creativo en sus soluciones, no en sus necesidades

La afirmación de "he trabajado y he descansado" también es perfectamente creíble en el caso de Sánchez. Los cinco días de reflexión que se dio el presidente en 2024 (¿vacaciones, serían?) coinciden con el punto de inflexión que el juez Pedraz identifica en las conocidas como cloacas del PSOE, todavía presuntas, con los nombres de Leire Díez y Santos Cerdán sobre la mesa. No nos cabe duda de que en La Mareta se han hecho más cosas además de tomar el sol.

¿El qué? He ahí el misterio. Bajo una apariencia de legitimidad, cualquier cosa es posible: no nos va a sorprender a estas alturas el pelaje del animal. Sánchez es creativo en sus soluciones, no en sus necesidades. Son sus motivos ocultos tras este escudarse en sus vacaciones y en la colaboración con Marruecos —y en la falta de informes concluyentes del CNI, en las intenciones de Rusia e Israel, la ultraderecha internacional, etc— los que nos ponen los pelos de punta. Porque la inacción del último mes es, por activa y pasiva, un desastre que escapa a toda lógica con los datos que tenemos. Ni siquiera se explica desde la ineptitud.

Durante el año pasado, Sánchez interrumpió sus vacaciones tres veces, todas por incendios. El 17 de agosto fue a Orense y León, el 19 a Cáceres y Zamora y el 22 de agosto a Asturias. No hay que subestimar el efecto destructor de estos sucesos ni la pertinencia de la visita del presidente. De entre todas las conjeturas, la más sanchista es también la que mejor lo explica: Sánchez no es rehén del fuego. Declarar emergencias climáticas no le supone un peaje. Defender la soberanía del país que gobierna, sí. Bastó con tocar tierra esos 105 minutos en Ceuta, el 31 de julio, decir que aquello era "una violación de la integridad territorial de España" —expresión que no le hemos escuchado más desde aquel día— y poner rumbo a la vacación en Lanzarote.

A principios de este verano, Keir Starmer dimitió. No fue por la tontería de las vacaciones de Valencia. Lo hizo porque su partido (el Laborista, equivalente del PSOE) no lo consideraba el mejor candidato posible para las futuras elecciones, preocupados sus diputados y ministros por el imparable ascenso del populista de derechas Nigel Farage y su Reform UK. Ahora veranea ya, por fin, sin que nadie le lea la cartilla. Igual que Boris.

Casi uno de cada tres estudiantes no consigue matricularse en su primera opción, según datos de la Fundación CYD. Las familias deben hacer cada vez más malabares para que sus hijos consigan plaza en una universidad pública. Entre los estudiantes que no sacan nota, los que pueden permitírselo acuden a la privada. Desde 1991 se han creado 14 universidades públicas y 42 privadas en España, según datos de la misma organización. Otros asisten en otra ciudad, lo que también supone un sobrecoste por el alojamiento; hay quien descarta su preferencia o ingresa en un grado medio. Otra parte opta por repetir la PAU; es la generación en el limbo.

Fue el caso de Cristina, una malagueña de 20 años, quien, tras acabar el Bachillerato tecnológico en 2024, pretendía cursar Arquitectura en su ciudad, pero no sacó nota: "Como me fue regular, decidí repetir selectividad al año siguiente", recuerda. Arquitectura estaba en un 10,5 y sacó un 9,9. Aprovechó ese año para prepararse y sacarse el carné de conducir. Al repetir la prueba, le salió "bastante mejor". Sacó un 10,5, pero las notas de corte volvieron a subir, y para Arquitectura pedían un 10,7. Tampoco le daba. Esta vez, sin embargo, baraja más opciones y eligió Ingeniería en Diseño Industrial, carrera que cursa actualmente y que le gusta "bastante". Cree que antes de elegir falta información sobre opciones y "posibles salidas".

Pese a que nueve de cada diez alumnos de Bachillerato que se presentan a la Prueba de Acceso a la Universidad o PAU (el 89,98% en 2025) aprueban, las notas de corte cada vez más altas y un mayor número de universitarios han convertido el acceso a la universidad pública en una competición. En especial en grados como Medicina (10 solicitudes por cada plaza ofertada) y Veterinaria (7 por plaza), así como Enfermería e Informática.

Estudiantes al inicio del exámen para las plazas de Médico Interino residente (MIR). (EFE/Víctor Lerena)

Es el caso de Julio, un informático de 29 años, que emprendió un periplo de dos años desde que terminó el Bachillerato, en 2015. Tras repetir la selectividad en 2017 y pasar por una universidad privada en Sevilla y otra pública en Valladolid, finalmente logró la nota necesaria ese mismo año para acceder a Informática en su municipio.

O de María, de 26 años, que tuvo que repetir la selectividad para entrar en Psicología en su ciudad. Hizo un año de logopedia mientras preparaba dos asignaturas "y fíjate, ahora me dedico a Recursos Humanos". Dos de cada tres universitarios españoles estudian en su propia provincia. En el curso 2023-2024, el 68% de los 1.153.985 estudiantes de grado matriculados en universidades presenciales cursaba la carrera en la misma provincia en la que residía su familia. Solo un 32% se matriculó en otra.

Por qué la nota de corte ya no obsesiona a los estudiantes tanto como antes

"Cuando un alumno no logra entrar en la carrera que busca, muchos optan por cursar un Grado Superior mientras preparan la PAU en paralelo", explica Alberto Torrejón, jefe de estudios de Academia M25. "Así que pueden centrar sus esfuerzos en preparar las dos asignaturas de la fase específica mientras la nota del Grado Superior cubre la fase general", explica a este periódico. "Lo que solemos transmitir es que hay muchas personas en su misma situación y con constancia se acaba consiguiendo el objetivo".

"Lo que hemos notado es que cada vez hay una mayor proactividad a la hora de crear un plan de matrículas: todos los estudiantes tienen un plan A, B y C, que puede ser la misma carrera en diferentes universidades; en la misma ciudad o una segunda ciudad, o como hacemos nosotros, cada vez más, los que apuestan por esas carreras en diferentes países", explica José Abedín, fundador de Educoway, una agencia que orienta a los estudiantes para cursar estudios universitarios en el extranjero.

Abedín explica que hay más de 30.000 carreras en inglés en Europa. En algunos casos, con matrícula gratuita o costes muy bajos, como en Dinamarca, Suecia, Finlandia, Bélgica u Holanda. Explica que hasta la agencia llegan, en especial, estudiantes de ingeniería, de negocios, de informática o de ingeniería aeroespacial. Pero para irse fuera, "es importantísimo hacerlo con antelación, porque en algunas universidades el plazo de matrícula abre en octubre del año anterior y porque hacen falta meses para el servicio de alojamiento". Por lo que dice, las familias que lo tienen claro contactan con ellos en Bachillerato.

Las notas de corte para acceder a estudios universitarios en España se fijan en función de la competencia por un título —cuántos quieren estudiarlo— sin tener en cuenta otros factores como la demanda laboral, "lo que conduce a dos problemas", sostiene Ismael Sanz, director de Educación del centro de investigación económica y social Funcas y exdirector del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2012-2015).

Por un lado, "provoca que la igualdad de oportunidades no sea real", explica en conversaciones con El Confidencial. Porque las personas de un mayor nivel socioeconómico tienen la posibilidad de que, si su hijo no saca nota, vaya a una universidad privada. Por otro lado, hace que se oferten menos plazas de profesiones muy demandadas y viceversa. Es decir, "que se generen demasiadas plazas en carreras que luego no tienen inserción laboral", agrega.

Sanz menciona el caso de la carrera de Matemáticas, que cada vez más empresas reclaman: "Habría margen para abrir muchas más plazas de las que se han abierto". Pero "al final, cuentas con un determinado número de docentes, de aulas y unos campus prefijados", continúa Sanz, y "eso te determina las plazas, en buena medida".

En España, la nota de corte se establece en función de la nota de la última persona en entrar en un título. "Por ejemplo, si hay 300 plazas en una universidad para enfermería, la nota de corte es la nota de la persona 300 que entra", puntualiza Sanz, y no en función de las necesidades. "Desde hace años venimos reclamando un incremento progresivo de las plazas de Grado, que posibilitará, además, ir acabando a medio y largo plazo con el déficit estructural de profesionales que sufre nuestro país", cuestionan desde el Sindicato de Enfermería SATSE. Harían falta al menos 100.000 enfermeras más para que España alcance la ratio media de la UE.

Es la paradoja: en España hay una tasa de paro del 9,87%, según datos del segundo trimestre de 2026. Sin embargo, una de cada tres empresas españolas (35%) no encuentra personal con la formación adecuada, según la encuesta Enterprise Surveys de mayo de 2025 del Banco Mundial.

Existe "la necesidad de incorporar mecanismos para ajustar de forma más rápida la oferta de plazas universitarias públicas presenciales a la demanda. Por ejemplo, teniendo en cuenta las oportunidades laborales de las titulaciones", afirma Sanz, junto a Aitor Lacuesta, del Banco de España, y los profesores Marta Martínez-Matute y Jorge Sainz, en el artículo 'Desajustes entre demanda y oferta de titulaciones en las universidades públicas presenciales', publicado en 2024 por Funcas.

Los autores sostienen que habría que potenciar "la evaluación de calidad ex post" de los programas educativos —una vez finalizados—, permitiendo un ajuste más eficiente de la oferta académica y "alinear mejor la formación con las necesidades del mercado laboral". Como una posibilidad para mitigar el desequilibrio, Sanz sugiere que, en la financiación que reciben las universidades públicas —en la que actualmente influyen la investigación y su calidad—, se considere el salario posterior de los egresados. Porque actualmente existe el aspecto de la nota de corte "como un elemento de reputación" y los centros "no tienen tanto incentivo para aumentar el número de plazas de un título, porque va a bajar la nota de corte", explica.

"Los requisitos para acceder a la universidad son muy diferentes en los países europeos, basados más en el tipo de estudios que se van a realizar", especifica Abedín. En Francia no existe un examen general tipo PAU sino que los estudiantes realizan una prueba nacional al final del Bachillerato (el baccalauréat o bac) para obtener su diploma y acceder a la universidad. Y cada centro educativo evalúa los perfiles de los alumnos a través de una plataforma nacional de acceso llamada Parcoursup. Sin embargo, es cada vez más difícil el acceso a determinadas carreras. Así, al finalizar el proceso de solicitudes en julio de 2025, más de 103.000 de los 868.000 aspirantes no habían recibido ninguna oferta de admisión, según reveló Le Monde.

Los candidatos franceses indican sus preferencias y las instituciones revisan los expedientes y clasifican a los solicitantes. Aunque se trata de universidades consideradas "no selectivas", si las solicitudes superan la capacidad, una comisión clasifica a los candidatos según ciertos criterios. Estos incluyen cuotas para estudiantes becados y la prioridad por la zona geográfica correspondiente.

Desde el 1 de julio de 2026, los estudiantes franceses que no hayan recibido ninguna oferta pueden solicitar ayuda a la CAES, una comisión académica dirigida por el rectorado que busca una plaza "lo más cercana posible" al proyecto y perfil del estudiante según las plazas disponibles. En la práctica, esto puede implicar aceptar una carrera menos preferida, estudiar en otra ciudad, elegir una opción no universitaria o abandonar Parcoursup para trabajar, realizar un servicio cívico o matricularse en una universidad privada. La demanda es especialmente alta en las titulaciones sanitarias. Miles se las ingenian para estudiar fuera, en España o Rumanía, donde se ha multiplicado la oferta de titulaciones en francés.

En otros países como Alemania, un examen final al término de 12 o 13 años de escolaridad (Abitur) es el requisito básico para la admisión a la universidad. Sin embargo, en los últimos años, los procedimientos de selección propios de cada universidad y los exámenes de acceso han adquirido mayor importancia. En Rumanía, el proceso de admisión varía según la facultad. Y en Lituania, el sistema centralizado está diseñado en torno a alternativas: los solicitantes clasifican hasta nueve preferencias y reciben una oferta en función de su puntuación.

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En Grecia, desde los 90, los sucesivos gobiernos han intentado reformar los Exámenes Panhelénicos que se realizan al finalizar el instituto, a fin de reducir el estrés de los estudiantes. Los estudiantes de secundaria griegos comienzan a prepararse al menos dos años antes y muchos recurren a centros privados (frontistiria) después de clase, con costes de hasta mil euros al mes.

El número de plazas en universidades públicas se ha reducido tras la crisis y los que no logran la nota hacen peripecia entre: repetir los exámenes; el procedimiento de segunda oportunidad; estudiar en un centro de formación profesional técnica (IEK) o en una universidad privada, una opción que confirma la tendencia del continente. Hasta el año 2024 no había universidades privadas en Grecia. Otros muchos se marchan al extranjero.

Con casi la mitad de jóvenes adultos (un 48%) con estudios superiores en los países de la OCDE, "el nivel educativo alcanzado es más alto que nunca; sin embargo, el crecimiento en la obtención de estudios superiores se ha ralentizado desde 2021", detalla el informe 'Panorama de la Educación 2025' que advierte que no se trata solo de acceso sino de retención: de media, el 13% de estudiantes de la OCDE abandona los estudios en el primer año de grado.

Dentro de Europa, en algunos sistemas como la comunidad francesa de Bélgica, Luxemburgo o Rumanía, los que tiran la toalla en el primer curso de universidad llegan al 20%. En España, el 22,1% de los estudiantes de grado abandona su titulación en el primer año, según la Fundación CYD, un 13,1% deja la universidad y un 9% cambia de carrera.