Karim, marroquí del barrio de Plaza de Toros en Tánger, de 28 años, estaba tomando algo en una cafetería cuando un amigo entró y soltó la frase que lo cambió todo: "La frontera está abierta. Vámonos todos para allí." Karim vivió entre 2005 y 2012 en Donostia, hasta que le caducó la documentación, asegura, y la policía lo detuvo y devolvió a Marruecos, donde tiene pendiente renovar sus papeles. Dice que había llegado a plantearse pagar 4.000 euros para cruzar a Algeciras. En lugar de eso, cogió un taxi hasta Tetuán, "carísimo", dice, y caminó desde allí hasta Castillejos. Nada más bajarse, salió corriendo hacia el agua: todo el mundo intentaba ya cruzar.

A pocos metros, Tarik Naim, 19 años, cuenta una historia parecida pero sin salir de casa. Es de Castillejos, la localidad marroquí pegada a la valla, y hace siete días empezó a ver cómo llegaba gente a la ciudad dispuesta a saltar. Sin trabajo en Marruecos, decidió sumarse. Lleva desde entonces sin dormir y es tajante, no piensa volver: "En Marruecos solo hay enfermedad".

También de Castillejos es Mehdi, de 30 años, cuya madre trabajaba en Ceuta cuando él era pequeño, por lo que habla español fluidamente. Cruzó el jueves a las cinco de la tarde junto a un compañero llegado desde Steha, Abdelmonim Anojja, a más de 200 kilómetros de distancia. Logró desplazarse hasta Tánger en coche y después a pie. Como Karim, todo empezó con un vídeo en redes sociales que aseguraba que se podía cruzar.

Abdessamad, de 23 años y natural de Casablanca, es surfista profesional y socorrista. Llegó a Castillejos sin apenas recursos y lleva dos días en la zona sin comer ni beber nada. Aun así, mantiene la fortaleza de un deportista y sueña con poder seguir dedicándose al surf y al socorrismo, esta vez en España.

El fenómeno no distingue nacionalidades. Un grupo de cuatro afganos cruzó también empujado por las mismas imágenes. Uno de ellos, Nazedbula, asegura haber trabajado con el ejército estadounidense en Afganistán y haber tenido que huir cuando los talibanes tomaron el poder. Lleva dos años viviendo en Marruecos y, como el resto, ha hecho gran parte del camino a pie.

Y también hay un grupo de jóvenes nigerianos que se distingue por su inglés casi perfecto y por insistir en que en África "hay muy mala educación" y que quieren seguir formándose. "Huimos de Boko Haram", cuentan. Sediq, el que mejor se expresa, se tapa el ojo izquierdo porque, dice, no le funciona. Llevan cuatro meses en Marruecos y entraron en Ceuta hace tres días, prácticamente sin haber comido. Como los demás, todo empezó con un vídeo de gente cruzando la frontera, visto desde Tánger.

La realidad que se negó a reconocer ayer Pedro Sánchez en su decepcionante rueda de prensa en la sede de la Asamblea de Ceuta es que Marruecos reclama la soberanía sobre las dos ciudades españolas. Una aspiración histórica que la corona alauita viene manejando desde hace décadas. El régimen de Rabat, una monarquía absolutista, ya se anexionó el Sáhara Occidental organizando la Marcha Verde en 1975. La invasión de Ceuta, con otro formato, presenta un parecido propósito: lanzar masivas oleadas, en este caso de supuestos migrantes que, por razones obvias, no pueden ser contenidas por la fuerza ni sus integrantes devueltos por procedimientos inmediatos. No asumir que la pretensión marroquí es, de forma consistente y sin eufemismos, integrar Ceuta y Melilla en Marruecos, es un autoengaño que ha llevado al Gobierno, y no solo al actual, a políticas de apaciguamiento que, lejos de consolidar la españolidad de ambas ciudades, la han fragilizado. Lo sucedido en Ceuta es una agresión a España, a su integridad territorial y a la seguridad de sus ciudadanos. Y, sin duda, una práctica chantajista recurrente e inadmisible de 'castigar' a nuestro país por las relaciones con Argelia, su potencia adversaria; o lanzar señales sobre las consecuencias del acuerdo entre la Unión Europea, Reino Unido y España sobre Gibraltar; o, en fin, disuadir sobre el protagonismo español en el Mundial de Fútbol 2030, cuya final está prevista que se celebre en Madrid y no en el estadio Hassan II de Casablanca, ahora en construcción.

No es el momento, sin embargo, de hacer un repaso a la errática política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez y a su fallida ejecución por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Tiempo habrá, a no tardar, para exigir responsabilidades. Porque lo que requiere este momento es apoyar las medidas que el Gobierno tome para reponer la situación en Ceuta y para establecer las condiciones que impidan que se pueda repetir una crisis que, además, ha rebajado la reputación interna y externa del Estado hasta niveles ínfimos.

Son prioritarias dos iniciativas. La primera, institucionalizar las relaciones con Marruecos y, en general, toda la política exterior, sometiéndolas a debate transparente, además de urgente, en el Congreso de los Diputados. La segunda, revertir internacionalmente la precariedad de Ceuta y Melilla para que la Unión Europea y otros países, entre ellos Estados Unidos, se comprometan con la integridad territorial de España, que es un fundamento esencial de la Constitución de 1978 y su presupuesto histórico, en absoluto renunciable.

Jalear, en vez de deplorar esta violación del derecho internacional para deteriorar al Gobierno de Sánchez, es un error de juicio y una equivocación histórica

La convulsión que ha provocado la crisis de Ceuta en prácticamente todos los países europeos, de Italia a Alemania, pasando por Dinamarca y Suecia, apela a la importancia, no siempre tenida en cuenta por la Unión Europea y la OTAN (bajo cuyo paraguas no están las ciudades autónomas españolas), de la frontera sur del continente. Desde las costas del norte de África no solo se están favoreciendo flujos migratorios irregulares, sino también la ebullición del narcotráfico y la infiltración de organizaciones criminales (algunas de naturaleza terrorista) que atentan contra la seguridad común de los europeos, incluidos en ellos los emigrantes regulares que contribuyen con su trabajo y lealtad al progreso de los países de acogida. Por otra parte, la política migratoria, que es en la que se inscribe la violación del territorio nacional en Ceuta, requiere que los pactos suscritos, como el de Migración y Asilo de 2023, se cumplan a rajatabla y se eviten, como en el caso de la masiva regularización extraordinaria en España, decisiones unilaterales que repercuten en el espacio común europeo, uno de los grandes logros de la unidad continental.

Este inédito ataque a la integridad territorial de España y a la seguridad de los españoles residentes en Ceuta establece un antes y un después en nuestras relaciones con Marruecos, pero también sobre cómo se defienden nuestros intereses nacionales en la Unión Europea y en las relaciones bilaterales con Estados que, sin fronteras con el nuestro, son actores internacionales decisivos, como en este caso, los Estados Unidos e Israel, aliados del régimen de Mohamed VI. Jalear, en vez de deplorar sin excusa alguna, esta violación del derecho internacional para deteriorar al Gobierno de Sánchez, es un error de juicio y una equivocación histórica.

El anuncio prolonga la dinámica iniciada en meses anteriores, cuando siete importantes productores de petróleo de la OPEP+ (Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán y Omán) respaldaron subir sus cuotas conjuntas en 188.000 barriles diarios para junio y julio. Esta cifra supuso un escalón menor respecto a los 206.000 barriles diarios añadidos en abril y mayo, un cambio derivado de la salida oficial de Emiratos Árabes Unidos de la organización el pasado 1 de mayo.

A pesar del compromiso oficial para elevar el suministro, los expertos advierten de que el impacto real sobre la oferta es muy limitado. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que unos 14 millones de barriles diarios permanecen bloqueados fuera del mercado debido a las severas restricciones logísticas. El cierre del estrecho de Ormuz, punto por el que transita cerca del 20% del crudo y gas mundial, a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha desplomado las exportaciones. De hecho, la producción total de la alianza OPEP+ cayó a 33,2 millones de barriles en abril, casi 10 millones menos que antes de estallar el conflicto, lo que mantiene los precios estancados por encima de los 90 dólares.

La histórica decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP ha expuesto la debilidad de la alianza para influir en los mercados. Abu Dabi, que fue el único gran productor capaz de elevar su bombeo antes de su salida oficial (sumando 131.000 barriles diarios), busca incrementar sus ventas sin estar atado al sistema de cuotas para poder financiar su factura de guerra.

Esta postura ha desatado un choque de rentabilidad con Arabia Saudí: mientras Emiratos puede mantener su margen con el barril a menos de 70 dólares gracias a unos costes de extracción ínfimos de 4 o 5 dólares, Riad necesita que la cotización se mueva entre los 75 y 85 dólares para sostener su presupuesto nacional. Esta tensión interna cuenta con el beneplácito de Estados Unidos, multiplicando las especulaciones sobre la posibilidad de que otros socios fundadores, como Venezuela, sigan el mismo camino impulsados por la Casa Blanca.