Liduan tiene 36 años y era frutero en Tetuán. Dice que su objetivo es llegar a la península, aunque no habla español. “Vendo tabaco para poder sobrevivir en Ceuta y para no estar pidiendo”, afirma en árabe mientras sostiene varios paquetes de Chesterfield entre los dedos. Tiene más en su bandolera. Cada día acude a la playa de El Trampolín, pero al caer la tarde se marcha de vuelta a las naves de El Tarajal, otro de los puntos en los que se aglutina un número indeterminado de los llegados en julio. Explica que allí tiene amigos y se siente más seguro. Puede dejar sus cosas sin que nadie se las robe. Ha empezado a comerciar gracias a que un amigo le ha dejado 20 euros. Vende cigarros sueltos y de cada paquete saca unos dos euros de ganancia.

Entre la playa y la carretera hay un pequeño corredor a lo largo de un quitamiedos por donde transita gente constantemente. Ahí se ha establecido una línea de puestos. Hay barras de pan, galletas, latas de atún, zumos, más galletas. Uno vende ropa donada a dos euros; cuesta lo mismo una camiseta de Nirvana desgastada que una manta gruesa. Otro más allá despliega el género sobre una tela que lleva la señal de la Cruz Roja. En su caso, son productos de supermercado y alguno lleva la marca de una conocida cadena. Hay comida que se parece mucho a la que se les reparte a diario. "'Hamsa segar, uahed uro'" ("'cinco cigarros, un euro'"), dice otro.

Hay inmigrantes que tienen dinero; incluso se ve a alguno en los cajeros del centro de la ciudad. Un joven que prefiere no ser identificado admite que lo que vende lo ha comprado en Mercadona o en negocios locales. Otro ha improvisado un puesto de té que presenta unas condiciones higiénicas deplorables. “¡Hay que ganarse la vida!”, dice sonriente en español. A su lado hay un joven muy serio que cobra por cargar el móvil. Los que tienen dinero aprovechan para sacarse unas ganancias diarias con las que poder subsistir sin depender del reparto de alimentos oficial.

Colas organizadas por la Policía Nacional para el reparto de comida. (Ana López)

A la izquierda, un inmigrante en la playa del Trampolín con un negocio de té. A la derecha, Liduán, de 36 años, vende cigarros sueltos y gana dos euros por paquete. (Ana López)

Para optar a una bolsa de las que otorga el Gobierno, hay que pasar horas de espera al sol. Llevan cartones para cubrirse. A muchos se les están pelando los brazos después de haberse quemado. La Policía va conduciendo a los grupos en filas hasta un extremo de la playa para que no haya tumultos. Es una coreografía aprendida con los días. Los varones a un lado y las mujeres al otro, todos aplauden cuando ven llegar los vehículos de la Cruz Roja fuertemente escoltados por la Policía.

La recompensa es un cartón de leche, un paquete de galletas, dos frutas y una botella de agua. El que llegue tarde se queda sin comida porque los agentes establecen un cordón de “no pasar” cuando se cumple la hora establecida. Un habitual de la contigua Playa Benítez dice que esta vez se ha quedado dormido y probará mejor suerte al día siguiente. Nada indica que esta rutina vaya a cambiar a corto plazo para ellos.

Comida y bebida expuesta para su venta, en el Trampolín. (Ana López)

Un fotógrafo toma imágenes de la zona donde el Gobierno puso hace días unas duchas. En el lugar hay un matrimonio en un coche que reacciona airado al pensar que las fotos son a ellos. La mujer grita al fotógrafo desde el interior del vehículo. Habla en árabe, pero tiene acento marroquí. Un ceutí musulmán comparte con este periódico su sospecha de que hay familiares que llegan de Marruecos a traer víveres a sus hijos que cruzaron a Ceuta en la llegada masiva.

Se van a cumplir dos semanas desde que la Policía vació El Trampolín. Fue un traslado voluntario a los campamentos habilitados por el Ministerio de Migraciones. Pero en las famosas carpas tan solo había 1.800 plazas; no cabían todos, así que a las pocas horas cientos de inmigrantes volvieron a la playa. El tiempo que estuvo la arena vacía, las autoridades aprovecharon para limpiarla ante el riesgo de contagios y enfermedades.

Trabajadores de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes. (Ana López)

Otro de los múltiples puestos de venta. (Ana López)

Otros muchos se quedaron en los aledaños de uno de esos campamentos, en el barrio de Loma Colmenar, el de los magrebíes. Llevan semanas haciendo cola y cogiendo sitio para ser los primeros si el Gobierno decide ampliar las plazas. Ese lugar fue escenario de tensión este lunes cuando se permitió el acceso a 200 personas más. Los nervios y las avalanchas llevaron a las fuerzas de seguridad a hacer uso de su material antidisturbios para calmar la situación.

Los agentes acabaron por desalojar la zona, pero los vecinos del barrio están seguros de que no tardarán en volver. Otros, en cambio, irán a El Trampolín, que lleva días absorbiendo inmigrantes. La semana pasada, un grupo de ceutíes quiso llegar hasta allí al terminar una manifestación para hostigar a los inmigrantes, pero la Policía lo impidió. Hoy, intentarlo de nuevo sería simplemente una temeridad porque el número alcanza varios miles de personas.

En la ciudad creen que muchos han ido llegando desde los montes y los barrios donde se escondieron los primeros días. Todos tienen móviles y están informados de lo que pasa. Saben que su situación va a ser precaria, pero que al menos de momento, nadie les va a expulsar.

La jubilación de los magistrados Andrés Palomo, Ángel Hurtado, Pablo Lucas Murillo de la Cueva y Juan Ramón Berdugo —esta última salida se hará efectiva el próximo 5 de septiembre— deja vacantes varios sillones en las salas encargadas de enjuiciar a los aforados y de revisar las decisiones del Gobierno y las administraciones. Este nuevo escenario sitúa a los vocales del órgano de gobierno de los jueces ante la obligación de iniciar nuevas negociaciones para nombrar a aquellos que pasarán a ocupar el escalafón más alto de la magistratura.

Fuentes consultadas por El Confidencial explican que las negociaciones se antojan complicadas debido a la necesidad de cada bloque de impulsar a sus candidatos, lo que parece que puede desembocar en un nuevo bloqueo en el órgano presidido por Isabel Perelló. El sillón más comprometido es precisamente el ocupado hasta el pasado 13 de julio por el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva, al frente de la presidencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Lucas fue designado presidente de esta Sala hace justo un año, después de más de nueve meses de bloqueo. El acuerdo para designar a este último y a Andrés Martínez Arrieta como presidente de la Sala de lo Penal terminó resolviéndose gracias a la retirada de las candidatas de los progresistas, Ana Ferrer y Pilar Teso, ante la incapacidad de ambos bloques de resolver la situación. La relevancia de ambas presidencias enquistó entonces las negociaciones, que se prevén de nuevo intensas ante este y otros nombramientos que el Consejo tiene ahora sobre la mesa.

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Los nombres que más suenan para presidir la sala encargada de resolver aquellos asuntos vinculados a las decisiones del Consejo de Ministros y otras administraciones son los de los magistrados Eduardo Calvo, Ángeles Huet y Esperanza Córdoba. Esta última, a la que también podría sumarse a última hora Pilar Teso, es la favorita de los progresistas que aspiran a equilibrar la balanza con la Sala de lo Penal y colocar a uno de los suyos en la Sala Tercera.

Además de decidir qué magistrado del Supremo pasará a ocupar la presidencia de esta sala, los vocales también tienen el encargo de elegir, de entre 14 candidatos, a un nuevo magistrado que pase a ocupar la vacante abierta tras la jubilación de Lucas.

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En la sala presidida por Martínez Arrieta son ya cuatro las vacantes convocadas. Con la salida de Palomo, uno de los magistrados encargados de juzgar el 'procés'; Hurtado, juez instructor del caso del fiscal general, y Berdugo, pionero en la jurisprudencia sobre violencia de género, la Sala de lo Penal pierde a casi una cuarta parte de sus magistrados.

Sus cuatro sillones vacíos tienen gran relevancia al ser la sala encargada de enjuiciar algunos de los casos más mediáticos de los últimos años. Destacan las investigaciones al fiscal general, el 'caso Koldo' o la sentencia del 'procés'. La Sala de lo Penal también ha sido clave en asuntos de tal envergadura como el 'caso ERE' o la revisión de cientos de sentencias por agresión sexual tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'.

Entre los más de cuarenta candidatos a ocupar estos sillones destacan los magistrados de la Audiencia Nacional Enrique López (exconsejero de la Comunidad de Madrid), José Ricardo de Prada y Eloy Velasco. También destacan la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, y la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Silvina Bacigalupo, hija del exmagistrado del Supremo Enrique Bacigalupo y cuñada de la exministra Teresa Ribera. El posible nombramiento de Bacigalupo ha generado cierta polémica por su perfil cercano a los socialistas.

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La catedrática aspira a la plaza correspondiente al turno de juristas, vacante desde julio de 2025. Los vocales del CGPJ no han sido capaces de ponerse de acuerdo para cubrir el sillón que ocupaba Miguel Colmenero. Tras meses de bloqueo, los vocales acordaron incorporar esta plaza a las negociaciones sobre las nuevas vacantes que se han abierto este verano, una estrategia para negociar en bloque y no cada vacante por separado.

La oleada de personas que huyen de la miseria para instalarse en las naciones más prósperas e intentar satisfacer sus necesidades vitales, es un problema común a Europa, no solo de España. Lo que no quiere decir que nuestro caso sea el mismo, ni que sean iguales nuestras posibilidades de encaje de la situación, ni el manejo de su solución.

España, a diferencia del resto de nuestros socios comunitarios, tiene en la América que habla español y comparte nuestra cultura, una alternativa real para afrontar las necesidades de capital humano que acucian a las naciones democráticas. Se trata de un reencuentro poblacional con nuestra propia sangre que resulta perfectamente integrable y que no genera rechazo identitario ni tensión colectiva.

Basta ver a los miles de colombianos, mexicanos, argentinos, chilenos, dominicanos … que prestan servicios en la sanidad, estudian en nuestras universidades, desarrollan tareas profesionales de todo tipo, trabajan en nuestros hogares para comprender que en España el problema del reemplazo demográfico está resuelto naturalmente sin desencadenar ningún conflicto identitario.

Estamos faltando al respeto a Marruecos

Es más, la necesidad de adecuar nuestro Estado y nuestros mecanismos a esa recepción debería ser un espléndido pretexto para acometer reformas que pongan nuestras estructuras en las mejores condiciones operativas y redunden en el reforzamiento de la estatalidad española.

Un Estado renovado y una sociedad más nutrida, y con mayor impulso vital y económico, permitiría afrontar con mejor decisión y seguridad los desafíos que enfrentamos, especialmente el problema de una inmigración identitariamente diferente y que nuestros vecinos comunitarios necesitan para que sus países funcionen.

Marruecos huele sangre

¡Somos una excepción en Europa porque América puede ayudarnos a superar nuestra insuficiencia demográfica sin tensionar nuestra identidad nacional!

La dificultad estaría resuelta a medio plazo y teniendo enorme cuidado, hasta tal punto que incluso nos permitiría acoger con mucho tino y orden, ciertos contingentes de la población que ahora asedian nuestra frontera ceutí. El escollo estriba en la falta de consenso que preside la política española, estérilmente enfrentada por el poder e incapaz de plantearse lo que va más allá de la permanencia de un Gobierno.

Es inédito que, mientras la mayoría de los españoles pueden estar en principio de acuerdo con la solución hispánica del problema migratorio, en nuestro Parlamento no se construya un consenso político para resolverla.

Pedro Sánchez: más se perdió en Ceuta

La absurda estrategia de confrontación en un tema identitario en la que tan hábil se ha demostrado Pedro Sánchez –que ha seguido la estela de Rodríguez Zapatero de procurar compensar su necropsia ideológica recogiendo banderas de ultraizquierda y politizando temas como la inmigración– ha fomentado la putrefacción de la situación y el crecimiento de las fuerzas políticas que lejos del acuerdo, proponen enfoques radicales y recetas mágicas que abocan a un caos que alimentan tentaciones antidemocráticas.

Las soluciones cuerdas resultan difíciles de defender en momentos de tensión y desesperación tan propicios a la rabia, pero aun con todo son las únicas en condiciones de invocar legítimamente la razón constitucional. Quienes no lo comprendan así deben apartarse y dejar que otros ocupen su lugar.

No se trata sólo de la continuidad de un gobierno ni de quien lo preside. Es todo un reto para la España de izquierda y derecha. Lo que se ve amenazada es la existencia de la democracia basada en el acuerdo y por ello debemos alcanzar un consenso —como el que construimos en la Transición— para afrontar los problemas identitarios dentro de la Constitución y no usarlos como instrumento de lucha política.

*Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional.