La formación independentista siempre ha exigido que las CCAA puedan disfrutar de una parte mayor del margen de déficit que tiene el Reino de España. Aunque la cifra total todavía no se conoce, será del 1,8% del PIB. La posición del ministerio es que las CCAA están en una posición fiscal muy favorable, con un gran aumento de la financiación en los últimos años y con un déficit real cercano al 0% (un 0,3% en 2025). Esto debería permitir a las regiones conseguir el objetivo del 0,1% con relativa facilidad, defiende Hacienda. De hecho, muchas de las CCAA estarán obligadas a tener un saldo positivo, por aplicación de la regla de gasto.

Durante toda la legislatura, el Ministerio de Hacienda siempre ha propuesto este mismo objetivo de déficit para las CCAA, del 0,1% del PIB. Y también el Congreso lo ha rechazado siempre. De hecho, en los dos últimos años, Montero levantó las segundas votaciones en el Congreso para evitar otra derrota. Eso dio por concluido el intento del Gobierno de aprobar los presupuestos del año 2026. Ahora, el ministro España coge el testigo de Montero e insiste en la misma senda de estabilidad.

Este es el principal punto en el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha convocado el Ministerio de Hacienda para este lunes. Se trata del primer paso formal del ciclo presupuestario, antes de que el Consejo de Ministros apruebe el martes el techo de gasto para el próximo año. La propuesta concreta que hace el ministro a las CCAA es un límite de déficit del 0,1% del PIB y una regla de gasto del 4%, medio punto por encima de lo esperado.

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Además, ha comunicado que la suma de las entregas a cuenta y la liquidación prevista del año 2025 incrementará en más de un 8% la financiación disponible de los territorios. Unos recursos que ayudarán a que los territorios puedan reducir su déficit público.

Sin embargo, la mayor parte de los consejeros de Hacienda de las CCAA denuncian que esta propuesta es insuficiente. También han señalado que el Gobierno ha adoptado algunas decisiones unilaterales que implicarán un mayor gasto para las comunidades autónomas, como es la subida del salario de los funcionarios acordada a finales del año pasado. Estos mayores gastos, unidos a la limitación del margen de gasto, limita la capacidad fiscal discrecional de los territorios, han denunciado algunos consejeros.

Durante la reunión, el nuevo ministro ha repetido el discurso que había utilizado cada año desde 2024 su antecesora en el cargo: si se rechaza este objetivo de estabilidad, las CCAA estarán obligadas a cerrar el año en equilibrio presupuestario. Sin embargo, este punto genera muchas dudas jurídicas. La Ley de Estabilidad determina que el Estado y las CCAA tienen que estar en equilibrio presupuestario por defecto, pero que podrán incurrir en un déficit cuyo límite lo fijará el Congreso a propuesta del Ministerio de Hacienda.

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La Abogacía del Estado interpreta que si el Parlamento rechaza los objetivos de estabilidad, las CCAA tendrán que ceñirse al equilibrio presupuestario, pero la realidad es que no está claro qué aplica en ese caso. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha advertido a los consejeros autonómicos que, en caso de que los objetivos de déficit sean rechazados, las CCAA perderán esta décima de margen de déficit, que equivale a 5.849 millones de euros.

En su entrada en la reunión, han señalado que lo más urgente para los territorios es discutir sobre el modelo de financiación autonómica que ha propuesto el ministerio. Este asunto no está en el orden del día, pero España ya ha señalado públicamente que pretende convocar en las próximas fechas otro Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar específicamente la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica. Una propuesta que el ministerio ya acordó con la Generalitat de Catalunya en una reunión bilateral la semana pasada en Barcelona.

El Gobierno ha puesto sobre la mesa otra propuesta que ha generado una profunda división entre las comunidades autónomas, también a las gobernadas por el Partido Popular: objetivos de déficit asimétricos.

Esta fórmula se ha debatido ampliamente en el pasado, pero los distintos gobiernos han descartado abordarla para evitar un dolor de muelas político. La propuesta de Hacienda no contempla su aplicación inmediata, sino que se ha limitado a poner sobre la mesa la idea para realizar una reflexión con todos los territorios implicados.

Es evidente que reclamar esfuerzos fiscales diferentes a cada territorio tiene una gran complejidad política. Sin embargo, la realidad es que hay comunidades que están en superávit presupuestario, mientras que otras tienen imposible conseguir el equilibrio fiscal. Y las causas de esta situación heterogénea son variadas, hay algunas CCAA como Murcia o Comunidad Valenciana que tienen mucho déficit por su infrafinanciación y otras, como Cataluña, que lo tienen por su elevado gasto.

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La propuesta ha surgido del ministro de Hacienda, pero rápidamente ha sido secundada por la consejera de Hacienda de Catalunya, Alicia Romero. "Es insolidario que todas las CCAA tengamos el mismo objetivo de déficit cuando la financiación no es igual para todas", ha señalado a la salida de la reunión.

El consejero de la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira, ha evitado apoyar públicamente la propuesta, pero ha reconocido un "no me opongo". A continuación ha reconocido que el sistema de financiación actual genera grandes diferencias por territorios, por lo que unos objetivos de déficit diferenciados responderían a la desigualdad que genera el modelo.

Por el contrario, Madrid, Extremadura o Andalucía han sido muy críticas con esta posibilidad y han exigido que se mantenga el sistema actual de un objetivo unificado para todos los territorios. "Todas las CCAA estamos al servicio de España, por lo que todas debemos tener los mismos objetivos de déficit", ha reclamado la consejera de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert.

El debate ya está sobre la mesa, y puede ser especialmente sensible para el Partido Popular. El motivo es que las CCAA que potencialmente más se podrían beneficiar de los objetivos asimétricos están precisamente gobernadas por el PP: Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Para evitar un choque público dentro del partido, el consejero valenciano ha señalado que "esto ahora no es lo importante". En su opinión, lo más relevante es abordar la reforma de la financiación autonómica para igualar los recursos que recibe cada territorio.

La resolución, que se ha conocido este lunes por la tarde, supone un nuevo varapalo para Begoña Gómez, que había recurrido a la Audiencia Provincial la decisión del juez Peinado de retirarle el pasaporte por riesgo de fuga. Un nuevo magistrado avala de facto la decisión de Peinado al sostener que existen razones para considerar que la mujer del secretario general del PSOE podría aprovechar el desplazamiento para huir de la Justicia, aunque considera que el riesgo es mínimo en el caso del viaje a la capital británica.

En concreto, el magistrado considera que la solicitud de desplazarse a Londres "debe ser favorablemente acogida dadas, de una parte, la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit, así como por la naturaleza del evento al que se pretende asistir".

Por contra, el juez Viejo rechaza la pretensión de Begoña Gómez de volar a Ankara (Turquía) junto al jefe del Ejecutivo con motivo de la 36 Cumbre de la OTAN, "a la que [Begoña Gómez] es invitada por razones de cortesía institucional internacional, sin tener una intervención activa en dicha cumbre".

Al contrario que ocurre con Reino Unido, recuerda el sustituto de Peinado, "Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por su estructura institucional". Por ello, "se estima procedente mantener la decisión cautelar cuya modificación se ha interesado", concluye finalmente el magistrado.

Pero en algunas comarcas de la Cataluña profunda, hay malestar entre las bases porque los fichajes de la cúpula a veces dejan relegados a militantes históricos del partido. “En Berga, unos tránsfugas de Junts pasaron por delante de militantes de ‘pedra picada’”, denunciaba uno de los afiliados.

Pero hay un caso que destaca entre todos y que tiene como escenario Vic, la capital de la comarca de Osona, una de las plazas fuertes que Aliança puede arrebatar a Junts: Orriols pactó con Xavier Capelles su fichaje para concurrir juntos a las municipales. Lo hizo sellando un acuerdo por escrito con el pequeño partido Futur Blau, del propio Capelles.

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El pacto fue avalado por la ejecutiva comarcal de AC y se materializó el pasado miércoles por la noche. Pero sólo 48 horas después estalló la crisis interna, al conocerse la trayectoria de Capelles: el sábado por la mañana, Carles Fresquet, secretario de Organización de AC en Osona y uno de los históricos (tiene el carnet de afiliado número 11 de Aliança Catalana) anunciaba que retiraba su apoyo a Capelles y que se daba de baja del partido.

El motivo es la trayectoria del nuevo socio de candidatura. “Posteriormente a la afiliación, tuve conocimiento de una información que él mismo me había ocultado cuando hablamos para avalarlo. Una información por la que de haberla sabido, jamás lo habría avalado. Y es que el señor Capelles militó en Fuerza Nueva, el partido fundado por el franquista Blas Piñar, y posteriormente se presentó a las elecciones europeas del año 1994 bajo las siglas del partido Comunión Tradicionalista Carlista, partido que aún hoy reivindica el golpe de Estado y la consecuente Guerra Civil española.

Capelles militó en Fuerza Nueva y se presentó a las elecciones europeas de 1994 por Comunión Tradicionalista Carlista

Por si fuera poco, en pleno procés fue miembro fundador de Sociedad Civil Catalana en la Cataluña Central”. Le faltó en su currículum que, en el ínterin, Capelles fue miembro y candidato de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), que en 2019 formó parte de las listas municipales de Vic Sentit Comú (VSC), que no obtuvo representación y que en 2023 concurrió con Ara Vic, que obtuvo dos representantes, que fueron los que permitieron a Junts gobernar estos últimos años. Dos de los dirigentes de Ara Vic, descontentos con ese apoyo a Junts, se desvincularon de la formación y fundaron Futur Blau, que ahora se ha aliado con Aliança.

Fresquet señala en su carta que, una vez conocida la trayectoria del nuevo socio, “he solicitado formalmente la retirada de mi aval y la suspensión cautelar del alta del señor Capelles, así como la revocación de todos los acuerdos firmados con Futur Blau mientras este señor siga formando parte”.

Aliança queda, así, en una delicada situación en Osona, la comarca que marca el pulso de la Cataluña profunda. Se da la casualidad de que la concejala de Ara Vic Elisenda Carrera, excompañera de plataforma, por tanto, de Capelles, se dio de baja de esa plataforma hace poco más de un mes e incluso llegó a sonar como candidata de Aliança Catalana en la capital de la comarca para 2027. Pero las protestas internas por designar a una persona no afiliada como alcaldable han encendido los ánimos en las filas de AC.

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La solución de Orriols pasa por poner al frente de la candidatura a un nombre de peso que acabe con las protestas y las tribulaciones internas de Aliança en la cuna de la Cataluña profunda. El nombre que suena para arrebatarle a Junts esa importante plaza es el de Oriol Ges, número dos de AC y hombre de confianza de Orriols. Con su candidatura, la lideresa podría acallar las voces críticas y tener a una persona de su máxima confianza controlando la situación en un territorio en el que necesita el control efectivo de la militancia.

En las comarcas de la Cataluña profunda, intentan a menudo afiliarse al partido muchos colectivos y grupos de militantes provenientes de otras formaciones que ven en las filas de Aliança su futuro político. Lo que hace el partido aliancista es controlar de cerca quién entra, aunque para ello no tiene tanto en cuenta su trayectoria política (a sus filas han llegado excargos de Junts, ERC, la CUP o el PSC) como “su valía política y su versatilidad a la hora de integrarse en las filas” de Aliança, aseguran desde la formación.

Esta marca, Movimiento Socialista en castellano, se caracteriza por ser el sector crítico de la izquierda abertzale, que considera que Bildu es demasiado blando. Dentro, integra diferentes grupos como Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), responsable de los movimientos juveniles, Itaia-Emakumeon Antolakunde Sozialista, que se encarga de las cuestiones feministas y de género, o Erraki Langile Kontrolpeko Espazioen Babes Sarea (ERRAKI), red de apoyo a los escenarios obreros. Desde 2023, todos estos se agruparon en EHKS.

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El movimiento independentista y marxista ha ganado terreno dentro del escenario abertzale y ha extendido su red en el territorio nacional a través del contacto que mantienen con otras formaciones similares como Horitzó Socialista, una escisión de la CUP presente en las comunidades de Cataluña, Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, o Creba Socialista en Galicia. Toda esta red se encuentra bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.

La teoría del grupo no defiende la vuelta a los atentados, pero ha protagonizado multitud de enfrentamientos con la policía. De la misma forma, ha tenido incidentes violentos con organizaciones con las que se disputan el terreno dentro del movimiento abertzale, como la pelea que tuvo lugar en la herriko taberna de Hernani en septiembre de 2022, en la que terminaron a puñetazos entre miembros de GKS y Bildu. Los primeros acusaban a los segundos, cuyo partido tenía el mando del gobierno local, de prohibirles tener una caseta festiva por su disidencia.

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Un buen ejemplo de cómo actúan desde EHKS son las protestas por el conflicto entre Israel y Palestina que se llevaron a cabo en la edición de La Vuelta a España de 2025. Diferentes colectivos de consignas similares, entre los que se encontraba EHKS, justificaban sus acciones en la participación del equipo ciclista Israel-Premier Tech. Las revueltas comenzaron el 27 de agosto en Figueras, donde se cortó el paso de la carrera durante la quinta etapa de La Vuelta, y se extendieron hasta el cierre el día 14 de septiembre, cuando se organizó una protesta masiva para impedir el paseo de los ciclistas por Madrid para cerrar la competición.

Al impedir de manera reiterada que el recorrido se pudiera realizar con normalidad, desde la organización se optó por recortar el recorrido y suspender diferentes etapas de la carrera ciclista; incluso se llegó a barajar la opción de la suspensión del evento de manera definitiva.

Las protestas tuvieron consecuencias. Para calmar las aguas, la propiedad del Israel-Premier Tech tomó la decisión de eliminar el nombre del país de los maillots de sus corredores a partir de la etapa 14, cuando ya se habían producido altercados en seis etapas diferentes, con el fin de preservar su seguridad, mientras se generaba un debate en la opinión pública sobre si el escenario era el adecuado para llevar a cabo sus reclamaciones políticas. Hoy, en Pamplona, han ido un paso más allá reivindicando, directamente, la eliminación del Estado de Israel.