Sin embargo, la jornada de huelga de maquinistas convocada por el sindicato para este martes 10 de noviembre ha arrancado desatando el caos en los principales núcleos ferroviarios del país. Las movilizaciones, motivadas por reclamaciones del sindicato en materia de seguridad ferroviaria, han comenzado a la medianoche y se prolongarán hasta las 23:59 horas de hoy. La situación ha obligado a Renfe a lanzar un aviso a primera hora de la mañana: buscar medios de transporte alternativos ante la imposibilidad de garantizar la circulación normal de los trenes.

Así, el colapso en la red de Cercanías de Madrid ha marcado el inicio del día para cientos de miles de trabajadores y estudiantes. La compañía admite de manera oficial a través de sus canales y redes sociales que la circulación se encuentra "muy afectada". Pasado el mediodía, los trenes de las líneas C-1, C-2, C-3, C-5 y C-8 siguen sin circular, mientras algunos trenes de las líneas C-4, C-7 y C-10 circulan con frecuencia irregular.

El goteo de retrasos y trenes suprimidos está provocando andenes abarrotados e interrupciones constantes, una estampa de tensión que el sindicato Semaf mantendrá activa tanto en la jornada de hoy como en los próximos paros ya convocados para este jueves.

A la tensión se suma un escenario logístico caótico en los accesos y el transporte de la capital. El tráfico de la A-5 en su conexión con la M-30 está cortado en ambos sentidos debido a los trabajos finales de soterramiento de la autovía, una restricción severa que se mantendrá activa durante las próximas semanas. Además, la intensa lluvia añade aún más complicaciones a todos estos desplazamientos, ralentizando por completo el tráfico por carretera y dificultando enormemente el avance de algunos autobuses.

Según ha informado Renfe a las 18:00, los datos que manejan sobre el seguimiento de la huelga son del 33,2%. La convocatoria de los paros ha tenido una afectación desigual centrandosé en los núcleos de Cercanías de Madrid y Rodalíes de Barcelona. En Madrid se han suprimido un 91,87% de los trenes previstos, además de 2,38% de trenes sin salida en Cercanías. Por otro lado, en Barcelona se han suprimido un 40% de los servicios mínimos.

En los Servicios Comerciales se ha registrado un 41,5% de supresiones globales de servicios mínimos. El corredor más afectado ha sido la conexión con Levante y el Corredor Mediterráneo con el 64,1% de trenes suprimidos.

En Barcelona, la indignación de los pasajeros es total ante un escenario de parálisis casi absoluta en las estaciones centrales como Sants. La Generalitat de Catalunya había decretado unos servicios mínimos del 66% para las horas punta de la mañana (de 06:00 a 09:30 horas) y del 33% en el resto del día, pero la realidad en los andenes está siendo completamente distinta.

En concreto, en Rodalies se han suprimido un 50% de servicios mínimos. El servicio Avant es el segundo servicio más afectado dentro de los servicios comerciales, con un 43,50% suprimidos y 17,50% sin salida, seguido de la Media Distancia, con un 12,75% suprimido y un 39,22% sin salida.

Renfe ha denunciado públicamente que estos servicios mínimos se están incumpliendo sistemáticamente; a las seis de la mañana más de la mitad de los convoyes programados no han llegado a salir y, apenas media hora después, a las 06:30, ya se habían cancelado el 60% de los trayectos previstos en la estación de Sants en Barcelona. Ante el desamparo de los usuarios atrapados, ya se ha anunciado que se exigirán diligencias y explicaciones formales a Renfe para depurar responsabilidades por este colapso.

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado que el Govern requerirá a Renfe información sobre el incumplimiento de los servicios mínimos y abrirá expedientes para investigar por qué numerosos maquinistas no se han presentado a sus puestos de trabajo. "No es aceptable el no cumplimiento de los servicios mínimos y llegaremos hasta el final de estos expedientes", ha advertido en declaraciones a Catalunya Ràdio. Ante el colapso de esta mañana, la Generalitat también ha activado refuerzos de autobuses en los principales ejes ferroviarios para garantizar la movilidad de los usuarios.

Paneque ha avanzado, además, que el Govern espera que los servicios mínimos se cumplan mañana, cuando se ha fijado un porcentaje del 25% en hora punta en Cataluña, frente al 75% en las horas de mayor demanda y el 50% durante el resto de la jornada en otras comunidades. La consellera ha explicado que la Generalitat ha tomado como referencia los servicios mínimos decretados en anteriores huelgas y ha advertido de que, si vuelven a incumplirse, se activarán mecanismos alternativos para garantizar los desplazamientos.

Al incumplimiento de los servicios mínimos se han sumado algunas incidencias como la de la línea C1 del núcleo de Cercanías de Sevilla. Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales esta mañana, una incidencia desde las 07.00 horas provocada por el fallo de los sistemas de señalización ha paralizado la circulación entre las estaciones de Lora del Río y Los Rosales. Desde Adif afirman haber solucionado esta incidencia.

"Hablan de manera habitual y hablaron de la situación de la votación, pero Yolanda no instó a movilizarse a los sindicatos", puntualizan. Sobre el contenido de la charla, señalan que "las conversaciones entre los secretarios generales y un ministro son privadas".

Sin embargo, extrañamente, la versión oficial de ambas centrales sindicales niega tajantemente esas conversaciones con Díaz, en contradicción con la versión del equipo de la vicepresidenta. ¿Por qué una parte reconoce los contactos y limita su contenido a la votación de los decretos de vivienda, mientras la otra niega incluso que se produjeran?

Díaz admitió en laSexta antes de la votación de los decretos que había hablado con Sánchez pero también "con muchos dirigentes de nuestro país"

De fondo se encuentra la prohibición de las huelgas exclusivamente políticas. La también ministra de Trabajo no esconde, sin embargo, el carácter político que atribuye a la de este miércoles. "¿Qué es una huelga si no es política? Claro que es política, es que si no, ¿para qué las hacemos?", señaló el pasado viernes, al clausurar las Jornadas Confederales de Acción Sindical de UGT sobre inteligencia artificial.

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El mismo día de la votación de los decretos de vivienda, antes de que fueran tumbados, la también ministra de Trabajo señaló en conexión con La Sexta que, la tarde anterior, una vez que supo que Junts los echaría abajo, habló con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero también "con muchos dirigentes de nuestro país, obviamente".

Díaz no quiso desvelar con quiénes. "Debo aquietarme y ser absolutamente discreta", señaló a Antonio García Ferreras. En esa entrevista pidió a la "ciudadanía progresista" que diera "un paso adelante" ante las movilizaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas para el fin de semana. "Si se movilizan, lo vamos a conseguir", instó.

Los decretos cayeron en torno a las 15:30 horas y poco más de cuatro horas después, hacia las ocho de la tarde, UGT y CCOO emitían un comunicado llamando "a la movilización social para dignificar el acceso a la vivienda". "Los sindicatos comparten la indignación general por el rechazo de la derecha parlamentaria a los decretos en el Congreso, dando la espalda a millones de familias", añadían, calcando el argumentario del Ejecutivo.

Esa misma noche, entrevistado en la Cadena SER, Álvarez fue más allá y explicó que "estamos trabajando para ver en qué medida damos una respuesta unitaria". Al día siguiente, Sordo, en el Canal 24 Horas, no descartó la huelga general, que reclamaban los manifestantes, pero advertía de que era necesario incorporar "elementos laborales" para justificarla. "Del tipo, la subida de los salarios", indicó, "tiene que tener una dimensión laboral, tiene que llegar a las calles y a los centros de trabajo", señalaba.

El anterior paro de 24 horas convocado por CC.OO. y UGT fue en 2012 contra los recortes de Rajoy: un seguimiento inferior hoy sería un revés político para Sánchez

Sánchez anunció ese lunes que adelantaba las elecciones para el 29 de noviembre y, de manera trepidante, ambos sindicatos acordaron en esa misma jornada convocar una huelga general para el otoño, aún sin fecha, para reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna. Como había dejado ver Sordo el sábado, la incorporación de las reivindicaciones salariales permitía encajar la convocatoria en la defensa de los intereses laborales, un requisito fundamental para su legalidad.

Tan solo dos días después, ese miércoles, las centrales sindicales fijaban la fecha con el Sindicato de Inquilinas para el 11 de noviembre, dos días antes del inicio de la campaña electoral, que arrancará en la medianoche de este jueves al viernes.

Públicamente, el Ejecutivo ha espoleado la convocatoria desde el primer minuto, esperando que el paro general contribuya a movilizar al electorado progresista. En la Moncloa, a puerta cerrada, defienden que no se dirige contra las políticas del Gobierno, sino contra el rechazo del PP, Vox y Junts a los decretos de vivienda, y contra las políticas que aplican las comunidades gobernadas por los populares. Precisamente, el Gobierno ha fijado para el día siguiente a la huelga, este jueves, y en vísperas del inicio de la campaña electoral, la votación de los nuevos decretos de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso.

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La distinta mayoría de este órgano permitirá convalidar el decreto impulsado por la parte socialista, que incluye la suspensión de los desahucios de personas vulnerables, gracias al apoyo del PNV, cuyo voto resulta decisivo. En cambio, el de Sumar, que contempla la prórroga indefinida de los contratos de alquiler, tiene previsto decaer ante el rechazo de los nacionalistas vascos. La vivienda es el primer problema que los ciudadanos señalan en el CIS y su afección es transversal.

Por todo ello, a día de hoy, el Gobierno la coloca abiertamente en el centro de la convocatoria, vinculándola a los salarios en segundo lugar. Este martes lo volvió a hacer públicamente el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Es una huelga convocada contra un sistema de especulación en la vivienda que está convirtiendo las rentas salariales de los trabajadores en beneficio privado", dijo. "La crisis de vivienda está funcionando como un mecanismo de confiscación de rentas a las clases trabajadoras", añadió.

El Ejecutivo apuraba este martes las últimas horas antes del primer paro general de 24 horas que convocan Comisiones Obreras y UGT desde 2012 para intentar espolear el seguimiento, que se anticipa inferior a aquel. El de 2012 se convocó contra las políticas de austeridad de Mariano Rajoy, por lo que un respaldo inferior sería un revés político para el Ejecutivo. Primero, por haberla respaldado; segundo, porque se ha convocado en precampaña; y tercero, porque Sánchez ha convertido los planes de recortes que atribuye a PP y Vox en un eje de su discurso electoral.

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"Yo voy a hacer todo lo posible mañana para contribuir a que la huelga sea un éxito", subrayó Bustinduy. "Mi apoyo es sincero, rotundo y absoluto". Fuentes de la Moncloa explicaron que los ministros no tendrán hoy agenda pública, salvo los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y Agricultura, Luis Planas, que se encuentran de viaje oficial fuera de España. El resto, según esas fuentes, trabajarán en sus despachos descartando que los del PSOE vayan a hacer huelga. Respecto a los de Sumar, la seguridad no era tan rotunda.

Las medidas figuran en dos órdenes del Ministerio para la Transición Ecológica del pasado sábado. Los documentos establecen qué instalaciones deben seguir funcionando y cuántos trabajadores tendrán que cubrir los servicios esenciales. El objetivo es evitar interrupciones en el suministro durante las 24 horas de esta huelga del 11 de noviembre.

La preparación del dispositivo también ha dejado quejas y correcciones de última hora. Cuatro sociedades de Repsol denunciaron que no habían recibido las notificaciones para presentar sus propuestas. El Ministerio de Sara Aagesen sostuvo que las había enviado, aunque reconoció que no constaba que hubieran sido abiertas. Redeia comunicó un error, Endesa solicitó incorporar trabajadores y Enagás pidió modificar sus dotaciones. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también intervino para precisar la cobertura de determinados equipos.

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El Ejecutivo obliga a mantener disponibles todas las centrales nucleares, hidráulicas, de bombeo y térmicas de gas y carbón que estén en condiciones de funcionar. Quedan exceptuadas las instalaciones cuya parada ya estuviera prevista y fuera conocida por Red Eléctrica el pasado 21 de octubre.

Esto no significa que todas deban producir electricidad de forma continua. Las compañías tendrán que mantenerlas preparadas para funcionar cuando lo requiera el sistema. También deberán garantizar la actividad de los centros de control, las comunicaciones y los equipos necesarios para atender averías. Las restricciones alcanzan igualmente a las refinerías. El Gobierno obliga a Repsol, Petróleos del Norte (Petronor), Moeve y BP a mantener operativas las instalaciones cuya parada pueda provocar problemas de producción más allá de las 24 horas de huelga.

Las compañías no tendrán que producir a pleno rendimiento, pero sí mantener funcionando las unidades esenciales al nivel mínimo necesario. El objetivo es evitar daños, riesgos de seguridad o interrupciones que se prolonguen después del paro. También deberán conservar los equipos de emergencia, vigilancia y mantenimiento.

En el sector eléctrico, los servicios mínimos llegan al 100% de la plantilla utilizada como referencia en determinadas empresas. Entre las compañías identificadas en esa exigencia están Electrominera de Valmadrigal, Eléctrica Campsour, Berueza, Hidroeléctrica El Cerrajón y Eléctrica de Aldeacentenera. También aparece Electricidad de Puerto Real, con una plantilla de referencia de 15 trabajadores y unos servicios mínimos equivalentes al 100%. El porcentaje no implica necesariamente que todos deban trabajar al mismo tiempo, ya que los efectivos pueden distribuirse por funciones y turnos.

El 3 de noviembre, Repsol comunicó al Ministerio que no había recibido la notificación para presentar sus propuestas de servicios mínimos. El departamento respondió que las comunicaciones habían sido enviadas al contacto registrado, aunque reconoció que no constaba que hubieran sido abiertas. Finalmente, aceptó las dotaciones presentadas. Repsol Butano también solicitó ajustar el personal previsto para la carga y descarga de buques. El Ejecutivo aceptó fijar dos especialistas técnicos durante el turno de mañana.

Redeia, matriz de Red Eléctrica, comunicó el 30 de octubre un error en su propuesta inicial. Endesa pidió el 4 de noviembre incorporar trabajadores que no figuraban en su documentación anterior. Ambas modificaciones fueron aceptadas. Enagás y Reganosa solicitaron corregir las dotaciones de la red de transporte de gas del norte de España y de la planta de Mugardos, en A Coruña. Maestrazgo Distribución Eléctrica y Sampol Ingeniería y Obras también pidieron ajustes para completar sus equipos.

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El Consejo de Seguridad Nuclear intervino igualmente. En Cofrentes, propiedad de Iberdrola, reclamó incluir expresamente a los equipos contra incendios y al personal de apoyo mecánico, parte del cual depende de empresas contratistas. También pidió concretar las guardias de Almaraz y Trillo, gestionadas por Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT). En cambio, consideró adecuadas las dotaciones previstas en Ascó I, Ascó II y Vandellós II, gestionadas por Endesa a través de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV). El Ministerio aceptó las observaciones.

Las restricciones también alcanzan al sistema gasista. Enagás, como gestor técnico, remitió el 23 de octubre un informe con las necesidades previstas para la huelga. El Gobierno exige mantener disponibles los gasoductos, las estaciones de compresión, las conexiones internacionales y los almacenes subterráneos. El suministro deberá cubrir el consumo de hogares e industrias, el gas destinado a las centrales eléctricas y los compromisos de exportación.

La obligación afecta a las plantas de regasificación de Barcelona, Cartagena, Huelva, El Musel, Bilbao, Sagunto y Mugardos. También alcanza a los almacenamientos de Serrablo, Gaviota, Yela y Marismas, así como a Medgaz, el gasoducto que conecta Argelia con España.

En el negocio de los carburantes, Exolum deberá mantener operativos sus centros de control, oleoductos e instalaciones logísticas. El Gobierno da prioridad al suministro para hospitales, ambulancias, bomberos, fuerzas de seguridad, aeropuertos y puertos. El Ministerio exige, además, garantizar el servicio en el 20% de las gasolineras inscritas en el registro oficial, calculado por comarcas. Las estaciones designadas deberán abrir durante su horario habitual.

El porcentaje se refiere a instalaciones, no a trabajadores. Las empresas de hidrocarburos tendrán diez días naturales desde el final de la huelga para presentar una memoria sobre el cumplimiento de los servicios mínimos y las incidencias registradas.

Las órdenes obligan a mantener disponibles las principales instalaciones energéticas y a garantizar el suministro durante la huelga. Un dispositivo que alcanza el 100% de los servicios mínimos en determinadas eléctricas y cuya preparación ha obligado a varias grandes compañías a corregir sus propuestas de personal a pocos días del paro.

Resumiendo esa información, podemos referirnos a los fallos en el sistema de seguridad en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla (de 170 incidencias habidas en el último año en el sistema de control, reconoció el propio ministro), al déficit en la inversión de su mantenimiento, a la falta de medios o personal, a la modificación de protocolos con finalidad de control y de revisar esa seguridad de la propia línea, llevada a cabo tras el siniestro, así como valorar la experiencia que se debió ganar tras el de Adamuz, ocurrido poco más de nueve meses antes en la misma línea, y que este precedente sirviera para revisar unas medidas de seguridad que no fueron suficientes para evitar ese primer siniestro, que son circunstancias de las que no se debe prescindir para hacer una valoración de un curso causal, incluso con trascendencia penal.

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No se está poniendo en duda el derecho fundamental a la presunción de inocencia, que solo cabe que sea desvirtuado tras la celebración de un juicio justo, que termine con una sentencia condenatoria; pero tampoco debe servir para cuestionar lo que diga porque se tome de una información ofrecida por los medios. La presunción de inocencia es un derecho procesal cuyo ámbito es el proceso penal, mientras que el derecho a ofrecer y obtener por la ciudadanía una información corresponde a otro ámbito, que es el derecho a la información. Cuando se habla fuera del proceso, a efectos de exigir responsabilidades, no se ve afectada la presunción de inocencia, porque la persona no habrá perdido su condición de inocente, pero ello no es incompatible, ni se puede exigir que la sociedad espere a que recaiga sentencia para que forme opinión a través de la información que reciba, y que esta alcance la suficiente potencia y fundamento como para que tenga consecuencias a efectos de exigir responsabilidades, aunque no sean penales, como tampoco impide hacer una aproximación al desarrollo que pueda seguir la investigación penal, puesta en marcha para esclarecer el hecho en cuestión.

Es conocido que el ministro de Transportes renunció a su cargo la noche del 3 de noviembre de 2026, y lo hizo a partir de lo publicado en prensa y una opinión pública nada favorable, lo cual, al margen de la credibilidad que ofrezca, se ha vendido como una muestra de asunción de responsabilidad política, que es dudoso que pueda considerarse suficiente, si, como él mismo dijo en su comparecencia en la Diputación Permanente: "No tengo más" e "invierto todo lo que tengo"; porque, si esto es así y se pone en relación con algo tan relevante como no haber presentado el Gobierno en tres ocasiones unos Presupuestos Generales, habría que valorar si responsabilidades de este tipo no llegan más lejos, dada la incidencia que pudiera tener esa falta de inversión para atender unos servicios tan importantes como los relativos a la seguridad de la ciudadanía.

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Por otra parte, la investigación judicial es muy incipiente y se aventura que puede ser muy compleja, pero los antecedentes apuntados más arriba pueden valer, con todas las precauciones, para perfilar una eventual responsabilidad penal, como es propio de toda investigación judicial, sin que, por ello, se cuestione la presunción de inocencia del investigado.

Si entendemos el concepto de accidente como suceso eventual, ajeno a la intervención humana, del que resulta un daño, no les falta razón a las víctimas del siniestro de Urda cuando prefieren hablar de negligencia, porque, si se quiere por omisión, no se debería descartar la intervención humana en su causación; incluso, que esa omisión adquiera perfiles que definan un dolo eventual, y, por lo tanto, llegado el caso, hablar de homicidios voluntarios.

Cuando se estudian los clásicos, nos enseñan que el dolo eventual es una zona fronteriza con la culpa con previsión, lo que hace preciso acudir a criterios con los que definir esa línea que separa aquel de esta, entre los cuales la teoría de la representación ha sido una de las seguidas por nuestra jurisprudencia, que resumo diciendo que el delito será doloso cuando el autor se represente como probable el resultado, no obstante lo cual persiste en su actuación, y ese resultado se concreta, con lo que le será imputable, porque, habiéndoselo representado, lo acepta.

Urda y Castilla-La Mancha recuerdan en una misa a las víctimas del accidente ferroviario

En el caso de Urda, contamos con que, con anterioridad a este siniestro, tuvo lugar el de Adamuz, en el que, previsiblemente, el mal estado de la infraestructura fue determinante, sin que conste que después se tomaran medidas para evitar esa situación, mientras que el tráfico ferroviario continuaba circulando en unas mismas condiciones de riesgo que, aceptadas, se concretaron en el hecho que dio lugar a los terribles resultados de muerte de Urda, lo que es muestra de una mala gestión. Se podrá mantener que nadie quiso de manera directa que tuviera lugar ese fatal resultado, pero lo que cabe admitir es que, no obstante, se permitió que se siguiera circulando, consintiendo, por lo tanto, que tuviera lugar un resultado como el acaecido, que no fue sino concreción del potencial riesgo mantenido.

De confirmarse esta conclusión, habría que calificar los resultados de muerte como delitos de homicidio voluntario, no por negligencia, y la consecuencia sería que, en caso de llegar a juicio, tuviera que celebrarse ante el Tribunal del Jurado. Pero esto daría lugar a otra cuestión, como es reflexionar sobre si un asunto de esta complejidad debiera seguirse por este procedimiento.

* Ángel Luis Hurtado es magistrado jubilado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

"Me arrepiento de muchas cosas. Posiblemente, tendría que haber utilizado la comedia más, pero era complicado. Ayer había mucha gente que pensaba que no debía entrar a muchas bromas con él (Santiago Abascal) y seguramente me equivoqué", ha reconocido Broncano ante los micrófonos de La Sexta. Aun así, el presentador de La Revuelta ha subrayado que con Gabriel Rufián, Irene Montero y Pedro Sánchez tampoco hizo bromas especialmente: "Las entrevistas fueron más animadas, pero no fueron los programas en los que más comedia hice", ha señalado Broncano.

El presentador de TVE también ha reconocido que no fue una buena idea para la entrevista dejar que el equipo de Vox controlase la selección del público: "Estuve incómodo conmigo mismo. Cuando me di cuenta de que había generado un ambiente raro, yo mismo me tiré toda la entrevista pensando que la había cagado y que me había equivocado".

"Había muchas veces que Santiago (Abascal) estaba hablando y yo estaba pensando por dentro 'Eres tonto, lo has hecho mal. Esto no tiene sentido'. Entonces tampoco me permitía responderle o rebatirle con la velocidad con la que debería haberlo hecho. Me sacó totalmente", ha confesado David Broncano, asegurando que aceptó las condiciones de Vox porque "pensaba que con nuestro público podrían excusarse en que no les dejábamos hablar por si les abucheaban".

"Me equivoqué porque, cuando empezó la entrevista, era muy desigual y muy injusto. Fue muy complicado que cualquier frase que dijese Santiago Abascal fuese ovacionada, mientras que cualquier cosa que dijese yo se recibía con silencio o con un murmullo, como si yo hubiese dicho una barbaridad cuando creo que dije cosas bastante razonables", ha expresado Broncano.

Es más, el cómico también ha respondido a las duras críticas que ha recibido por parte de multitud de periodistas, algunos incluso de su propia cadena: "Yo no he querido hacer ninguna de estas entrevistas, entiendo que a muchos periodistas no les haga especial gracia que yo haga una entrevista así, pero no es una decisión mía. Yo no he peleado por entrevistar a políticos. Es un muy buen marrón que me ha caído por estar en la televisión pública y en el programa con más espectadores de la cadena. Yo lo he intentado hacer con responsabilidad", ha sentenciado David Broncano.

Fuentes policiales informan a ElConfidencial que se busca a un individuo llamado Manuel Ferrero Álvarez, nacido en 1962 y vecino de la zona. Cuenta con antecedentes por delincuencia común. Según las primeras pesquisas policiales, presuntamente asestó varios disparos a una mujer joven de 17 años de edad. Las primeras sospechas barajaron que pudiera tratarse de un caso de violencia de género, pero después se descartó esta hipótesis. Los dos agentes afectados son dos veteranos del cuerpo.

El autor se dio a la fuga tras efectuar los disparos, pero en el lugar presuntamente dejó una mochila. La Policía Nacional se desplazó al lugar de los hechos y la bolsa hizo explosión. Ha causado la muerte a un subinspector de guías caninos. También ha resultado herido un agente de los TEDAX, los artificieros especialistas en la desactivación de explosivos.

Tanto el herido como la joven han sido trasladados al hospital. El Tedax que ha resultado herido estaba en estado crítico a las 11.15 horas y había ingresado en el quirófano del hospital, según ha precisado un portavoz oficial de la Policía a este periódico.

Ahora la investigación se centra en dar con el paradero del varón fugado. El fugitivo es nacido en 1962, por lo que tiene entre 63 y 64 años. La Policía Nacional ha lanzado una operación en torno a la ciudad para detectar cualquier intento de eludir la acción policial.

Según ha avanzado la Televisión del Principado de Asturias (TPA), pasadas las 7:00 horas se habría producido un tiroteo, y a las 9:00 horas se ha escuchado una explosión en uno de los portales de la calle Rafael Urrusti. Concretamente, en el ubicado en el número 2 de la citada calle.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se ha dirigido al lugar para recabar información ante la confusión existente aún sobre lo sucedido.

De la Hoz había asumido la representación de García en junio de 2025 y se encuentra investigada por su presunta participación en un intento de conseguir que la empresaria Carmen Pano modificara su declaración sobre las supuestas entregas de dinero en efectivo en la sede socialista de Ferraz.

La letrada ha comunicado este martes a la Audiencia Nacional su renuncia a continuar ejerciendo la defensa del exasesor de José Luis Ábalos en el procedimiento que se sigue ante el Juzgado Central de Instrucción número 2, encargado de investigar una de las derivadas del caso Koldo. La letrada ha formalizado su decisión mediante un escrito presentado este 10 de noviembre en el que alega "razones profesionales" que no desarrolla por encontrarse, según precisa, amparadas por el secreto profesional.

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En el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, De la Hoz asegura que ha comunicado previamente su decisión a Koldo García "con antelación suficiente" para que pueda organizar su nueva defensa. La abogada solicita al juzgado que requiera personalmente al investigado para que designe a otro letrado de su libre elección en el plazo que considere oportuno. En caso de que no lo haga, pide que se le advierta de que se procederá al nombramiento de un abogado del turno de oficio.

La renuncia, no obstante, no supone su desvinculación inmediata de todas las actuaciones judiciales. En su escrito, la letrada se compromete a seguir atendiendo aquellas diligencias y trámites que resulten inaplazables hasta que el nuevo abogado acepte formalmente el encargo y se persone en el procedimiento. De esta manera, pretende evitar que el relevo pueda perjudicar las garantías procesales de su hasta ahora defendido.

La abogada invoca expresamente el artículo 24.2 de la Constitución, que reconoce el derecho de defensa y a la asistencia letrada, así como el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El escrito no atribuye su decisión a discrepancias con Koldo García ni ofrece detalles sobre las circunstancias que han motivado su salida, más allá de las razones profesionales protegidas por el secreto profesional. Recientemente su cliente aseguró en declaraciones a la cadena Ser que el PP le ofreció un millón de euros a cambio de que implicara al Ejecutivo de Pedro Sánchez en los casos de corrupción con los que está relacionado.

Las tres resoluciones suponen un nuevo revés para la política penitenciaria del Gobierno vasco, que asumió las competencias sobre las cárceles de Euskadi en 2021. El juez ha estimado los recursos presentados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra la propuesta de la Junta de Tratamiento en el caso de Anboto y las decisiones de la Administración autonómica respecto de los otros dos presos. En sus autos, considera que la evolución favorable de los internos no basta por sí sola para justificar una flexibilización de sus condiciones de cumplimiento, especialmente cuando se trata de delitos de terrorismo de extrema gravedad.

En el caso de Soledad Iparraguirre, el magistrado rechaza por segunda vez que pueda acogerse al régimen de semilibertad previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Castro recuerda que las circunstancias de la reclusa no han experimentado cambios relevantes desde la anterior denegación y subraya tanto la gravedad de los delitos cometidos como el tiempo de condena que todavía tiene pendiente. Su fecha de licenciamiento definitivo está fijada para septiembre de 2034.

La Fiscalía recurre la semilibertad que el Gobierno vasco concedió nuevamente a la exjefa de ETA Anboto

El juez reprocha a la Administración Penitenciaria que haya vuelto a plantear la aplicación de este régimen sin aportar elementos nuevos que justifiquen una decisión distinta. Más allá de una actividad de voluntariado, la Junta de Tratamiento no ha acreditado modificaciones significativas en la situación personal o penitenciaria de la antigua dirigente etarra, indica.

La segunda resolución afecta a Juan Antonio Olarra Guridi, condenado por diez asesinatos consumados y otros 144 frustrados, a quien el Gobierno vasco había concedido el tercer grado penitenciario. El magistrado reconoce que el preso ha experimentado una evolución positiva, pero entiende que todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente para comprobar que esa mejoría se ha consolidado.

Olarra Guridi accedió al régimen de semilibertad del artículo 100.2 en julio de 2025, por lo que Castro considera prematuro dar ahora un paso más y autorizar su progresión al tercer grado. A su juicio, la decisión exige una valoración más prolongada de los factores favorables que han permitido flexibilizar su situación penitenciaria. El juez insiste en que la gravedad de los delitos terroristas obliga a extremar la valoración de los requisitos para acceder a regímenes de cumplimiento más flexibles. No basta, por tanto, con constatar una evolución positiva, sino que deben examinarse conjuntamente el tratamiento penitenciario, el tiempo de condena pendiente y el cumplimiento de las responsabilidades civiles derivadas de los crímenes.

En este caso, el licenciamiento definitivo de Olarra Guridi está previsto para el 7 de septiembre de 2032. El magistrado subraya también la importancia del abono de la responsabilidad civil como mecanismo de reparación a las víctimas, uno de los factores que deben ponderarse antes de autorizar el tercer grado. Por todo ello, acuerda revocar la progresión concedida por el Gobierno vasco, aunque permite que el condenado continúe disfrutando del régimen de semilibertad del artículo 100.2 que ya tenía reconocido.

El tercer auto se refiere a Arkaitz Aguirregabiria, condenado por 38 delitos de terrorismo, entre ellos el asesinato del gendarme francés Jean-Serge Nérin, cometido en Francia en marzo de 2010. El juez de Vigilancia Penitenciaria también ha estimado el recurso de la Fiscalía contra el tercer grado concedido al antiguo miembro de ETA. Al igual que en el caso de Olarra Guridi, Castro considera que no procede mantener su progresión al tercer grado, aunque sí permite que continúe acogido al régimen de semilibertad previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.