En su última visita a la ciudad, Grande-Marlaska dijo que la sensación de inseguridad que vivían los vecinos de Ceuta era “subjetiva” porque los ratios de criminalidad habían bajado antes de la entrada masiva de inmigrantes. Los periodistas le han preguntado varias veces al ministro por esa expresión y el malestar que ha generado en la ciudad. En lugar de retractarse, se ha quejado de una mala interpretación de sus palabras y ha cargado contra el PP.

Grande-Marlaska ha insistido en que, cuando él llegó al Ministerio del Interior en 2018, el Gobierno del PP tenía la criminalidad en Ceuta siete puntos por encima de la media nacional y él lo había rebajado 13 puntos hasta el 30 de julio. “Me parece hipócrita que hablen de seguridad quienes, cuando gobernaban, no invertían un duro. La voluntad y el objetivo del Gobierno no son otros que Ceuta recobre la realidad del 30 de julio y que no tiene nada que ver con lo de esos ‘salva no sé qué’ que gestionaban antes de 2018.

Ha sido una comparecencia llena de datos, pero en la que le ha eludido ofrecer información sobre cuántos inmigrantes han sido retornados ya a Marruecos con orden de devolución. En lugar de eso, ha reiterado que ascienden a 6.500 los llegados en julio que han regresado voluntariamente. Esa cifra le ha servido para presumir de los efectos de los triajes que se están realizando y la cooperación de Rabat.

“Un número importante está desistiendo del CETI por la manera seria y concienzuda en la que estamos trabajando en los triajes y de ese modo queda claro que no se queda quien no puede quedarse”, ha afirmado el ministro. También ha desvelado que durante el mes de agosto tuvieron lugar “174 intentos de entrada y solo entraron 14” gracias a la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes.

En cuanto a los triajes a inmigrantes adultos, van 2.500 a razón de un ritmo de 105 al día. Se mide el estado de salud, la vulnerabilidad, seguridad, su identificación real… Son trabajos, según ha defendido, de “complejidad técnica”, pero que exigen el pacto de asilo europeo. “El procedimiento que estamos aplicando es el procedimiento en frontera con un plazo máximo de 12 semanas, seis administrativas y seis judiciales”, ha detallado.

En cuanto a los menores, ha filiado en torno a 1.700 menores, a los que hay que sumar los cerca de 700 que estaban en la ciudad antes de la llegada masiva. Grande-Marlaska ha declarado que los triajes a los menores no empezaron hasta la semana pasada, mes y medio después de la crisis. No obstante, ha culpado al Gobierno de Ceuta por no designar al representante que exige la ley para acompañar a los menores mientras se realizan los triajes.

Esa es la información que luego se incluye en los expedientes que se remiten a Marruecos para facilitar el reagrupamiento familiar. “No hemos empezado antes porque el gobierno de Ceuta no designó a la persona jurista que tiene que acompañar al menor. Desde mañana, van a ser 50 triajes al día con los menores”, se ha justificado.

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A Grande-Marlaska también le han preguntado por otra de las polémicas de los últimos días. Tiene que ver con un informe que desaconsejó celebrar un partido amistoso de España sub-20 en Ceuta. El documento policial daba por hecho una gran afluencia de aficionados y alertaba de la falta de medios para garantizar la seguridad. Atendiendo a ese informe, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha renunciado a jugar en Ceuta.

“La unidad encargada –ha explicado– ha emitido un informe en el que refiere la dificultad de un partido (...) Pero no dice que no se celebre. Si la RFEF hubiese confirmado la celebración del partido, no tenga nadie ninguna duda de que, gracias a la política de refuerzo, se habría celebrado con todas las garantías precisas”.

Más allá de esta eterna reivindicación, Ceuta también subyace en los mítines y en los programas electorales que han puesto el énfasis en la juventud y en medidas sociales que mejoren su vida. La crisis ceutí está latente, pero no se menciona. Fueron en su gran mayoría jóvenes marroquíes los que entraron en la ciudad autónoma a finales de julio algunos con un proyecto migratorio y otros para probar fortuna ya que la frontera estaba abierta. El 55% de los menores de 30 años marroquíes desean emigrar, según el Arab Barometer de 2024, y más de la mitad está dispuestos a hacerlo sin papeles.

Esta huida masiva, y los más de 140 muertos que generó, sigue conmocionando al país aunque los medios de comunicación apenas hablen de ella. "Una juventud sacrificada en el altar de la desesperación", osó, sin embargo, titular en portada el semanario Tel Quel de Casablanca. Describía como "un drama" lo sucedido en Ceuta.

El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) promete en su programa crear un millón de empleos en un país en el que el paro de los menores de 30 años ronda el 34%. El Istiqlal es quizás el que ha ido más lejos, anunciando una ayuda de 460 euros para los que contraigan matrimonio y una asignación mensual de 92 euros al mes para los que busquen trabajo tras terminar sus estudios superiores.

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Aunque sus discursos estén plagados de anuncios atractivos, todos estos partidos van a cosechar pocos sufragios juveniles. Sólo entre el 3% y el 4% de los jóvenes marroquíes de entre 18 y 24 años están inscritos en las listas electorales, es decir que podrán votar, pero no todos lo harán.

En Marruecos no basta con un carnet de identidad para poder depositar una papeleta en las urnas. Es necesario inscribirse en las listas electorales. En ellas figuran 15,8 millones de marroquíes, casi 10 millones menos que la población adulta del país (25,4 millones). Entre los que están apuntados, muchos de ellos sexagenarios, la participación osciló entre el 43% (2016) y el récord del 50,18% (2021). Es decir que en el mejor de los casos solo votarán el miércoles algo más de 7 millones, un 27% de los adultos.

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Esta bajísima participación no significa desinterés por la política. Revela que muchos ciudadanos no creen que la coalición de partidos que formen el futuro Gobierno vaya a cumplir sus promesas. A eso se añaden los llamamientos al boicoteo de los urnas por parte de formaciones muy pequeñas, como los izquierdistas de Vía Democrática, y de otras con gran capacidad de movilización como el movimiento islamista alegal Justicia y Caridad.

Temas que suscitan gran interés están además ausentes de la campaña porque son competencia exclusiva de la Casa Real. Entre los asuntos tabúes figura el anuncio, el miércoles en Nueva York, del acuerdo entre Israel y Marruecos para ahondar aún más su relación estableciendo embajadas en lugar de oficinas de enlace.

"Siento un gran dolor y frustración a causa del silencio sobre este nuevo golpe de los partidos políticos que se postulan a las elecciones", se lamentó en redes sociales el catedrático Maati Monjib. El Frente Marroquí de Apoyo a Palestina y Oposición de la Normalización y otras organizaciones sí van a tratar de mostrar su rechazo al nuevo acuerdo entre Marruecos e Israel, pero tras las legislativas. Han convocado manifestaciones a partir del 25 de septiembre. No está claro si serán autorizadas.

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El interés juvenil por la política quedó de nuevo puesto de manifiesto en Marruecos hace un año cuando el movimiento GenZ212 convocó concentraciones en varias ciudades para exigir mejoras en la sanidad y educación. Las nuevas infraestructuras deportivas para acoger el Mundial 2030 absorben una porción demasiado elevada del presupuesto. Hubo entonces cerca de 2.500 detenciones y 1.473 jóvenes de GenZ212 fueron juzgados, la mayoría condenados, según Amnistía Internacional.

El rey Mohamed VI ha hecho una gran apuesta por las infraestructuras y no sólo las futbolísticas. Su reino fue el primer país de África en contar con un tren de alta velocidad, cuyo recorrido se está ampliando para que llegue a Marrakech desde Tánger. En 20 años ha logrado convertir a Tánger-Med en el primer puerto de África. En 2025 duplicó en número de contenedores a los españoles de Algeciras y Valencia juntos.

Aunque las urnas no entusiasmen, las candidaturas no faltan. La Cámara de Representantes marroquí cuenta con 395 diputados. La mayoría (305) son elegidos en circunscripciones locales. Los restantes (90) están reservados a mujeres que se presentan en circunscripciones regionales. El sistema garantiza, por tanto, una fuerte presencia de mujeres en el Parlamento. Cuando arrancó la campaña había nada menos que 7.288 candidaturas, es decir unas 18 por escaño.

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Otro motivo de desafección por las urnas es que, pese a la abundancia de candidaturas, el resultado parece cantado de antemano. La duda estaría entre una victoria del Reagrupamiento Nacional de los Independientes (RNI), el partido del primer ministro Aziz Akhnnouch, que no se presenta, o del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), cuya figura más conocida es Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol. Apenas hay diferencias entre ambos.

Ambas son formaciones algo artificiales. La creación de la primera en 1978 fue alentada por Driss Basri, entonces secretario de Estado de Interior. La segunda fue fundada en 2008 por Fouad Ali el Himma, el principal consejero real, que se apartó un tiempo del rey Mohamed VI a cuyo lado ha vuelto.

También compiten otros partidos con más raigambre como el Istiqlal, que desempeñó un papel relevante en la independencia del país (1956), y los islamistas moderados del Partido de la Justicia y del Desarrollo. Llegaron a ser los más votados (125 escaños en 2016) y ostentaron incluso la jefatura del Gobierno, pero en las últimas elecciones se pegaron un batacazo (13 escaños en 2021). Está por ver si ahora recuperarán algo del terreno perdido.

Al diplomático español le produce "ira y vergüenza" la situación de la ciudad autónoma en la que convergen, a su juicio, varias crisis: de seguridad y soberanía, migratoria y humanitaria, sanitaria y social, a tal punto que Ceuta "parece una ciudad de Sudán". Dezcallar opina que Marruecos ha estado detrás de la avalancha de julio pasado (aunque cree que "se le fue de las manos"), considera que la política de apaciguamiento con Rabat es inútil y contraproducente porque nunca renunciará a Ceuta y Melilla ni se aquietará con cesiones y constata que el país vecino 'asfixia' a las dos ciudades españolas en el norte de África. Y asegura que la permanencia de la crisis en la ciudad "favorece a Marruecos".

Además, el exembajador de España también ante la Santa Sede y en los Estados Unidos constata que España dispone de herramientas de disuasión que el Gobierno no ha empleado, desde el suministro eléctrico y gasístico hasta las remesas de los marroquíes desde España que alcanzan hasta el 1% del PIB del país vecino, además de su intensa relación comercial con la Unión Europea.

Dezcallar es crítico con el giro español en la cuestión del Sáhara Occidental en 2022, el procedimiento que se empleó —una simple carta, mal redactada y con faltas ortográficas— y supone que en la operación intervinieron personas cuyos nombres prefiere no desvelar. Sí lo hace respecto de un revelador encuentro en el que él estuvo presente entre el expresidente Aznar y el rey Hassan II, que terminó con un puñetazo en la mesa del monarca alauita y la suspensión de una cena protocolaria.

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Por fin, el que fuera entre 2001 y 2004 director del CNI entiende que la desclasificación de documentos sobre los avisos del servicio de inteligencia no limpia la responsabilidad contraída por el Gobierno (afirma, rotundo, que estos y otros anteriores informes se desclasifican "censurados") y, a la vez, daña a 'La Casa' (así se conoce coloquialmente al CNI), a la que el Gobierno "ha dejado a los pies de los caballos". Por experiencia sabe que el Centro "no se va a defender", detalla los controles a los que se somete (judicial, parlamentario y presupuestario) y asegura que en el organismo existe un "enorme malestar".

Dezcallar augura que la invasión de julio pasado "podría repetirse" y advierte el distanciamiento de la política exterior española en relación con los criterios de la Unión Europea: en la migratoria, en la de seguridad y en la de la relación con China. Y concluye, terminante, que "no tiene sentido que la seguridad de la frontera sur de la Unión Europea y española dependa de un país vecino, de Marruecos".

La sesión pareció un pleno monográfico sobre la polémica compra. Siete preguntas y un solo debate en bucle sobre la vivienda de Martínez Campos y las incógnitas que todavía están por resolver: por qué ese piso y quién dio la orden. García aseguró que la operación encaja en las "competencias propias" de Planifica Madrid y el CEO —recogidas en el artículo 2 de sus estatutos—, relativas a la "gestion inmobiliaria" de la Comunidad de Madrid con fondos propios, para su posterior "puesta a disposición en favor de las distintas consejerías" y las necesidades de la Administración regional.

"La presidenta se paga su propia casa y se paga sus propias vacaciones", repitió el consejero de Presidencia, que volvió a atacar a Pedro Sánchez por sus vacaciones en La Mareta y al Consejo de Ministros por sus residencias oficiales. "No somos el Gobierno de Sanchez. Toda la información esta publicada. No ha habido ánimo de ocultar absolutamente nada", añadió entre las críticas en bloque de Más Madrid, PSOE y Vox.

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García, sin embargo, no aclaró por qué Planifica Madrid eligió ese inmueble en concreto, con casi 100 metros de terraza y muy cerca de la residencia de la madre de Ayuso. Y tampoco cómo Corbalán llegó a él, negando que hubiera un encargo ad hoc. La oposición, como ya ocurrió el pasado jueves, denunció la total opacidad de la operación e insistió en las mismas presuntas sin resolver, además de acusar al PP de vetar la comparecencia de Corbalán desde el inicio de la crisis. Los representantes de los tres partidos señalaron que el expediente publicado no es tal, sino un compendio de documentos, y subrayaron que no consta explicación o justificación de la necesidad sobre la compra del ático.

"¿Quién dio la orden? Tiene que haber un responsable y no diga que fue verbal. Un poco de seriedad", dijo el diputado de Más Madrid Emilio Delgado, que reiteró su "sospecha" de que la intención era adquirir una residencia oficial para Isabel Díaz Ayuso. "¿Dónde está el informe de idoneidad? ¿Qué más puede comprar? ¿Una casa en la playa? ¿Un transatlántico?", añadió la socialista Tatiana Jiménez, que hizo especial hincapié en el papel del consejero delegado y cómo fue la elección del piso. "Ocultan información sistemáticamente", declaró la representante de Vox, Ana María Velasco.

Las preguntas en la comisión se formularon solo unos días después de la comparecencia del consejero en el Pleno de la Asamblea. García hizo público el expediente de la operación por primera vez y subrayó que en ningún caso se adquirió como residencia oficial de la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque la memoria alimenta las tesis de la oposición y certifica que iba a emplearse como "inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional".

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El Gobierno autonómico dio por cerrada la crisis tras las explicaciones del consejero, pero lo cierto es que las incógnitas siguen encima de la mesa y ni Más Madrid, ni el PSOE, ni Vox van a darse por satisfechos a solo unos meses de las elecciones autonómicas y municipales.

García asumió la responsabilidad y evitó dar una fecha sobre una eventual comparecencia de Corbalán. El consejero de Presidencia y número dos de Ayuso en el Gobierno insistió en el "ejercicio de transparencia" realizado tras publicar el expediente, coon 224 páginas y 28 documentos sobre la adquisición del ático, puesta a disposición de la Administración y posterior proceso de venta, aunque la subasta ha quedado desierta.

Incluso presumió de que la Comunidad de Madrid ha recibido un reconocimiento de la Academia de Gobierno Abierto de España por su buen hacer en esta materia. "Encuentre otro tipo de Administración con este ejercicio de transparencia", retó de nuevo a la oposición, señalando casos de opacidad como los viajes de Yolanda Díaz al extranjero en compañía de su hija. "Han fabricado una causa para tapar las vergüenzas del sanchismo y la corrupción, política, de Estado y económica", aseveró

Esta no es la primera vez que Basterra, apresado en la cárcel salmantina de Topas, trata de conseguir el visto bueno para poder volver a pisar la calle desde que recibió su condena. El pasado marzo, el juez de Vigilancia Penitenciaria de Salamanca aceptó conceder su primer permiso penitenciario al asesino de Asunta, en este caso, de cuatro días. Sin embargo, la libertad que ya saboreaba Basterra se acabó de golpe. Tras darse a conocer la decisión del juzgado salmantino, la Fiscalía recurrió y, casi dos meses después, el juez estimó su recurso y anuló así el permiso ordinario del criminal.

A pesar de ello, que en aquel momento se revocase la autorización al condenado no significa que ahora la Justicia vaya a optar de nuevo por la misma medida. El pasado mayo, la Audiencia de Salamanca consideró que no concurrían en el penado "las condiciones mínimas exigibles" para beneficiarse de un permiso de salida. Además, se tenían en cuenta "la extrema gravedad del delito" y también "la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena". Pero una de las claves en el recurso que interpuso en ese momento la Fiscalía fue que la Junta de Tratamiento de la cárcel donde está Basterra votó en contra 8-1.

Ahora, las circunstancias son diferentes, puesto que la misma junta ha votado, tan solo varios meses después, de manera favorable a conceder el permiso a Basterra. De esta forma, la Fiscalía pierde, al menos, uno de sus argumentos para un posible recurso —si es que al final el juez decide conceder otra vez la autorización para Basterra— y, al mismo tiempo, la defensa del asesino lo gana.

Para la Audiencia de Salamanca, la decisión de otorgar al asesino unos días pese a su "buena conducta" resultaba "prematura e injustificada", según explicaron en aquel momento fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Motivo por el que debía prevalecer el "criterio técnico de la Junta de Tratamiento", algo que, de volver a darse, podría ser nuevamente una clave para el futuro del condenado.

Alfonso Basterra y Rosario Porto asesinaron a su hija adoptiva Asunta. Lo hicieron la tarde del 21 de septiembre de 2013, cuando sedaron a la joven con lorazepam, adquirido por su padre, para que no pudiera "defenderse" y, posteriormente, la asfixiaron. Así lo dictaminó un jurado popular que los declaró culpables.

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Tras estos hechos, finalmente ambos fueron condenados a 18 años de cárcel. Porto, que estaba divorciada de Basterra, se suicidó en 2020 en la cárcel de Brieva (Ávila) después de haber pasado siete años en tres prisiones: A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña) y la citada Brieva.

La muerte de Porto se produjo sin que ella nunca admitiese su participación ni la de Alfonso Basterra en el asesinato de la menor, que fue encontrada sin vida en una pista forestal próxima a una casa propiedad de la mujer.