"Me complace anunciar que Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que nos da el control permanente [...] abordando por completo TODAS nuestras muchas preocupaciones. ¡No tendrá NINGÚN COSTE para los Estados Unidos!", ha proclamado el mandatario en su comunicado.

Frente al tono de Trump, que da el pacto por cerrado de forma unilateral, un comunicado oficial conjunto emitido una hora después desde Copenhague aclara que se trata de un "acuerdo previsto" que se firmará "la próxima semana" durante la Asamblea General de la ONU. Además, advierten de que su entrada en vigor estará sujeta "a los procedimientos parlamentarios nacionales necesarios".

Según el presidente estadounidense, este inédito tratado —que define como un "Acuerdo de Vida Infinita" sin fecha de caducidad— garantiza que ninguna potencia rival podrá establecerse en la zona. "A partir de ahora, ningún adversario estadounidense podrá jamás tener una base en Groenlandia, tener presencia militar o hacer inversiones sensibles sin nuestra aprobación expresa y por escrito", ha advertido tajante.

En el mismo mensaje, Trump ha adelantado sus planes inmediatos para la isla: "Comenzaremos de inmediato el proceso para desarrollar una gran presencia militar en la parte adecuada de Groenlandia, de las cuales hay muchas. Trabajaremos con el pueblo groenlandés en su desarrollo y construcción".

Las diferencias de relato se extienden también a la naturaleza del control territorial. Mientras Trump habla de "control permanente", la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha recalcado que el pacto "reconoce la soberanía e integridad territorial del Reino y el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés".

Según ha revelado la cadena estadounidense Fox News, el pacto en efecto no implica una transferencia formal de soberanía territorial a Washington, pero otorga al Pentágono un poder de decisión inédito. Estados Unidos tendrá derechos de acceso y sobrevuelo permanente, y podrá construir nuevas instalaciones militares sin necesidad de obtener la aprobación previa de Dinamarca o del gobierno autónomo groenlandés. Además, el acuerdo está blindado y seguirá vigente incluso si la isla logra la independencia en el futuro.

El tratado incluye también un veto económico y militar expreso contra potencias ajenas a la OTAN, especialmente China y Rusia. Según altos cargos citados por la cadena, el objetivo es evitar la vulnerabilidad estratégica sufrida en el Canal de Panamá, por lo que se prohibirán las "inversiones sensibles" de adversarios en puertos, cables submarinos, telecomunicaciones y extracción de minerales críticos.

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"Dinamarca y Groenlandia entienden que no tienen los medios financieros para defender la isla si fuera atacada", ha asegurado a la cadena estadounidense el secretario de Estado, Marco Rubio. El jefe de la diplomacia ha sido, junto al asesor presidencial Stephen Miller, uno de los arquitectos de este pacto negociado en el más estricto secreto desde el pasado mes de febrero.

El mandatario ha aprovechado el anuncio para reivindicar su gestión frente a sus predecesores, recordando que durante más de un siglo los presidentes de EEUU han sido conscientes de la importancia geopolítica de la isla, pero "NINGUNO de ellos fue capaz de hacer nada al respecto".

"Estoy orgulloso de ser el presidente que ha abordado esta situación tan importante de forma permanente y concluyente. Este es un sueño hecho realidad para los Estados Unidos de América, algo muy importante, histórico y especial. ¡Seremos muy protectores con ella [Groenlandia]!", ha concluido.

Groenlandia, considerada la isla más grande del mundo y con una población de 56.000 habitantes, ha incrementado su valor estratégico debido al aumento de la competencia en el Ártico. El deshielo ha propiciado la apertura de nuevas rutas marítimas y ha despertado el interés internacional por sus recursos minerales, incluyendo materiales críticos.

La administración estadounidense vigila la región ante el temor de que Rusia amplíe su actividad militar y de que China consolide su influencia mediante inversiones en sectores clave como la minería, los puertos, los aeropuertos o las telecomunicaciones.

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Trump, quien ya mostró interés por el territorio durante su primer mandato (2017-2021), generó una crisis diplomática a principios de este año al plantear la compra o la intervención militar de la isla. La propuesta fue rechazada por los gobiernos de Nuuk y Copenhague, y situó en una posición comprometida a la OTAN, cuyos estatutos obligan a proteger el territorio ante un eventual ataque de Estados Unidos.

En enero, el presidente republicano anunció un acuerdo marco inicial. Desde entonces, ha rebajado la retórica sobre el estatus de la isla hasta la confirmación del acuerdo definitivo firmado este viernes.

El análisis parte de una evidencia. El incremento de la productividad derivado de la implantación de la IA beneficiará a la recaudación, pero debido a que las rentas del capital están mejor tratadas fiscalmente que las rentas salariales, soportan un tipo impositivo menor, las nóminas perderán peso en la distribución de la renta. No es, en cualquier caso, un fenómeno nuevo [ver gráfico]. Desde finales de la década de los años 40, cuando los salarios representaban el 65,1% del PIB en EEUU, han perdido nada menos que 11,4 puntos de participación, y la tendencia se irá acelerando a medida que se generalice el uso de la inteligencia artificial. En 2026, la participación se habrá situado en el 53,7% del PIB, pero en 2030, en caso de una implantación rápida de la IA, caerá hasta el 51,3% del producto interior bruto.

No solo los salarios perderán, sino, también, el Fisco. Según los autores del estudio, “el sesgo en el crecimiento impulsado por la IA disminuye el incremento de los ingresos que cabría esperar, dado el tratamiento fiscal preferencial que se aplica a la renta del capital “. La parte positiva es que el crecimiento económico impulsado por la IA hará que la deuda pública federal “sea más sostenible”, en parte gracias al aumento de los ingresos fiscales, “pero la forma en que dicho crecimiento se distribuye entre el capital y los ingresos laborales puede mitigar las ganancias de ingresos”. Es decir, la menor fiscalidad del capital limitará las ganancias en términos de recaudación.

Según sus cálculos, en 2030, en un escenario de rápido crecimiento de la IA —que supondrá un crecimiento anualizado del PIB del 3,3% con una creciente participación del capital—, los ingresos federales podrían aumentar hasta los 216.000 millones de dólares. Sin embargo, sostienen los autores, un mayor crecimiento del PIB derivado de la IA “podría desviar recursos del mercado laboral”. Para ser más precisos, estiman que, en el escenario de rápido crecimiento, “los ingresos totales provenientes de la IA serían aproximadamente el doble si se mantuvieran fijas las participaciones del capital y el trabajo en sus niveles de 2026”.

La causa, como se ha dicho, es la brecha que existe en EEUU, también en España y en la inmensa mayoría de las economías avanzadas, entre el tipo aplicado a las rentas del capital y del trabajo. Su opinión es que existe una gran incertidumbre sobre las implicaciones fiscales que tendrá la IA, “pero no cabe esperar que la IA resuelva por sí sola los problemas de sostenibilidad fiscal, en parte porque probablemente no generará tantos ingresos como se prevé”.

Un reciente análisis de la Reserva Federal de San Luis, uno de los 12 bancos regionales que forman parte del sistema de la Fed, en ese sentido, acaba de publicar un documento que pone negro sobre blanco cómo la tributación en función de las distintas fuentes de renta está achatando la progresividad del impuesto sobre la renta. O lo que es lo mismo, las rentas más elevadas aprovechan mejor que las medias o bajas el hecho de que buena parte de sus ingresos proceden de fuentes con menor carga impositiva. Es decir, contribuyen más los salarios que las rentas del capital a la hacienda federal.

El análisis del laboratorio presupuestario se sitúa en línea con los que han realizado economistas como Kenneth Rogoff, antiguo jefe de economía del FMI, que ha escrito que sin una decisión firme de subir los impuestos a las rentas del capital, algo que, en su opinión, se vuelve cada vez más difícil conforme aumentan la concentración, el poder político y la movilidad de la riqueza, “es improbable que la recaudación tributaria crezca al mismo ritmo que la productividad”.

Los motivos tienen que ver con el diseño del sistema impositivo, que no está estructurado para recaudar eficientemente los ingresos derivados del aumento de la actividad económica producida por la IA. Esto se debe principalmente al diseño de la tributación del capital, que exime de impuestos a amplios segmentos de la renta del capital (por ejemplo, ganancias no realizadas e ingresos por jubilación) y aplica tipos impositivos más bajos a la renta del capital imponible.

Esto significa, como han evidenciado estudios anteriores, que la IA producirá un ensanchamiento de la desigualdad si no se adaptan los sistemas tributarios a la nueva realidad. En palabras de Budget Lab, vinculado a la Universidad de Yale y cuya dependencia de las aportaciones que hacen distintas fundaciones, la IA implica que el crecimiento económico excedente “se inclina fuertemente hacia el capital y se aleja del trabajo”. Así, en el caso más extremo (con un crecimiento del PIB relativamente lento y una reducción de la desigualdad de ingresos laborales), el aumento de los ingresos por encima del nivel base es un 82% menor de lo que habría sido si la participación y distribución del trabajo no hubieran cambiado. Es decir, eliminando el efecto del distinto tratamiento fiscal entre fuentes de renta.

La importancia de este tipo de estudios viene dada por el fuerte incremento de la productividad asociado a la inteligencia artificial. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) ha estimado que la IA podría aportar hasta 15,7 billones de dólares a la economía mundial en 2030, lo que significa una cifra superior al producto interior bruto actual de China e India juntos. Por lo tanto, más riqueza, pero peor repartida y sin que las haciendas nacionales se beneficien de una manera tan significativa como las rentas del capital.