Solo en lo que va de legislatura, Moncloa acumula 14 escándalos que han sacudido a la opinión pública, y no todos están vinculados a la corrupción. Estos escándalos se han traducido en cero dimisiones o ceses tanto en el Consejo de Ministros como en el Partido Socialista. La única excepción es la de Santos Cerdán, que presentó él mismo la dimisión tras destaparse su presunta implicación en una organización criminal para cobrar mordidas con contratos de obra pública.

Una de esas dimisiones que no se van a producir, pese a que lo hayan solicitado las propias víctimas, es la del ministro de Transportes, Óscar Puente. En el accidente ferroviario de Adamuz fallecieron 46 personas. Las investigaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apuntan a que el descarrilamiento se produjo por el mal estado de la infraestructura, por lo que la responsabilidad del mismo sería de Adif, que depende de Transportes.

Más allá de estas averiguaciones, son las propias víctimas las que pidieron al ministro que dimitiera en una reunión cara a cara. "Yo no he soldado el raíl", fue la respuesta que dio Puente, como manifestó el presidente de la Asociación de Víctimas del descarrilamiento de Adamuz, Mario Samper.

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Borja Negrete

El gobierno de Geroa Bai (rama navarra del PNV) adjudicó cinco contratos a la empresa de Antxón Alonso y Santos Cerdán. Los vínculos de Alonso con los nacionalistas vascos fueron clave para recabar su apoyo en la moción de censura contra Rajoy

Otro escándalo, que ya parece lejano, es el de las pulseras antimaltrato defectuosas. Las denuncias de víctimas de violencia de género por el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento aumentaron en 2024 un 50% más respecto a 2020, alcanzando las 23.890. Esta cifra récord desde que Pedro Sánchez gobierna en coalición coincide con los fallos en el sistema de seguimiento en las pulseras antimaltrato denunciados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La ministra de Igualdad, Ana Redondo, negó que hubiera fallos y nunca presentó su dimisión ni fue cesada por Sánchez.

Pero si hay alguien que acumula motivos para el cese, es el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha recibido críticas hasta de los socios de Sánchez. En febrero de 2024, dos guardias civiles murieron en la persecución a unos narcotraficantes en Barbate. El cuerpo denunció que jugaban en desventaja con los delincuentes, que contaban con mejor material que los propios agentes. Aquel caso despertó una oleada de críticas hacia el ministro por parte del cuerpo.

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Otro de los líos protagonizados por el ministro del Interior fue la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por pérdida de "confianza". Una decisión que fue anulada por el Tribunal Supremo. Y, más recientemente, las mentiras de su directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que negó haberse reunido con la fontanera del PSOE, Leire Díez, pero los agentes acreditaron hasta tres encuentros entre ambas. Ni ella ni el ministro fueron cesados por ello.

Al hilo del caso fontanera, Sánchez mantiene en la Gerencia del Partido Socialista a Ana María Fuentes, la persona que nombró Cerdán cuando llegó a la Secretaría de Organización de la formación. Fuentes está imputada por el delito de falsedad documental en la trama de las cloacas del PSOE. Las investigaciones judiciales han acreditado que Fuentes pagó a la trama de Leire Díez para atacar a jueces, fiscales y periodistas críticos con el Gobierno 152.225 euros con facturas falsas.

Pedro Sánchez con la persona en la que más confiaba en 2018, José Luis Ábalos. (EFE)

También sigue en su puesto a día de hoy con un sueldo de más de 500.000 euros al año la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Fue una de las personas que apoyó a Sánchez en las primarias de 2017, cuando recuperó la Secretaría General del PSOE. Siguen sin depurarse responsabilidades por el apagón eléctrico que padeció España hace un año. De hecho, Corredor llegó a manifestar días después que la red eléctrica española "es la más segura del mundo".

Otros dos casos llamativos son los de Belén Gualda y Bartolomé Lora, presidenta y vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La Audiencia Nacional investiga a esta empresa pública por la trama que formaron Santos Cerdán, su socio en Servinabar, Antxón Alonso, Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, para obtener comisiones a cambio de la concesión de ayudas de este ente y otros vinculados. De hecho, son numerosas las empresas de la SEPI que han sido registradas en el marco de esta investigación judicial.

Los contratos afectados por esta investigación superan los 130 millones de euros. Pese a todo, ambos siguen en su puesto. Bartolomé Lora, además, aparece en repetidas ocasiones en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por mantener encuentros con Vicente Fernández, de quien recibía incluso instrucciones cuando ya estaba fuera de la SEPI, un hecho que contradice su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado.

Otro cese que nunca llegó a producirse fue el de la exministra de Industria, Reyes Maroto, que negó haber hablado nunca con el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama. "Aldama está en este momento trasladando toda una serie de afirmaciones y ninguna prueba y, por lo tanto, lo que tiene que hacer es presentar pruebas, pero pruebas creíbles porque, como digo, las dos únicas pruebas que hasta ahora ha presentado en minutos un ministro del Gobierno de España las ha desmontado", llegó a decir. Aldama, sin embargo, aportó conversaciones de WhatsApp que demostraron los encuentros y conversaciones que ambos mantuvieron.

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La lista continúa con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. También mintió cuando manifestó que estuvo ajeno a "cualquier proceso de contratación", que "no conocía tampoco la firma ni las condiciones de ningún contrato" porque "no era competencia de un presidente", y la UCO sacó a la luz sus conversaciones con Koldo García para agilizar los pagos por las mascarillas de Soluciones de Gestión. Una mentira sin consecuencias. Su Gobierno en Canarias también se ha visto salpicado por el caso Tito Berni.

A estos casos habría que sumar el del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Siguió en su puesto pese a estar imputado en una causa en el Tribunal Supremo, que lo acabó condenando por revelación de secretos.

Por último, la dimisión que no llega (ni llegará) es la de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno podría haber asumido responsabilidades políticas por nombrar como sus manos derechas a José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión por corrupción, y Santos Cerdán, investigado en la Audiencia Nacional. No lo ha hecho y sigue al frente de la Presidencia.

Hay un caso que podría concluir con la imputación del presidente, las cloacas de la fontanera Leire Díez. En las conversaciones incautadas por los agentes, se le menciona de manera velada, como cuando se indica que hay que conseguir la nulidad del caso hidrocarburos para que caigan las otras causas que afectan al Gobierno. "Esta línea habría sido la prioridad de Santos Cerdán 'por orden del one”, señala el auto del juez Santiago Pedraz. En las agendas de Leire Díez, se indica una reunión con "P.S.", en referencia a Pedro Sánchez. El presidente no ha dado explicaciones sobre las cloacas de Ferraz y ha tratado de desvincularse. Ninguno de estos acontecimientos ha motivado su dimisión, y cabe intuir que una posible imputación tampoco lo hará.

"Si alguien se cree en serio esta alternativa, debe venir a Waterloo. El máximo líder de Junts no puede estar aquí porque hay prevaricadores en el Tribunal Supremo. Por tanto, quien quiera hablar, ya sabe dónde debe ir", apuntó Turull.

Turull también puso otros requerimientos igual de complicados para forzar el relevo de Pedro Sánchez sin convocar elecciones. Entre ellas, que el candidato no sea del PSOE y que, a pesar de ello, cumpla los acuerdos pendientes de los socialistas con Junts. Es decir, un presidente no socialista, que debería asumir los compromisos que acordaron con Junts el antiguo secretario general del partido, Santos Cerdán, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ambos con una situación legal muy comprometida en este momento.

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Según Turull, escoger a un presidente ajeno al PSOE "no es una propuesta extraterrestre" y añadió que "no es necesario que sea del PSOE, pero debería comenzar un proceso de negociación". También ha asegurado que hay miembros del PSOE que están de acuerdo con este planteamiento, aunque ha evitado dar nombres.

"En entornos socialistas ya se había planteado esta opción", ha afirmado el secretario general de los de Junts. Como ya es tradicional, en la línea de las afirmaciones de Nogueras de que Junts no habla con nadie en Madrid, Turull aseguró que no hay ningún canal de negociación abierto, de manera que no queda claro cómo es posible que sepan que hay socialistas que respaldan esta posición. "Nosotros no iremos detrás del PSOE. Si quieren hablar de esta opción, tendrán que dar el paso", ha advertido la correa de transmisión de Puigdemont en la formación independentista.

Por tanto, tres condiciones para facilitar una salida a Sánchez de la Moncloa: negociar en Waterloo, cumplir los compromisos que Junts considera que el PSOE le debe y escoger a una persona ajena al partido. Ninguna de ellas es realista. Una manera de evitar el envite de Sánchez: no son ustedes capaces de presentar una moción de censura con el PP y Vox, por tanto la legislatura sigue.

Como contraprestación, Junts pide al nuevo presidente ceder la inmigración a Cataluña

Entre las cuentas pendientes que Junts considera que el PSOE ha contraído con ellos y que debería cumplir el teórico nuevo presidente estarían, tal y como ha enumerado Turull, la ley contra la ocupación de viviendas, la participación de las pequeñas y medianas empresas en el consejo del diálogo social y traspasar competencias en inmigración a la Generalitat. Para algunas, como la delegación de competencias de inmigración, una medida más bien simbólica, difícilmente habría una mayoría suficiente en el Congreso.

Turull justifica la nueva propuesta de Junts como un modo de satisfacer a aquellas personas que reclaman "echar a Pedro Sánchez, pero que no llegue Vox". Así, desde Junts abogan por elegir a alguien "que pueda cumplir, que regenere todo esto y que no le aparezca cada día algo nuevo", en palabras de Jordi Turull. En caso contrario, este considera que se estará dando combustible para crecer al partido de Santiago Abascal: la propuesta de Nogueras en el Congreso pretendería "impedir que se acelere la incorporación de la extrema derecha" al poder, justificó Turull.

Para Junts, la corrupción no es un problema. Con un enfoque netamente independentista, el problema de España no es el suyo. Ellos supeditan la "operación Starmer" a obtener más cesiones por parte del Gobierno español.