Este último es el que incluye el grueso de las medidas en materia de vivienda especialmente orientadas a la protección de los inquilinos, salvo la prórroga indefinida. Entró en vigor tras salir del Consejo de Ministros y ha quedado convalidado este jueves gracias al apoyo de los jeltzales, que ya dieron luz verde a ese texto durante la primera votación en la Cámara Baja. En cambio, los nacionalistas vascos se han pronunciado en contra del segundo decreto, dedicado en exclusiva a la prórroga indefinida, que no ha llegado así a entrar nunca en vigor.
Hasta el último momento, Vox ha intentado suspender esta votación, alegando falta de proporcionalidad de los grupos en la Diputación Permanente. Lo intentó ayer, presentando un recurso pasadas las tres de la tarde, que ha ido esta mañana a la Mesa y que ha sido contestado por la Secretaría general. Esta ha defendido que la composición se aprobó por unanimidad del Congreso y que nunca nadie en todos los años de legislatura ha cuestionado su legalidad. A pesar de ello, justo antes de la votación, Pepa Millán ha tomado la palabra para volver a pedir la suspensión y advertir de que su partido "se reserva todas las acciones legales contra todo aquel que autorice esta votación".
¿Están locos estos romanos? Cuál es el plan del Gobierno con el decreto de vivienda
Ruth Ugalde
La tensión entre izquierdas y derechas ha sido evidente a lo largo de la sesión, así como las proclamas electoralistas de las formaciones. La elección de la fecha para celebrar la Diputación Permanente jugaba en favor de este clima: en la resaca de la huelga general, que se saldó con menor seguimiento que la de 2012 y que amenaza con volverse en contra del propio Partido Socialista; y a pocas horas de que arranque oficialmente la campaña con la tradicional pegada de carteles, con la vivienda, el principal problema para los españoles, en el centro del debate.
El paro del día anterior estuvo presente desde antes de entrar en la Sala Constitucional, con varios políticos mostrando su crítica a las cargas policiales. Ione Belarra, de Podemos, fue la más dura y aprovechó su intervención, la primera tras la exposición inaugural de Bustinduy, para pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Pero también exigieron "responsabilidades" ERC y Sumar, este último, pese a su condición de socio minoritario de la coalición de Gobierno.
Bustinduy hizo una arenga en defensa de la clase baja y trabajadora, con la que intentó apelar a las conciencias de los diputados, con un discurso de extremos, de buenos y malos, patrones y obreros, caseros e inquilinos. Además, como ya hizo en el Congreso de los Diputados, equiparó la lucha por el derecho a la vivienda con los derechos laborales, un marco que, dijo, también se conquistó con lucha y saliendo a la calle a reivindicar mejoras, como ocurrió este miércoles con la convocatoria de la huelga general y la manifestación en defensa del acceso a un hogar.
"¿Cómo puede dormir tranquila una persona que no sabe si le van a renovar el alquiler?", cuestionó el ministro, que durante toda su exposición intentó combinar salarios y vivienda, en línea con lo defendido por la huelga general del miércoles. "La gente de este país está cansada de trabajar para que se lo quede un jefe que no le paga más de un céntimo por encima del salario mínimo, para que se lo quede una empresa con beneficios récord mientras arrastra los pies para subir salarios, y para que se lo quede una empresa inmobiliaria que tiene 25 viviendas más", señaló Bustinduy.
A renglón seguido, el ministro apostó por un discurso de extremos con el que caricaturizó a los propietarios y a las clases altas. "¿Qué meritocracia hay en que alguien que ha heredado 100 pisos suba un 40% los alquileres? ¿Qué meritocracia hay en que los directivos de la banca ganen 50.000 euros al día mientras rebajan cada euro de subida del salario mínimo?", dijo.
Para respaldar su discurso, el ministro recurrió a un informe de su propio departamento, que cifra en 4.351 euros el ahorro mediano que lograrían los inquilinos con la prórroga automática. "Les pido que revisen sus promesas electorales y encuentren una que represente 4.351 euros para la clase trabajadora". Vano esfuerzo, porque, como era de esperar, el decreto de prórroga indefinida no logró el apoyo del PNV y no salió adelante.
Hasta el último momento, VOX intentó suspender la votación alegando falta de proporcionalidad de los grupos en la Diputación Permanente
Isabel Rodríguez, por su parte, fue la encargada de defender el decreto de vivienda que aglutina todas las demás medidas y que sí tuvo el respaldo de los nacionalistas vascos. El Gobierno apostó por esta división para garantizar la aprobación de medidas como la prohibición de desahuciar a vulnerables hasta 2030, la creación de la línea ICO Tu Casa para financiar la compra de la primera vivienda, el cerco a los pisos turísticos y temporales, o una batería de beneficios fiscales para los caseros que rebajen rentas y para inquilinos.
Rodríguez también hizo referencia a la huelga del miércoles, pero en clave claramente electoralista, al ligar el derecho a huelga y a la vivienda con el derecho al voto, y el uso de este para defender sus políticas inmobiliarias. "La vivienda no puede ser tratada como un activo financiero", dijo la ministra, que a lo largo de toda su intervención insistió varias veces en la importancia de la papeleta que todos los españoles van a depositar en las urnas el próximo 29-N.
"Para mí la gran incógnita es por qué el PP nos está proponiendo hoy construir un millón de viviendas", dijo Rodríguez, que focalizó sus críticas en el principal partido de la oposición, recordando que gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas y que son estas las que podrían haber construido ese parque en todos estos años. También hizo referencia al rechazo de los populares a la prohibición de descalificar las VPO, a las bonificaciones fiscales a pequeños propietarios que bajan los alquileres, a la persecución del fraude en alquileres de temporada, turísticos y de habitaciones, y a la estabilidad de los inquilinos con las prórrogas de alquileres.
Las críticas de los sociosLa intervención de los socios parlamentarios del Gobierno y de los dos principales partidos de la oposición estuvo marcada por las críticas y por la tensión en plena resaca de la huelga general. Tras Belarra, que cargó contra el Ministerio del Interior, censuró la "brutalidad que vimos ayer" y se preguntó "por qué la violencia va siempre en la misma dirección y no se detiene a los de Caixabank, Idealista o Airbnb", atacó también al Ejecutivo el portavoz de Sumar, Enrique Santiago. "La gente está harta, los piquetes no son ilegales y exigimos responsabilidades por la violencia policial que vivimos ayer", censuró.
Las críticas de sus aliados parlamentarios dentro de la Diputación Permanente son sólo un reflejo del aluvión de críticas que recibió ayer Sánchez pese al respaldo que el Gobierno había dado a los sindicatos para la jornada de paros, que desactivó la última palanca a la que el PSOE fiaba la movilización de su electorado.
El PNV, por su parte, mantuvo un tono crítico a lo largo de su primera intervención. La portavoz, Maribel Vaquero, arrancó su intervención diciendo que "no aceptamos que para defender a uno haya que ir contra otros", mostrando su oposición a "los discursos enfrentados" y apostando por "construir consensos". Por eso, dijo, los nacionalistas vascos se opusieron al decreto de prórroga indefinida: "No ha habido diálogo. Se ha buscado la confrontación, no la solución. Estas medidas no solucionan nada", zanjó.
En cambio, se mostró algo más amable en su segundo turno de alocución para exhibir respaldo al otro decreto, que "valoran positivamente". Aun así, insistió en los ataques contra el Gobierno, al que acusó de haber convertido esta comparecencia "en escenario de propaganda" y le pidió "autocrítica" por haber legislado de manera apresurada tras ocho años en la Moncloa.
Muy crítico fue también el portavoz de Junts, Josep Cruset, que señaló al Gobierno por su "operación electoralista" y recordó que muchas de las proclamas que se escucharon ayer en las manifestaciones iban contra el PSOE. "Quien siembra miseria cosecha rabia", y "ustedes se han convertido en una máquina implacable de sembrar miseria". Confirmó de nuevo el voto en contra a los dos decretos, una línea que mantuvieron tanto PP como Vox. "Han colado esto por la puerta de atrás", denunció el diputado Sergio Sayas, en alusión a que las mayorías en la Diputación Permanente no se equiparan a las del Pleno. "Es un acto de totalitarismo gubernamental que esta Cámara no puede tolerar", señaló.
Tanto Bildu como ERC sí cerraron filas en favor de los dos paquetes de medidas y del Ejecutivo. Oskar Matute recurrió a Eduardo Dato, figura histórica que fue líder del Partido Conservador, para recordar que en 1920 defendió este marco de prórroga indefinida, del mismo modo que el nacionalista lehendakari Aguirre defendió la prórroga automática. Gabriel Rufián, por su parte, utilizó sus dos turnos de intervención para enzarzarse con Junts.
El portavoz de ERC sacó un billete de 50 euros para decir que "esa es la bandera" de los posconvergentes y afeó que "voten en contra del pueblo de Cataluña". Durante el segundo debate del otro decreto, volvió a la carga después de que Cruset le llamase "maltratador emocional". "Todos aquellos patriotas que están todo el día con la palabra España y Cataluña en la boca, malditos seáis cuando votáis en contra de la gente y del pueblo", lanzó, metiendo en el mismo saco a Junts, Vox y PP.
La Diputación Permanente actúa como una suerte de versión reducida del Pleno del Congreso de los Diputados, en el que solo figuran 69 miembros. PSOE, Sumar, Podemos, EH Bildu y PNV suman 35 votos, mientras que el bloque de la derecha -Junts, PP y Vox- se queda en 34. El factor decisivo es que, en este organismo, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, cuenta como una representante más y ejerce su derecho al voto. El Gobierno utilizó esta fórmula para sacar adelante el principal decreto de vivienda pese a que fue tumbado en el Pleno del Congreso, un revés que provocó el adelanto electoral.
