La primera es a quiénes han dado su confianza para gobernar los ayuntamientos. La segunda es qué lista ha ganado las europeas. La tercera, qué ha pasado en Barcelona y quién será el futuro alcalde.
Descubre a quién han votado en cada calle de Barcelona en las elecciones municipales
Jesús Escudero
El voto en la totalidad de los municipios es muy relevante y el resultado coincide en lo fundamental con el de las legislativas del pasado 28 de abril. En la Cataluña actual, hay dos partidos en cabeza con posiciones enfrentadas respecto a la independencia o la pertenencia a España. El primer partido ha sido ERC, claramente independentista, que en las municipales ha obtenido el 23,5% de los votos con un gran salto adelante de siete puntos respecto a las de hace cuatro años. Es casi el mismo resultado (24,5%) que tuvo en las legislativas del mes pasado.
Pero con una votación muy cercana (21,9%) ha quedado el PSC, constitucionalista y partidario de un mayor autogobierno, que sube cinco puntos respecto a las municipales de 2015 y que también obtiene un resultado muy similar al de las legislativas (23,2%).
Luego, ya más lejos, se sitúan JxCAT (de alguna forma, la continuación de la antigua CDC), controlado por Puigdemont, con un 15,3%, un descenso de seis puntos respecto a 2015. En las municipales, se ha demostrado pues que la ERC de Junqueras es el partido más implantado en las ciudades y pueblos catalanes, desplazando de la primera posición —ganó en 2015— a la antigua CDC.
Luego, todavía a mayor distancia, vienen los comunes, con el 8,7% de los votos y bajando tanto respecto a 2015 como al 28-A. La crisis del mundo de Pablo Iglesias también afecta a Cataluña. Y después de los comunes se sitúa Cs, con un 5,1%, un resultado muy inferior al de las legislativas (11,55%) que demuestra que el partido de Rivera no ha sabido capitalizar la victoria de Inés Arrimadas en las autonómicas catalanas de 2017 —cuando recogió el voto útil antiseparatista— para implantarse en la vida local catalana.
La conclusión es que Cataluña es un país muy plural pero que hoy en día hay dos partidos dominantes —ERC y el PSC—, y que el entendimiento entre ellos no es nada fácil. Uno sigue apostando por la independencia y reivindicando —al menos 'de iure'— el referéndum del 1 de octubre de 2017, y el otro es claramente federalista y está muy vinculado al PSOE y a Pedro Sánchez. Y dentro del campo independentista, el partido de Oriol Junqueras bate claramente a la antigua CDC.
La victoria de JxCAT en las europeas demuestra que ERC no domina el secesionismo. Puigdemont encarna la amenaza radical
¿El resultado de las europeas avala las conclusiones anteriores sobre las municipales? Solo en parte y con una diferencia sustancial. El PSC sigue siendo el segundo partido con un 22,1% del voto, pero la primera posición no la ocupa ERC, cuyo candidato era Oriol Junqueras y que obtiene el 21,2%, sino la candidatura de Carles Puigdemont que, con el 28,6%, adelanta en más de siete puntos a ERC. Y el resultado tiene más relevancia por cuanto ambos —Puigdemont y Junqueras— lideraban las dos listas.
La conclusión es que en el campo independentista existe voto dual. En las municipales, vota mayoritariamente a ERC, mientras que en las europeas, lo hace a Puigdemont con un porcentaje (28,6%) que casi dobla el de JxCAT en las municipales. Es algo que sorprende. ¿Cuál es la causa de este voto dual y del fuerte incremento del voto a Puigdemont en las europeas, donde es directamente candidato contra Junqueras? Es una victoria personal, no de partido, que se puede atribuir a varias causas.
Una es que Puigdemont desde Bruselas ha hecho campaña libremente (en la prensa y en las televisiones, básicamente TV3), mientras que Junqueras, encarcelado, se ha expresado con muchas más dificultades. Esto ya sucedió en las autonómicas de 2017 cuando, contra pronóstico, Puigdemont derrotó a Junqueras. Pero entonces por unas pocas décimas y ahora ha sido por siete puntos. El liderazgo de Junqueras es, pues, frágil.
Otra posible causa es que Puigdemont ha sido la cabecera de muchas informaciones, no tanto por su campaña sino por la decisión —luego rectificada por el Supremo— de la Junta Electoral Central, a instancias del PP y Cs, de prohibirle su participación en estas elecciones. ¿Han ayudado así el PP y Cs, con su campaña contra Puigdemont, a su éxito electoral contra Junqueras? Es indudable, pero el grado de influencia de este factor es imposible de fijar.
La Comunidad de Madrid otorga casi 9.500 votos a Junqueras y Puigdemont
E.P.
Pero hay algo más profundo. En el mundo secesionista, hay desde siempre, pero todavía más desde la aplicación del 155, un fuerte sentimiento de agravio contra las instituciones españolas. Y esta protesta contra España, a veces primaria e instintiva, se inclina más por Puigdemont que por Junqueras, pese a que cuando Puigdemont no es candidato prefiere ERC a la antigua CDC. La razón sería que estos electores apuestan a que Puigdemont desde Bruselas —viajando libremente por Europa desde la decisión de un tribunal alemán de no entregarlo a España por no suscribir la acusación de rebelión— hace más daño a la reputación del Estado español que Junqueras sin poder salir de Soto del Real. Quizá crean también que Puigdemont podrá ejercer realmente de eurodiputado y que Junqueras lo tendrá imposible por estar en manos de Marchena.
La gran incógnita es si esta ventaja de Puigdemont —encarnando la radicalidad contra España— puede tener consecuencias en unas futuras elecciones catalanas —por fuerza no muy lejanas— en las que ambos fueran candidatos. De ahí que la radicalidad de Puigdemont sea un serio freno a la tambaleante evolución de ERC hacia el pragmatismo.
Maragall ha ganado por los pelos las elecciones de Barcelona, pero no es todavía seguro que sea el alcalde de la ciudad
Un fenómeno algo extraño es que en las elecciones europeas —quizá por el factor Puigdemont— los partidos independentistas han alcanzado el 49,8% de los votos, mientras que en las legislativas de abril y en las municipales esas candidaturas estuvieron en el entorno del 40%. Cataluña no es solo que esté dividida entre independentistas, no independentistas y mediopensionistas (los comunes, que exigen un referéndum) sino que la fuerza de los independentistas varía en función del tipo de consulta.
En este sentido, lo que ha pasado en Barcelona es significativo. El partido ganador es ERC, cierto que por poco margen (160.990 votos frente a 156.157 de Ada Colau), pero por el contrario las listas independentistas han perdido tres concejales (de un total de 42, han bajado de 18 a 15), mientras que los no independentistas (sin contar a Colau) han subido, gracias a los resultados del PSC, de 12 a 16.
Con este panorama, la elección de alcalde de Barcelona no está nada clara. Sin pactos para la investidura, Ernest Maragall será alcalde. Le basta con ser la lista más votada. Si suma con JxCAT, el otro grupo separatista en el ayuntamiento, tendrá 15 concejales. Y si suma a JxCAT y Colau —pacto casi imposible—, llegaría a 25, con lo que superaría la mayoría absoluta (21 concejales) y podría gobernar con tranquilidad. La mayoría absoluta no la lograría pactando solo con Colau, ya que se quedaría con 20 concejales.
Pero hay la posibilidad teórica de una difícil mayoría alternativa. Un pacto Colau-Collboni (candidato del PSC) —posible, pues ya se dio durante unos meses de la pasada legislatura— se situaría en 18 diputados. Y si en la investidura solo tres concejales del grupo de Manuel Valls-Cs votaran a favor para que Barcelona no tuviera alcalde independentista, Colau continuaría siendo la alcaldesa de la ciudad.
¿Qué decidirá finalmente Colau? Es la gran incógnita, pero es cierto que solo el 31,8% de los barceloneses votó independentista mientras que el 36,6% (sin contar a Colau) votó constitucionalista. ¿Alcalde independentista —aunque se apellide Maragall— cuando en Barcelona el secesionismo ha bajado?
No es fácil que la política de desinflamación, única vía razonable, tenga hoy suficiente viento a favor
¿Qué conclusiones sacar de estas tres votaciones —europeas y municipales— de Barcelona? La primera es que la partición entre independentistas y constitucionalistas se concreta básicamente en dos partidos, ERC y PSC, de fuerza similar pero con ventaja republicana. Y estos dos partidos tienen serias dificultades programáticas para llegar a acuerdos, aunque sean parciales. El veto de ERC a que Miquel Iceta presidiera el Senado lo demuestra.
La segunda es que la dificultad de acuerdos entre socialistas y republicanos se agrava porque ERC teme que una parte de sus electores pueda cambiar el voto en algún momento —por ejemplo, unas autonómicas— a favor de Puigdemont si el exiliado de Waterloo es percibido como una opción más radical.
Cs pactará con el PSOE donde "renieguen de Sánchez y los pactos con independentistas"
Paloma Esteban
Con una Cataluña que vota independentista en una proporción cercana al 50% y en la que hay muchos ciudadanos (entre ellos, los que votan a Ada Colau) que pueden estar a favor de un referéndum pactado, cualquier solución es lenta y laboriosa. De entrada, la desinflamación y el respeto a las normas del Estado de derecho no tienen alternativa posible. Quizá no sea la solución, pero sí es el único camino posible.
El problema es que para que la desinflamación sea eficaz, no puede ser únicamente la política de un Gobierno socialista en Madrid (aunque sea con el apoyo de Podemos). Necesitaría un pacto de Estado con la derecha y esta posibilidad, hoy por hoy, parece muy lejana.
]]>Este mismo viernes Theresa May ha tenido que anunciar su dimisión porque no ha podido encontrar una solución razonable (un Brexit suave) que fuera apoyada por el ala más nacionalista de su partido. Y, para sustituirla, el nombre que suena con más fuerza es el de Boris Johnson, un radical antieuropeo que dimitió de ministro de Exteriores acusando a May de querer ir a un Brexit solo nominal pero que no recuperaría la plena soberanía de Gran Bretaña frente a Bruselas.
Ante este panorama se puede llegar a la conclusión de que en España estamos mejor que en las grandes democracias europeas, por no hablar de la deriva de países como Hungría y Polonia. Y en parte es así. Tras la sorpresa de las elecciones andaluzas, en las legislativas Vox logró entrar en el Congreso, la primera vez que la extrema derecha tendrá voz parlamentaria, pero sus resultados (11% de los votos y 24 diputados) fueron bastante inferiores a los temidos. Y parece que en las elecciones de hoy no solo no va a ir a más, sino que incluso va a retroceder. ¿Ha sido Vox solo una explosión pasajera? Nadie lo sabe, pero podría ser.
El populismo nace, en parte, de la reacción de sectores que ven una humillación a su existencia e identidad en realidades superiores o diferentes
En todo caso, España parece resistir mejor que otros países europeos el nacionalismo populista y contrario a la inmigración, que se reclama de Donald Trump y de Steve Bannon y que ha crecido tanto como consecuencia de la crisis como de la protesta de sectores sociales que se sienten agredidos por la relevancia de instituciones internacionales o supranacionales (entre ellas la UE), que pueden parecer poco democráticas y que son percibidas como poderes que humillan los sentimientos nacionales. Según Fukuyama, los populismos crecen alimentados por el sentimiento de pérdida de identidad y de seguridad ante la globalización. Si a esto unimos la revolución tecnológica, ambas tendencias rompen los marcos tradicionales y la respuesta de parte de la sociedad es la protesta populista.
En España el nacionalismo populista no es antieuropeo, en parte porque Europa fue una esperanza de libertad y democracia que nos permitía confiar en el futuro después de la dictadura de Franco, en especial desde el plan de estabilización de 1959 y la apertura económica. La economía española necesitaba integrarse en la UE (entonces el Mercado Común) y ello forzaría el cambio político. Es lo que acabó pasando con las elecciones de 1977.
En España, al contrario que otros países, no hay nacionalismo antieuropeo —una ventaja—, pero el nacionalismo se ha encarnado en un sentimiento de agravio entre identidades interiores. La relación entre Cataluña y el resto de España nunca ha estado exenta de tensiones, pero a partir de la discusión del Estatut del 2006 el sentimiento de desafección, denunciado por el presidente Montilla antes de la sentencia del Constitucional del 2010, respecto a la identidad española, empezó a crecer. La actitud ante el Estatut de sectores españoles generó desconfianza y acabó siendo percibida como una humillación a los sentimientos catalanes.
Y, paralelamente, el nacionalismo catalán y su posterior conversión al independentismo provocó incomprensión, inquietud y sentimiento de agravio en importantes sectores del resto de España.
El independentismo catalán no es hoy contrario a la inmigración ni antieuropeo, pero sí —no en su totalidad, pero en buena parte— contrario a España. El nacionalismo español no es antieuropeo ni contrario —salvo en casos especiales— a la inmigración, pero tiende a la agresividad contra el independentismo e incluso a la aversión contra el catalanismo. Así, a veces se presenta a Miquel Iceta —ahora también a Meritxell Batet, la nueva presidenta del Congreso— como cómplices del independentismo cuando son destacados dirigentes de un partido, el PSC, que está asociado con el PSOE desde las primeras elecciones democráticas.
Que el nacionalismo no sea antieuropeo tiene ventajas, pero que tienda al antiespañolismo, o al anticatalanismo, es una grave amenaza porque la fractura se produce no hacia el exterior, sino en el interior de nuestras fronteras y causa un doloroso y desintegrador divorcio interno.
Al revés de lo que pasa en muchos países, tanto en España como en Cataluña, el populismo nacionalista tiende a dominar en partidos centrales del sistema
Y el otro gran inconveniente es que el populismo nacionalista se da, no ya en partidos extremistas, sino en otros que son —y muchas veces siguen siendo— centrales a la democracia española. La CiU de Pujol, Roca Junyent y Durán Lleida no solo apoyó la Constitución, sino que contribuyó decisivamente a su elaboración. Y Pujol fue galardonado con el título de Español del Año por el 'ABC', que entonces dirigía nada menos que Luis María Anson. Ahora el heredero que se ha hecho con el botín —conserva muchos votantes de CDC— lanza ataques continuos desde Waterloo y predica que España es una democracia como la turca.
Y ERC es un partido que históricamente apoyó a la II República —Companys fue ministro de Marina con Alcalá Zamora— y Josep Tarradellas, el presidente en el exilio, pactó ser nombrado presidente de la Diputación de Barcelona y presidente de la Generalitat provisional por Adolfo Suárez. Incluso hace pocos años Carod-Rovira sostenía el gobierno de Zapatero cuando José Bono era ministro de Defensa.
Y en los partidos españoles pasa otro tanto. Aznar pudo ser investido en 1996 gracias a los votos de Pujol y el expresidente, muy callado desde el fracaso de su protegido Casado el 28-A; ofreció carteras ministeriales a CDC y aseguró que hablaba catalán en la intimidad. Ahora Casado amenaza con las penas del infierno a Meritxell Batet por pedir un dictamen de los letrados de las Cortes y retrasar 48 horas la inhabilitación de los presos que acaban de ser elegidos diputados, que tampoco es una cosa que pase cada día y que se pueda despachar de un plumazo.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí partiendo de una transición que fue modélica y en la que el primer partido nacionalista catalán y todos los partidos españoles pactaron una Constitución que reconoce explícitamente la existencia de nacionalidades?
¿Por qué partidos centrales —de Cataluña y de España— caen en el populismo nacionalista? Es una pregunta que debería inquietar a Puigdemont y a Pablo Casado, pero no solo no les preocupa, sino que parecen encantados deslizándose por la pendiente.
Otra cosa es la calificación penal que puedan tener las conductas de octubre del 2017, que deberán ser sancionadas por el Supremo y ante las que cabrá recurso ante la justicia europea. Pero calificar de golpistas, como Tejero, Milans del Bosch o Armada a los políticos que están en este momento siendo juzgados y que merecen la presunción de inocencia no ayuda a bajar la crispación nacionalista. Un poco más de respeto por la actuación —no demasiado inteligente, pero sí al menos cautelosa— de Rajoy no les vendría nada mal ni a Casado ni a Rivera.
Sea como sea, lo que sucede en España puede ser incluso más grave que lo que pasa en otras democracias europeas. Marine Le Pen centra sus ataques en Bruselas, no en París, mientras que aquí se dirigen contra Madrid o contra Cataluña. Aquí, un sector del independentismo cree que España es el enemigo y una parte de la derecha española —no solo Vox— proclama que se debe tratar a políticos electos catalanes como a los militares golpistas del 81 que nadie había elegido para nada.
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Rafael Méndez
Pero también hubo gente que luego afirmó que se había acabado la época del diálogo y la negociación —no se podía hablar con quienes habían perpetrado un golpe de Estado— y que la mano dura en la aplicación de la ley y la actuación firme de los tribunales arreglarían el problema. Sin tener en cuenta que la actuación del independentismo desde septiembre de 2017 (las leyes de referéndum y desconexión del Parlamento catalán violando el Estatut y la Constitución) era una clara violación del Estado de derecho pero también un conflicto eminentemente político.
Puigdemont y Junqueras se equivocaron y violaron la ley, pero en las elecciones del 155 (diciembre de 2017), el secesionismo repitió su 47% y la mayoría parlamentaria. Luego han pasado muchos meses, el juez instructor consideró que había habido rebelión y decidió prisión provisional incondicional y sin fianza para varios encausados y el juicio ya se está celebrando desde hace algunas semanas en el Supremo. Pero también 18 meses después del 155 y las primeras prisiones, el conflicto catalán sigue sin resolverse.
Buena prueba de ello es que el Supremo ha tenido que suspender las sesiones del lunes y el martes para permitir que los cinco presos que han resultado electos (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull) recogieran su credencial de diputado o senador. Y ayer la presencia en la sesión constitutiva del Congreso de los diputados electos dominó la sesión y levantó acta de que la política española no volverá a la normalidad mientras no se encauce políticamente el conflicto catalán.
Que haya presos que han sido elegidos diputados de acuerdo con las leyes españolas es la realidad. Pero no es la normalidad que en un Parlamento haya diputados presos. Tampoco es muy normal que el Supremo le pase la patata caliente de la posible suspensión de esos diputados a la Mesa del Congreso. Dice que es para que el poder judicial no interfiera en las atribuciones del legislativo, pero en cambio le señala lo que debe hacer de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el reglamento del Congreso de los Diputados, y además no pide el preceptivo suplicatorio arguyendo (y tiene razón) que el juicio ya se está celebrando.
La presencia de los presos en el Congreso no es una situación normal, pero se debe a una decisión adoptada por el Supremo
Lo indiscutible es que la situación no es normal. Jurídicamente, la suspensión de los electos parece no ser demasiado discutible. Pero esto se debe básicamente a que están procesados y en prisión incondicional. Si estuvieran procesados y en libertad provisional, su situación sería otra. Y la prisión se debe a que su posible delito ha sido calificado de rebelión, acusación discutible y que al parecer algunos magistrados del Supremo creen que forzará un cambio en la legislación española.
En derecho, todo es discutible, y habrá muchas opiniones, por eso no es ilógico que la Mesa del Congreso no quiera tomar una decisión inmediata, aunque evidentemente no se pueda eternizar el problema. En todo caso, la presencia —decidida por el Supremo— de los cinco parlamentarios que han sido electos por partidos que en estas elecciones han tenido el voto del 39% de los catalanes y el baile sobre quién debe decidir la suspensión entre el Supremo y la Mesa del Congreso son una clara prueba de que el conflicto sigue vivo y que la sola aplicación de la ley no va a resolverlo.
Por eso, es extraño que los dos partidos de centro derecha (Vox es otra cosa) exijan su suspensión inmediata e incluso critiquen que la Mesa del Congreso pida un informe a sus letrados que, sea cual sea el criterio que expongan, sería muy raro que no fuera el adoptado. El Supremo ha sido garantista, en parte para cubrirse, al permitir la presencia de los políticos presos en el Congreso y el Senado y al pedir que sea el legislativo el que decida, y no tiene mucho sentido que los partidos de centro derecha reaccionen con virulencia a la presencia en las Cortes de esos parlamentarios que solo han estado ahí por una decisión del Supremo, que en ningún caso debe calificarse de vergüenza nacional. Además, deberían tener en cuenta que la política de desinflamación (contra la que tanto protestaron en la campaña) fue respaldada de forma tácita por el resultado electoral.
Y el problema no se acabará aquí, sea cual sea la decisión. Resurgirá con más virulencia y relevancia internacional cuando haya que decidir si Puigdemont y Junqueras, que hay pocas dudas de que serán elegidos eurodiputados, podrán tomar posesión de su acta parlamentaria europea.
La casi segura elección de Puigdemont y Junqueras como eurodiputados volverá a plantear —y con más relieve internacional— un conflicto similar
España es ya —gracias a la caótica situación de Reino Unido y al Gobierno populista italiano— una de las columnas fundamentales, junto a Francia y Alemania, de la UE y del euro. Que el conflicto catalán siga siendo el centro del debate —pasadas ya las legislativas— no es buen augurio para la legislatura ni favorece la influencia de España.
Claro, no es solo la presencia de los líderes secesionistas lo que motivó la gran tensión en la sesión constitutiva del Congreso, en la que bajo la presidencia de un revivido Valle-Inclán (el médico socialista al que le tocó presidir la Mesa de Edad), pudimos ver pese a todo un discreto saludo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. La actuación de Vox, la primera vez que la extrema derecha entra en el Congreso, será otro foco de tensión que se agudizará por su inequívoca voluntad de crispar el conflicto catalán.
]]>La opción Iceta solo podía significar avanzar en el camino hacia que el Senado fuera una auténtica cámara territorial y de convertirlo así en una institución útil a la hora de resolver el conflicto catalán. Pero contra todos los precedentes y usos y costumbres parlamentarios —salen elegidos senadores autonómicos automáticamente los que designan sus grupos parlamentarios— ERC ha dicho no a Miquel Iceta cuando hace poco dijo sí a García Albiol, entonces presidente del PP catalán y a Lorena Roldán, diputada autonómica de Cs. Más allá de las miserias de la pequeña política y de la emocionalidad en la que están inmersos los republicanos por el juicio del Supremo y el vía crucis de Oriol Junqueras que lleva casi dos años en prisión provisional sin fianza, el veto de ERC a Iceta, lanza un mensaje unívoco: el independentismo levanta acta de que no le interesa sino que más bien le molesta que un catalán dialogante —que incluso verbalizó la posibilidad de alguna forma de indulto— presida el Senado, una institución española. Si Cataluña no debe ser España, que Iceta presida el Senado va en contra del sentido de la historia y es contraproducente porque puede alentar las esperanzas de una tercera vía.
Pero Pedro Sánchez ha contestado con contundencia y con dos movimientos. ERC puede vetar a Iceta en el parlamento catalán, pero no al PSC ni al PSOE. Por eso la presidencia del Senado recaerá en Manuel Cruz, un filósofo que es senador independiente del PSC (la pasada legislatura fue diputado) y que saltó a la arena pública hace ya años como presidente de Federalistes d´Esquerras, plataforma transversal de resistencia al dominio del activismo cultural catalán por Òmniun y la ANC. Los lectores de El Confidencial lo conocen por sus interesantes artículos de reflexión. Y, segundo movimiento, la ministra Meritxell Batet, primera de la lista del PSC por Barcelona en las recientes elecciones, será la presidenta socialista del Congreso de los Diputados que relevará a Ana Pastor, la cara amable del PP.
Querer negociar con el PSOE y empezar dando una patada a Pedro Sánchez en el culo de Miquel Iceta puede ser la cuadratura del círculo
Por primera vez en más de cien años dos catalanes serán la tercera y la cuarta autoridad del Estado, porque Cataluña es España. Es cierto que Landelino Lavilla, que fue presidente del Congreso con UCD, había nacido en Lleida, pero toda su vida profesional tuvo de marco a Madrid.
La reacción de ERC ha sido reafirmar su apuesta por el diálogo y asegurar —vía Rufián— que la patada a Sánchez en el culo de Miquel Iceta no tenía nada que ver con la voluntad de diálogo de los republicanos. Curiosa manera de poner las condiciones adecuadas para un diálogo. Aunque quizás ERC sea sincera porque para ella el diálogo exige una negociación bilateral entre el gobierno español y el de la Generalitat —a ser posible con un relator (mejor internacional) de por medio— que llegue a algunos acuerdos que no tengan porque respetar las normas del Estatut y de la Constitución.
Quizás ERC es más sincera de lo que ha parecido a primera vista. Y Pedro Sánchez —aparte de la posible ventaja electoral que el choque con ERC esta le puede representar— haya emitido cuatro mensajes tan sinceros como los republicanos.
PRIMERO. ERC con quince diputados es menos relevante esta legislatura que la pasada con nueve. En una investidura nada fácil (123 diputados no son 176) ni se puede ni se debe ningunear a nadie (así ha actuado el PP en Andalucía), pero ERC no tiene ahora poder de veto. Y si ERC opta por votar en contra y el PP y Cs juntan sus votos al de los independentistas y al de Bildu, nos podríamos encontrar con un 175 a 175. Sánchez se ha visto en peores situaciones. ERC tiene ahora menos poder parlamentario porque decidió vetar los presupuestos de Sánchez. Y el presidente le sugiere que no repita el error.
La realidad es que el gran problema de Sánchez esta legislatura es cómo llegar con Pablo Iglesias, en un horizonte de tres o cuatro años, a un pacto que convenga a ambos partidos y no ponga en riesgo el papel de España en la UE en los próximos tiempos. Pero este es otro asunto sobre el que habrá que volver.
Pablo Iglesias mira a un cogobierno y Pedro Sánchez frena sus expectativas hasta el 26-M
Iván Gil
SEGUNDO. La vía para resolver el conflicto es la desinflamación, el funcionamiento de las comisiones bilaterales entre los dos gobiernos y los posibles pactos subsecuentes, pero la alteración del marco institucional exige una reforma del Estatut y de la Constitución que solo puede hacerse siguiendo los procedimientos establecidos y en los que el Senado —con mayoría socialista por primera vez desde 1996— tiene un papel importante. Se puede reformar la Constitución, no es nada fácil porque exige un acuerdo con la derecha pero es así.
Cataluña forma parte de España y para Pedro Sánchez que dos catalanes presidan el Congreso y el Senado es una reafirmación de la realidad y de su voluntad. Si ERC de facto no lo acepta, las cosas serán más difíciles. Para el PSOE y para España, por supuesto. Pero también para la propia ERC.
Sánchez cree que todo será más fácil si el PSC tiene más votos en Cataluña y el PSOE logra más complicidades en la sociedad civil
TERCERO. La desinflamación es necesaria para un día a día mejor, el diálogo y la negociación son necesarios y convenientes, pero Pedro Sánchez cree que el largo camino hacia la acotación y resolución del conflicto será más transitable si el PSC tiene más votos e influencia en Cataluña. En las recientes legislativas ha ganado en la provincia de Barcelona, con el 23,2% de los votos le ha pisado los talones al 24,6% de ERC en la totalidad de Cataluña y en las emblemáticas municipales de Barcelona del próximo domingo la última encuesta publicada, la de 'El Mundo' de ayer, dice que tanto Maragall como Colau y Collboni, por este orden, pueden llegar en primera posición.
Sánchez apuesta a que el PSC le dispute al independentismo (hoy básicamente ERC) el estatus de primer partido catalán y el secesionismo no puede impedir esa voluntad. Y no puede seguir hablando en nombre de Cataluña porque en las elecciones catalanas nunca ha superado el 48% y en las últimas legislativas (y subiendo) se ha quedado en el 39%.
Sánchez cree que su victoria en las legislativas indica que hay mucha España que no cree que poner un cinturón de fuerza a Cataluña sea la clave
CUARTO. El problema de España en Cataluña ha sido la desafección —por causas muy diversas— de una parte creciente de la población respecto a las instituciones españolas de la que ya advirtió José Montilla antes de la famosa sentencia del Constitucional. Dar la vuelta a esa desafección exige —además de garantizar el respeto al estado de Derecho— voluntad de desinflamar, de dialogar y de negociar.
Amenazar con un 155 preventivo, indefinido o más duro no es el camino porque el núcleo central del problema no es lo que hacen los dirigentes separatistas sino lo que piensan y desean los ciudadanos. Y las mentalidades no se cambian o inflexionan con medidas punitivas sino con inteligencia y persuasión.
Sánchez cree que esta política le ha ido bien porque pese a haber sido acusado de felón y de estar vendiendo España a plazos, en las últimas elecciones ha pasado de 84 a 123 escaños y la subida proporcional en Cataluña ha sido algo menor a la del resto de España.
Mayoría independentista en el Parlament tras la renuncia de Sànchez, Rull y Turull
Europa Press
Por eso se atreve a poner a dos catalanes en la presidencia del Congreso y del Senado la misma semana en la que se van a celebrar unas decisivas elecciones municipales, autonómicas y europeas. Sánchez cree que la apuesta por Miquel Iceta, Meritxell Batet y Manuel Cruz le va a beneficiar en Cataluña y en el resto de España. O que, como mínimo, no le va a perjudicar. El domingo veremos si su optimismo es razonable o, como le acusan sus enemigos, aventurero y compulsivo.
Me gustaría saber que piensa Ángel Gabilondo, un candidato que no representa al PSOE de los Ibarra o los Bono, pero que quiere ser presidente de la Comunidad de Madrid.
]]>ERC ha dado varios argumentos con un único punto de coincidencia: el no a Iceta. Su portavoz en el Parlamento catalán, Sergi Sabrià, dijo primero que “así no se hacen las cosas y que se habían enterado por la prensa”. Luego otros dirigentes de ERC recordaron que Iceta había apoyado el 155 y participado, junto a Enric Millo, en una gran manifestación contra la independencia organizada por Sociedad Civil Catalana. Ayer dijeron que la decisión de la Junta Electoral de no permitir a Junqueras estar en el debate en TV3 de los cabezas de lista a las elecciones europeas había precipitado las cosas y que además Iceta era una mala persona por no visitar a los presos.
Son razones poco comprensibles. Vetar que un político catalán —que no gusta ni al PP ni a Cs— presida el Senado de España, la Cámara territorial, es algo bastante fuerte. Todavía más porque es un veto que va contra normas y usos y costumbres parlamentarias. Una ley del Parlamento catalán especifica que los senadores autonómicos se designan al principio de la legislatura en proporción a los votos obtenidos y la junta de portavoces decidió que al PSC le tocaba uno. Así fue elegido José Montilla. Luego, cuando se produce una vacante (la dimisión de Montilla), es el grupo correspondiente el que designa al sucesor y los otros grupos lo refrendan. No es cortesía parlamentaria, como ha dicho algún bobalicón, es lo que se ha hecho siempre sin que criterios políticos hayan hecho nunca variar la práctica. El Parlament votó así que Xavier García Albiol, presidente del PP catalán, fuera elegido senador en enero de 2016. Mayor importancia tiene todavía la designación como senadora autonómica de la diputada de Cs Lorena Roldán el 4 de mayo de 2018, cuando el artículo 155 estaba en plena vigencia. ¿Salvador Sabrià podía votar en 2016 a García Albiol y en 2018 (con Junqueras en prisión y Puigdemont en el exilio) a Lorena Roldán, pero sus escrúpulos no le permiten votar ahora a Iceta porque Gabriel Rufián no ha sido consultado? Parece un chiste.
Es poco comprensible que ERC se niegue a que Iceta sea senador cuando no puso obstáculos a García Albiol o a una diputada de Cs
No hay explicación racional, pero debe tener alguna, porque ERC es un partido fuerte y con tradición (no un recién llegado) que ha dado a Cataluña presidentes como Francesc Macià, Lluís Companys y Josep Tarradellas, muy distintos pero todos con cargos relevantes en la II República, en el exilio y en la transición democrática cuando Adolfo Suárez. ¿Cuál puede ser la explicación?
El domingo apunté que el segundo puesto del PSC en las recientes legislativas (23,2% de los votos frente al 24,6% de ERC) y la victoria socialista en la provincia de Barcelona podían haber inquietado a ERC que (vista la deriva a la fragmentación del conglomerado Puigdemont-Crida-PDeCAT) podía haber concluido que su posición como partido dominante en Cataluña era ya indiscutible. Era lógico que la resurrección del PSC —gracias a la resiliencia de Iceta y al efecto Pedro Sánchez— incomodara. Especialmente si temían que Iceta, desde la presidencia del Senado, pudiera ser un candidato de peso en las próximas elecciones catalanas.
Pero una cosa es la incomodidad y la lucha por el electorado no muy definido y otra el veto a presidir el Senado a un político catalán que incluso habló de la posibilidad de estudiar en algún momento algún tipo de indulto. Bastante inexplicable.
Otra tesis es que ERC se siente frustrada e inquieta (más allá del lógico triunfalismo de fachada) con el resultado electoral. Tuvieron un gran éxito el 28-A con sus 15 diputados, que más que doblan los de Puigdemont. Pero a veces nueve diputados (los que tenían hasta ahora) pesan más que 15. Es lo que pasa ahora. Antes de que el no a los Presupuestos forzara la disolución de las Cortes, los nueve de ERC y los ocho del PDeCAT eran matemáticamente necesarios para que Sánchez pudiera gobernar. Ahora puede ser investido y gobernar (si ancla bien un pacto con Podemos y con el PNV) no sin negociar, pero sí dependiendo mucho menos de ERC.
ERC puede estar frustrada porque sus 15 diputados de 2019 pueden pesar bastante menos que los nueve de 2016
Y puede ser que la decisión normal de Sánchez de que la Mesa del Congreso esté formada solo por los cuatro principales grupos (lo que le permite excluir a Vox, que tiene nueve diputados más que ERC) haya sido mal digerida por los republicanos y quieran satisfacer su descontento con una patada en la espinilla al líder socialista.
Pero pretender corregir lo que se ha demostrado que para ellos fue un error (el voto contra los Presupuestos) con otro error que puede marcar la legislatura tiene poca racionalidad. No está el independentismo, que resiste bien pero no tiene dinámica alcista (39% del voto en las recientes legislativas frente al 32% de 2016, pero casi el 48% de las autonómicas de 2017), para decisiones poco meditadas. Y la victoria en la Cámara de Comercio tiene el valor que tiene, pero solo votó el 4% del censo (antes votaba menos) y en todo caso es un éxito de la militancia de la ANC, que no está en sintonía ni con Puigdemont ni con ERC y que si se presentara a unas elecciones introduciría todavía más división en el campo separatista. Y el candidato de FemCat, del independentismo tradicional, también salió derrotado.
Barones y alcaldes del PSOE respiran por el no de ERC a Iceta: "Se ve que no hay pacto"
Rafael Méndez
Por eso, que ERC reaccione a su posible pérdida de valor estratégico en el Congreso con una patada al PSOE no tiene sentido. La primera consecuencia —que ya apuntó El Confidencial— puede ser facilitar un pacto entre socialistas y comunes en el Ayuntamiento de Barcelona que perjudique a Ernest Maragall.
Se analice como se analice, se entiende mal. Hay quien sostiene que, pese a un discurso y una práctica normalmente más realista, en los momentos cruciales ERC acaba asumiendo una posición igual de agresiva que Puigdemont. El 27-O de 2017, cuando parecía que Puigdemont se inclinaba a congelar la DUI y convocar elecciones (la negociación con Rajoy a través de Urkullu), Gabriel Rufián lanzó el tuit de las 155 monedas de plata. ERC fue la primera en decir que no votaría los Presupuestos de Sánchez si antes no había cambios en la calificación de rebeldía de la Fiscalía. Y ERC ha sido —por boca de Sabrià— la primera en el veto a Iceta. Pero todo el mundo sabe que Sabrià pesa lo que pesa y que la decisión final se ha tomado en Soto del Real.
El independentismo no se atreve a confesarse —menos a admitir— que la Constitución española es de obligado cumplimiento
Si fuera así, habría que llegar a la conclusión de que, en último término, Puigdemont y Junqueras están en una posición muy similar y que lo que les separa es el personalismo y el odio entre los respectivos aparatos, más 'amateur' uno (el puigdemontista) y más profesional el otro. Pero que ninguno quiere aceptar —o no se atreven a confesarlo a los creyentes— que la independencia puede ser un objetivo legítimo pero que en el corto plazo tienen que respetar —admitiéndolo o negándolo— la Constitución democrática del 78 y la posición europea, radicalmente contraria a la emergencia de nuevos Estados.
Pero estas interpretaciones no son incompatibles, sino que complementan una realidad que sobrepasa la política racional y que por eso es más difícil de entender (especialmente para los ajenos a la fe nacionalista). Todo puede deberse en gran parte a que la larga prisión provisional y sin fianza de los presos y la posible e inminente condena a penas no leves de quienes son los dirigentes del partido tiñen de emocionalidad todas las decisiones de la cúpula republicana y mantienen unida a su militancia en un discurso que alterna la racionalidad con fuertes y espectaculares gestos de repulsa. La emoción prima sobre la razón. Los 'emocionados' no pueden actuar con racionalidad y los racionales no entienden —pese a todas las lecciones de la historia— que el Estado de derecho es la garantía de la democracia, pero no controla todas las emociones. Y es cierto que los conflictos políticos no se resuelven en los tribunales y con penas de prisión, y que todos los nacionalismos —todavía más los insatisfechos— son muy emocionales.
La situación de los presos y las emociones que generan en dirigentes y militantes son el factor predominante en muchas decisiones
Quizás estemos ahí, en un desbordamiento nacionalista y por la situación de unos presos que tuvieron el apoyo de mucha gente. Y como dijo una vez acertadamente Jordi Pujol, es imposible volver a meter en el tubo la pasta de dientes cuando ya ha salido.
Pedro Sánchez ha dicho que ERC no ha vetado a Miquel Iceta sino el diálogo, la convivencia y la negociación. Respecto a la convivencia, Sánchez se equivoca, porque pese a todo en Cataluña hay convivencia, lo que no excluye fuertes tensiones. Y ERC tampoco ha vetado el diálogo y la negociación. No puede. Le ha propinado, eso sí —por falta de racionalidad—, un duro golpe que no beneficiará ni a los presos, ni al secesionismo, ni a Cataluña ni a la democracia española.
La ilusión (si prefieren, el fantasma) separatista —que Artur Mas y Rajoy, uno por error garrafal y el otro por falta de cintura— reavivaron en 2012 nos sigue acompañando. Y la famosa sentencia del Constitucional y la crisis no fueron la única causa, pues entre 2010 y 2012 CDC y el PP votaron muchas cosas juntos, entre ellas, unos Presupuestos catalanes. ¿Cómo doblegar las emociones a la racionalidad? La historia nos demuestra que los españoles y los catalanes no estamos especialmente dotados para ello.
]]>La última encuesta, la del CIS, predice un empate entre Ada Colau y Ernest Maragall mientras Jaume Collboni queda en tercera posición. Quizás lo más relevante es que tanto ERC (más) como el PSC (menos) suben sensiblemente respecto a las elecciones de hace cuatro años y pueden resultar beneficiados por los buenos resultados de sus partidos el 28-A; mientras que Ada Colau tiene problemas para mantener el resultado del 2015. Quizá porque En Comú Podem, que ganó las legislativas en Cataluña en el 2015 y 2016, ha quedado ahora en tercera posición detrás de ERC y del PSC.
En las municipales de 2015, el PSC tuvo más votos, pero menos concejales que ERC porque es fuerte en las ciudades de la provincia de Barcelona
Hay otros muchos municipios —como l'Hospitalet y las otras tres capitales de provincia— cuyos resultados serán indicativos. Pero el segundo centro de interés será el cómputo total de las elecciones municipales en Cataluña, que en 2015 ganó la coalición CiU (CDC más Duran i Lleida), hoy desaparecida, con el 21,5% de los votos y 3.333 concejales, seguida del PSC con el 17% y 1.278 concejales y ERC con el 16,4% y 2834 concejales. El menor número de ediles del PSC se debe a que gana en las ciudades más grandes de la provincia de Barcelona, con mayor número de habitantes que las capitales comarcales y pueblos, donde CiU y ERC son más fuertes.
No hay encuestas sobre las municipales de este año, pero es difícil que JpC pueda mantener los resultados de CiU porque atraviesa una fuerte crisis interna entre muchos alcaldes y cuadros de la antigua CDC y el 'puigdemontismo'. Y porque en las recientes legislativas ha quedado muy rezagada respecto a ERC y el PSC, ya que ha tenido un 12% de los votos frente al 24,6% de ERC y el 23,2% del PSC. El resultado es pues una incógnita y será la suma de muchas realidades municipales diferentes.
Pero el tercer punto de interés, el resultado de las europeas, dará muchas claves. Por dos motivos. Uno, por la batalla directa y personal entre Junqueras y Puigdemont, ambos abren las listas de ERC y de JpC por el liderazgo del independentismo. Si Junqueras batiera a Puigdemont con la misma intensidad con la que lo ha hecho en las legislativas a JpC, liderada por Jordi Sànchez (le ha doblado en votos), el 'puigdemontismo' —que apuesta por el 'cuanto peor mejor' en las relaciones con Madrid— entraría en una fuerte crisis.
Según la encuesta del CEO de la Generalitat, solo tres décimas separan al PSC de los republicanos en las elecciones europeas
Pero el segundo motivo también es relevante porque según las encuestas —la más reveladora es la del CEO de la Generalitat del viernes— la victoria en las europeas se la disputan ERC, con el 22,5% de los votos, y el PSC (22,2%) pisándole los talones. Y con JpC, que sube notablemente del 12% de las legislativas al 21,2%, en tercera posición. ¿Fenómeno Puigdemont? ¿Ayudado por la propaganda gratuita del intento de excluirle instado por el PP y Cs y finalmente rechazado por la Justicia y el Constitucional?
Así, el panorama político catalán que emerja tras las municipales y las europeas no se dirime solo entre ERC y JpC, sino entre tres, ya que el PSC, reforzado por el liderazgo de Miquel Iceta y el efecto de la victoria de Pedro Sánchez en las recientes legislativas, es el tercero en discordia que puede convertirse en el primero; lo que cambiaría sustancialmente la ecuación política catalana.
En este contexto se puede entender la reacción contraria del portavoz de ERC en el parlamento catalán, Sergi Sabrià, al anuncio de Pedro Sánchez de que el PSOE presentaría a Miquel Iceta como candidato a presidir el Senado, donde los socialistas acaban de alcanzar la mayoría absoluta. Pero como Iceta no es miembro del Senado, su elección está pendiente de un trámite en apariencia simple que consiste en que José Montilla, actualmente senador elegido por el parlamento catalán, dimita y sea sustituido por Miquel Iceta. En principio no tenía que haber ningún problema porque siempre se confirma al senador autonómico que propone el grupo parlamentario que tiene derecho. Así nadie puso reparos a que el entonces presidente del PP, García Albiol, fuera elegido senador o que lo mismo pasara con Lorena Roldán, diputada autonómica de Cs y posible sustituta de Inés Arrimadas en el parlamento catalán.
¿Podría Iceta como presidente del Senado volver a ser el candidato del PSC a la Generalitat en las elecciones catalanas?
Pero Sabrià ha reaccionado con hostilidad afirmando que así no se pueden hacer las cosas y que se habían enterado por la prensa, como si el PSOE tuviera que consultar con ERC la presidencia del Senado. Se ha dicho que ERC intentaba así forzar que los socialistas apoyaran la petición de los políticos presos de quedar en libertad para poder ejercer los cargos para los que acaban de ser elegidos, pero es una explicación no satisfactoria ya que la primera decisión corresponde al Tribunal Supremo, donde el PSOE no puede interferir.
¿Entonces? Quizás la explicación es que ERC, con un Puigdemont cada vez más desconectado de Cataluña y con un mandado en la Generalitat, Quim Torra, que no deja de meter la pata, creía que podría ser el primer partido de Cataluña sin bajarse del autobús. Más aún cuando Cs, que con Arrimadas ganó —por poco— las autonómicas del 2017 ha tenido en Cataluña un pobre resultado en las legislativas (ha quedado en quinto lugar con un 11,5% de los votos cuando ganó las autonómicas del 2017 con un 25,4%).
Pero el efecto Sánchez con su política de desinflamación y su reciente victoria electoral puede estar cambiando las cosas. Haber cambiado la ecuación catalana. En efecto, el PSC subió de siete a doce diputados en las legislativas, ganó en la provincia de Barcelona y con su 23,2% ha estado cerca de impedir la victoria por primera vez de ERC (24,6%) en unas legislativas. Ahora Jaume Collboni, menos conocido que Ernest Maragall, se ha convertido en un competidor, que no hay que despreciar, para la alcaldía de Barcelona; y encima el PSC se coloca a solo tres décimas de ERC en las europeas. ¿Y si la hegemonía en Cataluña no estuviera asegurada por la resurrección del PSC, un partido implantado desde hace muchos años y ligado al primer partido español?
En este contexto es más comprensible que el ascenso de Iceta a presidir el Senado, pocos días antes de las europeas y municipales, preocupe a los republicanos. Pero ¿es suficiente para afrontar los costes que tendría impedir que un catalán presidiera el Senado cuando Pasqual Maragall, el hermano de su candidato a la alcaldía, insistió mucho en que el Senado trasladara su sede a Cataluña? Parecería que no y que por lo tanto las aguas tuvieran que volver a su cauce.
A no ser que… alguien me dice que lo que le preocupa a ERC es que Iceta, con el plus de la presidencia del Senado y con una imagen reforzada, decidiera volver a ser el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat cuando se convoquen las próximas elecciones catalanas que pueden ser de vida o muerte para el 'procés'. Alguien próximo a Iceta ni lo confirma ni lo descarta y en ERC temen que todo forma parte de un plan diseñado por Iván Redondo.
Lo más curioso —y que indica que Cataluña es en parte un mundo desconocido en la capital— es que mientras la tensión se eleva en Cataluña entre socialistas y republicanos, hay gente del 'establishment' de Madrid que creen, o al menos siguen afirmando en público, que la propuesta de Miquel Iceta para presidir el Senado es el primer pago de Pedro Sánchez al independentismo para tener su apoyo en la nueva legislatura. Con ese grado de información, se entiende que el PP de Pablo Casado haya bajado de seis a uno sus escaños catalanes el pasado 28-A.
]]>Respecto a las municipales, la madre de todas las batallas es la alcaldía de Barcelona, en manos socialistas desde las primeras municipales de 1980 hasta 2011, que CDC con Xavier Trias arrebató entonces a los socialistas, y que en 2015, Ada Colau, encabezando un movimiento de protesta y una coalición electoral que iba desde la antigua ICV a Podemos, logró conquistar, pese a un resultado muy regular (11 concejales sobre 41), gracias a ser la fuerza más votada.
Ahora la batalla está muy abierta, pero con dos constataciones. La primera es que ninguna fuerza volverá a conseguir el mínimo de los 15 concejales que tuvieron todos los alcaldes socialistas. La segunda, que la experiencia Colau, gobernando en minoría y sin capacidad de lograr acuerdos o complicidades estables, no se debería repetir porque lastra mucho las posibilidades de Barcelona, muy afectada también por el dominio del independentismo sobre la política catalana.
Pero la encuesta publicada ayer por 'El Periódico de Cataluña' confirma que la mayoría estable no está garantizada. La encuesta sitúa en primer lugar a la lista de ERC, encabezada por Ernest Maragall, hermano de Pasqual, el alcalde olímpico y posterior presidente socialista de la Generalitat, que obtendría 11 concejales, seguido de Barcelona En Comú (Ada Colau) con nueve o 10, el PSC con ocho, Cs con seis, JxCAT con cinco o seis y el PP con cero o dos.
ERC es la lista favorita en la encuesta de 'El Periódico', pero en la ciudad de Barcelona el pasado 28-A solo superó al PSC por 3.000 votos
Hay dos fuerzas que suben con claridad —ERC y el PSC, los ganadores de las generales—, que saltan del 11% al 22,5% y del 9,6% al 16,6% respectivamente, mientras que Cs sube más modestamente (del 11% al 13,1%), pese a que la encabeza como independiente Manuel Valls, antiguo primer ministro de Francia. Y hay otras tres que retroceden con intensidad, Junts per Barcelona (la antigua CDC), que pasa de los 10 concejales conseguidos por Xavier Trias en 2015 a cinco o seis, el PP catalán, que sacaría un máximo de dos concejales, ya que con el 4,6% de la encuesta podría quedarse incluso fuera del ayuntamiento, y la CUP, que cae todavía más y que no obtendría concejales.
Si estos fueran los resultados, lo más probable sería una coalición de ERC y Colau que podría llegar (no es seguro) a los 21 concejales de la mayoría absoluta, o que el alcalde fuera Ernest Maragall como la fuerza más votada. Pero el PSC, animado por el resultado de las legislativas en la ciudad de Barcelona, donde la distancia con ERC fue solo de 3.000 votos, ha decidido poner toda la carne en el asador porque cree que tiene la victoria a su alcance. Porque Ada Colau pierde empuje junto al descenso general de Podemos y JxCAT puede recuperar terreno y frenar algo el ascenso de ERC.
Por eso, en el ciclo de presentación de los candidatos a la alcaldía organizado por Foment, la patronal catalana, Jaume Collboni, el candidato socialista, se hizo ayer presentar por una telonera de lujo, la ministra de Economía y Hacienda, Nadia Calviño, quizás el miembro del Gobierno que, salvo el propio Pedro Sánchez, más podía impactar a los empresarios. Lo cierto es que la expectación era grande y hubo que cambiar la sala a otra de mayores dimensiones que la que Elsa Artadi, la candidata de JxCAT, utilizó el día anterior. Calviño reafirmó que la economía española resistía bien la desaceleración europea —el ritmo de crecimiento del PIB subió del 0,6% al 0,7% entre el último trimestre de 2018 y el primero de 2019, y el empleo sigue aumentando un 3% anual, según la EPA—. Calviño también subrayó la voluntad modernizadora y reformista del Gobierno, destacando que el plan de estabilidad enviado a Bruselas prevé que no haya ya déficit público primario (antes de la carga de intereses) en 2021.
Jaume Collboni se presentó como socialdemócrata, amigo de la economía y preocupado por el descenso de la seguridad
También subrayó que la economía catalana es el 19% del PIB español, por lo que es muy conveniente que se superen los conflictos políticos y no afloje el ritmo de crecimiento. Apuntó también que a Barcelona siempre le ha ido bien cuando han coincidido un alcalde del PSC y un presidente socialista en España. Collboni abundó en esta idea (JJOO del 92) y aseguró que quería ser un alcalde “de todos”, no solo “de unos” y menos aún “contra otros”. En este sentido, insistió en que había que pasar página de las divisiones del 'procés' y acabar con las trincheras. Se mostró muy socialdemócrata —objetivo de pobreza cero para 2030—, pero también pragmático e incluso 'business friendly', por ser consciente de que no se puede repartir riqueza si al mismo tiempo no se ayuda a crearla, y prometió acabar con la tasa municipal que grava las nuevas actividades. Hay que recaudar impuestos “cuando las empresas ya funcionan, pero no entorpecer y poner obstáculos a su creación”.
También destacó la necesidad de incrementar la seguridad pública y el respeto de las normas que —aseguró— se habían degradado bajo el mandato de Colau, en la que dijo no tener ninguna confianza y a la que acusó de haber roto el breve pacto municipal con el PSC para congraciarse con el independentismo. Argumentó que tenía en Albert Batlle —el tercero de su lista— la persona más adecuada para velar por la seguridad pública. Batlle, antiguo concejal socialista, fue luego director general de Seguridad con Artur Mas y Puigdemont, y dimitió cuando creyó —en la última crisis del Gobierno Puigdemont— que se había emprendido la marcha definitiva hacia el choque de trenes. Batlle se ha integrado en la lista de Collboni por el grupo Units per Avançar (Unidos para Avanzar) que preside Ramon Espadaler, antiguo dirigente de los democristianos catalanes.
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Un Jaume Collboni notablemente crecido respecto a meses atrás —y hablando con la gravedad del candidato favorito— se definió como representante a la vez de los progresistas y de los moderados y llamó a no desperdiciar el voto en opciones sin posibilidades, definiéndose como la única alternativa posible para evitar un ayuntamiento de coalición de ERC con Colau, o de Colau con ERC.
El PSC no lo tiene fácil. Perdió las legislativas en la ciudad de Barcelona por solo 3.000 votos y ganó en la provincia, pero en la encuesta de 'El Periódico' Collboni está todavía a seis puntos de ERC y a 3,5 de Colau. Collboni cree que puede liquidar este gap en menos de tres semanas con la ayuda del indudable efecto Sánchez. Por eso la presencia ayer en Barcelona de Nadia Calviño, para impactar en el mundo empresarial. Es muy posible que no sea la única ministra (o ministro) que Collboni —que hizo gala tanto de su sensibilidad al mundo económico como de su pasada militancia en UGT— haga aterrizar los próximos días en Barcelona.
]]>Era irrebatible. En el 2017, con una hábil campaña que prometía su retorno a Cataluña si ganaba las elecciones, el presidente, recién exiliado en Bruselas, consiguió el 21,65% de los votos y 34 diputados autonómicos batiendo por los pelos a Oriol Junqueras, que desde la cárcel de Estremera partía como ganador y que se tuvo que conformar con el 21,39% y 32 escaños. Desde entonces, el combate entre los dos líderes no ha cesado ni un minuto, y los puigdemontistas esperaban que la lista del exiliado, que decía encarnar la radicalidad insobornable frente a la actitud más realista de Junqueras, confirmara el liderazgo del presidente en el exilio.
Pero pasó todo lo contrario. JxCAT, la lista de Puigdemont, cayó del citado 21,6 de las autonómicas del 2017 al 12,05%. ¡Nueve puntos menos!, mientras Oriol Junqueras ascendía del 21,39% al 24,59%. Y ERC, con 15 diputados en Madrid, más que duplicaba los 7 de JxCAT.
El ganador claro fue Junqueras y un cada vez más aislado y desprestigiado Puigdemont tenía que afrontar unas elecciones europeas, frente a Junqueras, en las que partía con el viento en contra.
La decisión de la Junta Electoral permite a Puigdemont presentarse como el político más perseguido y temido por el Estado español
Pero de repente la Junta Electoral Central, un organismo administrativo que debe velar por la legalidad y limpieza de las elecciones, ha acudido a socorrerle al prohibir su candidatura y permitirle proclamar que Madrid tiene miedo de Puigdemont, el único enemigo sólido del Estado español, que quiere eliminarle de las elecciones europeas por todos los medios. El discurso es que España teme que, desde el parlamento europeo, Puigdemont señale y denuncie todas las arbitrariedades que hacen que la democracia española tenga una muy baja calidad.
La Junta Electoral debe ser un organismo escrupuloso y neutro pero la creciente polarización política está dificultando mucho su labor. Costó entender que prohibiera el debate a cinco, con Vox, un partido al que todas las encuestas sin excepción daban grupo parlamentario, en una televisión privada. Cuesta todavía más de entender la prohibición a Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, de participar en los debates municipales en la televisión pública con el argumento (cierto, pero políticamente peregrino) de que Más Madrid es un partido nuevo. ¿La alcaldesa de Madrid no puede debatir en Telemadrid en las elecciones municipales? ¡Vaya! La Junta Electoral, organismo mixto formado por magistrados y catedráticos de Constitucional, se ha refugiado en lecturas cerradas de la letra de la ley para dirimir los conflictos entre los partidos, olvidando que aplicar la ley sin sentido común puede conducir a aberraciones jurídicas y políticas.
Y una aberración jurídica y una irresponsabilidad política es negarle a Puigdemont sus derechos políticos argumentando que no está inscrito correctamente en el censo y que está en rebeldía. La decisión es más aberrante todavía ya que fue tomada por siete votos contra cuatro y entre los cuatro que hicieron votos particulares están el presidente y el vicepresidente de la Junta, Segundo Menéndez y Eduardo Calvo, dos prestigiosos magistrados de la sala tercera del Tribunal Supremo. Naturalmente los abogados de Puigdemont han recurrido la decisión y el exiliado ha aprovechado para repetir en todos los medios europeos su campaña sobre la baja calidad democrática de España.
La decisión de la Junta Electoral es tan aberrante que la Fiscalía ha tenido que salir a defender los derechos políticos de Puigdemont
Y como la decisión es extraña y bastante incomprensible —se aplican de forma discutible unos artículos que no se consideraron ni contra el propio Puigdemont ni contra otros en otras elecciones— la fiscalía se ha tenido que pronunciar a favor de Puigdemont alegando que se viola su derecho pasivo al sufragio, un derecho fundamental. Y tres juzgados administrativos de Madrid han decidido lavarse las manos y pasar la patata caliente al Tribunal Supremo (que se la acaba de devolver a estos mismos juzgados) por lo que todavía no se sabe si Puigdemont podrá ser candidato a las elecciones europeas de dentro de tres domingos.
Es una situación embarazosa y complicada para España porque da un pretexto a Puigdemont para seguir con su campaña descalificadora. Pero, sobre todo, ha sido una inyección de vitaminas para el 'expresident' pues le ha permitido no tener que explicarse sobre su fracaso el 28-A, le ha dado gratis multitud de titulares en la prensa catalana, española y mundial y le ayuda a presentarse como el independentista más temido y perseguido por el Estado español y justificar así sus extrañas iniciativas desde Waterloo. Incluso tapa algo las decisiones tan arbitrarias como las de su subordinado Torra que acaba de dar la Creu de Sant Jordi, la distinción catalana más apreciada (hasta ahora), a una expresidenta del Parlament que ha tenido una deriva incomprensible, que ha calificado de cerdos a políticos catalanes no independentistas y que incluso fue censurada el año pasado por el propio parlamento catalán por tuits anteriores de carácter exclusivista o supremacista.
La candidatura de Puigdemont a las europeas, en manos del Supremo
Beatriz Parera
Puigdemont ha podido entrar en campaña como la bestia negra del autoritarismo españolista. Parecería pues que Puigdemont tuviera un ángel protector en Madrid que, cuando empieza a eclipsarse en Cataluña, le facilita recuperar protagonismo. En efecto, si Puigdemont puede finalmente ser candidato —creo que es lo que acabará sucediendo— habrá disfrutado de una gran campaña publicitaria gratis e inimaginable que puede ayudarle a sacar el acta de diputado europeo, que no tenía garantizada por haber perdido la tradicional alianza de CDC con el PNV y por el disparo de votos a ERC en las últimas elecciones.
Y, si finalmente no puede ser candidato, la justicia española no se librará de las sospechas y de la polémica —ya le pasó al juez Llarena al pedir la entrega de Puigdemont por rebelión que fue rechazada por un alto tribunal alemán— y su candidatura recibirá unos votos inesperados de ciudadanos de buena fe que creerán que es la forma adecuada de protestar contra lo que para muchos —incluida la Fiscalía— es una negación de derechos políticos. Y, por último, pero no menos relevante, no tendría que asumir otra posible derrota frente a Junqueras.
¿Están interesados el PP y Cs en favorecer a Puigdemont para provocar una reacción de rechazo al catalanismo en el electorado?
Sí, Puigdemont ha recibido un gran regalo de la Junta Electoral que es inexplicable sin la existencia de un ángel de la guarda. Y el ángel protector solo puede ser quien presentó el recurso contra su candidatura ya que la Junta Electoral no actuó de oficio, sino tras un recurso. Y los recurrentes fueron el PP y Cs, o sea las dos fuerzas políticas teóricamente más antiseparatistas.
¿Por qué el PP y Cs han hecho este regalo de Pascua a Puigdemont? Puede ser que sea de buena fe, porque crean que así dañan al secesionismo y a Puigdemont. En este caso —que deseo que responda a la realidad— solo estarían volviendo a demostrar su incapacidad para entender el conflicto catalán y su falta de estrategia para todo lo que no sea el corto plazo.
Pero también puede ser que en las cúpulas de los dos partidos haya gente que crea que si Puigdemont aparece ante la opinión pública como alguien peligroso, favorezca una reacción de hartazgo contra el catalanismo que les pueda beneficiar electoralmente. Y que, por eso, conscientemente tiendan a evitar que desaparezca. La propia Inés Arrimadas, entonces líder de la oposición catalana, parecía inclinada a este razonamiento cuando convocó hace pocos meses una inexplicable e improductiva manifestación ante la residencia de Puigdemont en Waterloo, que solo sirvió para incrementar el protagonismo de Puigdemont (y de Arrimadas) en los medios de comunicación.
Casado se proclama representante único del centro derecha y carga contra Cs y Vox
Ángel Collado
Sí, los disparates del separatismo pueden alimentar una reacción de rechazo de un sentimiento español agraviado. Es algo que acabamos de ver que ya se ha producido. Lo que pasa es que los beneficiarios no han sido ni Inés Arrimadas, ni Albert Rivera, ni Pablo Casado sino Santiago Abascal y los 24 nuevos diputados de Vox.
Esperemos que el los tribunales sepan poner rápidamente algo de sentido común, basado en los principios democráticos, en el desbarajuste jurídico, mediático y político creado por la decisión de la Junta Electoral Central contra el criterio de su presidente y su vicepresidente.
¿Puede tener Puigdemont algún agente emboscado en las cúpulas del PP o Cs? Creo que no, pero podrá dar para una buena novela de John Le Carré.
]]>Vamos primero a los resultados en toda España. En 2016, cuando la derecha era comandada por Rajoy en posición moderada ('maricomplejines' para algunos) y Rivera se situaba algo a su izquierda, el centro-derecha sacó el 46% de los votos y 169 diputados. Ahora, la triple derecha (la suma del PP neoaznarista, un Rivera derechizado y Vox) ya no es el centro-derecha y ha descendido al 43,6%. Con las banderas de un centro-derecha 'cobardica', PP y Cs obtuvieron 169 diputados en 2016, ahora, con la de salvar a España del peligro de los relatores, del pacto de Pedralbes y con la promesa de una aplicación inmediata de otro 155 pero más duro y de duración indefinida, la suma de la derecha se ha reducido a 149 diputados. Un total de 20 escaños menos y a una distancia de 27 (antes eran siete) de la mayoría absoluta.
En 2016, el centro-derecha liderado por Rajoy tuvo 169 escaños, 20 más que los 149 de la triple derecha de la plaza de Colón
Por el contrario, la izquierda (PSOE, Podemos y Compromís) ha pasado de 156 a 166 y en el Senado —relevante en algunos asuntos— la mayoría absoluta socialista ha sustituido a la absoluta del PP. El resultado es claro. Las fuerzas partidarias de aplicar el 155 y limitar el autogobierno catalán han retrocedido y los partidarios del diálogo y la negociación han avanzado.
Y en Cataluña han pasado cosas similares. La primera es que los partidarios de aplicar el 155 han sufrido un retroceso todavía más fuerte. En efecto, del 24,2% que obtuvieron el PP y Cs en 2016 se ha pasado al 20% entre Cs, el PP y Vox. Y de 11 diputados sobre 47 que elegía Cataluña en 2016 se ha pasado a solo siete sobre 48 contando con el conseguido por Vox en la provincia de Barcelona. El gran damnificado de este descenso de los involucionistas es el PP, que pasa del 13,3% del voto y seis diputados al 4,85% y un solo diputado. Todo un éxito de Cayetana Álvarez de Toledo, la arrogante e inteligente musa de FAES, que Casado envió a Cataluña a hacer ostentación de no hablar catalán.
Debacle del PP en las elecciones generales: obtiene el peor resultado de su historia
J. R. S.
Cs sale aparentemente algo mejor parado porque sube en porcentaje, del 10,9% al 11,55%, y conserva los cinco escaños de 2016. Pero es un salvar los muebles solo aparente, porque en las elecciones autonómicas de diciembre de 2017, Cs fue la primera fuerza con un 25,4% del voto —batiendo por poco a JxCAT y a ERC— y ahora es la sexta, con menos de la mitad de los sufragios. Cs fue en 2017 el partido refugio de los antiseparatistas y triunfó, y ahora ha naufragado al declararse partidario de otro 155, de limitar el autogobierno y al confundir antiseparatistmo con alergia al catalanismo.
El rasgo común a España y Cataluña es que en ambas circunscripciones descienden los partidos que abogan por aplicar otro 155, limitar el autogobierno catalán y exigir mano dura con los dirigentes independentistas que están siendo juzgados en el Supremo.
Por el contrario, el PSC ha saltado del 16,1% y siete diputados de 2016 al 23,2% y 12 diputados. Se ha beneficiado tanto del mayoritario rechazo de la sociedad catalana al 155 (la participación en Cataluña ha subido más de 13 puntos, frente a seis en España) como de la política de desinflamación de Pedro Sánchez. ¿Quién ha salido mejor parado, el PSC o el PSOE? Iceta tiene cinco diputados más sobre 48 que elige Cataluña, sube pues un 10%, y el PSOE 48 más sobre 350, un 13%. La desinflamación beneficia a los dos, pero algo más a Ferraz.
El segundo punto común es, pues, que la socialdemocracia ha salido beneficiada, un poco más en España que en Cataluña, de oponerse al 155. Interesante ejercicio de reflexión para Alfonso Guerra y sus repentinos admiradores de la derecha.
El independentismo tendrá más diputados en el Congreso, pero pesarán bastante menos
¿Qué le ha pasado al independentismo? Habrá que analizarlo más a fondo, pero hay tres conclusiones claras.
Una. Tendrá más diputados, 22, frente a 17 de la pasada legislatura, pero esos diputados pesarán menos porque serán mucho menos decisivos. Los de JxCAT, que quieren que España no se pueda gobernar y sin Campuzano han perdido profesionalidad, por descontado. Los de ERC, más numerosos, dependerán de su habilidad. De momento, el diputado Pepe Zaragoza, un veterano de la máquina del PSC, se permitió decir ayer en TV3 que con esta composición del Congreso no se habrían convocado elecciones porque los Presupuestos de 2019 habrían sido aprobados. El independentismo se equivocó al provocar un adelanto electoral que ha reducido su influencia parlamentaria.
Segunda. Se confunden los que creen que el independentismo está perdiendo fuerza, porque su porcentaje ha subido del 32% al 39% entre las legislativas de 2016 y las de 2019. Pero se equivocan todavía más los que creen que están avanzando y que el futuro les sonríe. No solo pintarán menos en el Congreso, sino que bajan del 47,8% de las autonómicas de 2017 al 39,6%. Con el 47,8% ya se debía tener una concepción algo 'elementalista' para afirmar que representaban la voluntad indudable e irrenunciable del pueblo de Cataluña. Con el 39,1%, ¿qué? Si insisten, habrá que consultar al psicoanalista.
Bajar del 47% de las autonómicas de 2017 al 39% el pasado domingo indica que el separatismo no tiene el viento a favor
Es cierto que en las legislativas el nacionalismo siempre ha tenido peores resultados que en las legislativas, pero esta es una regla de la España autonómica que ya no debería estar vigente si Cataluña hubiera dado el salto cualitativo y se considerara ya —como afirman Puigdemont y Torra— una república independiente. Y menos con el actual juicio en el Supremo, cuya sentencia dice Torra que puede generar tanta indignación que haga posible otra declaración unilateral que —esta vez sí— arrolle a las fuerzas del 155. Visto lo visto, nada de 155, psicoanálisis. Siempre, claro, que no se haga con los mandos de la Moncloa un discípulo de Jiménez Losantos, lo que —al menos a corto plazo— no va a suceder.
Tercera. Dentro del independentismo, ERC, que al parecer progresa adecuadamente hacia el realismo y el pragmatismo (se nota hasta en el lenguaje de Gabriel Rufián, que ya es decir), les va comiendo terreno al fundamentalismo y radicalismo de Puigdemont y Torra, que se han apoderado del cuadro de mandos de JxCAT y del PDeCAT.
Puigdemont se lanza contra ERC: "La independencia no pasa por Madrid"
A. Fernández. Barcelona
Cierto que JxCAT ha aguantado mejor que el PP (ha bajado solo un diputado frente a cinco de Álvarez de Toledo), pero en comparación con ERC ha tenido una debacle. En 2016, el PDeCAT (todavía Puigdemont no mandaba en la antigua CDC) tuvo ocho diputados frente a nueve de ERC. Ahora, JxCAT tiene siete y ERC 15.
RESUMEN EJECUTIVO. Uno. España y Cataluña han sintonizado votando contra los tentados por el involucionismo con uniforme de 155 (PP, Cs y Vox). Dos, el PSOE y el PSC han sido los grandes beneficiados (más que Cs y Vox, que también han subido escaños). Tres, el independentismo sigue vivo, pero no puede afirmar que representa a Cataluña bajando del 47,9% al 39,1% de los votos. Cuarto, dentro del secesionismo la evolución hacia el realismo de Junqueras y ERC parece estar imponiéndose al maximalismo de Puigdemont y Torra, ya que les han más que doblado en escaños cuando Puigdemont (entonces menos definido) les sacó una ligera ventaja en las autonómicas de 2017.
]]>Cataluña está en España y por tanto las encuestas anticipan también una erosión del voto de En Comú Podem, el partido de Ada Colau asociado a Podemos, que ganó las legislativas en el 2015 y 2016 y que ahora podría quedar en tercera posición. Las consecuencias políticas de la crisis económica estarían pues empezando a corregirse.
Elecciones generales: PSC, el blanco de las críticas en el debate de TV3
E.P.
Pero como consecuencia de la conjunción de la debacle económica y del hondo malestar político, originada por la campaña contra el nuevo Estatut de Cataluña del 2006 y agravada por la posterior —cuatro años después y con muchas tensiones y luchas internas en el tribunal— sentencia del Constitucional, Cataluña sufrió un terremoto político. La separación de España, que antes del 2010 tenía un apoyo máximo del entorno del 20%, pasó a ser en las elecciones catalanas del 2015 y del 2017 —antes y después de la declaración unilateral de independencia y de la aplicación del 155— del 47% con lo que los secesionistas lograron la mayoría absoluta en el parlamento catalán gracias a la ley electoral española que prima en diputados a las provincias menos pobladas de Tarragona, Girona y Lleida frente a la de Barcelona.
Y fue por este 47%, a la subsecuente mayoría parlamentaria y al dominio anterior y posterior del gobierno de la Generalitat, que los separatistas proclamaron que encarnaban la indudable voluntad del pueblo de Cataluña, cuando todas las encuestas (incluidas las del CEO, el instituto oficial de la Generalitat) dicen que Cataluña está partida en dos mitades prácticamente iguales. Y es por este 47% que la mayoría independentista votó sendas leyes que rompían con la legalidad española y convocaba un referéndum de autodeterminación en septiembre del 2017 y proclamó unilateralmente el 27-O la independencia, que fue reducida a nada por el 155 votado en el Senado por el PP y el PSOE tras el pacto entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.
El dato más revelador será si el separatismo baja —y en qué proporción— del 47% alcanzado en las dos últimas elecciones autonómicas
Más tarde, la confirmación del 47% en las elecciones de diciembre del 2017 —bajo el 155— ha hecho que la crisis siga viva entre un gobierno de la Generalitat que no abdica de su voluntad independentista pero que no se atreve a violar la legalidad, el gobierno de Madrid —primero del PP y luego del PSOE—, y los partidos de la derecha española que prescriben como única solución la aplicación de otro 155, con carácter preventivo y de más larga duración.
Las elecciones legislativas de hoy permitirán ver la evolución de la opinión pública catalana y si el desencuentro político continúa, se incrementa o, por el contrario, empieza a reducirse. Escribir el día electoral es un ejercicio de alto riesgo porque los pronósticos pueden ser desmentidos o confirmados en pocas horas, cuando las urnas hayan dictado el veredicto. Pero basándonos en las impresiones y las encuestas preelectorales —por ejemplo de dos diarios y dos institutos de opinión tan diferentes como el 'ABC' y 'El Periódico de Cataluña' y GAD 3 y Gesop— parecería que la política de desinflamación de los últimos meses estaría obteniendo unos modestos resultados ya que en ambos sondeos se percibe un descenso del independentismo, una mayor pujanza de ERC, que hoy encarna una actitud pragmática frente al fundamentalismo de Junts per Catalunya (JpC), la coalición maximalista en la que se han convertido la antigua CDC y el PDeCAT, y la posible victoria electoral del PSC, un partido constitucionalista y federalista integrado en el PSOE, uno de los dos grandes partidos españoles.
En efecto, el secesionismo tuvo en las elecciones catalanas del 2015 y 2017 un 47% de los votos y ahora las encuestas citadas sitúan dicho porcentaje en un entorno del 39-42%. Es un descenso apreciable, aunque no espectacular. Es cierto que el voto nacionalista (incluso antes del auge del independentismo) siempre ha sido más fuerte en las elecciones catalanas que en las españolas. Quizás por su sustancia. En las catalanas se pregunta quien se desea que gobierne Cataluña y en las españolas el partido preferido para gobernar España. Pero con el juicio en el Supremo contra los dirigentes independentistas en prisión preventiva desde hace meses, la mayoría de ellos acusados de rebelión y arriesgando graves penas, y el gobierno de la Generalitat calificando el juicio de ataque a las libertades y pensando que la indignación tras la sentencia puede ser la rampa de lanzamiento para otra declaración unilateral, cualquier retroceso de las candidaturas secesionistas indicaría una reveladora desmovilización.
Por eso, bajar del 47% al 39% o al 42% es significativo. Quizás los votantes se hayan dado cuenta de que la independencia sin dolor —vendida por Artur Mas o Puigdemont— ha resultado una promesa falsa y quizás por eso ha bajado la movilización.
Las encuestas dicen que solo dos partidos, el PSC o ERC, pueden ganar las elecciones de hoy en Cataluña
El segundo dato es que ERC ha evolucionado hacia un mayor realismo. No ha renunciado a la independencia como objetivo prioritario, pero sí ha constatado que el 47% es un respaldo insuficiente, dice que se necesitan mayorías más amplias y que para ello hay que ejercer el autogobierno para consolidar el bienestar social. Por el contrario, JxCAT, bajo la dirección de Puigdemont, exilado en Waterloo, y de su vicario en la Generalitat, Quim Torra, considera suficiente el 47% y cree que la victoria definitiva llegará cuando consigan colapsar como sea el Estado español. Preguntada sobre el Estado del bienestar, en el debate de TV3 por la candidata socialista Meritxell Batet, la numero dos de JxCAT Laura Borràs, muy próxima a Puigdemont, contestó que no podía haber Estado del bienestar si antes no se tenía un Estado propio. Y con la idea de hacer a España ingobernable, Puigdemont ordenó votar contra los presupuestos de Pedro Sánchez contra el criterio de los moderados del PDeCAT encabezados por el diputado Carles Campuzano. Pues bien, las encuestas dicen que mientras el independentismo fundamentalista podría caer hoy de ocho a cuatro o cinco diputados, un descenso considerable, ERC, tradicionalmente más independentista pero ahora más pragmática, podría subir de nueve a trece o catorce escaños.
Pero el triunfo de ERC tampoco es seguro porque las dos encuestas dan al federalista PSC, integrado en el PSOE, mayor número de votos que a ERC. Pero mientras el 'ABC' dice que el PSC también ganará en diputados, 'El Periódico' atribuye la victoria en escaños a ERC por la ley electoral.
Que el PSC ganara las legislativas en Cataluña daría un gran impulso al partido de Miquel Iceta de cara a las posteriores municipales (al contrario que otros partidos constitucionalistas el activo del PSC es que tiene más de cien alcaldes repartidos por el territorio, empezando por L'Hospitalet, la segunda ciudad catalana) y sería un triunfo de la política de desinflamación de Pedro Sánchez y de la ministra Meritxell Batet que ha realizado una activa campaña y que hizo frente a los ataques —contrarios pero conjuntos del PP y Cs y de JxCAT y ERC— en el debate del miércoles en TV3. Particularmente intensos fueron los choques entre Batet y el segundo de la lista de ERC, Gabriel Rufián, porque ambos saben que el combate entre ERC y el PSC por ser la fuerza catalana más votada es muy relevante.
Republicanos y socialistas están muy distanciados, pero gobernaron juntos para que Pujol no siguiera controlando la Generalitat
Entre republicanos y socialistas la competencia es dura, pero existe cierta capacidad de diálogo y negociación porque ambos fueron socios en los tripartitos de Pasqual Maragall y José Montilla del 2004 al 2010.
Mientras que entre Cs y JxCAT de Puigdemont, a quien ganó por los pelos en las autonómicas del 2017, la distancia es abismal y el diálogo ha resultado imposible, la relación entre ERC y el PSC es hoy mala, pero la negociación no es imposible. Ernest Maragall, hermano del alcalde olímpico y durante muchos años uno de los dirigentes de la corriente más catalanista del PSC, es ahora el candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona. Y aunque las relaciones entre José Montilla y Miquel Iceta y los hermanos Maragall nunca fueron buenas, tampoco dejaron de ser "compañeros de partido", una categoría que no garantiza nada, pero indica alguna proximidad, aunque sea pretérita.
Veremos los resultados de esta noche. Pero si la ERC de Junqueras, que otea el futuro con menos dogmatismo, y el pragmático PSC de Iceta son los dos primeros partidos catalanes, quizás Cataluña haya dado un paso pequeño, pero nada irrelevante hacia una situación algo menos crispada. La relación entre el PSC y el secesionismo siempre será conflictiva, pero al contrario que Cs el PSC tiene alcaldes y presencia territorial y su origen está en la lucha contra la dictadura de Franco, no en el rechazo al independentismo unilateral de los últimos años. Entre ERC y el PSC hay puentes abiertos y la posibilidad de volver a alcanzar acuerdos que ya se produjeron cuando ambos partidos, junto a los postcomunistas de ICV, pactaron en el 2003 para que el partido de Jordi Pujol no siguiera controlando la Generalitat. Siempre, claro, que el gobierno de Madrid esté en una actitud abierta y no apueste por un 155 de carácter preventivo y más duro que el de Rajoy. Un Rajoy que, salvo para apoyar a Ana Pastor en Galicia, ha estado muy ausente de la campaña del PP.
]]>Ana Botín concretó que “necesitamos un pacto político para el crecimiento inclusivo”. Correcto, pero… El nuevo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, todavía la ganó, “las empresas quieren estabilidad institucional, social y política”. Lo alarmante sería que desearan lo contrario. Y Josep Lluís Bonet, el empresario catalán que durante años no tuvo reparos en arriesgar y defender públicamente que la independencia sería funesta para Cataluña, se ha escondido esta vez en un portal: “Hay que armonizar la normativa del comercio en todo el país”.
La fragmentación política puede llevar a unas cuartas elecciones en cuatro años
¿Por qué tanta timidez empresarial? Quizá porque constatan, como el editorial del último 'The Economist', que la fragmentación política ha causado retrasos y disfunciones en países como Alemania, Italia, Suecia, Estonia y ahora seguramente Finlandia. Y que España no es desde 2015 una excepción. Las elecciones las ganará con claridad el PSOE, pero no se sabe si habrá mayoría para formar un Gobierno estable. Por eso, el prestigioso semanario británico, que vende más ejemplares fuera que dentro de Reino Unido, titulaba: “Yendo hacia ninguna parte” y añadía que “más parálisis política tras las elecciones no sería buena para España”.
Partiendo de la victoria del actual partido en el Gobierno que predicen todas las encuestas, el semanario solo ve tres posibilidades: otro Gobierno sin mayoría de corta duración, una coalición de pacto laborioso o, “más probable, unas nuevas elecciones, las cuartas en cuatro años”. Se entiende pues la cautela de los empresarios consultados por 'Expansión', pero el 'Economist' —que por eso lo lee la tan criticada pero existente élite mundial, que no es peor sino posiblemente mejor que la de otros tiempos— va más allá en el análisis. Cree que la economía —con una previsión de crecimiento para este año del 2,1%, tras varios por encima del 3%— va bien, pero que el crecimiento, que ha bajado el déficit público y también al mismo tiempo el desempleo, es en parte cíclico y efecto retardado de las antipáticas reformas de Rajoy antes de 2015, y que España necesita seguir reformando. Pero un peligro es que un nuevo Gobierno socialista opte por apoyarse en el izquierdista Podemos, lo que podría frustrar parte de las reformas necesarias y volver a agravar el déficit.
Un Gobierno con Vox, extrañamente ausente de los debates de televisión, no favorecería la estabilidad
El otro problema es el de Cataluña, donde el 'Economist' ve amenazada la actual “complicada calma” por la sentencia del juicio a nueve dirigentes independentistas, no dice ni una palabra sobre el nuevo 155 que pide la derecha y añade, en una frase rápida pero de digestión lenta, que “los socialistas favorecen el diálogo, pero su otro potencial socio (Cs) está totalmente en contra, lo que es una desgracia, ya que en otras materias podrían ejercer una positiva influencia sobre Pedro Sánchez a favor del mercado”.
La alianza PSOE-Podemos sería pues peligrosa y la alianza con Cs, imposible por la crisis catalana. Y sigue diciendo que la otra opción, la coalición del PP con Cs, seguramente con la entrada de Vox en el Gobierno, abriría una perspectiva preocupante porque solo ofrecería a los separatistas catalanes más confrontación y que “para el país que ha luchado tanto contra los fantasmas del nacionalismo franquista, sería un paso en la mala dirección”. Para el 'Economist', gobernar con Vox no solo no garantizaría la estabilidad sino que sería equivocado. Para Albert Rivera, en una entrevista en 'El País' de ayer, solo seria preferible que Vox no estuviera en el Gobierno.
Vox no estará en ninguno de los dos debates de televisión, lo que puede tener lógica en uno —el de la televisión pública, porque no tiene grupo parlamentario— pero es ilógico en el de Atresmedia, porque todas las encuestas dicen que tiene una estimación de voto muy cercana a la de Podemos o Cs. Sería bueno que los españoles pudieran ver a Vox confrontarse con los otros partidos y comprobar si es o no una amenaza a la estabilidad. Pero Santiago Abascal ya se ha explicado bastante. Sin ir más lejos, ayer dijo que el himno de la legión, el 'Soy el novio de la muerte' que hace un año entonaron Cospedal y cuatro ministros de Rajoy, debía convertirse en el himno nacional y ser cantado en las escuelas. ¿Favorecen estos ardores legionarios el consenso necesario para la estabilidad que reclaman tanto los empresarios como el 'Economist'?
Y en una entrevista ayer en 'El Mundo', Santiago Abascal afirma que “Vox ya ha resquebrajado los cimientos de la dictadura progre”, una forma de calificar el actual e inestable consenso. Luego añade que “los españoles tienen una elección muy importante el 28-A. El que quiera la impunidad para los golpistas que vote a Sánchez y el que quiera un gran castigo judicial para los golpistas que vote a Vox, que representa a la acusación popular”. ¿Dónde queda la independencia judicial y del Tribunal Supremo?
Cuando un semanario liberal parece inclinarse por una mayoría socialista que no necesite pactar demasiado
Y sobre el PP, el que Aznar dijo no hace mucho que era “un buen chico lleno de ideas interesantes” asegura: “La campaña del voto útil me parece bastante patética (…) el ridículo ya lo hicieron en Andalucía, ahora se lo podrían haber ahorrado (…) no descarto que el PP se disuelva como la UCD. Cuando se traicionan tanto los principios y se defrauda tanto a los electores, es normal que estos castiguen a los partidos, y eso es lo que le está pasando desde hace tiempo al PP”.
Más adelante, añade: “Vinimos a Andalucía a decir que frente a la Andalucía de Blas Infante y la Andalucía islamizada, reivindicamos la Andalucía de Isabel la Católica y de Fernando III El Santo”. Pues eso, a asegurar la estabilidad y la unidad de regiones y nacionalidades establecida en la Constitución.
Parece claro que para la estabilidad y el pacto entre diferentes fuerzas políticas que pide Ana Botín, Vox no sirve. ¿Un Gobierno de la triple derecha sí? Es algo que flotará, sin la presencia de Vox, en los dos debates de televisión.
Pensiones: el programa económico de Vox provocaría la quiebra de la Seguridad Social
Javier G. Jorrín
Pero el 'Economist' va más allá que la cuarentena de empresarios de 'Expansión' —quizá porque no vive en el barrio de Salamanca—, y concluye algo sarcásticamente: “Quizá los españoles deban votar el 28-A para que el partido del señor Sánchez tenga un número suficiente de diputados para no necesitar alianzas. Pero esto parece muy improbable”.
Sorprendente conclusión para un semanario que es visto algunas veces como la biblia del mundo económico. Para unos, se deberá a que la pérfida Albión vuelve a inmiscuirse en nuestros asuntos internos. Para otros, a que el capitalismo mundial sin alma teme la alianza progresista PSOE-Podemos. Quizá sea conveniente reflexionar sobre los juicios de un semanario, liberal desde 1840, que no siempre acierta y que no es profeta en su tierra. Los ingleses votaron por el Brexit contra la opinión de 'The Economist'. Las consecuencias…
]]>Por estos dos motivos, el papel de la Junta Electoral Central (JEC) está teniendo más relevancia que en ocasiones anteriores. Hace ya unas semanas, ordenó al 'president' Torra, en virtud del principio de neutralidad electoral, que retirara los lazos amarillos y las banderas esteladas de los organismos oficiales de la Generalitat. Torra se resistió, pero al final aceptó el mandato de la JEC, a la que había atacado diciendo que era un órgano del Estado español, olvidando algo tan elemental como que las elecciones a las que concurren los grupos independentistas se rigen por la Ley Electoral española.
La eclosión de Vox como posible quinta fuerza parlamentaria no debe perjudicar el derecho a la información de los ciudadanos
Ahora, el conflicto se centra en los debates de TV. En principio, el rechazo de la JEC al recurso de Vox, por el que pretendía participar en un debate en TVE entre los primeros grupos parlamentarios (PP, PSOE, Unidos Podemos y Cs), es razonable. Vox no está en el Parlamento y su representación en los comicios andaluces no le da el estatus suficiente.
Pero la prohibición del debate a cinco (con Vox) en Atresmedia es más polémica. Primero, porque se trata de una televisión privada, en principio más libre de su programación que una televisión pública. Segundo, porque el debate a cinco —de los cuatro grupos parlamentarios y la extrema derecha— tenía no solo morbo sino también interés político e informativo.
La Junta Electoral altera la campaña plana de Sánchez: no habrá foto de PP, Cs y Vox
Rafael Méndez
Pero el recurso del PNV y de los independentistas catalanes tenía su razón de ser. Son grupos parlamentarios con tradición y consideran sus legítimos intereses perjudicados al primar a un grupo nuevo y sin representación parlamentaria. Y la propuesta de Atresmedia de hacer un segundo debate con los grupos nacionalistas no ha satisfecho a la JEC, porque evidentemente se privilegiaba a un grupo nuevo, con expectativas, pero sin representación parlamentaria, a otros tradicionales con diputados desde hace muchos años, y se violaba el principio de representatividad.
La JEC ha priorizado así los criterios de representatividad actual frente a la casi segura representatividad futura y frente al interés informativo y el morbo político. ¿Es una decisión acertada? Es la que es por parte del órgano competente y Santiago Abascal no tiene razón cuando argumenta que hay una conspiración para silenciar a Vox.
Pero lo cierto es que los debates por TV son básicos para la participación política en todos los países, y ahora los debates pueden llegar a brillar por su ausencia. Quizás un debate a cuatro en TVE y otro a cinco en una televisión privada habría sido una solución más razonable, acompañada si fuera preciso por otro debate con la participación de los partidos nacionalistas.
Se entiende que quien está gobernando quiera acotar el número de debates porque pueden convertirse en una batalla de todos contra uno. Y es lógico que Pedro Sánchez prefiriera la presencia de Vox porque el morbo aumentaría la audiencia —la misma razón de Atresmedia— y porque los líderes de las tres derechas tendrían que aparecer como casi la misma cosa (algo teñida de extrema derecha) o como una derecha que se ataca y pelea como una olla de grillos. En ambos casos, Pedro Sánchez —que ya está en primera posición en las encuestas— salía ganando.
Pero la tentación del ventajismo —comprensible por ser bastante habitual— debe tener límites. Privar de un debate a la televisión pública sería un error, y más por parte de un partido que siempre ha denunciado —al menos de boquilla— la influencia de grupos de presión poco virtuosos en las televisiones privadas.
Pero si el resultado es que los ciudadanos españoles nos quedamos sin un debate entre los candidatos a presidir el Gobierno, indicará que algo va mal en la democracia española y que ni el PSOE, ni los partidos de oposición, ni las televisiones (públicas o privadas) ni la misma JEC han tenido una actitud suficientemente abierta.
El debate ideal para Sánchez, la ocasión de Casado y la prueba del algodón de Abascal
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La única satisfacción es que la JEC ha tomado esta decisión para no perjudicar a los grupos nacionalistas, con lo que pierde bastante fuerza la acusación tan repetida de que los órganos judiciales y administrativos del Estado siempre van a favor de los partidos estatales. Esta vez, no ha sido así.
De todas maneras, todavía queda tiempo y sería bastante escandaloso que los cuatro primeros grupos parlamentarios del Congreso no supieran negociar una solución satisfactoria que fuera aprobada por la JEC. Y parece que Atresmedia intenta reconducir su oferta.
El primer derecho del ciudadano es estar informado y no ser privado de un debate entre candidatos que, pese a sus problemas, es algo ya normal y usual en todas las democracias. En 2019, la eclosión de un partido de extrema derecha no puede disminuir el derecho a la información de los ciudadanos. Si fuera así, indicaría que a veces la democracia camina marcha atrás. Como los cangrejos.
]]>También el independentismo ha perdido algo de encanto, pero sobre todo empuje. ¿Porque la declaración unilateral de independencia se estrelló contra el 155 de Rajoy? ¿Porque Puigdemont y Torra proclaman verbalmente que la República está viva, pero a la hora de la verdad acatan la legalidad y el indómito Torra retira los lazos amarillos de la Generalitat cuando la Junta Electoral Central ordena a los Mossos que lo hagan? ¿Por las continuas disensiones de Puigdemont y los suyos no solo con ERC sino con los moderados del PDeCAT? ¿Porque, cuando según reiteradas promesas Cataluña ya tenía que ser independiente, los dirigentes separatistas que no se han fugado son trasladados cada mañana de la prisión de Soto del Real al Tribunal Supremo? Por todo esto. Y la consecuencia es que el voto independentista va a bajar según casi todas las encuestas —pese a que decían que el juicio del Supremo incendiaría la calle— del 47% de las autonómicas del 2017 al 39%- 40%.
Puede ser que Cataluña esté volviendo en parte a una cierta normalidad que pareció haber sido liquidada por la crisis
Y la pelea por ser el primer partido en Cataluña se va a dirimir entre ERC, que sigue independentista pero tiende a apostar por una estrategia posibilista, y el PSC, que con Miquel Iceta ha sabido resistir una dura etapa y se siente ahora aupado por la presencia de dos ministros catalanes con acusada personalidad (Josep Borrell y Meritxell Batet) y la política de desinflamación de Pedro Sánchez.
Si en vez de ERC ponemos a la CiU de Pujol y Durán Lleida y sustituimos a Meritxell Batet por Narcís Serra, podríamos encontrar un lejano parecido con los viejos tiempos. No es así porque ERC es muy diferente de CiU, pero pese a la marcha del veterano Joan Tarda —un republicano del que hasta José Bono decía que era una buena persona— Gabriel Rufián, el diputado jabalí de la pasada legislatura, está dando muestras de moderación. Una inteligente periodista catalana que le dijo que parecía otro, recibió la siguiente respuesta: "Voy a ser el jefe de un grupo parlamentario importante (el CIS da a ERC hasta 18 diputados) y ya no puedo hacer el friki". Y Oriol Junqueras —me dicen que el líder indiscutible de ERC, al menos mientras esté en la cárcel— acaba de declarar: "No se debería cometer el error de poner líneas rojas (¿al PSOE?) que a la hora de la verdad se convierten en cheques en blanco a un gobierno tripartito de la extrema derecha".
Aunque Junqueras añade que un referéndum de autodeterminación acabará siendo inevitable y ERC agita la idea de dos referéndums —también uno sobre la monarquía, una tácita confesión de que ven lejos la independencia y una forma de tapar la boca a los que les acusan de retractarse— es una actitud muy distinta a la de Puigdemont, Torra y la numero dos de JxCAT por Barcelona, Laura Borràs, que acaba de declararse partidaria de la negociación, pero con dos condiciones irrenunciables: el referéndum y el fin de la represión, seguramente un eufemismo para exigir la liberación de los presos. Y esta posición ha sido reafirmada en un artículo en 'La Vanguardia' del sábado por los cuatro presos (Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn) que encabezan candidaturas de JxCAT. Dicen que quieren negociar la investidura de Sánchez, pero con la condición de, como mínimo, hablar del referéndum.
La purga con desprecio, ordenada por Puigdemont, de los moderados de la antigua CDC ha sido un error mayúsculo
La misma condición que pusieron para aprobar los presupuestos del 2019 y cuya consecuencia fue que Pedro Sánchez convocó las elecciones generales. Con Puigdemont decidiendo desde Waterloo, Torra dando pasos de baile por en medio, los presos abriendo candidaturas y ahora la literaria Laura Borràs sustituyendo al experimentando Campuzano como jefa de la negociación en Madrid, las listas de JxCAT parecen bastante desconectadas tanto de la Cataluña real como de Madrid y del mundo. El miércoles la conferencia presentación de Laura Borràs en Nueva Economía Forum de Barcelona tuvo poco más de media entrada y había un clima de resignado desánimo. Es lógico porque la última encuesta del CIS indica que ERC se dispara de sus nueve diputados actuales a dieciocho (parece exagerado) y reduce los actuales ocho diputados de la antigua CDC a cuatro o cinco de la nueva JxCAT comandada por Puigdemont.
La encuesta de 'El Periódico de Cataluña' da a ERC y el PSC un 25% de los votos y baja los de En Comu Podem al 13,7% (en el 2016 lograron el 25%) y da a Junts per Catalunya el 8,5%, por debajo del 10% de Cs que no puede transformar su alarmado voto antiindependentista de las autonómicas del 2017 (25%) en un voto para gobernar España. No obstante, lo más alarmante para JxCAT —que revela la desconexión del discurso de Puigdemont con la realidad— son los resultados del macrosondeo del CIS en la provincia de Barcelona. Mientras que ERC y el PSC obtendrían nueve diputados, JxCAT empataría con Vox con tres escaños, eso si por delante del PP que se quedaría con uno.
En JxCAT subrayan que también en las elecciones autonómicas del 2017, las del 155, parecía que ERC partía con mucha ventaja y que al final la lista de Puigdemont ganó a la de Junqueras por 13.000 votos. Es cierto, pero Puigdemont prometió que si ganaba volvería a Cataluña, cosa que no ha hecho porque no quiere hacer compañía a Junqueras en Soto del Real. Además, la purga de los moderados de la antigua CDC —Marta Pascal, Carles Campuzano y Jordi Xuclá en Girona— no ha podido caer nada bien a una masa de electores de la antigua CDC (se habla de hasta 220.000 votos) que se sienten huérfanos y que no saben a quién votar.
JxCAT intenta reaccionar y dice que en su campaña además de los presos tomarán parte activa los tres 'presidents': Carles Puigdemont, Quim Torra y… Artur Mas. Y efectivamente Mas estuvo en el primer acto de campaña lo que no ha dejado de causar cierta sorpresa porque se le suponía —y hay declaraciones suyas que así lo indican— alejado del radicalismo improductivo de Puigdemont y de Torra y más próximo al pragmatismo de Marta Pascal y Campuzano.
Artur Mas quiere volver, no sabe cómo y no quiere cerrarse ninguna puerta. Por eso apoyo a Puigdemont pese a no estar de acuerdo
¿Por qué Artur Mas se une a la campaña de Puigdemont cuando Campuzano y Marta Pascal le acaban de desautorizar expresamente diciendo que Cataluña no se puede dirigir desde Waterloo y que han sido purgados por haber apoyado la moción de censura de Pedro Sánchez?
¿Dónde está Mas? ¿Con Waterloo o con los diputados pragmáticos como Campuzano? Lo más probable es que el expresidente dude. Que tenga más sintonía con los pragmáticos, pero no quiera desmarcarse de quien hoy manda en el conglomerado que ha sucedido a CDC. A Mas se le acaba la inhabilitación en febrero del 2020, parece que quiere volver y no quiere enfrentarse a Puigdemont que ha heredado a su antigua formación y al que puso al frente de la Generalitat. Al expresidente nadie le niega una fuerte personalidad, pero es difícil que tenga la autoridad moral para liderar una alternativa moderada.
Él fue no solo quien hizo presidente a Puigdemont sino también quien transformó a CDC de un pragmático partido nacionalista con algunos sueños soberanistas (estilo PNV) y aliado desde siempre con Durán Lleida, en un partido separatista de inclinación radical (por converso) que quería discutir a ERC el liderazgo del independentismo y quien vendió a Cataluña que la independencia era posible y que bajo su liderazgo sería un parto sin dolor.
Mas no sabe realmente dónde está, pero sí sabe que no quiere cerrarse ninguna puerta para poder volver. Pero su prestigio, que fue alto está hoy bajo mínimos. Y los que creyeron en la independencia como una cosa fácil -porque Madrid era al mismo tiempo perverso-intransigente y un tigre de papel- han comprobado que bastantes años después (cinco como mínimo) Cataluña está más dividida y fraccionada, que el autogobierno no ha subido sino disminuido y que sus gobernantes actuales no son recibidos en ninguna capital europea (salvo Torra en Eslovenia), mientras que Pujol y Maragall eran respetados en Bruselas y ambos fueron presidentes del Comité de Regiones de Europa. Y encima sus colaboradores de hace años (Turull. Rull y Forn) duermen en la cárcel. Del parto sin dolor se ha pasado al valle de lágrimas.
Es difícil que el líder que lanzó y propulsó un proyecto fracasado pueda tener autoridad moral tanto para encabezar una segunda oportunidad (a corto plazo inexistente) como una inteligente revisión. Quizás por eso Artur Mas no quiera revisar nada. Solo intenta no desaparecer. Para volver.
]]>Dejó ya fuera a la CUP y luego, cuando para su investidura la necesitó porque JxSí se quedó en 62 diputados y no tuvo la mayoría absoluta (68 escaños), el grupo antisistema le obligó a 'dar un paso al lado', o sea, a retirar su candidatura a presidente de la Generalitat y entronizar a Puigdemont, hasta entonces alcalde de Girona y un personaje no de primer nivel en las filas pujolistas. ¿Por qué Mas optó, o quién le convenció, por Puigdemont y no por otro político de su Gobierno 'dels millors' (de los mejores)? Es una de las grandes incógnitas del 'procés', que ha acabado más en el descarrilamiento que en el choque de trenes.
Sea como sea, de aquella unidad imperfecta de JxSí (la CUP nunca se integró y las diferencias entre el PDeCAT y ERC siempre fueron fuertes) ya no queda nada. A las elecciones de 2017 —celebradas bajo el 'terrible' 155—, ERC ya fue por su cuenta y la antigua CDC (que no se atrevió a plantar cara a los republicanos con sus propias fuerzas) lanzó la candidatura de Junts per Catalunya (JxCAT) con Puigdemont al frente y muchos separatistas sin partido fichados por Puigdemont.
Desde entonces, las diferencias entre ERC y Puigdemont, las dos fuerzas del independentismo oficialista y socios mal avenidos en el Gobierno de la Generalitat, han ido de mal en peor. Detallar el proceso de división, fraccionamiento y pérdida de impulso e iniciativa dentro del independentismo, pese al juicio del Supremo, que debería unirles en el rechazo, daría origen a un libro tan tedioso y aburrido que sería despedido de El Confidencial. Me limitaré a decir que desde el grave error de la declaración unilateral de independencia —en la que, según la 'exconsellera' Clara Ponsatí, el independentismo jugó al póquer yendo de farol—, ERC ha ido evolucionando, sin renunciar a la independencia y al referéndum de autodeterminación como objetivo irrenunciable, hacia cierto pragmatismo, y que por el contrario Puigdemont —y la elección de Torra como 'president' es un signo claro— se ha ido reafirmando en su idea de que había que intentar paralizar y hacer ingobernable España.
Solo en una España en descomposición —como la definió ayer Laura Borràs en un acto de Nueva Economía Forum— podría el independentismo tener cartas ganadoras, costara lo que costara y aunque implicara la renuncia práctica a realmente gobernar, pero no a perder los sillones y los presupuestos de la Generalitat. Por eso, Puigdemont y Torra se han convertido en revolucionarios verbales. Saben que, si pasan de las palabras a los hechos, como en septiembre y octubre de 2017, toparán con el imperio de la ley.
En junio de 2018, ERC y un sector de JxCAT (básicamente, Marta Pascal y Carles Campuzano) impusieron a Puigdemont el sí a la moción de censura confiando en que el cambio en el Gobierno de Madrid abriría una nueva etapa. Pero la política de desinflamación de Pedro Sánchez no comportaba dialogar sobre el derecho de autodeterminación ni forzar a la Fiscalía (caso de querer, quizá tampoco habría podido) a cambiar la calificación de rebelión —a juicio de muchos exagerada— de los hechos del 1 de octubre.
Puigdemont se ha impuesto, pero ni la sociedad catalana ni parte del secesionismo creen que sea bueno hacer España ingobernable
Y por ese punto —el juicio del Supremo y la imposibilidad de Pedro Sánchez de dialogar sobre el referéndum— Puigdemont logró forzar a ERC y al PDeCAT a votar contra los Presupuestos de 2019. Curiosamente, junto al PP y Cs, que pedían y piden la aplicación inmediata de otro 155 pero más largo y más duro.
Puigdemont ha ganado esta batalla, pero la imposición de la política de 'cuanto peor, mejor', de que si la desinflamación no lleva a que el PSOE acepte discutir el derecho a decidir, es mejor que se convoquen elecciones generales porque el objetivo es la ingobernabilidad de España —aunque eso implique el riesgo de otro 155—, no ha sido ni comprendida ni aprobada por la mayoría de la sociedad catalana —que realmente quiere más autogobierno pero sin conflictividad constitucional— ni por gran parte del propio independentismo, que no acepta la inviabilidad de la separación, pero que tampoco quiere vivir permanentemente en una máxima conflictividad que complica o impide gobernar con eficiencia dentro del marco autonómico y además fomenta sentimientos anticatalanistas en el resto de España.
Puigdemont ha ganado, pues, esta batalla —obligar a Sánchez a convocar elecciones esperando una España ingobernable—, pero puede estar perdiendo la partida porque el independentismo se va dividiendo y desconectando de la Cataluña del día a día.
Veamos los últimos acontecimientos. Primero, la CUP, que sueña con una sublevación contra la España capitalista y europea (aunque ni sabe ni dice cómo), se ha cansado del verbalismo rupturista de Torra, al que en su desvarío acusa de ser algo así como un autonomista disfrazado, y la semana pasada prefirió votar una moción del PSC pidiendo nuevas elecciones que continuar apoyando a Torra. La pretensión revolucionaria de la CUP es totalmente contraria al 'seny', pero ha dejado al Gobierno Puigdemont-ERC sin mayoría.
Segundo, la coalición Puigdemont-ERC está cada día más agrietada y solo la mantiene viva la situación de los presos y que mientras dure el juicio es más fácil soportar una mala coexistencia que trazar un difícil programa de futuro. Contra la Fiscalía, todos juntos, ¿luego qué? Pero el pragmatismo creciente de ERC —no es ya Pere Aragonés sino que incluso el jabalí Rufián ha moderado su discurso— choca cada día más con la política de 'cuanto peor, mejor' de Puigdemont.
Un dirigente de la antigua CDC confiesa, en alusión a la frase de Pujol, que el doble crimen de 'la puta y la Ramoneta' fue un gran error
Tercero, Puigdemont necesita imponer su línea a toda la antigua CDC, que fue un templo del pragmatismo, para que los diputados en Madrid no le vuelvan a ganar la partida como cuando la moción de censura. El otro día, Marius Carol, el director de 'La Vanguardia', citaba a un antiguo dirigente convergente que le había asegurado que el doble crimen de 'la puta y la Ramoneta' fue un inmenso error. Se refería a la famosa frase de Pujol de que CDC había abusado de hacer, según conviniera, la puta y la Ramoneta. Y Puigdemont ha aprovechado la convocatoria electoral —y el miedo de muchos alcaldes convergentes a una batalla con el 'president' exiliado en medio de la campaña de las municipales— para purgar de la lista del Congreso a los principales dirigentes moderados de la antigua CDC, empezando por Carles Campuzano y Marta Pascal, que negociaron la moción de censura con Pedro Sánchez.
Pascal y Campuzano han tragado porque les ha faltado valentía para enfrentarse a Puigdemont (en CDC, la obediencia al jefe Pujol era dogma), pero quizá también por cálculo. Una base de CDC son los alcaldes y no conviene arriesgar una escisión en plena campaña electoral. Pero Pascal acaba de dejar claro —en unas declaraciones a Enric Juliana en 'La Vanguardia' del domingo— que no está de acuerdo con el maximalismo de Puigdemont, que muchos electores convergentes se sienten huérfanos, que Cataluña no se puede dirigir desde Waterloo, que se siente decepcionada por la sumisión de David Bonvehí, presidente del partido y hasta ahora muy allegado a Puigdemont, y que quizá sea necesario crear un nuevo partido. Dicho en plata, la no explícita resurrección de la CDC pujolista pero sin los vicios de la familia Pujol. Y el lunes, tanto Pascal como Lluís Recoder, un inteligente dirigente convergente en la reserva desde 2012, participaron en la presentación de un libro de Campuzano que es una defensa de su actuación negociadora durante más de 30 años en el Congreso de los Diputados.
ERC y el PSC se reparten a partes iguales el 50% del voto de Cataluña en las elecciones del 28-A
La realidad pura y simple es que el independentismo estaba partido en tres —la CUP, JxCAT y ERC— y ahora no solo estos tres profundizan más cada día en sus divisiones, sino que amenaza con surgir un nuevo partido que haga bandera del independentismo pragmático y centrista.
Y fruto de estas divisiones y del errático comportamiento desde la elección de Torra y el dominio de Puigdemont, el independentismo va perdiendo fuerza. La encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (el CIS catalán) del pasado viernes daba a la suma de las tres listas independentistas al Congreso de los Diputados —ERC, JxCAT y Front Republicà (una parte de la CUP)— el voto de solo el 39,1% de los electores, cuando en las elecciones autonómicas de 2017 superó el 47%. Un descenso de nada menos que ocho puntos, cuando los principales dirigentes independentistas están siendo juzgados en el Supremo, indica sin ninguna duda que el secesionismo está perdiendo conexión con la sociedad catalana.
Y ya son tres encuestas, la citada del CEO de la Generalitat, la de 'El Periódico de Catalunya' de este lunes y la del CIS, las que indican que los dos partidos ganadores de las legislativas en Cataluña serán a corta distancia ERC y el PSC, mientras que JxCAT, comandada por Puigdemont, En Comú Podem, de Ada Colau, y el PP retroceden con fuerza, y Cs repite resultado y no consigue trasladar a las legislativas su éxito de las autonómicas de 2017.
Lo más significativo es que el PSC y ERC reciben el 25,8% y el 24,3% del voto cada uno con subidas respectivas de siete y seis puntos, mientras JxCAT, la lista de Puigdemont, baja dos.
Quizá la confirmación de este resultado y de las europeas de mayo —en las que Puigdemont quedará por detrás de Junqueras e incluso puede no salir elegido eurodiputado— sea el momento que elegirán Marta Pascal y Carles Campuzano para afirmar —esta vez con más fuerza— que Cataluña está mal dirigida desde Waterloo.
Mas y Puigdemont sienten atracción por llevar la palabra 'junts' (juntos) a las listas electorales, pero dime de lo que presumes y te diré de lo que careces: el independentismo y el catalanismo están mucho más divididos y enfrentados que en tiempos de Pujol y Maragall, el 'president' y el alcalde que a duras penas se soportaban. Y la ciudadanía catalana también.
]]>Esta semana ha sido interesante. El Parlament, el mismo que invistió a Torra hace poco más de un año, aprobó el jueves una moción del PSC en la que se le exige que se someta a una moción de confianza o convoque elecciones vista la inoperancia del Govern que ha sido incapaz de presentar el proyecto de Presupuestos del 2019. El éxito de esta moción implica que el independentismo ha extraviado —no, exactamente, perdido— su mayoría parlamentaria y que Torra es un presidente cada vez más solo.
Por otra parte, la encuesta del CEO del viernes sobre las próximas elecciones legislativas y unas eventuales autonómicas confirma la perspectiva alcista de ERC y el PSC que, basado en otros indicadores, ya comenté el miércoles y, más relevante, la caída libre en las próximas elecciones del personalista artefacto electoral en el que Puigdemont ha convertido al PDeCAT y a la antigua CDC. Personalista hasta el extremo de que en la provincia de Girona la candidatura al Senado está encabezada por su amigo íntimo y financiador, Josep María Matamala, y la del Congreso por su abogado, Jaime Alonso Cuevillas.
La CUP apoya con su ausencia la moción del PSC, harta de un 'president' que verbalmente defiende la insurrección pero luego retira los lazos amarillos
Vamos primero a la derrota parlamentaria de Torra. La diversa oposición al gobierno independentista, aunque se uniera toda, no tiene mayoría para una moción de censura. Y por eso Inés Arrimadas, la líder hasta ahora de Cs en Cataluña, no la ha presentado nunca y se ha limitado a una dura oposición verbal, con algunas iniciativas sorprendentes como el viaje a Waterloo para protestar ante Puigdemont. Estas iniciativas han hecho ruido y molestado al separatismo, pero no han socavado su gobierno. Puigdemont, por ejemplo, salió reforzado en su liderazgo del secesionismo por el viaje a Waterloo.
Miquel Iceta y Eva Granados, la muy activa portavoz socialista, tienen oficio parlamentario y han encontrado la fórmula para demostrar que la mayoría independentista, que al principio de la legislatura era de 70 diputados, ha ido perdiendo fuerza hasta convertirse en minoría. Así el pasado jueves la moción socialista, con 62 votos a favor, derrotó al Gobierno que solo tuvo el apoyo de 61 diputados.
La moción salió adelante por tres motivos. El primero es que logró reunir a todos los partidos con conexión española. Desde el PP a Podemos pasando por Cs y por el propio PSC. El segundo —la gran sorpresa que el secesionismo no esperaba— es que la CUP prefirió votar de facto a favor del PSC —criticando a fondo a Iceta y ausentándose en la votación— que sacar las castañas del fuego al 'president' Torra en el que cada vez confían menos; porque hace un discurso unilateral y maximalista, pero a la hora de la verdad no se atreve, o no quiere, o cree que no es el "momentum" oportuno, a violentar la legalidad. No se puede estar todo el tiempo diciendo que no hay marcha atrás, que Cataluña ya es una república independiente, que no se retirarán los lazos amarillos de la Generalitat porque la Junta Electoral Central es un organismo español y, al mismo tiempo, presentarse a unas elecciones españolas sometidas a la ley electoral española. Y acabar quedando en ridículo al retirar finalmente los famosos lazos. Cada día se ve más la farsa o la tomadura de pelo.
El maximalismo de Carles Puigdemont ha reducido de 66 a 61 escaños la fuerza parlamentaria del independentismo
Pero la razón fundamental es la tercera, la intransigencia de Puigdemont, que todavía debe creer que puede ser investido por el parlamento actual, y su obsesión por hacer obedecer a ERC o, caso contrario, desacreditarla. Las dos coaliciones que apoyan al gobierno, JxCAT y ERC, tenían al principio de la legislatura 66 diputados sin contar con la CUP. Podrían pues haber derrotado tranquilamente la moción por 66 a 62. Pero Puigdemont se negó a dimitir cuando el juez Llarena decretó su inhabilitación al ser procesado por rebelión y arrastró a esta decisión a otros tres diputados de JxCAT (Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull) así como a Toni Comín, formalmente de ERC pero que está con él en Bruselas. El independentismo quedó así reducido a 61 diputados, pero no —como dice Torra— por la decisión del juez Llarena porque este cuidó que la inhabilitación personal no alterara los equilibrios políticos y permitió que los diputados afectados abandonaran el acta provisionalmente, pero delegaran su voto en la dirección del grupo parlamentario.
A esta decisión de Llarena se sometieron Oriol Junqueras y Raül Romeva y por eso fueron criticados. Por obedecer a Llarena. Pero el resultado es que el independentismo perdió solo 5 diputados. Si Junqueras y Romeva hubieran seguido la locura de Puigdemont de no aceptar la inhabilitación habría perdido no 5 escaños sino 7 y la moción del PSC habría ganado no por 62 a 61 sino por 62 a 59. Si Puigdemont y los diputados de JxCAT enjuiciados, hubieran actuado como Junqueras y Romeva, el PSC no habría logrado su objetivo pese a la abstención de la CUP. La principal causa de la pérdida de fuerza del independentismo es pues la actitud maximalista de Puigdemont y su continuo enfrentamiento con ERC.
El 'president' Torra ha dicho que no piensa hacer caso de la moción, lo que puede hacer pese a que jurídicamente y políticamente —ha dicho siempre que solo obedecerá las decisiones soberanas del parlamento catalán— estaría obligado, pero su autoridad moral está cada día mas debilitada y se acentúa así su pérdida de relevancia. Es ya un presidente en fase terminal y con muy poca capacidad política. Excepto, claro, la de intentar extravagancias que luego no puede cumplir.
De esta forma la irritación de ERC con Torra y con Puigdemont crece exponencialmente. Acusan a Puigdemont de tener la culpa de la actual fragilidad parlamentaria del independentismo. La tormenta entre JxCAT y ERC es cada día más fuerte y las próximas elecciones legislativas, municipales y europeas, a las que se presentan en listas enfrentadas, no puede sino aumentarla.
ERC y el PSC serán los primeros en las legislativas y la lista de Puigdemont perderá la mitad de sus votos en las próximas elecciones
La encuesta del CEO, Centre d'Estudis d'Opinió, una especie de CIS catalán, no es menos importante porque confirma lo ya apuntado en los últimos artículos. El dato más relevante es que Junqueras, el líder de ERC que está en la cárcel y contra el que dispara continuamente JxCAT, es el político catalán más valorado con un 6,57 (en una escala de 0 a 10) mientras que Puigdemont suspende con solo un 4,65.
Además, en las próximas legislativas los partidos separatistas reúnen solo el 39,1% de los votos (tuvieron el 47% en las últimas autonómicas) mientras que los constitucionalistas (PSC, Cs y PP) les superarían con el 41,3%. El resto iría a En Comú Podem (15,4%) el partido de Pablo Iglesias y de Colau que desciende y que no aboga por la independencia, pero coindice con el independentismo es exigir el referéndum. Si el separatismo sigue afirmando que representa a toda Cataluña, si el 28-A solo obtiene el 39,1% de los votos perderá toda credibilidad política. Con el 47% ya exigía mucha cara dura, con el 39%...
Yendo a la proyección de escaños del CEO, el primer partido sería ERC que subiría de 9 hasta un máximo de 15 mientras que la puigdemontista JxCAT podría perder hasta 3 y quedarse con 5. Así JxCAT obtendría solo el 12,1% de los votos frente al 24,5% de ERC y el 23,7% del PSC que, impulsado por la desinflamación y por la presencia ministerial de Meritxell Batet y Josep Borrell, pasaría de 7 hasta 11 o 13 diputados.
Cierto que el CEO, un organismo oficial de la Generalitat, dice también que ERC y JxCAT podrán revalidar su mayoría absoluta en unas futuras elecciones catalanas. Aquí surgiría una pregunta sin respuesta: ¿Cuándo los catalanes expresarían mejor su voluntad, cuando votan en las legislativas —normalmente más concurridas— o en las autonómicas, o en un hipotético referéndum binario con solo dos opciones?
Con todo, el declive de Puigdemont también lo certifica la encuesta sobre las elecciones catalanas ya que el independentismo solo salvaría su mayoría por el fuerte ascenso de ERC, que pasa de 32 a 43 escaños mientras que Puigdemont baja de 34 a 22. También la CUP le roba votos a Puigdemont, que no ha cumplido su promesa de volver a Cataluña si ganaba las elecciones del 2017, subiendo de 4 a 8 escaños.
La conclusión es doble. Una, el independentismo sigue fuerte, pero va perdiendo hegemonía. Dos, el independentismo más radical de Puigdemont y Torra se desploma en beneficio de ERC que tiende —no sin incoherencias— a posiciones más razonables.
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